¿Todo vale o puede avanzar un juicio político contra Massoni?: investigan 30 casos de abuso policialEl revés judicial recibido por el gobernador Mariano Arcioni tras la presentación de tres Hábeas Corpus -uno nacional, a través del área de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández- lo obligó a dar marcha atrás con su dispositivo de cuasi "estado de sitio", y tuvo que resignarse a aplicar las medidas de restricción establecidas por el Gobierno nacional.
El ministro de Seguridad Federico Massoni quedó al borde del juicio político y junto a sus tropas policiales deberá responder por al menos 30 casos de "abusos" ocurridos en la cuarentena que investiga la Justicia provincial. Ya fue procesada por "vejaciones" una agente de Puerto Madryn.
El cerco político se cierra sobre una gestión provincial debilitada políticamente e inmersa en un retroceso de los mecanismos persecutorios y violatorios de las libertades constitucionales y los derechos humanos.
Arcioni se apoyó nuevamente después de asumir su mandato en el autoritarismo explícito de su inquisidor ministro Federico Massoni. Lo puso al frente del Ministerio de Seguridad y cuando arrancó la pandemia de Coronavirus le dio vía libre para instrumentar un cuasi "estado de sitio" disociado de las reglamentaciones nacionales para hacer cumplir la cuarentena para evitar la suba abrupta de los contagios.
De la "distancia social" al "autoritarismo institucional"
Massoni se encargó de montar desde el primer día un sistema autoritario que fue cercenando las libertades individuales. Todo parecía posible en los barrios de las distintas ciudades chubutenses hasta que intervino el gobierno nacional. Desde la instrumentación de una especie de "toque de queda" -que quedará impreso en la memoria de los chubutenses por el sonar de las sirenas cada día a las 19.30- pasando por la exigencia a los jefes policiales de "sacar a los pucarás" a realizar detenciones masivas hasta la puesta en marcha de "centros de detención" en gimnasios de escuelas.
La estimulación superior para intervenir casi sin límites sobre la sociedad civil cebó a las fuerzas policiales de Chubut, que por ejemplo cargan sobre sus espaldas históricas la desaparición de Iván Torres desde octubre de 2003.
Aunque no todas las tropas policiales tienen el mismo desempeño, cuando desde la jefatura y el poder político emana un orden de "vía libre" se desmadra el accionar de muchos de los efectivos, en general escasamente formados o deformados a la hora del respeto al ciudadano y las libertades individuales constitucionales. Tristemente, la formación democrática de los ingresantes a la Escuela de Policía de Chubut sigue siendo muy escasa.
Los casos de "abusos" se fueron multiplicando con el paso de la cuarentena y las denuncias comenzaron a llegar a la Justicia. Eso ocurrió en la medida en que se involucraron organismos de Derechos Humanos y los afectados fueron perdiendo el miedo a represalias mayores. Las redes sociales y unos pocos medios de comunicación jugaron un papel importante a la hora de hacer públicos estos atropellos institucionales.
Chubut sigue liderando a las provincias con mayor cantidad de detenciones por supuestas violaciones a la cuarentena. Hasta el inicio de la última semana se contabilizaban 4.558 detenciones frente al total de 52.233 producidas en todo el país. De esa manera prácticamente se sextuplicaban las detenciones en territorio chubutense considerando la cantidad cada mil habitantes.
Además, se registraron 777 vehículos retenidos por la Policía -uno fue el auto del sindicalista docente Daniel Murphy-, de los cuales 100 se encuentran bajo la órbita del juez federal Gustavo Lleral.
La peligrosa "ventana" de Massoni
Cuando la jueza Mirta Moreno derogó todos los mecanismos instrumentados por Arcioni en Chubut y lo obligó a ceñirse a los instrumentados por Nación, la respuesta de Massoni fue abrir perversamente las fronteras policiales de la provincia y posibilitar el paso de alrededor de 300 vehículos; a los que no se les habría efectuado ningún control en los puestos de ingreso a la provincia.
Empecinado o encaprichado con hacer valer sus métodos -a los que califica de "efectivos"- los puestos de control en los límites chubutenses habrían estado con un nuevo lineamiento del ministro. "Siga, siga, no paren a nadie", les habría dicho a los policías bajo su mando. Así se produjo el ingreso de centenares de automóviles sin control, poniendo en riesgo la salud de miles de habitantes.
Massoni señaló después del episodio que la cuarentena "corrió riesgo en dos momentos: cuando se hizo a apertura de los bancos que no cuidamos a uno de los grupos de riesgo, los adultos mayores; y rápidamente tomamos intervención para que no vuelva a ocurrir. La otra fue en este período ventana, y para volver a encauzar tuvimos que volver a redoblar los efectivos, con el fin de informar que la cuarentena sigue, que el decreto N° 305 establece excepciones y que los que no están contemplados tienen que cumplir la cuarentena".
El ministro juega a ver quién la tiene "más larga" y es por eso que afirmó: "Destruir siempre es más fácil que construir; estamos en una situación muchísimo mejor de control en todas las ciudades. En Madryn hay retenes muy férreos, igual que en Trelew y Rawson". Así hizo clara alusión a los rechazos que recibió desde Comodoro Rivadavia y Rada Tilly a sus caprichos para el funcionamiento de los supermercados y el ingreso por número de DNI.
Massoni no parece dispuesto a doblegarse a los mandatos judiciales. Por eso ratificó que "no se modificó el protocolo que veníamos aplicando, ahora la única diferencia es que la insistencia es mucho más significativa. El balance es bueno. A mí me encantaría que seamos una sociedad que cumple con lo que piden, pero no lo somos. Entonces nosotros tenemos que instruir al ciudadano a que regrese su casa".
Para que quede más claro, basta con citar sus exabruptos. "Uno de los hábitos muy buenos que quedó es que a partir de las 20 horas las ciudades se paran, nosotros hacemos patrullajes y reforzamos el control diario, pero las ciudades se paralizan a partir de esa hora", enfatizó el cuestionado ministro de Seguridad.
30 investigaciones y ¿juicio político?
El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, reveló que "tenemos alrededor de 30 investigaciones correspondientes por abuso policial, de las que cuatro son en Comodoro. "Bajó el delito durante la cuarentena", dijo. El llamado 'delito de calle' bajó mucho. Por otro lado, la cantidad de denuncias por violencia de género se mantiene en el territorio. Lo que hoy nos preguntamos si es porque no aumentaron o no poder denunciar".
Sobre la "ventana" de ingreso, Miquelarena expresó a FM 100.1 que el fallo de la jueza Moreno "nunca dijo que Chubut quedaba libre de cuarentena. Nada impedía seguir con los controles que se estaban llevando a cabo. No entiendo por qué se dejaron de hacer los controles en un momento".
El análisis jurídico
Gastón Bordier, abogado y representante legal de la fundación El Páramo, explicó a la emisora La Petrolera que en el marco de la presentación del hábeas corpus ante la Justicia por los presuntos abusos perpetrados durante el período de cuarentena, tanto el ministro Massoni como el gobernador Arcioni podrían ir a juicio político.
El letrado consideró que la presentación de un Hábeas Corpus preventivo y el fallo de la jueza Moreno podrían ser "la antesala" para un juicio político de ambos funcionarios "porque aquí no se puede tan livianamente ir en contra de la Constitución provincial, dar entrevistas, reírse, mentir, decir que hay cinco denuncias nomas y tres han sido desestimadas; cuando eso no es así".
Bordier destacó que "cuando uno restringe libertades garantizadas por la Constitución Nacional no puede venir un ministro provincial, que no tiene facultades para hacerlo, a restringir aún más estas libertades".
En paralelo, se supo que existen por lo menos dos fiscales quieren investigar al ministro de Seguridad por presunto "abuso de autoridad" y otros delitos de acción pública; a los que sumarían al menos cuatro abogados de la provincia interesados en llevarlo a la Justicia.
El jefe de los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez, es uno de los funcionarios judiciales que inició causas de oficio que apuntarían directamente a Massoni, a partir de la sospecha de que el ministro pudo haber incurrido en delitos de abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público.
Báez comentó al diario Crónica que "a medida que ha ido avanzando el tiempo de la cuarentena, en Chubut han ido restringiéndose los derechos de las personas" y dijo públicamente que fue una víctima de esas maniobras cuando no lo dejaron pasar en un retén policial mientras estaba trabajando y se dirigía a una comisaría de Madryn.
El revés judicial recibido por el gobernador Mariano Arcioni tras la presentación de tres Hábeas Corpus -uno nacional, a través del área de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández- lo obligó a dar marcha atrás con su dispositivo de cuasi "estado de sitio", y tuvo que resignarse a aplicar las medidas de restricción establecidas por el Gobierno nacional.
El ministro de Seguridad Federico Massoni quedó al borde del juicio político y junto a sus tropas policiales deberá responder por al menos 30 casos de "abusos" ocurridos en la cuarentena que investiga la Justicia provincial. Ya fue procesada por "vejaciones" una agente de Puerto Madryn.
El cerco político se cierra sobre una gestión provincial debilitada políticamente e inmersa en un retroceso de los mecanismos persecutorios y violatorios de las libertades constitucionales y los derechos humanos.
Arcioni se apoyó nuevamente después de asumir su mandato en el autoritarismo explícito de su inquisidor ministro Federico Massoni. Lo puso al frente del Ministerio de Seguridad y cuando arrancó la pandemia de Coronavirus le dio vía libre para instrumentar un cuasi "estado de sitio" disociado de las reglamentaciones nacionales para hacer cumplir la cuarentena para evitar la suba abrupta de los contagios.
De la "distancia social" al "autoritarismo institucional"
Massoni se encargó de montar desde el primer día un sistema autoritario que fue cercenando las libertades individuales. Todo parecía posible en los barrios de las distintas ciudades chubutenses hasta que intervino el gobierno nacional. Desde la instrumentación de una especie de "toque de queda" -que quedará impreso en la memoria de los chubutenses por el sonar de las sirenas cada día a las 19.30- pasando por la exigencia a los jefes policiales de "sacar a los pucarás" a realizar detenciones masivas hasta la puesta en marcha de "centros de detención" en gimnasios de escuelas.
La estimulación superior para intervenir casi sin límites sobre la sociedad civil cebó a las fuerzas policiales de Chubut, que por ejemplo cargan sobre sus espaldas históricas la desaparición de Iván Torres desde octubre de 2003.
Aunque no todas las tropas policiales tienen el mismo desempeño, cuando desde la jefatura y el poder político emana un orden de "vía libre" se desmadra el accionar de muchos de los efectivos, en general escasamente formados o deformados a la hora del respeto al ciudadano y las libertades individuales constitucionales. Tristemente, la formación democrática de los ingresantes a la Escuela de Policía de Chubut sigue siendo muy escasa.
Los casos de "abusos" se fueron multiplicando con el paso de la cuarentena y las denuncias comenzaron a llegar a la Justicia. Eso ocurrió en la medida en que se involucraron organismos de Derechos Humanos y los afectados fueron perdiendo el miedo a represalias mayores. Las redes sociales y unos pocos medios de comunicación jugaron un papel importante a la hora de hacer públicos estos atropellos institucionales.
Chubut sigue liderando a las provincias con mayor cantidad de detenciones por supuestas violaciones a la cuarentena. Hasta el inicio de la última semana se contabilizaban 4.558 detenciones frente al total de 52.233 producidas en todo el país. De esa manera prácticamente se sextuplicaban las detenciones en territorio chubutense considerando la cantidad cada mil habitantes.
Además, se registraron 777 vehículos retenidos por la Policía -uno fue el auto del sindicalista docente Daniel Murphy-, de los cuales 100 se encuentran bajo la órbita del juez federal Gustavo Lleral.
La peligrosa "ventana" de Massoni
Cuando la jueza Mirta Moreno derogó todos los mecanismos instrumentados por Arcioni en Chubut y lo obligó a ceñirse a los instrumentados por Nación, la respuesta de Massoni fue abrir perversamente las fronteras policiales de la provincia y posibilitar el paso de alrededor de 300 vehículos; a los que no se les habría efectuado ningún control en los puestos de ingreso a la provincia.
Empecinado o encaprichado con hacer valer sus métodos -a los que califica de "efectivos"- los puestos de control en los límites chubutenses habrían estado con un nuevo lineamiento del ministro. "Siga, siga, no paren a nadie", les habría dicho a los policías bajo su mando. Así se produjo el ingreso de centenares de automóviles sin control, poniendo en riesgo la salud de miles de habitantes.
Massoni señaló después del episodio que la cuarentena "corrió riesgo en dos momentos: cuando se hizo a apertura de los bancos que no cuidamos a uno de los grupos de riesgo, los adultos mayores; y rápidamente tomamos intervención para que no vuelva a ocurrir. La otra fue en este período ventana, y para volver a encauzar tuvimos que volver a redoblar los efectivos, con el fin de informar que la cuarentena sigue, que el decreto N° 305 establece excepciones y que los que no están contemplados tienen que cumplir la cuarentena".
El ministro juega a ver quién la tiene "más larga" y es por eso que afirmó: "Destruir siempre es más fácil que construir; estamos en una situación muchísimo mejor de control en todas las ciudades. En Madryn hay retenes muy férreos, igual que en Trelew y Rawson". Así hizo clara alusión a los rechazos que recibió desde Comodoro Rivadavia y Rada Tilly a sus caprichos para el funcionamiento de los supermercados y el ingreso por número de DNI.
Massoni no parece dispuesto a doblegarse a los mandatos judiciales. Por eso ratificó que "no se modificó el protocolo que veníamos aplicando, ahora la única diferencia es que la insistencia es mucho más significativa. El balance es bueno. A mí me encantaría que seamos una sociedad que cumple con lo que piden, pero no lo somos. Entonces nosotros tenemos que instruir al ciudadano a que regrese su casa".
Para que quede más claro, basta con citar sus exabruptos. "Uno de los hábitos muy buenos que quedó es que a partir de las 20 horas las ciudades se paran, nosotros hacemos patrullajes y reforzamos el control diario, pero las ciudades se paralizan a partir de esa hora", enfatizó el cuestionado ministro de Seguridad.
30 investigaciones y ¿juicio político?
El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, reveló que "tenemos alrededor de 30 investigaciones correspondientes por abuso policial, de las que cuatro son en Comodoro. "Bajó el delito durante la cuarentena", dijo. El llamado 'delito de calle' bajó mucho. Por otro lado, la cantidad de denuncias por violencia de género se mantiene en el territorio. Lo que hoy nos preguntamos si es porque no aumentaron o no poder denunciar".
Sobre la "ventana" de ingreso, Miquelarena expresó a FM 100.1 que el fallo de la jueza Moreno "nunca dijo que Chubut quedaba libre de cuarentena. Nada impedía seguir con los controles que se estaban llevando a cabo. No entiendo por qué se dejaron de hacer los controles en un momento".
El análisis jurídico
Gastón Bordier, abogado y representante legal de la fundación El Páramo, explicó a la emisora La Petrolera que en el marco de la presentación del hábeas corpus ante la Justicia por los presuntos abusos perpetrados durante el período de cuarentena, tanto el ministro Massoni como el gobernador Arcioni podrían ir a juicio político.
El letrado consideró que la presentación de un Hábeas Corpus preventivo y el fallo de la jueza Moreno podrían ser "la antesala" para un juicio político de ambos funcionarios "porque aquí no se puede tan livianamente ir en contra de la Constitución provincial, dar entrevistas, reírse, mentir, decir que hay cinco denuncias nomas y tres han sido desestimadas; cuando eso no es así".
Bordier destacó que "cuando uno restringe libertades garantizadas por la Constitución Nacional no puede venir un ministro provincial, que no tiene facultades para hacerlo, a restringir aún más estas libertades".
En paralelo, se supo que existen por lo menos dos fiscales quieren investigar al ministro de Seguridad por presunto "abuso de autoridad" y otros delitos de acción pública; a los que sumarían al menos cuatro abogados de la provincia interesados en llevarlo a la Justicia.
El jefe de los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez, es uno de los funcionarios judiciales que inició causas de oficio que apuntarían directamente a Massoni, a partir de la sospecha de que el ministro pudo haber incurrido en delitos de abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público.
Báez comentó al diario Crónica que "a medida que ha ido avanzando el tiempo de la cuarentena, en Chubut han ido restringiéndose los derechos de las personas" y dijo públicamente que fue una víctima de esas maniobras cuando no lo dejaron pasar en un retén policial mientras estaba trabajando y se dirigía a una comisaría de Madryn.
