Petróleo
Santa Cruz: El pasivo ambiental superaría los 3.500 millones de dólares
En el mes de mayo, el Gobierno de Santa Cruz realizó la presentación del informe preliminar sobre los pasivos ambientales que la producción petrolera de YPF causó en la provincia. Este fue entregado a la entonces intervención de la petrolera, cuyos números iniciales señalaban los valores en base a la inspección del estado de piletas y pozos dejados por Repsol YPF. Se señala que el costo de recuperación y remediación de los mismos asciende a los 3.500 millones de dólares.
Por estos días, en virtud de lo firmado con la Nación en base al pacto hidrocarburífero nacional, el Estado nacional negociará, por provincia, la manera en que, cada una de ellas, integrará en concepto de pago las acciones que reciben, en virtud de la ley de expropiación de YPF que estableció que el 24,99% de las acciones serían distribuidas entre las regiones petroleras.
En ese sentido, Santa Cruz es la segunda provincia accionaria, con el 5,22%, después de Neuquén, que ostenta el 10,4%. Si bien el valor de las acciones aún no ha sido determinado, puesto que tampoco se ha fijado el valor final de la expropiación que deberá ser pagado a Repsol, los cálculos más ambiciosos para la petrolera española fijarían en unos 500 millones de dólares lo que la provincia santacruceña debería afrontar para efectivizar el pago de su parte accionaria.
Sin que ningún distrito cuente con el dinero suficiente para hacer frente al pago de dichas acciones, cada provincia avanzará en distintas alternativas que tiendan a reforzar la operatoria de la petrolera en sus distritos a modo de pago, como la concesión de nuevas áreas o bien la extensión, por más años, de las que ya tiene YPF, a modo de pago de sus acciones.
Pero Santa Cruz es la única que está en pleno proceso de renegociación con la operadora y con una estricta ley marco en cuanto a las condiciones a cumplir para poder firmar un contrato de extensión.
Por otra parte, a pedido del propio Gobierno nacional, se avanzó en el inventario del pasivo ambiental, que de todas maneras había que confeccionar en el caso de renegociarse las áreas, ya que el reclamo de un resarcimiento por el mismo integrará la discusión para fijar el valor final que el Estado nacional está dispuesto a pagarle a la petrolera española.
7 veces más
De esta manera, si bien el inventario final aún no ha sido dado a conocer, el estudio preliminar con el que cuentan ya las autoridades de la YPF estatizada arroja una cifra siete veces superior a lo que la provincia debería pagar por las acciones sindicadas.
Según se pudo saber, por estas horas la Subsecretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Energía están dando las puntadas finales a la última parte del informe definitivo, que va más allá de la situación de piletones y pozos, abarcando acuíferos, estado de infraestructuras, plantas y demás. Esos resultados finales podrían arrojar valores muy por encima de los ya anunciados. Algunos, los más entusiastas, hablan de que podría llegar a los 6 mil millones de dólares.
En Santa Cruz se calculan cerca de 13.000 pozos inactivos, de los cuales unos 8.000 se encuentran en estado de abandono, la mayoría de ellos pertenecientes a YPF. Cada pozo tiene un perímetro de terreno alrededor que se considera improductivo, producto de la actividad misma, por lo que se estima que en la provincia hay más de 100.000 hectáreas en esas condiciones.
Se inspeccionaron también los caminos o picadas sísmicas, caminos de acceso a pozos; las baterías, plantas de tratamiento abandonadas; los ductos, antiguos derrames de hidrocarburos; las locaciones de pozos con dados de cemento donde se apoyaba el equipo perforador; los transformadores antiguos en desuso, y las canteras donde se extraían los materiales para realizar las locaciones.
La responsabilidad de Repsol
La Ley 3.122, de saneamiento ambiental, aprobada el 25 de marzo de 2010, obliga a las operadoras a inventariar su pasivo ambiental. En Santa Cruz, sólo Sinopec, en el marco de la ley marco de renegociación de las áreas, presentó el inventario. El costo de la remediación ambiental que deberá concretar en sus yacimientos durante los próximos cinco años fue fijado en $ 1.000 millones.
Repsol YPF anunció en marzo de 2011 un plan de saneamiento por una suma de más de $ 564 millones, prácticamente el doble del monto invertido en 2010, que no superó los $ 290 millones. Pero según Medio Ambiente, Repsol sólo implementó el 10% de lo anunciado.
Meses después, el 25 de agosto de 2011 la petrolera presentó un plan de 1.700 millones de dólares. Tenía un capítulo destinado a remediación ambiental que nunca se aplicó. Ya cuando se anunció que se avanzaría en una demanda, el gobernador Peralta señalaba que del pasivo se debe hacer cargo la operadora que se fue, que es Repsol, ni la Nación, ni la provincia.
Pero aclaró, y así quedó establecido luego, que de manera conjunta YPF y el Gobierno de Santa Cruz definirían de qué manera se cristalizaría el reclamo, si a través de una demanda millonaria contra la operadora o si bien dicho pasivo se negociará con Repsol, previo a la tasación de las acciones.
Siendo esto último, hasta ahora, lo que podría cobrar forma, quedaría zanjada para la provincia la integración del pago que le corresponde hacer por su paquete accionario en la petrolera estatizada.
En medio de esto, un artículo publicado un tiempo atrás en un matutino nacional revelaba que la petrolera española había aceptado pagar por sus pasivos ambientales, en el marco de una demanda que se tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asociación de Superficiarios de Petróleo (ASSUPA), para la reparación del daño ambiental generado por la explotación petrolera en todo el país.
Al menos tres representantes legales de Repsol firmaron de puño y letra un plan de acción acordado en el máximo tribunal.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas durante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los encuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provinciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF, Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petroleras demandadas.
Tras la presentación de la demanda, los superficiarios fueron convocados por la petrolera a comienzos de marzo de 2011 para acercar posiciones antes de una reunión de conciliación impuesta por la Corte para el 23 de ese mes. Justamente ese día, en un salón de la Corte Suprema y ante el presidente del Tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban allí representantes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el secretario de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abogados, Gabriel Macchiavello.
En abril de ese año se firmó un plan general de remediación. En el documento, las partes acuerdan elaborar un listado de situaciones ambientales susceptibles de haber generado daño ambiental. Ese día, YPF aceptó de manera oficial el desempeño de peritos judiciales para estudiar los casos denunciados, en el marco de la Ley General del Ambiente 25.675.
Con el proveído de la Corte, fechado en diciembre pasado, el cronograma de audiencias para estudiar los episodios de contaminación y la forma de resarcirlos se terminó de diseñar a principios de este año. El 23 de febrero a las 10:30 se llevaría a cabo la Identificación de situaciones ambientales por parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones, y el 10 de abril sería presentado el proyecto ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en esos días. Pero quedó sin cumplirse, puesto que el 16 de abril el Gobierno nacional anunciaba la expropiación.
Fuentes: La Opinión Austral-BAE-Tiempo Argentino
Es 7 veces el valor máximo que debe pagar Santa Cruz por el 5,22% de las acciones recibidas luego de la expropiación. En tanto, la remediación ambiental es parte crucial del marco regulatorio por el cual la petrolera debe hacer un seguro de caución a favor de la provincia. Hacia quién va el reclamo es parte del debate. Existe documentación por la cual Repsol se habría comprometido a remediar y no lo hizo.
En el mes de mayo, el Gobierno de Santa Cruz realizó la presentación del informe preliminar sobre los pasivos ambientales que la producción petrolera de YPF causó en la provincia. Este fue entregado a la entonces intervención de la petrolera, cuyos números iniciales señalaban los valores en base a la inspección del estado de piletas y pozos dejados por Repsol YPF. Se señala que el costo de recuperación y remediación de los mismos asciende a los 3.500 millones de dólares.
Por estos días, en virtud de lo firmado con la Nación en base al pacto hidrocarburífero nacional, el Estado nacional negociará, por provincia, la manera en que, cada una de ellas, integrará en concepto de pago las acciones que reciben, en virtud de la ley de expropiación de YPF que estableció que el 24,99% de las acciones serían distribuidas entre las regiones petroleras.
En ese sentido, Santa Cruz es la segunda provincia accionaria, con el 5,22%, después de Neuquén, que ostenta el 10,4%. Si bien el valor de las acciones aún no ha sido determinado, puesto que tampoco se ha fijado el valor final de la expropiación que deberá ser pagado a Repsol, los cálculos más ambiciosos para la petrolera española fijarían en unos 500 millones de dólares lo que la provincia santacruceña debería afrontar para efectivizar el pago de su parte accionaria.
Sin que ningún distrito cuente con el dinero suficiente para hacer frente al pago de dichas acciones, cada provincia avanzará en distintas alternativas que tiendan a reforzar la operatoria de la petrolera en sus distritos a modo de pago, como la concesión de nuevas áreas o bien la extensión, por más años, de las que ya tiene YPF, a modo de pago de sus acciones.
Pero Santa Cruz es la única que está en pleno proceso de renegociación con la operadora y con una estricta ley marco en cuanto a las condiciones a cumplir para poder firmar un contrato de extensión.
Por otra parte, a pedido del propio Gobierno nacional, se avanzó en el inventario del pasivo ambiental, que de todas maneras había que confeccionar en el caso de renegociarse las áreas, ya que el reclamo de un resarcimiento por el mismo integrará la discusión para fijar el valor final que el Estado nacional está dispuesto a pagarle a la petrolera española.
7 veces más
De esta manera, si bien el inventario final aún no ha sido dado a conocer, el estudio preliminar con el que cuentan ya las autoridades de la YPF estatizada arroja una cifra siete veces superior a lo que la provincia debería pagar por las acciones sindicadas.
Según se pudo saber, por estas horas la Subsecretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Energía están dando las puntadas finales a la última parte del informe definitivo, que va más allá de la situación de piletones y pozos, abarcando acuíferos, estado de infraestructuras, plantas y demás. Esos resultados finales podrían arrojar valores muy por encima de los ya anunciados. Algunos, los más entusiastas, hablan de que podría llegar a los 6 mil millones de dólares.
En Santa Cruz se calculan cerca de 13.000 pozos inactivos, de los cuales unos 8.000 se encuentran en estado de abandono, la mayoría de ellos pertenecientes a YPF. Cada pozo tiene un perímetro de terreno alrededor que se considera improductivo, producto de la actividad misma, por lo que se estima que en la provincia hay más de 100.000 hectáreas en esas condiciones.
Se inspeccionaron también los caminos o picadas sísmicas, caminos de acceso a pozos; las baterías, plantas de tratamiento abandonadas; los ductos, antiguos derrames de hidrocarburos; las locaciones de pozos con dados de cemento donde se apoyaba el equipo perforador; los transformadores antiguos en desuso, y las canteras donde se extraían los materiales para realizar las locaciones.
La responsabilidad de Repsol
La Ley 3.122, de saneamiento ambiental, aprobada el 25 de marzo de 2010, obliga a las operadoras a inventariar su pasivo ambiental. En Santa Cruz, sólo Sinopec, en el marco de la ley marco de renegociación de las áreas, presentó el inventario. El costo de la remediación ambiental que deberá concretar en sus yacimientos durante los próximos cinco años fue fijado en $ 1.000 millones.
Repsol YPF anunció en marzo de 2011 un plan de saneamiento por una suma de más de $ 564 millones, prácticamente el doble del monto invertido en 2010, que no superó los $ 290 millones. Pero según Medio Ambiente, Repsol sólo implementó el 10% de lo anunciado.
Meses después, el 25 de agosto de 2011 la petrolera presentó un plan de 1.700 millones de dólares. Tenía un capítulo destinado a remediación ambiental que nunca se aplicó. Ya cuando se anunció que se avanzaría en una demanda, el gobernador Peralta señalaba que del pasivo se debe hacer cargo la operadora que se fue, que es Repsol, ni la Nación, ni la provincia.
Pero aclaró, y así quedó establecido luego, que de manera conjunta YPF y el Gobierno de Santa Cruz definirían de qué manera se cristalizaría el reclamo, si a través de una demanda millonaria contra la operadora o si bien dicho pasivo se negociará con Repsol, previo a la tasación de las acciones.
Siendo esto último, hasta ahora, lo que podría cobrar forma, quedaría zanjada para la provincia la integración del pago que le corresponde hacer por su paquete accionario en la petrolera estatizada.
En medio de esto, un artículo publicado un tiempo atrás en un matutino nacional revelaba que la petrolera española había aceptado pagar por sus pasivos ambientales, en el marco de una demanda que se tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asociación de Superficiarios de Petróleo (ASSUPA), para la reparación del daño ambiental generado por la explotación petrolera en todo el país.
Al menos tres representantes legales de Repsol firmaron de puño y letra un plan de acción acordado en el máximo tribunal.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas durante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los encuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provinciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF, Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petroleras demandadas.
Tras la presentación de la demanda, los superficiarios fueron convocados por la petrolera a comienzos de marzo de 2011 para acercar posiciones antes de una reunión de conciliación impuesta por la Corte para el 23 de ese mes. Justamente ese día, en un salón de la Corte Suprema y ante el presidente del Tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban allí representantes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el secretario de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abogados, Gabriel Macchiavello.
En abril de ese año se firmó un plan general de remediación. En el documento, las partes acuerdan elaborar un listado de situaciones ambientales susceptibles de haber generado daño ambiental. Ese día, YPF aceptó de manera oficial el desempeño de peritos judiciales para estudiar los casos denunciados, en el marco de la Ley General del Ambiente 25.675.
Con el proveído de la Corte, fechado en diciembre pasado, el cronograma de audiencias para estudiar los episodios de contaminación y la forma de resarcirlos se terminó de diseñar a principios de este año. El 23 de febrero a las 10:30 se llevaría a cabo la Identificación de situaciones ambientales por parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones, y el 10 de abril sería presentado el proyecto ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en esos días. Pero quedó sin cumplirse, puesto que el 16 de abril el Gobierno nacional anunciaba la expropiación.
Fuentes: La Opinión Austral-BAE-Tiempo Argentino
En el mes de mayo, el Gobierno de Santa Cruz realizó la presentación del informe preliminar sobre los pasivos ambientales que la producción petrolera de YPF causó en la provincia. Este fue entregado a la entonces intervención de la petrolera, cuyos números iniciales señalaban los valores en base a la inspección del estado de piletas y pozos dejados por Repsol YPF. Se señala que el costo de recuperación y remediación de los mismos asciende a los 3.500 millones de dólares.
Por estos días, en virtud de lo firmado con la Nación en base al pacto hidrocarburífero nacional, el Estado nacional negociará, por provincia, la manera en que, cada una de ellas, integrará en concepto de pago las acciones que reciben, en virtud de la ley de expropiación de YPF que estableció que el 24,99% de las acciones serían distribuidas entre las regiones petroleras.
En ese sentido, Santa Cruz es la segunda provincia accionaria, con el 5,22%, después de Neuquén, que ostenta el 10,4%. Si bien el valor de las acciones aún no ha sido determinado, puesto que tampoco se ha fijado el valor final de la expropiación que deberá ser pagado a Repsol, los cálculos más ambiciosos para la petrolera española fijarían en unos 500 millones de dólares lo que la provincia santacruceña debería afrontar para efectivizar el pago de su parte accionaria.
Sin que ningún distrito cuente con el dinero suficiente para hacer frente al pago de dichas acciones, cada provincia avanzará en distintas alternativas que tiendan a reforzar la operatoria de la petrolera en sus distritos a modo de pago, como la concesión de nuevas áreas o bien la extensión, por más años, de las que ya tiene YPF, a modo de pago de sus acciones.
Pero Santa Cruz es la única que está en pleno proceso de renegociación con la operadora y con una estricta ley marco en cuanto a las condiciones a cumplir para poder firmar un contrato de extensión.
Por otra parte, a pedido del propio Gobierno nacional, se avanzó en el inventario del pasivo ambiental, que de todas maneras había que confeccionar en el caso de renegociarse las áreas, ya que el reclamo de un resarcimiento por el mismo integrará la discusión para fijar el valor final que el Estado nacional está dispuesto a pagarle a la petrolera española.
7 veces más
De esta manera, si bien el inventario final aún no ha sido dado a conocer, el estudio preliminar con el que cuentan ya las autoridades de la YPF estatizada arroja una cifra siete veces superior a lo que la provincia debería pagar por las acciones sindicadas.
Según se pudo saber, por estas horas la Subsecretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Energía están dando las puntadas finales a la última parte del informe definitivo, que va más allá de la situación de piletones y pozos, abarcando acuíferos, estado de infraestructuras, plantas y demás. Esos resultados finales podrían arrojar valores muy por encima de los ya anunciados. Algunos, los más entusiastas, hablan de que podría llegar a los 6 mil millones de dólares.
En Santa Cruz se calculan cerca de 13.000 pozos inactivos, de los cuales unos 8.000 se encuentran en estado de abandono, la mayoría de ellos pertenecientes a YPF. Cada pozo tiene un perímetro de terreno alrededor que se considera improductivo, producto de la actividad misma, por lo que se estima que en la provincia hay más de 100.000 hectáreas en esas condiciones.
Se inspeccionaron también los caminos o picadas sísmicas, caminos de acceso a pozos; las baterías, plantas de tratamiento abandonadas; los ductos, antiguos derrames de hidrocarburos; las locaciones de pozos con dados de cemento donde se apoyaba el equipo perforador; los transformadores antiguos en desuso, y las canteras donde se extraían los materiales para realizar las locaciones.
La responsabilidad de Repsol
La Ley 3.122, de saneamiento ambiental, aprobada el 25 de marzo de 2010, obliga a las operadoras a inventariar su pasivo ambiental. En Santa Cruz, sólo Sinopec, en el marco de la ley marco de renegociación de las áreas, presentó el inventario. El costo de la remediación ambiental que deberá concretar en sus yacimientos durante los próximos cinco años fue fijado en $ 1.000 millones.
Repsol YPF anunció en marzo de 2011 un plan de saneamiento por una suma de más de $ 564 millones, prácticamente el doble del monto invertido en 2010, que no superó los $ 290 millones. Pero según Medio Ambiente, Repsol sólo implementó el 10% de lo anunciado.
Meses después, el 25 de agosto de 2011 la petrolera presentó un plan de 1.700 millones de dólares. Tenía un capítulo destinado a remediación ambiental que nunca se aplicó. Ya cuando se anunció que se avanzaría en una demanda, el gobernador Peralta señalaba que del pasivo se debe hacer cargo la operadora que se fue, que es Repsol, ni la Nación, ni la provincia.
Pero aclaró, y así quedó establecido luego, que de manera conjunta YPF y el Gobierno de Santa Cruz definirían de qué manera se cristalizaría el reclamo, si a través de una demanda millonaria contra la operadora o si bien dicho pasivo se negociará con Repsol, previo a la tasación de las acciones.
Siendo esto último, hasta ahora, lo que podría cobrar forma, quedaría zanjada para la provincia la integración del pago que le corresponde hacer por su paquete accionario en la petrolera estatizada.
En medio de esto, un artículo publicado un tiempo atrás en un matutino nacional revelaba que la petrolera española había aceptado pagar por sus pasivos ambientales, en el marco de una demanda que se tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asociación de Superficiarios de Petróleo (ASSUPA), para la reparación del daño ambiental generado por la explotación petrolera en todo el país.
Al menos tres representantes legales de Repsol firmaron de puño y letra un plan de acción acordado en el máximo tribunal.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas durante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los encuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provinciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF, Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petroleras demandadas.
Tras la presentación de la demanda, los superficiarios fueron convocados por la petrolera a comienzos de marzo de 2011 para acercar posiciones antes de una reunión de conciliación impuesta por la Corte para el 23 de ese mes. Justamente ese día, en un salón de la Corte Suprema y ante el presidente del Tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban allí representantes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el secretario de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abogados, Gabriel Macchiavello.
En abril de ese año se firmó un plan general de remediación. En el documento, las partes acuerdan elaborar un listado de situaciones ambientales susceptibles de haber generado daño ambiental. Ese día, YPF aceptó de manera oficial el desempeño de peritos judiciales para estudiar los casos denunciados, en el marco de la Ley General del Ambiente 25.675.
Con el proveído de la Corte, fechado en diciembre pasado, el cronograma de audiencias para estudiar los episodios de contaminación y la forma de resarcirlos se terminó de diseñar a principios de este año. El 23 de febrero a las 10:30 se llevaría a cabo la Identificación de situaciones ambientales por parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones, y el 10 de abril sería presentado el proyecto ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en esos días. Pero quedó sin cumplirse, puesto que el 16 de abril el Gobierno nacional anunciaba la expropiación.
Fuentes: La Opinión Austral-BAE-Tiempo Argentino