El gobierno de Chubut espía a empleados En la última semana de mayo el Secretario General Meiszner realizó declaraciones sobre una empleada del ministerio de Educación, que generaron buenos títulos para la gacetilla oficial pero que encerraban la comisión de un delito grave. Se trataba de una confesión de parte admitiendo que el Estado provincial había espiado las redes sociales de una empleada que residía desde hace 4 años en España.
Concretamente, desde el ministerio de Educación comunicaron que la persona mencionada "Además, en su nueva vida en España desarrolló una veta espiritual y hasta organizó jornadas de "masajes holísticos sensitivos" y "limpieza energética con baño de Gong en Castelldefels, una comuna cercana a la capital catalana."
Claramente el organismo oficial recurrió a una práctica ilegal de monitoreo de redes sociales para perseguir a la empleada del ministerio de Educación, una práctica que parece naturalizada y avalada por la justicia chubutense; que llegó a tener dos fiscales imputados en una causa federal por violación a Ley de Inteligencia. Esa causa sigue abierta y uno de los imputados es el fiscal Rivarola, que pasó de realizar espionaje en Esquel a afirmar que la violación es apenas "un desahogo sexual".
Los empleados de la provincia deben saber que el Estado y sus funcionarios no tienen derecho alguno a acceder a la información de las redes sociales de sus trabajadores. Mucho menos están habilitados a usarla para violar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que resguarda el derecho sobre los datos de cada persona, independientemente de su carácter de trabajador, cuando ellos han sido recolectados o tratados fuera de los límites de dicha ley.
El empleador podrá ser denunciado cuando actúe como titular de archivos, registros, bases de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes; excluyendo de este modo solo al caso en que se utilicen los datos de los trabajadores con fines exclusivamente personales.
Lo curioso es que el ahora Secretario General de la gobernación es justamente abogado y proviene del ámbito laboral.
En la última semana de mayo el Secretario General Meiszner realizó declaraciones sobre una empleada del ministerio de Educación, que generaron buenos títulos para la gacetilla oficial pero que encerraban la comisión de un delito grave. Se trataba de una confesión de parte admitiendo que el Estado provincial había espiado las redes sociales de una empleada que residía desde hace 4 años en España.
Concretamente, desde el ministerio de Educación comunicaron que la persona mencionada "Además, en su nueva vida en España desarrolló una veta espiritual y hasta organizó jornadas de "masajes holísticos sensitivos" y "limpieza energética con baño de Gong en Castelldefels, una comuna cercana a la capital catalana."
Claramente el organismo oficial recurrió a una práctica ilegal de monitoreo de redes sociales para perseguir a la empleada del ministerio de Educación, una práctica que parece naturalizada y avalada por la justicia chubutense; que llegó a tener dos fiscales imputados en una causa federal por violación a Ley de Inteligencia. Esa causa sigue abierta y uno de los imputados es el fiscal Rivarola, que pasó de realizar espionaje en Esquel a afirmar que la violación es apenas "un desahogo sexual".
Los empleados de la provincia deben saber que el Estado y sus funcionarios no tienen derecho alguno a acceder a la información de las redes sociales de sus trabajadores. Mucho menos están habilitados a usarla para violar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que resguarda el derecho sobre los datos de cada persona, independientemente de su carácter de trabajador, cuando ellos han sido recolectados o tratados fuera de los límites de dicha ley.
El empleador podrá ser denunciado cuando actúe como titular de archivos, registros, bases de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes; excluyendo de este modo solo al caso en que se utilicen los datos de los trabajadores con fines exclusivamente personales.
Lo curioso es que el ahora Secretario General de la gobernación es justamente abogado y proviene del ámbito laboral.