La huelga de inquilinosPor Humberto Zambon.
Desde aquella rebelión contra los precios abusivos de los alquileres transcurrieron 113 años, pero el problema de la vivienda y de los valores inalcanzables de las locaciones sigue sin resolverse, como lo muestran el crecimiento de las ocupaciones precarias desde los años 30 o la ley de alquileres que está a punto de aprobarse.
En 1907 hubo en nuestro país una importante huelga de inquilinos, posiblemente un caso único en el mundo.
Una de las principales políticas seguidas por los gobiernos posteriores a la organización nacional fue el fomento a la inmigración europea, siguiendo así el principio de Alberti de que "Gobernar es poblar". El peso de la inmigración se puede verificar comparando las cifras del primer censo nacional (1869), que había arrojado un total de 1.737.026 habitantes, con los 3.397.651 inmigrantes radicados en el país desde 1860 y hasta 1930. Como desde 1860 y hasta 1889 tuvieron acceso a la tierra, el principal destino había sido el de las colonias agrícolas; en cambio, a partir de 1890, su destino fue esencialmente urbano, especialmente el de la ciudad de Buenos Aires, por lo que creció fuertemente la demanda de alojamiento barato.
En esa época, luego de la guerra con el Paraguay, Buenos Aires fue asolada por la epidemia conocida como fiebre amarilla y las familias pudientes abandonaron sus casonas en los barrios tradicionales (San Telmo y Monserrat) y se trasladaron, en búsqueda de aire más puro, a lo que hoy es el Barrio Norte y Recoleta. Las casonas abandonadas se transformaron en inquilinatos, dando origen a un nuevo ingreso monetario a la oligarquía. Las habitaciones, que daban a un patio central, semejaban a las celdas de los conventos, pero en lugar de alojar monjes contenían familias hacinadas, con una sola letrina para muchos. Esta similitud originó el nombre de "pequeños conventos" o "conventillos", con el que en nuestro país se conoce a esos inquilinatos.
Los inmigrantes tenían alojamiento por 5 días en el "Hotel de Inmigrantes" y luego se los expulsaba y a la salida se encontraban con los "promotores" ofreciendo sus alojamientos. En 1880 había 1.770 establecimientos de este tipo, con 51.915 inquilinos, y en 1890 ya era 2.249 con 94.743 alojados.
El aumento de la demanda fue acompañado por un incremento de los alquileres, al punto que algunos autores estiman que en 1905 eran el triple de lo cobrado en 1870, muy superiores a los que se pagaban en París o en Londres.
En agosto de 1907 la Municipalidad fijó un impuesto a los alojamientos, que los propietarios decidieron trasladar al precio del alquiler y que fue a chispa que encendió la huelga. Comenzó en un conventillo de la calle Tacuarí, que rápidamente se extendió a unos 100 de la capital y a las otras ciudades, como Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata. Se formó un comité de huelga que exigía una rebaja de 30% en los alquileres, mejoras en salubridad e higiene, y luego agregó el reclamo por una jornada de trabajo de 8 horas (bandera de lucha desde 1889) y mejoras de los jornales.
El movimiento fue impulsado y organizado por los anarquistas nucleados en FORA (Federación Obrera de la República Argentina) y apoyado por sus rivales ideológicos, los socialistas. Uno de los lemas fue "Barreremos con escobas las injusticias de este mundo". La escoba se convirtió en el símbolo de la resistencia: con ellas las mujeres rechazaron a los primeros oficiales de justicia que intimaban el pago o desalojo y también enfrentaron a la policía; con ellas hicieron manifestaciones por las calles de Buenos Aires. Dice Caras y Caretas (21-9-1907) que "hasta los muchachos toman participación activa en la guerra al alquiler... cerca de 300 niñas y niños de todas las edades que recorrían las calles de la Boca manifestando, levantando escobas para barrer a los caseros. Cuando la manifestación llegaba a un conventillo recibía un nuevo contingente de muchachos que se incorporaban a ella entre los aplausos del público".
La policía, dirigida por Ramón Falcón, de triste fama por su actuación en este caso y, años después, durante la "semana trágica", dirigió la fuerte represión con personal armado y entonces ya no alcanzaron las escobas para defenderse: las mujeres tiraban agua hirviendo y los muchachos piedras, pero poco pudieron hacer; por la ley de Residencia se expulsó a dos extranjeros detenidos, Roberto D'Angió y Mariano Forcat, y hasta hubo un muerto por la policía, un joven anarquista Miguel Pepe (Pigna dice que tenía 15 años mientras que el historiador Ceruti le asigna 18); finalmente, con los bomberos y sus mangueras, lograron el desalojo de los huelguistas. Cabe señalar que los anarquistas organizaron un campamento al que los desalojados fueron trasladados gratuitamente por el gremio de los carreros, mientras que los gastronómicos organizaron ollas populares para asegurar su alimentación.
Los huelguistas lograron algunos de sus objetivos: muchos propietarios rebajaron sus alquileres (el periodista Adrián Pignatelli -"Infobae", 9/8/19- comenta que la familia Anchorena les concedió una rebaja mayor al 30% reclamado) y el gobierno empezó a tomar medidas de control de salubridad e higiene.
Desde entonces transcurrieron 113 años, pero el problema de la vivienda y del abuso en algunos alquileres sigue sin resolverse, como lo muestran el crecimiento de las ocupaciones precarias desde los años 30 o la ley de alquileres que está a punto de aprobarse. Eso, a pesar que el derecho a la vivienda digna está reconocido por la Declaración de Derechos Humanos (artículo 25), a la que nuestro país adhirió, y que es un derecho con rango constitucional. Y a pesar de que hubo períodos con políticas destinadas a la construcción de viviendas populares, como fue el primer gobierno de Perón y, en Neuquén, el de Felipe Sapag o del plan "Pro.cre.ar" desde 2012 a 2015.
Durante la época de liberalismo económico la situación ha empeorado por el retiro del Estado del escenario económico y porque el mercado atiende a la demanda pudiente y no a la necesidad real.
Actualmente somos 44,8 millones de habitantes repartidos en 12,8 millones de hogares, los que aumentan a razón de unos 200.000 al año. Según el periodista Diego Cabot ("La Nación", 30-3-18) faltan un millón y medio de viviendas, que hay que construir, y hay 2,5 millones de viviendas con problemas de hacinamiento o falta de servicios básicos. Es decir, hay un déficit de 4.000.000 de viviendas, en una época en que las estadísticas muestran una disminución relativa de los propietarios; así, entre 1996 y 2010 se redujo del 77 al 69% de las viviendas, mientras que los inquilinos pasaron del 15 al 18% y los ocupantes del 8 al 11%. La consecuencia directa del déficit habitacional es el hacinamiento, tanto familiar como barrial, con los problemas sociales y de salubridad que esto acarrea, como lamentablemente está mostrando la actual pandemia.
Como es sabido, la construcción de viviendas no requiere insumos importados y la incidencia de la mano de obra en el costo total es grande, por lo que el efecto multiplicador del gasto en este rubro es muy alto. Quiere decir que puede convertirse en una de las principales herramientas para la reconstrucción económica después de la crisis que dejó el gobierno anterior, agravada seriamente por las consecuencias de la actual pandemia, al tiempo que empieza a ser una solución para un grave problema humano y social.
Fuente: Va Con Firma
Por Humberto Zambon.
Desde aquella rebelión contra los precios abusivos de los alquileres transcurrieron 113 años, pero el problema de la vivienda y de los valores inalcanzables de las locaciones sigue sin resolverse, como lo muestran el crecimiento de las ocupaciones precarias desde los años 30 o la ley de alquileres que está a punto de aprobarse.
En 1907 hubo en nuestro país una importante huelga de inquilinos, posiblemente un caso único en el mundo.
Una de las principales políticas seguidas por los gobiernos posteriores a la organización nacional fue el fomento a la inmigración europea, siguiendo así el principio de Alberti de que "Gobernar es poblar". El peso de la inmigración se puede verificar comparando las cifras del primer censo nacional (1869), que había arrojado un total de 1.737.026 habitantes, con los 3.397.651 inmigrantes radicados en el país desde 1860 y hasta 1930. Como desde 1860 y hasta 1889 tuvieron acceso a la tierra, el principal destino había sido el de las colonias agrícolas; en cambio, a partir de 1890, su destino fue esencialmente urbano, especialmente el de la ciudad de Buenos Aires, por lo que creció fuertemente la demanda de alojamiento barato.
En esa época, luego de la guerra con el Paraguay, Buenos Aires fue asolada por la epidemia conocida como fiebre amarilla y las familias pudientes abandonaron sus casonas en los barrios tradicionales (San Telmo y Monserrat) y se trasladaron, en búsqueda de aire más puro, a lo que hoy es el Barrio Norte y Recoleta. Las casonas abandonadas se transformaron en inquilinatos, dando origen a un nuevo ingreso monetario a la oligarquía. Las habitaciones, que daban a un patio central, semejaban a las celdas de los conventos, pero en lugar de alojar monjes contenían familias hacinadas, con una sola letrina para muchos. Esta similitud originó el nombre de "pequeños conventos" o "conventillos", con el que en nuestro país se conoce a esos inquilinatos.
Los inmigrantes tenían alojamiento por 5 días en el "Hotel de Inmigrantes" y luego se los expulsaba y a la salida se encontraban con los "promotores" ofreciendo sus alojamientos. En 1880 había 1.770 establecimientos de este tipo, con 51.915 inquilinos, y en 1890 ya era 2.249 con 94.743 alojados.
El aumento de la demanda fue acompañado por un incremento de los alquileres, al punto que algunos autores estiman que en 1905 eran el triple de lo cobrado en 1870, muy superiores a los que se pagaban en París o en Londres.
En agosto de 1907 la Municipalidad fijó un impuesto a los alojamientos, que los propietarios decidieron trasladar al precio del alquiler y que fue a chispa que encendió la huelga. Comenzó en un conventillo de la calle Tacuarí, que rápidamente se extendió a unos 100 de la capital y a las otras ciudades, como Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata. Se formó un comité de huelga que exigía una rebaja de 30% en los alquileres, mejoras en salubridad e higiene, y luego agregó el reclamo por una jornada de trabajo de 8 horas (bandera de lucha desde 1889) y mejoras de los jornales.
El movimiento fue impulsado y organizado por los anarquistas nucleados en FORA (Federación Obrera de la República Argentina) y apoyado por sus rivales ideológicos, los socialistas. Uno de los lemas fue "Barreremos con escobas las injusticias de este mundo". La escoba se convirtió en el símbolo de la resistencia: con ellas las mujeres rechazaron a los primeros oficiales de justicia que intimaban el pago o desalojo y también enfrentaron a la policía; con ellas hicieron manifestaciones por las calles de Buenos Aires. Dice Caras y Caretas (21-9-1907) que "hasta los muchachos toman participación activa en la guerra al alquiler... cerca de 300 niñas y niños de todas las edades que recorrían las calles de la Boca manifestando, levantando escobas para barrer a los caseros. Cuando la manifestación llegaba a un conventillo recibía un nuevo contingente de muchachos que se incorporaban a ella entre los aplausos del público".
La policía, dirigida por Ramón Falcón, de triste fama por su actuación en este caso y, años después, durante la "semana trágica", dirigió la fuerte represión con personal armado y entonces ya no alcanzaron las escobas para defenderse: las mujeres tiraban agua hirviendo y los muchachos piedras, pero poco pudieron hacer; por la ley de Residencia se expulsó a dos extranjeros detenidos, Roberto D'Angió y Mariano Forcat, y hasta hubo un muerto por la policía, un joven anarquista Miguel Pepe (Pigna dice que tenía 15 años mientras que el historiador Ceruti le asigna 18); finalmente, con los bomberos y sus mangueras, lograron el desalojo de los huelguistas. Cabe señalar que los anarquistas organizaron un campamento al que los desalojados fueron trasladados gratuitamente por el gremio de los carreros, mientras que los gastronómicos organizaron ollas populares para asegurar su alimentación.
Los huelguistas lograron algunos de sus objetivos: muchos propietarios rebajaron sus alquileres (el periodista Adrián Pignatelli -"Infobae", 9/8/19- comenta que la familia Anchorena les concedió una rebaja mayor al 30% reclamado) y el gobierno empezó a tomar medidas de control de salubridad e higiene.
Desde entonces transcurrieron 113 años, pero el problema de la vivienda y del abuso en algunos alquileres sigue sin resolverse, como lo muestran el crecimiento de las ocupaciones precarias desde los años 30 o la ley de alquileres que está a punto de aprobarse. Eso, a pesar que el derecho a la vivienda digna está reconocido por la Declaración de Derechos Humanos (artículo 25), a la que nuestro país adhirió, y que es un derecho con rango constitucional. Y a pesar de que hubo períodos con políticas destinadas a la construcción de viviendas populares, como fue el primer gobierno de Perón y, en Neuquén, el de Felipe Sapag o del plan "Pro.cre.ar" desde 2012 a 2015.
Durante la época de liberalismo económico la situación ha empeorado por el retiro del Estado del escenario económico y porque el mercado atiende a la demanda pudiente y no a la necesidad real.
Actualmente somos 44,8 millones de habitantes repartidos en 12,8 millones de hogares, los que aumentan a razón de unos 200.000 al año. Según el periodista Diego Cabot ("La Nación", 30-3-18) faltan un millón y medio de viviendas, que hay que construir, y hay 2,5 millones de viviendas con problemas de hacinamiento o falta de servicios básicos. Es decir, hay un déficit de 4.000.000 de viviendas, en una época en que las estadísticas muestran una disminución relativa de los propietarios; así, entre 1996 y 2010 se redujo del 77 al 69% de las viviendas, mientras que los inquilinos pasaron del 15 al 18% y los ocupantes del 8 al 11%. La consecuencia directa del déficit habitacional es el hacinamiento, tanto familiar como barrial, con los problemas sociales y de salubridad que esto acarrea, como lamentablemente está mostrando la actual pandemia.
Como es sabido, la construcción de viviendas no requiere insumos importados y la incidencia de la mano de obra en el costo total es grande, por lo que el efecto multiplicador del gasto en este rubro es muy alto. Quiere decir que puede convertirse en una de las principales herramientas para la reconstrucción económica después de la crisis que dejó el gobierno anterior, agravada seriamente por las consecuencias de la actual pandemia, al tiempo que empieza a ser una solución para un grave problema humano y social.
Fuente: Va Con Firma