El odio racial y una metodología sistemática se ventilan en el juicio contra el policía por la represión a mapuchesPor Pablo Quintana.
El viernes pasado finalizó la etapa oral del juicio contra el oficial Javier Solorza que está al frente del grupo de Infantería de Chubut. Tras la lectura de los alegatos el jueves a las 3 de la tarde el juez dictará su sentencia. Se intentan determinar responsabilidades por los violentos hechos ocurridos el 11 de enero del 2017 en el que resultaron con heridas de gravedad integrantes del Puf Lof en Resistencia Cushamen.
"Vengo esperando hace más de 20 años este momento. Hace tiempo que con mi familia venimos denunciando la violencia institucional que el Estado desata sobre nosotros. Tenía 8 años cuando fui golpeado por primera vez por la policía de Rio Negro. Infinidades de veces hemos sido detenidos por ser mapuches y pobres, por reclamar salud y trabajo digno. Hemos sido perseguido como familia. 16 años tenía cuando fui detenido y torturado. Todavía tengo las marcas de las esposas que me pusieron y una cicatriz del culatazo que me dio un policía. He visto como amenazaban a mi madre con armas largas junto a mi hermanito Nicolás que tenía por entonces 11 años". Dice Fausto Jones Huala al hacer uso de la palabra en la última jornada donde se dieron lectura de los alegatos de las partes en el juicio cuya caratula reza "Provincia de Chubut c/ SOLORZA, Javier Alberto", el oficial que estaba a cargo del cuerpo de infantería de la Policía que amedrentó a los mapuches.
Dice y se quiebra al recordar los episodios vividos el 10 enero del 2017 cuando se realizaron allanamientos en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, es decir el día previo a los hechos que hoy son juzgados en los Tribunales de Esquel. "Me indigna, me da impotencia y bronca. Soy uno de los que estuve ahí. Vi cómo reventaron la casa donde estaba con mi compañera y mi hijo", y entre sollozos casi entre cortado agrega: "y tuve que ver después como mi hijo no podía dormir por varios días".
El juez José Luis Ennis lo interrumpe y le sugiere que espere un minuto, que tome agua, pero él insiste en seguir con el relato. Quiere hacer su descargo, el mismo que viene arrastrando desde tiempos inmemoriales, como los que sufrieron su abuela, sus padres y los antepasados, según se encargará de subrayar después.
"Toda esa violencia institucional no comenzó el 10 de enero ni terminó ese 11 de enero, continuó después con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel", afirmó. Evocó la memoria de su hermano mayor Facundo Jones Huala que sigue preso en Chile y finalizó: "solamente espero que se haga justicia por todo lo que pasó".
Previamente habían hecho uso de la palabra por la parte querellante la Fiscal General, María Bottini, luego la Defensora Oficial, Paola Bagnato y por último la abogada Sonia Ivanoff. Bottini en su condena pidió se declare la responsabilidad del imputado como penalmente responsable por abuso de autoridad, lesiones graves y leves agravadas con la imposición de una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble plazo de la condena. En ese sentido, indicó que debía contemplarse la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas y las secuelas, tanto física como psicológicas que padecieron.
Ivanoff, a su turno, subrayó que lo que está en juicio no sólo son las lesiones de Fausto, Emilio o Fernando sino contra todo un pueblo indígena reconocido por constitución y convenios internacionales. Por eso reclamó que la pena debía ser ejemplificadora.
"No pueden permitirse más estos excesos en la fuerza policial, máxime contra los pueblos originarios. Este juicio -recordó la abogada Ivanoff -, es el primero en llegar a esta instancia y estamos ante la posibilidad de lograr una condena". La letrada fuertemente vinculada a los Pueblos Originarios sostuvo que este tipo de terror y prácticas de las fuerzas policiales sólo se explica por el odio racial permanente. "Un racismo estructural e institucional que son practicas humanas que reproducen la dominación sobre los pueblos originarios. Basta de violencia contra el pueblo mapuche, contra niños, mujeres y hombres por tener otra cultura e ideológica que buscan frenar el avance de políticas extractivas, recuperaciones territoriales, el rescate de sus culturas", añadió Ivanoff.
Para la abogada no hubo intenciones de disuadir como se intentó explicar desde la defensa y por parte del propio imputado. "No hubo ejercicio de un deber sino el de escarmentar". En ese sentido, señaló que desde el 2015 cuando se produjo la recuperación territorial en cercanías de Vuelta de Río se criminalizó a la comunidad mapuche. En su alegato no dudó en hablar de una persecución política frente a la comunidad. "Una comunidad perseguida", fue la frase que esgrimió. En ese sentido también recordó la figura del lonko Facundo Jones Huala que en su rol como vocero y su permanente reclamo de los derechos de los pueblos originarios le valió una persecución política. "El odio racial y la diferencia ideológica son los elementos que explican esta desmedida represión de quien actuó de manera dolosa", atribuyó la letrada al accionar de Solorza.
La Fiscal Bottini también tuvo duros cuestionamientos a las maniobras policiales. "No podemos hablar por lo menos de un procedimiento legal (...) esto es un ataque premeditado por parte de la fuerza policial" y señaló que invocar la figura del RAM, tal cual como esgrimió el imputado, es cuanto menos tener un claro posicionamiento ideológico sobre la problemática en torno a los pueblos originarios. "Es cierto que cada oficial tiene responsabilidad del uso de su arma, pero Solorza es garante como responsable del grupo", dijo en clara controversia con la defensa que intentó disipar responsabilidades entre quienes efectivamente habían perpetrado los disparos.
A su turno Daniel Sandoval, abogado de Solorza, pidió la absolución del efectivo policial. En su alocución minimizó el impacto que podrían tener los cartuchos antitumultos ante la agresión que podrían ocasionar las piedras y puso en duda que el destrozo de la mandíbula de Emilio Jones o los traumatismos de cráneo de Fausto Jones Huala se hubiesen ocasionado en esos episodios.
"Cada una de las circunstancias que se le ha ido achacando al señor Solorza no encuentra molde típico ni para las lesiones graves porque no ha participado y no lesionó a nadie. Tampoco tiene abuso de autoridad, porque en ningún caso puede responsabilizarse, si eventualmente hubiesen sucedido alguno de los hechos, que podría haber ocurrido la toma de decisión o hacer cesar", esgrimió el abogado.
Denunciar desde el estrado al Estado
La instancia se presentó para los integrantes de los pueblos originarios como una posibilidad de expresar la marginalidad y los inconvenientes que tienen para rehacer sus vidas en el territorio, una tarea que es el único horizonte para las presentes generaciones. La tarima se presenta como una pequeña mesa individual de madera con su silla de oficina. El micrófono, una botella de agua y su vaso correspondiente, junto un pote de alcohol en gel completa el mini estrado.
"Está en manos del Estado poder terminar con estas acciones sistemáticas de violencia", dijo con claridad Fernando Jones Huala otras de las víctimas de aquellos violentos días. Explicó la importancia que tiene para la cosmovisión mapuche contar con el territorio. Habló de las vulneraciones a las que los Pueblos Originarios han sido sometidos y lo indispensable que es comprender que la pertenencia cultural sólo en los territorios se podrá desarrollar en plenitud. "Todos estos actos de tortura, que es la que sufre nuestro pueblo, persisten más allá del tiempo y las generaciones. Entregamos esta palabra más allá de nosotros como individuos. Hemos sido estigmatizados para avalar esta agresión por eso estos hechos delictivos deben ser sancionados", sentenció el integrante de la comunidad.
Al igual que lo hicieron el resto de sus peñi, como nombran los mapuches de manera amistosa a sus acompañantes, la introducción en su alocución la realiza en la lengua milenaria, mapuzungun. Como una voz que surge de la profundidad pese al silenciamiento forzado por tantos años de opresión.
Aseguró que en juicios posteriores se pudo comprobar que la Compañía Tierras del sur de la multinacional Benetton adulteró el mapa donde está establecido su estancia y que ellos tienen una pertenencia ancestral y familiar. "Aun así, nosotros seguimos siendo estigmatizados", dijo en referencia a las campañas mediáticas que se desatan en torno a los reclamos y posicionamientos de los Pueblos Originarios. El origen de la intervención primero de Gendarmería Nacional y luego la policía de la provincia de Chubut tuvo como disparador la polémica por la circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, que al tener que pasar por el territorio recuperado los mapuches exigían una mesa de diálogo para abordar distintas demandas. "La Trochita fue utilizada como caballo de Troya", sostuvo e insistió en la estigmatización a la que fueron sometidos por los medios como antesala para avalar la represión que se desataría en ese momento.
"El 10 de enero hubo mujeres que fueron torturadas, dejadas a la intemperie en medio de la madrugada con temperaturas bajo cero, donde también estuvo la fuerza que conduce Solorza. Son situaciones sistemáticas. Todos estos atropellos están en nuestra memoria emocional y psicológica", detalló Jones Huala. Pidió que se tengan en cuenta los tratados internacionales y que el Estado sea responsable y que se afronten estos conflictos "de la forma que estamos esperando: de manera política".
"Tengo en mi memoria el juicio político al que fue sometido mi hermano (Facundo), el trabajo de inteligencia al que fue sometida mi familia y que realizaron entre los estados chilenos y argentino". Y finalizó su exposición con un "¡Fuera las mineras y petroleras y cualquier actividad extractiva de nuestros territorios!".
Un breve segundo separa su última oración del grito agitado de los únicos presentes como testigos de la causa: las mismas víctimas, además de la trabajadora social Miriam Grimaldi integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos como veedora. El "¡Iá, iá, iá, ía, iáááá!", prolongado inunda la sala. Es el grito mapuche que se manifiesta en ceremonias de importancia para los integrantes de las comunidades y permitir el contacto con el Ngenechén e implorar así la atención del creador.
Como un grito contenido en años, el entusiasmo por ese afafán en conjunto, trae la imagen del territorio mapuche usurpado, la memoria, la cultura, los daños, sus víctimas, pero también la convicción en sus reclamos y demandas. Como una recuperación simbólica del territorio físico del que fueron violentamente desalojados los mapuches y que aún hoy continúan sufriendo las injusticias de antaño.
Ivanoff explica la intención de ese afán y su significado al juez. El magistrado agradece el esclarecimiento y anticipa que tomará los cinco días que le otorga la ley para dictar sentencia. Será el jueves 18 a las tres de la tarde en esa misma sala donde se conocerá el veredicto.
Por Pablo Quintana.
El viernes pasado finalizó la etapa oral del juicio contra el oficial Javier Solorza que está al frente del grupo de Infantería de Chubut. Tras la lectura de los alegatos el jueves a las 3 de la tarde el juez dictará su sentencia. Se intentan determinar responsabilidades por los violentos hechos ocurridos el 11 de enero del 2017 en el que resultaron con heridas de gravedad integrantes del Puf Lof en Resistencia Cushamen.
"Vengo esperando hace más de 20 años este momento. Hace tiempo que con mi familia venimos denunciando la violencia institucional que el Estado desata sobre nosotros. Tenía 8 años cuando fui golpeado por primera vez por la policía de Rio Negro. Infinidades de veces hemos sido detenidos por ser mapuches y pobres, por reclamar salud y trabajo digno. Hemos sido perseguido como familia. 16 años tenía cuando fui detenido y torturado. Todavía tengo las marcas de las esposas que me pusieron y una cicatriz del culatazo que me dio un policía. He visto como amenazaban a mi madre con armas largas junto a mi hermanito Nicolás que tenía por entonces 11 años". Dice Fausto Jones Huala al hacer uso de la palabra en la última jornada donde se dieron lectura de los alegatos de las partes en el juicio cuya caratula reza "Provincia de Chubut c/ SOLORZA, Javier Alberto", el oficial que estaba a cargo del cuerpo de infantería de la Policía que amedrentó a los mapuches.
Dice y se quiebra al recordar los episodios vividos el 10 enero del 2017 cuando se realizaron allanamientos en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, es decir el día previo a los hechos que hoy son juzgados en los Tribunales de Esquel. "Me indigna, me da impotencia y bronca. Soy uno de los que estuve ahí. Vi cómo reventaron la casa donde estaba con mi compañera y mi hijo", y entre sollozos casi entre cortado agrega: "y tuve que ver después como mi hijo no podía dormir por varios días".
El juez José Luis Ennis lo interrumpe y le sugiere que espere un minuto, que tome agua, pero él insiste en seguir con el relato. Quiere hacer su descargo, el mismo que viene arrastrando desde tiempos inmemoriales, como los que sufrieron su abuela, sus padres y los antepasados, según se encargará de subrayar después.
"Toda esa violencia institucional no comenzó el 10 de enero ni terminó ese 11 de enero, continuó después con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel", afirmó. Evocó la memoria de su hermano mayor Facundo Jones Huala que sigue preso en Chile y finalizó: "solamente espero que se haga justicia por todo lo que pasó".
Previamente habían hecho uso de la palabra por la parte querellante la Fiscal General, María Bottini, luego la Defensora Oficial, Paola Bagnato y por último la abogada Sonia Ivanoff. Bottini en su condena pidió se declare la responsabilidad del imputado como penalmente responsable por abuso de autoridad, lesiones graves y leves agravadas con la imposición de una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble plazo de la condena. En ese sentido, indicó que debía contemplarse la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas y las secuelas, tanto física como psicológicas que padecieron.
Ivanoff, a su turno, subrayó que lo que está en juicio no sólo son las lesiones de Fausto, Emilio o Fernando sino contra todo un pueblo indígena reconocido por constitución y convenios internacionales. Por eso reclamó que la pena debía ser ejemplificadora.
"No pueden permitirse más estos excesos en la fuerza policial, máxime contra los pueblos originarios. Este juicio -recordó la abogada Ivanoff -, es el primero en llegar a esta instancia y estamos ante la posibilidad de lograr una condena". La letrada fuertemente vinculada a los Pueblos Originarios sostuvo que este tipo de terror y prácticas de las fuerzas policiales sólo se explica por el odio racial permanente. "Un racismo estructural e institucional que son practicas humanas que reproducen la dominación sobre los pueblos originarios. Basta de violencia contra el pueblo mapuche, contra niños, mujeres y hombres por tener otra cultura e ideológica que buscan frenar el avance de políticas extractivas, recuperaciones territoriales, el rescate de sus culturas", añadió Ivanoff.
Para la abogada no hubo intenciones de disuadir como se intentó explicar desde la defensa y por parte del propio imputado. "No hubo ejercicio de un deber sino el de escarmentar". En ese sentido, señaló que desde el 2015 cuando se produjo la recuperación territorial en cercanías de Vuelta de Río se criminalizó a la comunidad mapuche. En su alegato no dudó en hablar de una persecución política frente a la comunidad. "Una comunidad perseguida", fue la frase que esgrimió. En ese sentido también recordó la figura del lonko Facundo Jones Huala que en su rol como vocero y su permanente reclamo de los derechos de los pueblos originarios le valió una persecución política. "El odio racial y la diferencia ideológica son los elementos que explican esta desmedida represión de quien actuó de manera dolosa", atribuyó la letrada al accionar de Solorza.
La Fiscal Bottini también tuvo duros cuestionamientos a las maniobras policiales. "No podemos hablar por lo menos de un procedimiento legal (...) esto es un ataque premeditado por parte de la fuerza policial" y señaló que invocar la figura del RAM, tal cual como esgrimió el imputado, es cuanto menos tener un claro posicionamiento ideológico sobre la problemática en torno a los pueblos originarios. "Es cierto que cada oficial tiene responsabilidad del uso de su arma, pero Solorza es garante como responsable del grupo", dijo en clara controversia con la defensa que intentó disipar responsabilidades entre quienes efectivamente habían perpetrado los disparos.
A su turno Daniel Sandoval, abogado de Solorza, pidió la absolución del efectivo policial. En su alocución minimizó el impacto que podrían tener los cartuchos antitumultos ante la agresión que podrían ocasionar las piedras y puso en duda que el destrozo de la mandíbula de Emilio Jones o los traumatismos de cráneo de Fausto Jones Huala se hubiesen ocasionado en esos episodios.
"Cada una de las circunstancias que se le ha ido achacando al señor Solorza no encuentra molde típico ni para las lesiones graves porque no ha participado y no lesionó a nadie. Tampoco tiene abuso de autoridad, porque en ningún caso puede responsabilizarse, si eventualmente hubiesen sucedido alguno de los hechos, que podría haber ocurrido la toma de decisión o hacer cesar", esgrimió el abogado.
Denunciar desde el estrado al Estado
La instancia se presentó para los integrantes de los pueblos originarios como una posibilidad de expresar la marginalidad y los inconvenientes que tienen para rehacer sus vidas en el territorio, una tarea que es el único horizonte para las presentes generaciones. La tarima se presenta como una pequeña mesa individual de madera con su silla de oficina. El micrófono, una botella de agua y su vaso correspondiente, junto un pote de alcohol en gel completa el mini estrado.
"Está en manos del Estado poder terminar con estas acciones sistemáticas de violencia", dijo con claridad Fernando Jones Huala otras de las víctimas de aquellos violentos días. Explicó la importancia que tiene para la cosmovisión mapuche contar con el territorio. Habló de las vulneraciones a las que los Pueblos Originarios han sido sometidos y lo indispensable que es comprender que la pertenencia cultural sólo en los territorios se podrá desarrollar en plenitud. "Todos estos actos de tortura, que es la que sufre nuestro pueblo, persisten más allá del tiempo y las generaciones. Entregamos esta palabra más allá de nosotros como individuos. Hemos sido estigmatizados para avalar esta agresión por eso estos hechos delictivos deben ser sancionados", sentenció el integrante de la comunidad.
Al igual que lo hicieron el resto de sus peñi, como nombran los mapuches de manera amistosa a sus acompañantes, la introducción en su alocución la realiza en la lengua milenaria, mapuzungun. Como una voz que surge de la profundidad pese al silenciamiento forzado por tantos años de opresión.
Aseguró que en juicios posteriores se pudo comprobar que la Compañía Tierras del sur de la multinacional Benetton adulteró el mapa donde está establecido su estancia y que ellos tienen una pertenencia ancestral y familiar. "Aun así, nosotros seguimos siendo estigmatizados", dijo en referencia a las campañas mediáticas que se desatan en torno a los reclamos y posicionamientos de los Pueblos Originarios. El origen de la intervención primero de Gendarmería Nacional y luego la policía de la provincia de Chubut tuvo como disparador la polémica por la circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, que al tener que pasar por el territorio recuperado los mapuches exigían una mesa de diálogo para abordar distintas demandas. "La Trochita fue utilizada como caballo de Troya", sostuvo e insistió en la estigmatización a la que fueron sometidos por los medios como antesala para avalar la represión que se desataría en ese momento.
"El 10 de enero hubo mujeres que fueron torturadas, dejadas a la intemperie en medio de la madrugada con temperaturas bajo cero, donde también estuvo la fuerza que conduce Solorza. Son situaciones sistemáticas. Todos estos atropellos están en nuestra memoria emocional y psicológica", detalló Jones Huala. Pidió que se tengan en cuenta los tratados internacionales y que el Estado sea responsable y que se afronten estos conflictos "de la forma que estamos esperando: de manera política".
"Tengo en mi memoria el juicio político al que fue sometido mi hermano (Facundo), el trabajo de inteligencia al que fue sometida mi familia y que realizaron entre los estados chilenos y argentino". Y finalizó su exposición con un "¡Fuera las mineras y petroleras y cualquier actividad extractiva de nuestros territorios!".
Un breve segundo separa su última oración del grito agitado de los únicos presentes como testigos de la causa: las mismas víctimas, además de la trabajadora social Miriam Grimaldi integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos como veedora. El "¡Iá, iá, iá, ía, iáááá!", prolongado inunda la sala. Es el grito mapuche que se manifiesta en ceremonias de importancia para los integrantes de las comunidades y permitir el contacto con el Ngenechén e implorar así la atención del creador.
Como un grito contenido en años, el entusiasmo por ese afafán en conjunto, trae la imagen del territorio mapuche usurpado, la memoria, la cultura, los daños, sus víctimas, pero también la convicción en sus reclamos y demandas. Como una recuperación simbólica del territorio físico del que fueron violentamente desalojados los mapuches y que aún hoy continúan sufriendo las injusticias de antaño.
Ivanoff explica la intención de ese afán y su significado al juez. El magistrado agradece el esclarecimiento y anticipa que tomará los cinco días que le otorga la ley para dictar sentencia. Será el jueves 18 a las tres de la tarde en esa misma sala donde se conocerá el veredicto.