Massoni, el precandidato a senador nacional que sueña con comprar pistolas Tasser, motivo de escándaloUn funcionario nacional de segunda línea habría sido despedido por activar el trámite para que el ministro de Seguridad provincial contara con las armas eléctricas que reclama desde los tiempos de Patricia Bullrich.
Ramiro Urristi estaba a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Dejó su cargo en un clima de hermetismo y entre distintas versiones, según el portal Infobae.
La ANMaC es el organismo encargado de la fiscalización y monitoreo de las armas de fuego que depende del Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria.
El Patagónico publicó que el ministro, quien arribó recientemente al cargo tras la remoción de Marcela Losardo, se reunió con Urristi de manera reservada el martes y el miércoles se hicieron fuertes los rumores que circulaban hace un mes acerca de su partida, pero en su entorno la negaron hasta última hora.
Se terminó concretando el jueves y fuentes de Gobierno vincularon el desplazamiento al malestar que se arrastraba hace meses al interior de la cartera por la habilitación de una compra de pistolas taser en Chubut.
Esas armas -resistidas en muchos países por su peligrosidad- fueron promovidas en su momento por la anterior ministra de Seguridad, la macrista Patricia Bullrich. Y en Chubut, Federico Massoni fue de sus más entusiastas defensores, y a pesar de la crisis económica consiguió que el gobernador le gestionara la adquisición. Claro que ello fue antes del cambio de gobierno nacional y de que estallara la crisis salarial en la provincia, de la cual aún hay secuelas.
No obstante, el 30 de septiembre del año pasado Massoni anunció la compra de 25 de estas armas, por un costo estimado de 2 millones de pesos, luego de haber mantenido un bajo perfil en ese tema tras la presión que ejercieron diversos sectores políticos (que integran hoy el oficialismo) y organizaciones de derechos humanos que elevaron su denuncia al gobierno nacional respecto del efecto que provocan estas armas entre quienes reciben sus descargas eléctricas.
El funcionario provincial siempre se refirió a las Taser como un elemento "preferible" para la intervención del grupo GEOP (el mismo que mató de un disparo en la cabeza a Alejandro John en Las Golondrinas hace un mes) o la división de Motos, a la hora de allanamientos. Y declaró que "antes que activar un mecanismo mortal como un disparo de fuego, es preferible que lo incapaciten con un disparo de una Spark o con un Taser".
En estos momentos, el accionar de la Policía de Chubut es fuertemente cuestionado por múltiples denuncias de abusos y apremios, tanto en el norte de la provincia como en el sur. En las redes sociales hay evidencias de la forma en que actúa.
Un funcionario nacional de segunda línea habría sido despedido por activar el trámite para que el ministro de Seguridad provincial contara con las armas eléctricas que reclama desde los tiempos de Patricia Bullrich.
Ramiro Urristi estaba a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Dejó su cargo en un clima de hermetismo y entre distintas versiones, según el portal Infobae.
La ANMaC es el organismo encargado de la fiscalización y monitoreo de las armas de fuego que depende del Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria.
El Patagónico publicó que el ministro, quien arribó recientemente al cargo tras la remoción de Marcela Losardo, se reunió con Urristi de manera reservada el martes y el miércoles se hicieron fuertes los rumores que circulaban hace un mes acerca de su partida, pero en su entorno la negaron hasta última hora.
Se terminó concretando el jueves y fuentes de Gobierno vincularon el desplazamiento al malestar que se arrastraba hace meses al interior de la cartera por la habilitación de una compra de pistolas taser en Chubut.
Esas armas -resistidas en muchos países por su peligrosidad- fueron promovidas en su momento por la anterior ministra de Seguridad, la macrista Patricia Bullrich. Y en Chubut, Federico Massoni fue de sus más entusiastas defensores, y a pesar de la crisis económica consiguió que el gobernador le gestionara la adquisición. Claro que ello fue antes del cambio de gobierno nacional y de que estallara la crisis salarial en la provincia, de la cual aún hay secuelas.
No obstante, el 30 de septiembre del año pasado Massoni anunció la compra de 25 de estas armas, por un costo estimado de 2 millones de pesos, luego de haber mantenido un bajo perfil en ese tema tras la presión que ejercieron diversos sectores políticos (que integran hoy el oficialismo) y organizaciones de derechos humanos que elevaron su denuncia al gobierno nacional respecto del efecto que provocan estas armas entre quienes reciben sus descargas eléctricas.
El funcionario provincial siempre se refirió a las Taser como un elemento "preferible" para la intervención del grupo GEOP (el mismo que mató de un disparo en la cabeza a Alejandro John en Las Golondrinas hace un mes) o la división de Motos, a la hora de allanamientos. Y declaró que "antes que activar un mecanismo mortal como un disparo de fuego, es preferible que lo incapaciten con un disparo de una Spark o con un Taser".
En estos momentos, el accionar de la Policía de Chubut es fuertemente cuestionado por múltiples denuncias de abusos y apremios, tanto en el norte de la provincia como en el sur. En las redes sociales hay evidencias de la forma en que actúa.