La balacera contra Chano reaviva el caso Tino John: la doctrina de Berni y Massoni sobre los sufrientes mentales Por Lola Sánchez
A dos meses del asesinato de Tino John, Massoni y Berni continúan justificando la violencia policial contra los pacientes de Salud Mental.
A sesenta días de la muerte de Tino John a manos del grupo GEOP, la familia vuelve a pedir justicia. A través de un comunicado, sus hijos recordaron las irregularidades del grupo policial al momento de arribar a la casa de su padre, y el accionar deliberado -sin contemplar los derechos en torno a la Salud Mental- que derivaron en la muerte del vecino de la Comarca Andina. Organismos de Derechos Humanos, vecinos y familiares continúan exigiendo que las Fuerzas de Seguridad implicadas sean investigadas con transparencia.
Mediante un comunicado, la familia expresó que no se cumplieron los protocolos de intervención, teniendo en cuenta la serie de irregularidades del operativo. "Los miembros de las fuerzas de seguridad actuantes (Policía de la Provincia del Chubut) estaban en pleno conocimiento de que nuestro padre era un sufriente mental, y que la orden judicial de allanamiento contenía el mandato judicial de intervención ineludible de especialistas médicos en salud mental", destacaron.
Por otra parte, señalaron: "Es más que preocupante que el Sr. Fiscal General Díaz Mayer -quien supervisó el pedido de allanamiento con la participación del GEOP que terminó con la vida de Tino- sea quien siga llevando adelante la investigación, a pesar de los pedidos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte de la causa".
La relación de las Fuerzas Policiales y los pacientes de Salud Mental es problemática y violenta. El debate fue reabierto por el caso del músico Santiago "Chano" Charpentier, que durante la madrugada del lunes recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía en medio de un presunto brote psicótico. Actualmente el artista se encuentra internado en terapia intensiva, pero la discusión sobre el uso indebido de la fuerza policial se mantiene vigente.
Elogio a las Taser
Como parte de su campaña para ocupar una banca del Senado, Massoni continúa exponiendo el alcance "virtuoso" de las Fuerzas Policiales. La última vez lo hizo con un megaoperativo encabezado en la Comarca Andina.
Con la excusa de luchar contra las tomas de terrenos, el Ministro arribó a la zona de parcelas de Lago Puelo con más de 20 motos, policías a caballo y efectivos del GEOP con ametralladoras.
Recientemente expresó al respecto: "hay delincuentes que se creen que son dueños de todo y que la ley no los alcanza. Acá en Chubut no le vamos a dejar hacer sus tropelías". Advirtió que "lo más preocupante es que hay más de mil personas que tienen un aval político para hacer usurpaciones; es asqueroso y cuando lo tenga confirmado, no solo que lo voy a decir públicamente, sino que lo voy a denunciar. Esas personas generan inseguridad en los pobladores de bien y eso lo vamos a cortar".
Berni, el modelo
Por su parte, y a raíz del incidente con Chano, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni aprovechó la ocasión para justificar, una vez más, el uso de las pistolas Taser. El debate en torno a las Taser estuvo presente durante la gestión de Patricia Bullrich, otra gran defensora del Gatillo Fácil.
Berni sostuvo que "Con una pistola Taser esto no hubiera ocurrido". Agregó: "Entró en juego la habilidad del policía" porque "la diferencia entre la vida y la muerte está a pocos milímetros". En ese sentido , explicó que "el policía no le apuntó a la cabeza" sino que "le apuntó como pudo en el momento que pudo para neutralizarlo de manera no letal".
A pesar de las explicaciones del Ministro, están comprobados los riesgos de la utilización de este tipo de arma, y se desaconseja su uso en personas con problemas mentales. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su "menor letalidad" permite la ampliación de los márgenes de uso de la fuerza policial. Explican, además, que el Comité Contra la Tortura de la ONU considera inadmisible el uso de estas armas contra personas que sufren algun tipo de padecimiento mental.
"Antes que discutir la incorporación de más armas, lo que debería estar en discusión es el modelo integral de uso de la fuerza de las policías. En un modelo que promueve el uso excesivo de la fuerza, cualquier arma puede ser un problema, aun las menos letales'", expresa el documento del CELS.
Nuevamente los trastornos psicológicos se utilizaron como excusa para hacer uso de la fuerza, ante la presencia de sujetos considerados peligrosos. Una lógica similar se aplicó en el caso de Tino John, a quién Federico Massoni describió como "agresivo y desaforado" al momento del hecho.
En ambos casos, las familias desmintieron la versión policial y la supuesta peligrosidad de las víctimas. Los vecinos de la Comarca coincidieron en que John era una persona con problemas psiquiátricos, pero incapaz de efectuar daños contra terceros.
La familia de John sostuvo que "en todo momento los hijos de Tino estuvieron en contacto con el Comisario de El Hoyo, Sr. Omar Martínez (jefe a cargo del operativo) y que el mismo estaba al tanto del trastorno psiquiátrico que padecía Tino. Así, los hijos habían acordado con el Comisario Martínez que irían a la chacra por la mañana, ya que Tino estaría más tranquilo, algo que era característico de la enfermedad, para poder contenerlo. Se convino que, en primer lugar, ingresaría la familia junto a personal de salud mental y en última instancia -en caso de ser necesario- actuarían las fuerzas policiales".
Protocolos inexistentes de Salud Mental
El caso de Chano puso el foco en la actuación de las Fuerzas de Seguridad ante incidentes con personas con padecimientos mentales, y la posibilidad de los ciudadanos de ser víctimas del recrudecimiento de la violencia policial.
En este sentido, el hecho hace que el debate vuelva sobre la actuación de la Policía de Chubut. Se sabe que el estado de salud de Tino John estaba agravado por la pérdida de empleo durante la pandemia, el desastre ambiental que atravesaba la Comarca y el temor ante la toma de terrenos, un contexto que para el Ministro no estaba relacionado con lo sucedido.
Si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación propuso ampliar y modificar los protocolos existentes a través reconocimiento de los derechos de las personas con padecimientos de Salud Mental, Chubut ha demostrado que no lo aplica. El Ministro expresó que los agentes se capacitan constantemente para actuar en situaciones determinadas, pero no hay un protocolo de actuación preciso que incorpore la mirada de la Salud Mental.
En el marco de la Sanción de la Ley de Protección de la Salud Mental N° 26.657, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya se habría comprometido a revisar los protocolos, mediante la Resolución N° 506/13, la cual explicita que "A fin de adecuar las intervenciones de los cuerpos policiales y de las Fuerzas de Seguridad a la normativa internacional y la Ley N° 26.657, el Ministerio emprendió la tarea de revisión de los criterios de intervención casos que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias con riesgo cierto e inminente para sí o para terceros".
La Ley subraya la necesidad de aplicar una modalidad de abordaje interdisciplinar en los organismos estatales, capaz de reconocer y proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales. En el artículo 5°, además, enfatiza que "la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado".
Confesión de parte
En la reunión posterior que sostuvo con diputados del Frente de Todos, Massoni reconoció que no se agotaron las instancias previas para el abordaje del estado de la víctima. Según los familiares, las autoridades responsables conocían de antemano la situación del hombre, y no siguieron las indicaciones brindadas por la familia para lograr calmarlo.
Mientras tanto, la comunidad de la Comarca Andina se pregunta si habrá respuestas al petitorio que presentaron en la Fiscalía del Hoyo, de qué manera las autoridades investigarán a los implicados, qué responsabilidad les cabe a los altos funcionarios que criminalizan a familiares víctimas, y fundamentalmente, se preguntan si habrá justicia para Tino John.
Por Lola Sánchez
A dos meses del asesinato de Tino John, Massoni y Berni continúan justificando la violencia policial contra los pacientes de Salud Mental.
A sesenta días de la muerte de Tino John a manos del grupo GEOP, la familia vuelve a pedir justicia. A través de un comunicado, sus hijos recordaron las irregularidades del grupo policial al momento de arribar a la casa de su padre, y el accionar deliberado -sin contemplar los derechos en torno a la Salud Mental- que derivaron en la muerte del vecino de la Comarca Andina. Organismos de Derechos Humanos, vecinos y familiares continúan exigiendo que las Fuerzas de Seguridad implicadas sean investigadas con transparencia.
Mediante un comunicado, la familia expresó que no se cumplieron los protocolos de intervención, teniendo en cuenta la serie de irregularidades del operativo. "Los miembros de las fuerzas de seguridad actuantes (Policía de la Provincia del Chubut) estaban en pleno conocimiento de que nuestro padre era un sufriente mental, y que la orden judicial de allanamiento contenía el mandato judicial de intervención ineludible de especialistas médicos en salud mental", destacaron.
Por otra parte, señalaron: "Es más que preocupante que el Sr. Fiscal General Díaz Mayer -quien supervisó el pedido de allanamiento con la participación del GEOP que terminó con la vida de Tino- sea quien siga llevando adelante la investigación, a pesar de los pedidos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte de la causa".
La relación de las Fuerzas Policiales y los pacientes de Salud Mental es problemática y violenta. El debate fue reabierto por el caso del músico Santiago "Chano" Charpentier, que durante la madrugada del lunes recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía en medio de un presunto brote psicótico. Actualmente el artista se encuentra internado en terapia intensiva, pero la discusión sobre el uso indebido de la fuerza policial se mantiene vigente.
Elogio a las Taser
Como parte de su campaña para ocupar una banca del Senado, Massoni continúa exponiendo el alcance "virtuoso" de las Fuerzas Policiales. La última vez lo hizo con un megaoperativo encabezado en la Comarca Andina.
Con la excusa de luchar contra las tomas de terrenos, el Ministro arribó a la zona de parcelas de Lago Puelo con más de 20 motos, policías a caballo y efectivos del GEOP con ametralladoras.
Recientemente expresó al respecto: "hay delincuentes que se creen que son dueños de todo y que la ley no los alcanza. Acá en Chubut no le vamos a dejar hacer sus tropelías". Advirtió que "lo más preocupante es que hay más de mil personas que tienen un aval político para hacer usurpaciones; es asqueroso y cuando lo tenga confirmado, no solo que lo voy a decir públicamente, sino que lo voy a denunciar. Esas personas generan inseguridad en los pobladores de bien y eso lo vamos a cortar".
Berni, el modelo
Por su parte, y a raíz del incidente con Chano, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni aprovechó la ocasión para justificar, una vez más, el uso de las pistolas Taser. El debate en torno a las Taser estuvo presente durante la gestión de Patricia Bullrich, otra gran defensora del Gatillo Fácil.
Berni sostuvo que "Con una pistola Taser esto no hubiera ocurrido". Agregó: "Entró en juego la habilidad del policía" porque "la diferencia entre la vida y la muerte está a pocos milímetros". En ese sentido , explicó que "el policía no le apuntó a la cabeza" sino que "le apuntó como pudo en el momento que pudo para neutralizarlo de manera no letal".
A pesar de las explicaciones del Ministro, están comprobados los riesgos de la utilización de este tipo de arma, y se desaconseja su uso en personas con problemas mentales. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su "menor letalidad" permite la ampliación de los márgenes de uso de la fuerza policial. Explican, además, que el Comité Contra la Tortura de la ONU considera inadmisible el uso de estas armas contra personas que sufren algun tipo de padecimiento mental.
"Antes que discutir la incorporación de más armas, lo que debería estar en discusión es el modelo integral de uso de la fuerza de las policías. En un modelo que promueve el uso excesivo de la fuerza, cualquier arma puede ser un problema, aun las menos letales'", expresa el documento del CELS.
Nuevamente los trastornos psicológicos se utilizaron como excusa para hacer uso de la fuerza, ante la presencia de sujetos considerados peligrosos. Una lógica similar se aplicó en el caso de Tino John, a quién Federico Massoni describió como "agresivo y desaforado" al momento del hecho.
En ambos casos, las familias desmintieron la versión policial y la supuesta peligrosidad de las víctimas. Los vecinos de la Comarca coincidieron en que John era una persona con problemas psiquiátricos, pero incapaz de efectuar daños contra terceros.
La familia de John sostuvo que "en todo momento los hijos de Tino estuvieron en contacto con el Comisario de El Hoyo, Sr. Omar Martínez (jefe a cargo del operativo) y que el mismo estaba al tanto del trastorno psiquiátrico que padecía Tino. Así, los hijos habían acordado con el Comisario Martínez que irían a la chacra por la mañana, ya que Tino estaría más tranquilo, algo que era característico de la enfermedad, para poder contenerlo. Se convino que, en primer lugar, ingresaría la familia junto a personal de salud mental y en última instancia -en caso de ser necesario- actuarían las fuerzas policiales".
Protocolos inexistentes de Salud Mental
El caso de Chano puso el foco en la actuación de las Fuerzas de Seguridad ante incidentes con personas con padecimientos mentales, y la posibilidad de los ciudadanos de ser víctimas del recrudecimiento de la violencia policial.
En este sentido, el hecho hace que el debate vuelva sobre la actuación de la Policía de Chubut. Se sabe que el estado de salud de Tino John estaba agravado por la pérdida de empleo durante la pandemia, el desastre ambiental que atravesaba la Comarca y el temor ante la toma de terrenos, un contexto que para el Ministro no estaba relacionado con lo sucedido.
Si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación propuso ampliar y modificar los protocolos existentes a través reconocimiento de los derechos de las personas con padecimientos de Salud Mental, Chubut ha demostrado que no lo aplica. El Ministro expresó que los agentes se capacitan constantemente para actuar en situaciones determinadas, pero no hay un protocolo de actuación preciso que incorpore la mirada de la Salud Mental.
En el marco de la Sanción de la Ley de Protección de la Salud Mental N° 26.657, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya se habría comprometido a revisar los protocolos, mediante la Resolución N° 506/13, la cual explicita que "A fin de adecuar las intervenciones de los cuerpos policiales y de las Fuerzas de Seguridad a la normativa internacional y la Ley N° 26.657, el Ministerio emprendió la tarea de revisión de los criterios de intervención casos que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias con riesgo cierto e inminente para sí o para terceros".
La Ley subraya la necesidad de aplicar una modalidad de abordaje interdisciplinar en los organismos estatales, capaz de reconocer y proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales. En el artículo 5°, además, enfatiza que "la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado".
Confesión de parte
En la reunión posterior que sostuvo con diputados del Frente de Todos, Massoni reconoció que no se agotaron las instancias previas para el abordaje del estado de la víctima. Según los familiares, las autoridades responsables conocían de antemano la situación del hombre, y no siguieron las indicaciones brindadas por la familia para lograr calmarlo.
Mientras tanto, la comunidad de la Comarca Andina se pregunta si habrá respuestas al petitorio que presentaron en la Fiscalía del Hoyo, de qué manera las autoridades investigarán a los implicados, qué responsabilidad les cabe a los altos funcionarios que criminalizan a familiares víctimas, y fundamentalmente, se preguntan si habrá justicia para Tino John.