El "vacuna gate" en Camioneros y el pedido de sobreseimientoLos abogados defensores también cuestionaron a la jueza federal Eva Parcio en la audiencia de apelación, lo mismo que al fiscal Norberto Bellver. La defensa de Camioneros sostuvo que en la causa hay un sesgo político.
La causa por el robo de vacunas Sputnik V del Hospital Regional sumó un nuevo capítulo en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Es que los abogados defensores le pidieron al tribunal, integrado por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, el sobreseimiento de las 26 personas imputadas con distintos grados de participación en el hecho ocurrido en enero de este año.
El Patagónico publicó que la audiencia de apelación contra la imputación realizada por la jueza Eva Parcio comenzó a las 10 y se extendió durante dos horas con El Patagónico como único medio presente en la sala.
En su argumentación Fernando Wiernes, representante de Daniela Cocha -encargada de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional- explicó que gracias a la actitud de la enfermera se pudo lograr corroborar el faltante de dosis. También subrayó la falta de elementos para trabajar ya que en el principio del plan de vacunación no existía un sistema de registro y todo se tenía que hacer de manera "manual".
"Ella llevaba un registro por su parte. A su criterio, decidió abrir la Cámara (de Vacunas) la menor cantidad de veces posibles. Ella entendía que las vacunas estaban bien resguardadas. Esto no estaba prohibido y tampoco era su obligación recuperar las vacunas que habían sobrado (en un día de vacunación). Hay un montón de cosas que no son imputables a mi asistida", consideró Wiernes.
Quien es quien
Entre personal de la Salud y del Sindicato de Camioneros, hay 26 imputados por el hurto de dosis de Sputnik V de la Cámara de Vacunación del Hospital Regional.
La jueza federal Eva Parcio resolvió el 14 de mayo procesar y embargar a trabajadores de la Salud y miembros del Sindicato de Camioneros.
La principal acusación recae sobre la enfermera Analía Muñoz, quien fue imputada por el delito de malversación de caudales públicos en modalidad dolosa. Además, le trabó un embargo de 2 millones de pesos.
Según el artículo 261 del Código Penal, prevé que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
A Gabriela Torres, otra enfermera del Hospital Regional que habría ayudado a vacunar a Muñoz -según algunas comunicaciones telefónicas que mantuvieron-, se la procesó como encubridora de malversación de caudales públicos. Y se dictó un embargo por un millón de pesos.
A quien se desempeñaba como responsable de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional, Daniela Cocha, se la procesó por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.
Y a quien en ese momento también se desempeñaba en el Area Programática Sur de Salud, como jefe de Epidemiología y Prevalentes, Jorge Benítez, se lo procesó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le trabó embargo por 500 mil pesos.
Camioneros
Las otras 22 personas imputadas por el delito de encubrimiento corresponden al Sindicato de Camioneros. Entre ellos se encuentra Marcos Eugenio Paura, con un embargo de 1.500.000 de pesos. El resto fue embargado en 1.300.000 de pesos. Ellos son Elías Guzmán (secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Comodoro Rivadavia), Diana Romina Cárcamo, Eduardo José Díaz Narváez, Noelia Elisa Maure, Marisa Victoria Torres, Darío Esteban Guzmán, Cecilia Noemí Alvarado, Laura Beatriz Cárcamo, Valeria Iemme Khoury, Valeria Analía Mansilla, Miguel Gastón Santana, Silvana Alejandra Taboada, Pablo Gabriel Mansilla, Vilma Nazarena Borau, Jessica Grisel Modinger, Gisel Andrea Ampuero, Cynthia Patricia Hernández, Silvio Gabriel Borau y Jorge Omar Taboada (exdiputado nacional).
Hay que destacar que el delito de encubrimiento, según el artículo 277 del Código Penal, prevé penas de "prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito".
Los abogados defensores también cuestionaron a la jueza federal Eva Parcio en la audiencia de apelación, lo mismo que al fiscal Norberto Bellver. La defensa de Camioneros sostuvo que en la causa hay un sesgo político.
La causa por el robo de vacunas Sputnik V del Hospital Regional sumó un nuevo capítulo en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Es que los abogados defensores le pidieron al tribunal, integrado por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, el sobreseimiento de las 26 personas imputadas con distintos grados de participación en el hecho ocurrido en enero de este año.
El Patagónico publicó que la audiencia de apelación contra la imputación realizada por la jueza Eva Parcio comenzó a las 10 y se extendió durante dos horas con El Patagónico como único medio presente en la sala.
En su argumentación Fernando Wiernes, representante de Daniela Cocha -encargada de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional- explicó que gracias a la actitud de la enfermera se pudo lograr corroborar el faltante de dosis. También subrayó la falta de elementos para trabajar ya que en el principio del plan de vacunación no existía un sistema de registro y todo se tenía que hacer de manera "manual".
"Ella llevaba un registro por su parte. A su criterio, decidió abrir la Cámara (de Vacunas) la menor cantidad de veces posibles. Ella entendía que las vacunas estaban bien resguardadas. Esto no estaba prohibido y tampoco era su obligación recuperar las vacunas que habían sobrado (en un día de vacunación). Hay un montón de cosas que no son imputables a mi asistida", consideró Wiernes.
Quien es quien
Entre personal de la Salud y del Sindicato de Camioneros, hay 26 imputados por el hurto de dosis de Sputnik V de la Cámara de Vacunación del Hospital Regional.
La jueza federal Eva Parcio resolvió el 14 de mayo procesar y embargar a trabajadores de la Salud y miembros del Sindicato de Camioneros.
La principal acusación recae sobre la enfermera Analía Muñoz, quien fue imputada por el delito de malversación de caudales públicos en modalidad dolosa. Además, le trabó un embargo de 2 millones de pesos.
Según el artículo 261 del Código Penal, prevé que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
A Gabriela Torres, otra enfermera del Hospital Regional que habría ayudado a vacunar a Muñoz -según algunas comunicaciones telefónicas que mantuvieron-, se la procesó como encubridora de malversación de caudales públicos. Y se dictó un embargo por un millón de pesos.
A quien se desempeñaba como responsable de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional, Daniela Cocha, se la procesó por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.
Y a quien en ese momento también se desempeñaba en el Area Programática Sur de Salud, como jefe de Epidemiología y Prevalentes, Jorge Benítez, se lo procesó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le trabó embargo por 500 mil pesos.
Camioneros
Las otras 22 personas imputadas por el delito de encubrimiento corresponden al Sindicato de Camioneros. Entre ellos se encuentra Marcos Eugenio Paura, con un embargo de 1.500.000 de pesos. El resto fue embargado en 1.300.000 de pesos. Ellos son Elías Guzmán (secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Comodoro Rivadavia), Diana Romina Cárcamo, Eduardo José Díaz Narváez, Noelia Elisa Maure, Marisa Victoria Torres, Darío Esteban Guzmán, Cecilia Noemí Alvarado, Laura Beatriz Cárcamo, Valeria Iemme Khoury, Valeria Analía Mansilla, Miguel Gastón Santana, Silvana Alejandra Taboada, Pablo Gabriel Mansilla, Vilma Nazarena Borau, Jessica Grisel Modinger, Gisel Andrea Ampuero, Cynthia Patricia Hernández, Silvio Gabriel Borau y Jorge Omar Taboada (exdiputado nacional).
Hay que destacar que el delito de encubrimiento, según el artículo 277 del Código Penal, prevé penas de "prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito".