Un año de aborto legal en Argentina: avances y barreras de una ley conquistada de manera colectiva
A pocos días de cumplirse el primer año de la sanción de la Ley 27.610 en el país, el ministerio de Salud de la Nación compartió cómo fueron los avances en el acceso a este derecho. Si bien en muchas localidades o centros de Salud los prejuicios todavía imperan, la sanción de la Ley permitió que miles de mujeres accedieran de manera segura a un derecho de salud fundamental. Un punto clave fue el aumento de llamadas a la línea de Salud Sexual para consultas sobre la IVE.
El próximo 30 de diciembre se cumple el primer aniversario de la sanción de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. En ese contexto, el ministerio de Salud de la Nación difundió números sobre el impacto de la ley en las personas con cuerpos gestantes.
De acuerdo a las cifras compartidas por la periodista Florencia Alcaraz a noviembre de este año se realizaron 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras a través del sistema de salud público.
A su vez, indicaron que la línea de Salud Sexual que puso a disposición la cartera de Salud recibió 19.000 consultas sobre cuestiones relacionadas a la interrupción del embarazo. Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los 10 años previos.
En tanto, desde el ministerio que dirige Carla Vizzotti, comunicaron que 1243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica. Hace un año, en diciembre del 2020, garantizaban interrupciones legales un total de 903 hospitales y centros de salud. Es decir, que la cifra aumentó en un 30%.
En esa línea, en total de 904 profesionales de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales desde la Ley 27.610. Mientras tanto, los grupos opositores presentaron 37 causas judiciales para frenar, revertir y modificar la norma, según indicó Amnistía Internacional Argentina.
En cuanto a los abortos realizados con misoprostol los números indicaron que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos. En 2020 se habían distribuido 18.590. En ese sentido, Salud incrementó 5 veces la compra de este medicamente y aumentó un 150% su distribución.
Pese a las cifras alentadoras, Amnistía Internacional advirtió que todavía falta información al respecto, lo cual dificulta enormemente el acceso al derecho. Desde la Sanción de la Ley, el organismo se encarga de monitorear el estado de implementación en todo el país. En este marco, encontraron la repetición constante de una barrera: la falta de información.
Desde Amnistía consultaron a socorristas de todo el país, quienes ratificaron que no hay información que circule de manera pública y que el Estado "no usa todos sus recursos para la difusión", por lo que hay una fuerte necesidad de campañas activas.
Algunas de las socorristas señalan que las mujeres del interior que se acercan a pedir acompañamiento para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo pocas veces tienen conocimientos sobre los alcances de la normativa vigente. Expresan que, en una línea de continuidad con la situación previa a la sanción de la Ley, la información circula mayormente de boca en boca, a través de las experiencias que cada mujer transita.