Ambiente

Escazú es con participación pública o no es: Exigen visibilizar las voces de los defensores del ambiente

Contar con la voz de las personas que defienden el ambiente, la tierra y los territorios es una característica del Acuerdo de Escazú que se vio amenazada en el segundo día de la Conferencia de las Partes celebrada del 20 al 22 de abril en Chile. Finalmente quedó reafirmada, el desafío ahora es convocar a más referentes y renovar la participación para futuras COP.

Por Azul Cordo

La segunda jornada de la Conferencia de las Partes (COP) 1 del Acuerdo de Escazú estuvo marcada por reuniones, corridas en pasillos y acuerdos entre ambientalistas y representantes de los Estados parte para no dar marcha atrás con el tratado, ante la propuesta de Bolivia de sacar la representación del público de la Mesa Directiva. Era una propuesta desconocida hasta el momento, que causó malestar entre los presentes luego de años de negociaciones y consensos para llegar al texto que incluso Bolivia ratificó y que se comenzó a reglamentar en estos tres días de COP. Finalmente, esta postura regresiva del gobierno de Luis Arce no avanzó. En cambio, fue aprobado al final del día, por aclamación, que el público cuente con voz (sin voto) en la Mesa Directiva de Escazú, como estaba previsto.

De esta manera, "las futuras COP tendrán ese piso de garantía para seguir fortaleciendo la participación directa del público", celebró este viernes la colombiana Natalia Gómez de EarthRights International y representante electa del público ante el Acuerdo, en conferencia de prensa. En diálogo con LatFem, Gómez remarcó la importancia de que el público no pierda "micrófono" en las COP de Escazú: "En este tipo de conferencias se suele permitir la participación de la sociedad civil al final, cuando ya no queda nadie. Aquí no, aquí podemos hablar en cualquier momento y canalizar el diálogo entre el público en general y los Estados".

Carmen Capriles, feminista y representante de Reacción Climática, manifestó la preocupación de varias organizaciones bolivianas porque su país no hizo una consulta "transparente" previa a la propuesta de quitar la participación del público en Escazú, para relevar la opinión de voces independientes. "El espacio para proponer algún cambio era la Pre-COP que tuvimos el 4 de marzo, no ahora", dijo a LatFem. Aunque el planteo de Bolivia fue resuelto por el momento, Capriles hizo un llamado a que el gobierno tenga "un diálogo inclusivo".

¿Cómo tener todas las voces?

Ya garantizada la participación del público en la COP, el paso que sigue es clave: quiénes serán parte de esta representación. El presidente de la COP1, Marcelo Cousillas, representante del Ministerio de Ambiente uruguayo, remarcó en la última jornada que la participación del público debe tener "el mayor alcance imaginado". El comentario responde al reclamo que se hizo sentir estos días desde organizaciones indígenas como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ante la falta de representación de pueblos originarios en el público.

Mientras la ex secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presente en la apertura de la última jornada, dijo que esta COP1 debía ser dedicada a los pueblos indígenas por ser "los silenciosos guardianes de la tierra y de la biodiversidad", Nadino Calapucha respondió: "No hay nada que celebrar este 22 de abril, a 50 años de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra en Estocolmo". El referente kichwa criticó que los gobiernos continúen basando sus economías "en un modelo de desarrollo extractivista que sigue asesinando" defensores de la tierra y los territorios. El integrante de COICA detalló que en la Cuenca amazónica ecuatoriana matan a un defensor cada dos días.

Para promover una respuesta de desarrollo distinta, que garantice la participación plena de las comunidades, Bárcena enfatizó que se debe invitar a participar a más actores, como el sector privado. Si bien está previsto que representantes empresariales sean parte del público, en países como República Dominicana han manifestado sus resquemores con Escazú, quizás porque el tratado defiende a aquellos que las multinacionales suelen despojar para instalar megaproyectos en los territorios. "Las grandes empresas deben entender que este Acuerdo es el primero que promueve la protección a defensores y no queremos cualquier desarrollo ni inversión, como las ‘zonas de sacrificio' que están naturalizadas y son inaceptables", dijo la mexicana. "Tenemos un compromiso mundial enorme de proteger integridad ecológica para las próximas generaciones", concluyó.

Capriles dijo a LatFem que con el tiempo se verá cómo participarán empresas o empresarios. "Tenemos que tener en cuenta que el Acuerdo es en favor de una agenda ambiental, lo que tiene que primar es esto. No podemos tener representantes del público que vayan en contra del bien común o de la representación de grupos afectados por empresas o gobiernos que atentan contra los ecosistemas o los medios de vida de ciertas comunidades".

"Por un lado, en agosto de este año está prevista una nueva elección de representantes del público para renovar los liderazgos", dijo Natalia Gómez. Ella aclaró que será una elección "abierta", que promoverá la "diversidad de candidaturas (indígenas, jóvenes, feministas)" y contará en la logística con el apoyo de CEPAL para que "cualquier persona que lo desee se pueda registrar".

Por otra parte, durante la última jornada de la COP1 se decidió establecer un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que cuente "especialmente" con pueblos indígenas y comunidades locales, así como grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Las partes acordaron que este grupo elabore un plan de acción que será presentado en la COP2, que se realizará durante abril de 2024 en la sede de CEPAL en Santiago de Chile, y la realización de un foro anual sobre defensores ambientales con especialistas en el tema, del que saldrán insumos para el plan de acción.

La creación de este grupo de trabajo (GT) es una forma de canalizar las demandas de representación por parte de los pueblos indígenas y de otros sectores como las juventudes y las mujeres. Para otra de las representantes actuales del público, la chilena Andrea Sanhueza, el GT de defensores puede servir para debatir, pero espera que la COP de Escazú no se reparta en "parcelas", como pasa en instancias de la ONU donde "cada grupo empieza a competir por lograr la atención de los gobiernos". "Aquí el Público debe ser uno solo. Ya ofrecemos una participación abierta para personas jurídicas o físicas y creemos en una comunidad grande, no sectorizada, donde podamos actuar como una asamblea, que recoja propuestas y opiniones y las transmita como una ‘polea' a los Estados", concluyó en diálogo con periodistas. Su compañero argentino Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó que ya hoy "a nuestra mesa se sienta todo el mundo".

Próximas COP

Se definió que las COP de Escazú se realizarán cada dos años pero, para seguir motorizando la implementación del Acuerdo, se realizará una COP "extraordinaria" en abril de 2023 en Buenos Aires. Allí se espera que siga tomando forma la conformación del Comité de Apoyo y Cumplimiento "para asegurar el funcionamiento y apoyar la aplicación del Tratado, señalar incumplimientos y garantizar rendición de cuentas", detalló Gómez. Será un comité autónomo, con miembros independientes e imparciales, y lxs representantes del público podrían hacer llegar denuncias y demandas de protección a defensores y defensoras ambientales.

Sin dudas, las palabras inaugurales del presidente chileno Gabriel Boric el miércoles 20 funcionaron como una profecía autocumplida de lo que se espera de Escazú. El mandatario subrayó: "O nos salvamos juntos, o nos hundimos por separado". La propuesta de Bolivia amenazó con un naufragio, pero el acuerdo fue más fuerte para salir a flote y seguir aunando fuerzas para buscar más ratificaciones en los meses y años por venir. En ese camino se puede reconstruir una trama latinoamericana y caribeña algo dispersa entre los gobiernos, pero sostenida entre organizaciones y movimientos sociales, a pesar de las múltiples crisis y los avances de sectores conservadores y reaccionarios en los últimos años.