El No a la Mina exigió explicaciones sobre los dispositivos de seguridad policial en las marchasIntegrantes de la Asamblea del No a la Mina de Esquel presentaron en la Defensoría del Pueblo de Chubut un documento donde plantean la necesidad de contar con información precisa sobre los operativos de seguridad que se instrumentan para dar cobertura a las movilizaciones.
En un documento dirigido a la titular Claudia Bard señalan que "con todos los antecedentes de espionaje ilegal, persecución, criminalización de las protestas, exceso policial durante el denominado Chubutazo de diciembre de 2021, de los que hemos sido víctimas quienes formamos parte de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH)" solicitan la intervención del área.
En ese marco plantean la necesidad de conocer
El banco de datos de los archivos de los integrantes de las marchas, bajo qué orden, norma o disposición se dio lugar a la creación de registros de identificación de personas con fotos, videos y datos personales. Debido a que tenemos el derecho de conocer todo su contenido, entre otras cosas para corroborar la fidelidad de los mismos.
2. Conocer el protocolo de seguridad establecido actualmente para cubrir nuestras movilizaciones. Cabe recordar que la Resolución de la Jueza Fernanda Révori del Habeas corpus preventivo colectivo presentado por nuestra asamblea en diciembre de 2021 expresa claramente:
Punto 2) ORDENAR a la Policía de la Provincia del Chubut, se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por las vecinas y vecinos autoconvocados en asambleas de Esquel y toda la provincia de Chubut e integrantes del movimiento "No a la Mina" que se manifiestan por estos días en espacios públicos, en contra de la megaminería, en favor del medio ambiente y en defensa del agua; siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos que taxativamente prevé el ordenamiento procesal (art. 217 CPPCh)."
En esta línea consideran que "la policía, desde la función que debe cumplir, de custodia y protección hacia sus vecinos y vecinas, claramente, en la situación acaecida el día 4 de septiembre, no sólo no estaría cumpliendo con la misma, sino que estaría poniendo en riesgo el bienestar, la alegría y la integridad de quienes allí estábamos.
Fuente: EQS Notas
Integrantes de la Asamblea del No a la Mina de Esquel presentaron en la Defensoría del Pueblo de Chubut un documento donde plantean la necesidad de contar con información precisa sobre los operativos de seguridad que se instrumentan para dar cobertura a las movilizaciones.
En un documento dirigido a la titular Claudia Bard señalan que "con todos los antecedentes de espionaje ilegal, persecución, criminalización de las protestas, exceso policial durante el denominado Chubutazo de diciembre de 2021, de los que hemos sido víctimas quienes formamos parte de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH)" solicitan la intervención del área.
En ese marco plantean la necesidad de conocer
El banco de datos de los archivos de los integrantes de las marchas, bajo qué orden, norma o disposición se dio lugar a la creación de registros de identificación de personas con fotos, videos y datos personales. Debido a que tenemos el derecho de conocer todo su contenido, entre otras cosas para corroborar la fidelidad de los mismos.
2. Conocer el protocolo de seguridad establecido actualmente para cubrir nuestras movilizaciones. Cabe recordar que la Resolución de la Jueza Fernanda Révori del Habeas corpus preventivo colectivo presentado por nuestra asamblea en diciembre de 2021 expresa claramente:
Punto 2) ORDENAR a la Policía de la Provincia del Chubut, se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por las vecinas y vecinos autoconvocados en asambleas de Esquel y toda la provincia de Chubut e integrantes del movimiento "No a la Mina" que se manifiestan por estos días en espacios públicos, en contra de la megaminería, en favor del medio ambiente y en defensa del agua; siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos que taxativamente prevé el ordenamiento procesal (art. 217 CPPCh)."
En esta línea consideran que "la policía, desde la función que debe cumplir, de custodia y protección hacia sus vecinos y vecinas, claramente, en la situación acaecida el día 4 de septiembre, no sólo no estaría cumpliendo con la misma, sino que estaría poniendo en riesgo el bienestar, la alegría y la integridad de quienes allí estábamos.
Fuente: EQS Notas