Observatorio de género: Mammón, Dalai Lama y los derechos inalienables de las infancias
Por Lola Sánchez
La vulneración de los derechos de la infancia se hizo evidente esta semana, desde el abuso sexual del Dalai Lama besando a un niño hasta el debate que surgió en Argentina a raíz de la denuncia a Jey Mammón y la prescripción de los delitos de abuso sexual. Lo cierto es que los reclamos por una sociedad capaz de escuchar a niños, niñas y adolescentes están vigentes desde hace décadas, propuestos en espacios legislativos -no siempre con éxito- para romper los lazos de impunidad que rodean a la violencia sexual contra las infancias.
En este sentido, la senadora nacional por la Rioja Clara Vega presentó un proyecto para modificar el Artículo 67 del Código Penal, con el fin de considerar los delitos contra la integridad sexual de menores de edad como de lesa humanidad para evitar la prescripción. Si bien existen normativas del 2011 y 2015 que ampliaban el tiempo de denuncia para las víctimas, la senadora considera que son insuficientes y presentan dificultades en su instrumentación.
Paulatinamente, las voces de las y los sobrevivientes se hacen escuchar y la justicia rompe sus lazos de impunidad con la violencia sexual.
En Chubut, rechazaron la apelación del cura Coñuel, condenado por hechos de abuso sexual entre 2011 y 2014. Por otra parte, la familia de Natalia Melmann sigue luchando a 22 años del terrible femicidio para que el cuarto responsable -expolicía de la Bonaerense- sea condenado.
Mientras tanto, estudiantes de la localidad de Mercedes repudiaron los dichos de un referente religioso al justificar los abusos sexuales por la vestimenta de sus víctimas. En el ámbito académico, estudiantes y activistas denunciaron por acoso al sociólogo Bounaventura De Sousa Santos, exigiendo que las instituciones universitarias dejen de ser cómplices con la vulneración de derechos de las mujeres.
Rechazaron la apelación del cura Coñuel, condenado por abuso sexual
La sala penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación del cura Héctor Alfredo Coñuel por el delito de abuso sexual, dejando firme la condena que ya había sido ratificada por dos sentencias previamente. Deberá cumplir 20 años en prisión.
Para los integrantes de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Camila Banfi, Ricardo Napolitani y Daniel Báez-, los agravios del recurso son una repetición de los que la parte ya había formulado ante la cámara en lo penal de Trelew, y a los que, en su oportunidad, el tribunal ya había dado "adecuada respuesta".
Coñuel cumplirá la pena por delitos de abuso sexual simple cometido por un abuso intimidatorio de una relación de poder y aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, todo ello en concurso real, agravado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido. Los hechos ocurrieron entre mayo de 2011 y finales del 2014 en la ciudad de Trelew.
"Actitudes misóginas y de poder" de un referente religioso: justificó los abusos sexuales durante una charla escolar
El presbítero Juan Carlos Bouzou, referente de la ciudad de Mercedes, justificó la violencia sexual contra las mujeres por la ropa que utilizan. Fue en el marco de un discurso a estudiantes secundarios, quienes repudiaron los dichos y exigieron respuestas de las autoridades.
Bouzou es referente del Colegio Parroquial de la Ciudad de Mercedes y de la Iglesia Catedral del Arzobispado de Luján. Se refirió al largo de la pollera de una adolescente que había sufrido abuso sexual como el justificativo del hecho.
Por pedido de las y los estudiantes, el arzobispo Jorge Eduardo Sheinig se acercó al establecimiento para recibir el reclamo, pero no asumió compromisos ni expresó una postura concreta al respecto.
La Asamblea de Mujeres Mercedinas Diversa y Feminista también repudió los comentarios, acompañando el pedido de que el Párroco no pueda continuar impartiendo misa. El pasado 12 de abril, emitieron un comunicado por redes sociales:
"En virtud de lo sucedido en el Colegio Parroquial y que es de público conocimiento, esta Asamblea de Mujeres Mercedinas Diversa y Feminista anuncia su total repudio al hecho en sí y se solidariza con las acciones realizadas por lxs estudiantes que estuvieron presentes al escuchar el aberrante relato por parte del "director espiritual", Juan Carlos Bouzou quien justificó la violación al culpabilizar a las chicas por su manera de vestir o por los lugares a los que concurren. Consideramos que su discurso representa una apología del abuso y la violación".
Desde la colectiva feminista destacaron "el compromiso y la conciencia de lxs estudiantes que a pesar de que no se implementa La ley de Educación Sexual Integral (ESI), supieron defenderse y debatir sobre lo acontecido, en bien propio y en defensa de aquellxs estudiantes que están en plena formación intelectual y espiritual-y que asisten al colegio- ante estas actitudes misóginas, autoritarias y de poder".
Por último, exigieron "la pronta separación del religioso Juan Carlos Bouzou de todas las actividades que implique contacto con ñiñxs, jóvenes y la comunidad en general y que el Arzobispo escuche, acompañe el reclamo de lxs jóvenes y se expida en consecuencia, a la brevedad".
Una nueva ley busca acabar con la prescripción de abusos sexuales
Tras conocerse que el conductor Juan Martín Rago -conocido como Jey Mammon- fue sobreseído en una causa de abuso apelando al recurso de la prescripción, se presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. No es la primera iniciativa de este tipo: diversas organizaciones vienen trabajando para ampliar los derechos de las infancias y frenar la estrategia de la prescripción.
La iniciativa fue presentada por la senadora nacional por La Rioja Clara Vega, de Hay Futuro Argentina, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es que "el sistema judicial acompañe a las víctimas más allá de la edad que tengan, y más allá del tiempo que les puede haber tomado hablar de lo que les sucedió, que puedan elaborar y cerrar su duelo, y por supuesto que los culpables reciban la pena que merecen".
La norma propone modificar el Artículo 67 del Código Penal, considerando los delitos contra la integridad sexual de menores de edad como de lesa humanidad.
La autora reconoce los proyectos previos, pero destaca sus fallas. Menciona, por ejemplo, que desde el 2015 el plazo de prescripción se suspende hasta que las víctimas formulen la denuncia, una legislación que "tiene un vacío legal, ya que su aplicación sigue generando interpretaciones discordantes en los casos de abusos sexuales cometidos antes de la entrada en vigencia" de esta norma".
Entre los proyectos similares destacables, se encuentra la iniciativa de Sonia Almada -psicoanalista y activista feminista, presidenta de la organización Aralma-, junto al Movimiento Derecho y los proyectos legislativos de la diputada Lorena Matzen y la exsenadora María Magdalena Odarda.
Nota relacionada: Sonia Almada: "El patriarcado pega primero en la infancia; los niños no se miran como sujetos de derecho"
"Esta legislación que mencionamos ha sido relevante en cuanto a la accesibilidad a la justicia de muchas víctimas, pero la imprescriptibilidad de otras víctimas sigue siendo una cuenta pendiente para las normas penales en este tipo de delitos aberrantes contra los niños y adolescentes", agrega la legisladora, "es por ello que se propone establecer el derecho de las víctimas a denunciar, y que su denuncia sea investigada por la Justicia sin importar la edad que tengan, de modo que los delitos cometidos no queden impunes (...) es necesario modificar y adaptar la ley para proteger a los menores y garantizar la persecución penal de los delitos consumados contra niños y niñas, sin importar el paso del tiempo".
El Código Penal vigente establece que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para denunciar el hecho. Desde la sanción de la Ley Piazza en 2011, este tiempo empezó a contar desde que la víctima cumpliera 18 años.
Nota relacionada: Julieta Añazco, sobreviviente de abuso eclesiástico: "Mi primer recuerdo fue del cura abusando de mí"
En 2015 se aprobó la Ley 27.206 conocida como "Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas", que establece que el tiempo avanza a partir del momento en que la víctima decida efectuar la denuncia. No obstante, la aplicación de la normativa es conflictiva, ya que algunos consideran que la ley no es retroactiva, es decir, aquellos que sufrieron este delito antes de la sanción de la norma no pueden apelar a ella para evitar la prescripción.
Graves denuncias contra Boaventura De Sousa Santos por abuso sexual
La activista y referente mapuche Moira Millán denunció al académico Boaventura De Sousa Santos por un abuso sexual ocurrido en 2010. "Él debe ser juzgado y condenado como cualquier otro abusador y las universidades que tanto reconocimiento le han dado deberían estar avergonzadas de silenciar sus crímenes", escribió en redes sociales. Existen varias denuncias contra el sociólogo, que fue suspendido temporalmente de la Universidad de Coimbra, en tanto es investigado por la institución.
"Boaventura Sousa Santos es un abusador sexual y he sido una de sus víctimas en el año 2010. Escribiré muy pronto mi testimonio, para la justicia y para el mundo.Cuando él me abusó yo estaba en Portugal y un argentino me dijo: Nadie te va a creer, es la palabra de una salvaje contra la de un intelectual, una india contra el gurú de la izquierda en Portugal'", expresa Milán.
La denuncia de Millán se suma a otros testimonios de exalumnas de De Sousa Santos.
En los últimos días, varias estudiantes denunciaron al sociólogo por acoso y abuso de poder. Fue a raíz de una publicación de un informe sobre acoso en la Universidad de Coimbra que dedicaba un capítulo entero al profesor. El informe que reveló por primera vez estos hechos lleva por título Conducta sexual inapropiada en la academia y es obra de tres investigadoras: una belga, otra estadounidense y otra portuguesa.
Allí, se refieren a De Sousa Santos como "el profesor estrella" y aseguran que los hechos se produjeron entre 2011 y 2019 en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, donde el sociólogo es profesor, así como director emérito del CES.
Subrayan que las instituciones favorecieron el comportamiento de De Sousa, que además es acusado de apropiarse de ideas y textos de académicas: "El principal objetivo es contribuir a que se abra un debate necesario en la academia sobre las responsabilidades institucionales. Aunque nuestras carreras han avanzado, sabemos que para muchas compañeras, los mismos obstáculos les han llevado a dejarlo y al final de sus carreras académicas", aseguran.
22 años sin justicia: buscan condenar a uno de los responsables del femicidio de Natalia Melmann
Nahuel Melmann -hermano de Natalia Melmann-, confirmó esta semana que el próximo 2 de mayo inicia el juicio contra Ricardo Panadero, expolicía bonaerense imputado como partícipe en el rapto, torura, abuso sexual y homicidio triplemente agravado de la joven, que en ese entonces tenía 15 años. La familia busca justicia desde hace más de 22 años.
Natalia Melmann fue secuestrada, abusada y asesinada por un grupo de cinco policías de la Bonaerense en 2001. En 2002, tres de los responsables fueron hallados culpables y condenados a prisión perpetua. Se trata de Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini.
Recién en 2018 hubo un debate oral con Ricardo Panadero pero fue absuelto. La familia logró que esta decisión se anulara en 2021, por lo que ahora se llevará adelante un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.
Nota relacionada: 20 años sin Natalia Melmann: "La única condena a perpetuidad es la de mi hija, que está en un cajón"
Melmann explicó que "hay pruebas científicas y testimoniales, pero veremos cómo se desarrolla el debate y qué sentencia termina narrando el Tribunal. Desgraciadamente, por más que uno considere la culpabilidad o inocencia de una persona, se tiene que poner en manos de terceros, que terminan narrando el destino y el resultado de las causas. Más allá de nuestras convicciones, estamos en manos de un sistema que pertenece al propio Estado. Las personas que asesinaron a mi hermana también integraban el Estado, por eso es un caso de violencia institucional. Al día de hoy se siguen dando sentencias por causas de lesa humanidad que ocurrieron entre el '76 y el '83. Es muy complejo probar algo cuando el propio Estado está implicado".
"El día 18 se llevará a cabo una última audiencia técnica con testimonios y la carga de la prueba, pero por supuesto que será determinante e insoslayable el hecho de que se haya encontrado material genético de Panadero compatible en un 97% en Natalia. No solo está la prueba del material genético, sino que también hay testimoniales. El Tribunal consideró testimonios valederos por sobre otros y observó la prueba de una forma sesgada, además de que no tuvo perspectiva de género. El debate oral ya se produjo y las pruebas se vertieron, pero estaremos ahí presentes e intentando que se logren los objetivos que consideramos", agregó.
El hermano de Natalia ratifica un reclamo histórico de la familia: que se analice un quinto material genético hallado en el cuerpo de la joven, que tras 22 sigue a resguardo: "Es una deuda que tiene el Ministerio Público Fiscal y el sistema judicial en general para con nosotros como familiares de víctimas y la sociedad en general".
"Buscamos que la causa tenga un esclarecimiento total, hoy tenemos tres condenados, pero también otros partícipes que continúan impunes, veremos qué resultado arroja el juicio, previsto para mayo y qué decisión toma el Ministerio Público en relación con el quinto ADN", concluyó.
Por primera vez en la historia, una mujer trans será directora de una escuela pública
Con una fuerte impronta de activismo por los Derechos Humanos y del colectivo LGBTQ+, esta semana Carla Rivero asumió la dirección de la Escuela Nº79 "República del Paraguay" de Tiro Suizo, zona sur de Rosario, convirtiéndose en la primera mujer trans en ocupar el cargo más alto en una escuela pública.
Frente a las adversidades de la población trans, la falta de acceso a empleo digno y la discrminación sistemática, el hecho es una "conquista" para Rivero.
Los códigos contravencionales y de faltas en favor de la moralidad -que fueron utilizados durante la dictadura para detener a miembros de la comunidad LGBTQ+-, estuvieron vigentes en Santa Fe hasta el 2010, por lo que la población trans es un colectivo especialmente vulnerable.
"Estas cosas demuestran lo necesariamente urgente que es dar clases de Educación Sexual Integral en las escuelas, no solo por la problemática del colectivo trans, sino porque es la posibilidad de hablar con los niños y niñas sobre el cuerpo, el afecto y la falta de afecto: esto es muy importante, hay chicos que cuentan con absoluta confianza y confidencialidad a sus maestras lo que sufren en su casa, con sus amigos y es importante escucharlos y ayudarlos", expresó Rivero en diálogo con La Capital.
"Yo milité siempre y siempre me visibilicé en mi trabajo: voy a las Marchas del Orgullo, a las del Día de la Mujer y también a las del 24, porque todas tienen en común la defensa de los derechos humanos. Hay que marchar, hay que seguir visibilizando las injusticias para quienes vienen detrás. Fijate que cuando empecé a trabajar hace 28 años hubiese sido impensado que una trans esté al frente de la dirección de una escuela".
Por Lola Sánchez
La vulneración de los derechos de la infancia se hizo evidente esta semana, desde el abuso sexual del Dalai Lama besando a un niño hasta el debate que surgió en Argentina a raíz de la denuncia a Jey Mammón y la prescripción de los delitos de abuso sexual. Lo cierto es que los reclamos por una sociedad capaz de escuchar a niños, niñas y adolescentes están vigentes desde hace décadas, propuestos en espacios legislativos -no siempre con éxito- para romper los lazos de impunidad que rodean a la violencia sexual contra las infancias.
En este sentido, la senadora nacional por la Rioja Clara Vega presentó un proyecto para modificar el Artículo 67 del Código Penal, con el fin de considerar los delitos contra la integridad sexual de menores de edad como de lesa humanidad para evitar la prescripción. Si bien existen normativas del 2011 y 2015 que ampliaban el tiempo de denuncia para las víctimas, la senadora considera que son insuficientes y presentan dificultades en su instrumentación.
Paulatinamente, las voces de las y los sobrevivientes se hacen escuchar y la justicia rompe sus lazos de impunidad con la violencia sexual.
En Chubut, rechazaron la apelación del cura Coñuel, condenado por hechos de abuso sexual entre 2011 y 2014. Por otra parte, la familia de Natalia Melmann sigue luchando a 22 años del terrible femicidio para que el cuarto responsable -expolicía de la Bonaerense- sea condenado.
Mientras tanto, estudiantes de la localidad de Mercedes repudiaron los dichos de un referente religioso al justificar los abusos sexuales por la vestimenta de sus víctimas. En el ámbito académico, estudiantes y activistas denunciaron por acoso al sociólogo Bounaventura De Sousa Santos, exigiendo que las instituciones universitarias dejen de ser cómplices con la vulneración de derechos de las mujeres.
Rechazaron la apelación del cura Coñuel, condenado por abuso sexual
La sala penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación del cura Héctor Alfredo Coñuel por el delito de abuso sexual, dejando firme la condena que ya había sido ratificada por dos sentencias previamente. Deberá cumplir 20 años en prisión.
Para los integrantes de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Camila Banfi, Ricardo Napolitani y Daniel Báez-, los agravios del recurso son una repetición de los que la parte ya había formulado ante la cámara en lo penal de Trelew, y a los que, en su oportunidad, el tribunal ya había dado "adecuada respuesta".
Coñuel cumplirá la pena por delitos de abuso sexual simple cometido por un abuso intimidatorio de una relación de poder y aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, todo ello en concurso real, agravado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido. Los hechos ocurrieron entre mayo de 2011 y finales del 2014 en la ciudad de Trelew.
"Actitudes misóginas y de poder" de un referente religioso: justificó los abusos sexuales durante una charla escolar
El presbítero Juan Carlos Bouzou, referente de la ciudad de Mercedes, justificó la violencia sexual contra las mujeres por la ropa que utilizan. Fue en el marco de un discurso a estudiantes secundarios, quienes repudiaron los dichos y exigieron respuestas de las autoridades.
Bouzou es referente del Colegio Parroquial de la Ciudad de Mercedes y de la Iglesia Catedral del Arzobispado de Luján. Se refirió al largo de la pollera de una adolescente que había sufrido abuso sexual como el justificativo del hecho.
Por pedido de las y los estudiantes, el arzobispo Jorge Eduardo Sheinig se acercó al establecimiento para recibir el reclamo, pero no asumió compromisos ni expresó una postura concreta al respecto.
La Asamblea de Mujeres Mercedinas Diversa y Feminista también repudió los comentarios, acompañando el pedido de que el Párroco no pueda continuar impartiendo misa. El pasado 12 de abril, emitieron un comunicado por redes sociales:
"En virtud de lo sucedido en el Colegio Parroquial y que es de público conocimiento, esta Asamblea de Mujeres Mercedinas Diversa y Feminista anuncia su total repudio al hecho en sí y se solidariza con las acciones realizadas por lxs estudiantes que estuvieron presentes al escuchar el aberrante relato por parte del "director espiritual", Juan Carlos Bouzou quien justificó la violación al culpabilizar a las chicas por su manera de vestir o por los lugares a los que concurren. Consideramos que su discurso representa una apología del abuso y la violación".
Desde la colectiva feminista destacaron "el compromiso y la conciencia de lxs estudiantes que a pesar de que no se implementa La ley de Educación Sexual Integral (ESI), supieron defenderse y debatir sobre lo acontecido, en bien propio y en defensa de aquellxs estudiantes que están en plena formación intelectual y espiritual-y que asisten al colegio- ante estas actitudes misóginas, autoritarias y de poder".
Por último, exigieron "la pronta separación del religioso Juan Carlos Bouzou de todas las actividades que implique contacto con ñiñxs, jóvenes y la comunidad en general y que el Arzobispo escuche, acompañe el reclamo de lxs jóvenes y se expida en consecuencia, a la brevedad".
Una nueva ley busca acabar con la prescripción de abusos sexuales
Tras conocerse que el conductor Juan Martín Rago -conocido como Jey Mammon- fue sobreseído en una causa de abuso apelando al recurso de la prescripción, se presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. No es la primera iniciativa de este tipo: diversas organizaciones vienen trabajando para ampliar los derechos de las infancias y frenar la estrategia de la prescripción.
La iniciativa fue presentada por la senadora nacional por La Rioja Clara Vega, de Hay Futuro Argentina, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es que "el sistema judicial acompañe a las víctimas más allá de la edad que tengan, y más allá del tiempo que les puede haber tomado hablar de lo que les sucedió, que puedan elaborar y cerrar su duelo, y por supuesto que los culpables reciban la pena que merecen".
La norma propone modificar el Artículo 67 del Código Penal, considerando los delitos contra la integridad sexual de menores de edad como de lesa humanidad.
La autora reconoce los proyectos previos, pero destaca sus fallas. Menciona, por ejemplo, que desde el 2015 el plazo de prescripción se suspende hasta que las víctimas formulen la denuncia, una legislación que "tiene un vacío legal, ya que su aplicación sigue generando interpretaciones discordantes en los casos de abusos sexuales cometidos antes de la entrada en vigencia" de esta norma".
Entre los proyectos similares destacables, se encuentra la iniciativa de Sonia Almada -psicoanalista y activista feminista, presidenta de la organización Aralma-, junto al Movimiento Derecho y los proyectos legislativos de la diputada Lorena Matzen y la exsenadora María Magdalena Odarda.
Nota relacionada: Sonia Almada: "El patriarcado pega primero en la infancia; los niños no se miran como sujetos de derecho"
"Esta legislación que mencionamos ha sido relevante en cuanto a la accesibilidad a la justicia de muchas víctimas, pero la imprescriptibilidad de otras víctimas sigue siendo una cuenta pendiente para las normas penales en este tipo de delitos aberrantes contra los niños y adolescentes", agrega la legisladora, "es por ello que se propone establecer el derecho de las víctimas a denunciar, y que su denuncia sea investigada por la Justicia sin importar la edad que tengan, de modo que los delitos cometidos no queden impunes (...) es necesario modificar y adaptar la ley para proteger a los menores y garantizar la persecución penal de los delitos consumados contra niños y niñas, sin importar el paso del tiempo".
El Código Penal vigente establece que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para denunciar el hecho. Desde la sanción de la Ley Piazza en 2011, este tiempo empezó a contar desde que la víctima cumpliera 18 años.
Nota relacionada: Julieta Añazco, sobreviviente de abuso eclesiástico: "Mi primer recuerdo fue del cura abusando de mí"
En 2015 se aprobó la Ley 27.206 conocida como "Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas", que establece que el tiempo avanza a partir del momento en que la víctima decida efectuar la denuncia. No obstante, la aplicación de la normativa es conflictiva, ya que algunos consideran que la ley no es retroactiva, es decir, aquellos que sufrieron este delito antes de la sanción de la norma no pueden apelar a ella para evitar la prescripción.
Graves denuncias contra Boaventura De Sousa Santos por abuso sexual
La activista y referente mapuche Moira Millán denunció al académico Boaventura De Sousa Santos por un abuso sexual ocurrido en 2010. "Él debe ser juzgado y condenado como cualquier otro abusador y las universidades que tanto reconocimiento le han dado deberían estar avergonzadas de silenciar sus crímenes", escribió en redes sociales. Existen varias denuncias contra el sociólogo, que fue suspendido temporalmente de la Universidad de Coimbra, en tanto es investigado por la institución.
"Boaventura Sousa Santos es un abusador sexual y he sido una de sus víctimas en el año 2010. Escribiré muy pronto mi testimonio, para la justicia y para el mundo.Cuando él me abusó yo estaba en Portugal y un argentino me dijo: Nadie te va a creer, es la palabra de una salvaje contra la de un intelectual, una india contra el gurú de la izquierda en Portugal'", expresa Milán.
La denuncia de Millán se suma a otros testimonios de exalumnas de De Sousa Santos.
En los últimos días, varias estudiantes denunciaron al sociólogo por acoso y abuso de poder. Fue a raíz de una publicación de un informe sobre acoso en la Universidad de Coimbra que dedicaba un capítulo entero al profesor. El informe que reveló por primera vez estos hechos lleva por título Conducta sexual inapropiada en la academia y es obra de tres investigadoras: una belga, otra estadounidense y otra portuguesa.
Allí, se refieren a De Sousa Santos como "el profesor estrella" y aseguran que los hechos se produjeron entre 2011 y 2019 en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, donde el sociólogo es profesor, así como director emérito del CES.
Subrayan que las instituciones favorecieron el comportamiento de De Sousa, que además es acusado de apropiarse de ideas y textos de académicas: "El principal objetivo es contribuir a que se abra un debate necesario en la academia sobre las responsabilidades institucionales. Aunque nuestras carreras han avanzado, sabemos que para muchas compañeras, los mismos obstáculos les han llevado a dejarlo y al final de sus carreras académicas", aseguran.
22 años sin justicia: buscan condenar a uno de los responsables del femicidio de Natalia Melmann
Nahuel Melmann -hermano de Natalia Melmann-, confirmó esta semana que el próximo 2 de mayo inicia el juicio contra Ricardo Panadero, expolicía bonaerense imputado como partícipe en el rapto, torura, abuso sexual y homicidio triplemente agravado de la joven, que en ese entonces tenía 15 años. La familia busca justicia desde hace más de 22 años.
Natalia Melmann fue secuestrada, abusada y asesinada por un grupo de cinco policías de la Bonaerense en 2001. En 2002, tres de los responsables fueron hallados culpables y condenados a prisión perpetua. Se trata de Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini.
Recién en 2018 hubo un debate oral con Ricardo Panadero pero fue absuelto. La familia logró que esta decisión se anulara en 2021, por lo que ahora se llevará adelante un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.
Nota relacionada: 20 años sin Natalia Melmann: "La única condena a perpetuidad es la de mi hija, que está en un cajón"
Melmann explicó que "hay pruebas científicas y testimoniales, pero veremos cómo se desarrolla el debate y qué sentencia termina narrando el Tribunal. Desgraciadamente, por más que uno considere la culpabilidad o inocencia de una persona, se tiene que poner en manos de terceros, que terminan narrando el destino y el resultado de las causas. Más allá de nuestras convicciones, estamos en manos de un sistema que pertenece al propio Estado. Las personas que asesinaron a mi hermana también integraban el Estado, por eso es un caso de violencia institucional. Al día de hoy se siguen dando sentencias por causas de lesa humanidad que ocurrieron entre el '76 y el '83. Es muy complejo probar algo cuando el propio Estado está implicado".
"El día 18 se llevará a cabo una última audiencia técnica con testimonios y la carga de la prueba, pero por supuesto que será determinante e insoslayable el hecho de que se haya encontrado material genético de Panadero compatible en un 97% en Natalia. No solo está la prueba del material genético, sino que también hay testimoniales. El Tribunal consideró testimonios valederos por sobre otros y observó la prueba de una forma sesgada, además de que no tuvo perspectiva de género. El debate oral ya se produjo y las pruebas se vertieron, pero estaremos ahí presentes e intentando que se logren los objetivos que consideramos", agregó.
El hermano de Natalia ratifica un reclamo histórico de la familia: que se analice un quinto material genético hallado en el cuerpo de la joven, que tras 22 sigue a resguardo: "Es una deuda que tiene el Ministerio Público Fiscal y el sistema judicial en general para con nosotros como familiares de víctimas y la sociedad en general".
"Buscamos que la causa tenga un esclarecimiento total, hoy tenemos tres condenados, pero también otros partícipes que continúan impunes, veremos qué resultado arroja el juicio, previsto para mayo y qué decisión toma el Ministerio Público en relación con el quinto ADN", concluyó.
Por primera vez en la historia, una mujer trans será directora de una escuela pública
Con una fuerte impronta de activismo por los Derechos Humanos y del colectivo LGBTQ+, esta semana Carla Rivero asumió la dirección de la Escuela Nº79 "República del Paraguay" de Tiro Suizo, zona sur de Rosario, convirtiéndose en la primera mujer trans en ocupar el cargo más alto en una escuela pública.
Frente a las adversidades de la población trans, la falta de acceso a empleo digno y la discrminación sistemática, el hecho es una "conquista" para Rivero.
Los códigos contravencionales y de faltas en favor de la moralidad -que fueron utilizados durante la dictadura para detener a miembros de la comunidad LGBTQ+-, estuvieron vigentes en Santa Fe hasta el 2010, por lo que la población trans es un colectivo especialmente vulnerable.
"Estas cosas demuestran lo necesariamente urgente que es dar clases de Educación Sexual Integral en las escuelas, no solo por la problemática del colectivo trans, sino porque es la posibilidad de hablar con los niños y niñas sobre el cuerpo, el afecto y la falta de afecto: esto es muy importante, hay chicos que cuentan con absoluta confianza y confidencialidad a sus maestras lo que sufren en su casa, con sus amigos y es importante escucharlos y ayudarlos", expresó Rivero en diálogo con La Capital.
"Yo milité siempre y siempre me visibilicé en mi trabajo: voy a las Marchas del Orgullo, a las del Día de la Mujer y también a las del 24, porque todas tienen en común la defensa de los derechos humanos. Hay que marchar, hay que seguir visibilizando las injusticias para quienes vienen detrás. Fijate que cuando empecé a trabajar hace 28 años hubiese sido impensado que una trans esté al frente de la dirección de una escuela".