Patagonia
Piden a la Fiscal Federal que investigue la obra pública en Santa Cruz Una presentación judicial efectuada por la titular del CC-ARI, Mariana Zuvic, ante el Juzgado Federal Nº 7 de Río Gallegos, busca que se investigue a Lázaro Báez por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. La Fiscal hace una semana que trata de declararse incompetente y la Jueza le ha remitido el oficio en dos oportunidades para que abra la investigación. La causa va orientada a comprometer a toda al cadena de responsabilidad, tanto provincial, como nacional, que facilitaron el manejo de las licitaciones y los sobreprecios. Hoy se hizo la ampliatoria de la denuncia que alcanza a Peralta.
El lunes 15 de abril la titular del CC-ARI Mariana Zuvic, junto a su patrocinante letrado el Dr José Luis Janezak, presentaron ante el Juzgado federal Nº 7 de Río Gallegos una denuncia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, expediente que la jueza Ana Álvarez giró a la Fiscal Patricia Closter para que incie las actuaciones.
A partir de allí, esta Agencia tomó conocimiento que la Fiscal trató de declararse incompetente en todos los aspectos (lavado y asociación ilícita), logrando que la Jueza le reenviara el expediente para que resuelva la competencia y abra la investigación.
Nosotros con la Sra Zuvic concurrimos al Juzgado y comprobamos que la Fiscal aún no había resuelto el tema, con lo cual se está perdiendo un tiempo muy importante en todo esto, le dijo el abogado Janezak a OPI. Lo importante es que se resuelvan las competencias, se pidan las medidas, se avance con esto y luego se repartan las competencias, opinó el letrado que descartó que en Río Gallegos se sustancie la causa por lavado de dinero pero sí, lo relacionado con el sobreprecio de la obra pública.
Ampliación
Hoy la titular del CC-ARI y su abogado concurrieron al Juzgado Federal para ampliar la denuncia hacia la figura del gobernador Daniel Peralta para que se investigue la complicidad del mandatario en la adjudicación de 55 contratos de obra pública a la empresa Austral Construcciones SA, que debió controlar y licitar en Santa Cruz, por un monto de alrededor de 4.000 millones de pesos entre 2007 y 2011. Esta ampliatoria abarca a la gestión de Néstor Kirchner, funcionarios provinciales y nacionales, como así también a empresas privadas del ámbito local, provincial y nacional.
Sobre este particular el Dr Janezak le dijo a esta Agencia queremos que la Justicia investigue el grado de responsabilidad que le cabe a este gobernador y a los anteriores, por haber sido facilitadores de esos contratos, con sobreprecios y licitaciones irregulares, donde varias empresas competían en apariencia, pero todas pertenecían a un mismo grupo o bien se alternaban la asignación de obras en Santa Cruz.
Entre las obras que están en la lupa de las denuncias figuran la autovía de Río Gallegos, el gasoducto de esta capital y el de Río Turbio-El Cañafate, como así también otras obras realizadas en Santa Cruz creemos que Báez no podría haber trabajado ni logrado nada en esta provincia sin la complicidad de las autoridades provinciales y eso es lo que le pedimos a la Justicia, remarcó el letrado.
Daniel Peralta hace unos días salió a despegarse de Báez, al sostener que de 700 millones en obra pública, solo gestionó 55 millones de pesos. Ahora, lo que intentan determinar desde la oposición es si esos 55 millones fueron administrados correctamente o respondiendo a la matriz de la corrupción que ha quedado al desnudo últimamente. Recordemos que el propio Gobernador planteó un desafío en muchas de sus declaraciones antes del 2011, sosteniendo que alguien le compruebe que en Santa Cruz hay sobreprecios y que una bolsa de cemento se paga más cuando se trata de obra pública. Hoy en sus declaraciones dice lo contrario y sus sospechas de sobrefacturación las ha expresado, inclusive, en medios nacionales. También Peralta ha dicho que se abrirá la documentación para que se investigue si hubo sobrefacturaciones. Esta medida, probablemente, sea la que deba tomar la Justicia si se decide investigar.
Fuente: OPI Santa Cruz
Una presentación judicial efectuada por la titular del CC-ARI, Mariana Zuvic, ante el Juzgado Federal Nº 7 de Río Gallegos, busca que se investigue a Lázaro Báez por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. La Fiscal hace una semana que trata de declararse incompetente y la Jueza le ha remitido el oficio en dos oportunidades para que abra la investigación. La causa va orientada a comprometer a toda al cadena de responsabilidad, tanto provincial, como nacional, que facilitaron el manejo de las licitaciones y los sobreprecios. Hoy se hizo la ampliatoria de la denuncia que alcanza a Peralta.
El lunes 15 de abril la titular del CC-ARI Mariana Zuvic, junto a su patrocinante letrado el Dr José Luis Janezak, presentaron ante el Juzgado federal Nº 7 de Río Gallegos una denuncia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, expediente que la jueza Ana Álvarez giró a la Fiscal Patricia Closter para que incie las actuaciones.
A partir de allí, esta Agencia tomó conocimiento que la Fiscal trató de declararse incompetente en todos los aspectos (lavado y asociación ilícita), logrando que la Jueza le reenviara el expediente para que resuelva la competencia y abra la investigación.
Nosotros con la Sra Zuvic concurrimos al Juzgado y comprobamos que la Fiscal aún no había resuelto el tema, con lo cual se está perdiendo un tiempo muy importante en todo esto, le dijo el abogado Janezak a OPI. Lo importante es que se resuelvan las competencias, se pidan las medidas, se avance con esto y luego se repartan las competencias, opinó el letrado que descartó que en Río Gallegos se sustancie la causa por lavado de dinero pero sí, lo relacionado con el sobreprecio de la obra pública.
Ampliación
Hoy la titular del CC-ARI y su abogado concurrieron al Juzgado Federal para ampliar la denuncia hacia la figura del gobernador Daniel Peralta para que se investigue la complicidad del mandatario en la adjudicación de 55 contratos de obra pública a la empresa Austral Construcciones SA, que debió controlar y licitar en Santa Cruz, por un monto de alrededor de 4.000 millones de pesos entre 2007 y 2011. Esta ampliatoria abarca a la gestión de Néstor Kirchner, funcionarios provinciales y nacionales, como así también a empresas privadas del ámbito local, provincial y nacional.
Sobre este particular el Dr Janezak le dijo a esta Agencia queremos que la Justicia investigue el grado de responsabilidad que le cabe a este gobernador y a los anteriores, por haber sido facilitadores de esos contratos, con sobreprecios y licitaciones irregulares, donde varias empresas competían en apariencia, pero todas pertenecían a un mismo grupo o bien se alternaban la asignación de obras en Santa Cruz.
Entre las obras que están en la lupa de las denuncias figuran la autovía de Río Gallegos, el gasoducto de esta capital y el de Río Turbio-El Cañafate, como así también otras obras realizadas en Santa Cruz creemos que Báez no podría haber trabajado ni logrado nada en esta provincia sin la complicidad de las autoridades provinciales y eso es lo que le pedimos a la Justicia, remarcó el letrado.
Daniel Peralta hace unos días salió a despegarse de Báez, al sostener que de 700 millones en obra pública, solo gestionó 55 millones de pesos. Ahora, lo que intentan determinar desde la oposición es si esos 55 millones fueron administrados correctamente o respondiendo a la matriz de la corrupción que ha quedado al desnudo últimamente. Recordemos que el propio Gobernador planteó un desafío en muchas de sus declaraciones antes del 2011, sosteniendo que alguien le compruebe que en Santa Cruz hay sobreprecios y que una bolsa de cemento se paga más cuando se trata de obra pública. Hoy en sus declaraciones dice lo contrario y sus sospechas de sobrefacturación las ha expresado, inclusive, en medios nacionales. También Peralta ha dicho que se abrirá la documentación para que se investigue si hubo sobrefacturaciones. Esta medida, probablemente, sea la que deba tomar la Justicia si se decide investigar.
Fuente: OPI Santa Cruz
El lunes 15 de abril la titular del CC-ARI Mariana Zuvic, junto a su patrocinante letrado el Dr José Luis Janezak, presentaron ante el Juzgado federal Nº 7 de Río Gallegos una denuncia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, expediente que la jueza Ana Álvarez giró a la Fiscal Patricia Closter para que incie las actuaciones.
A partir de allí, esta Agencia tomó conocimiento que la Fiscal trató de declararse incompetente en todos los aspectos (lavado y asociación ilícita), logrando que la Jueza le reenviara el expediente para que resuelva la competencia y abra la investigación.
Nosotros con la Sra Zuvic concurrimos al Juzgado y comprobamos que la Fiscal aún no había resuelto el tema, con lo cual se está perdiendo un tiempo muy importante en todo esto, le dijo el abogado Janezak a OPI. Lo importante es que se resuelvan las competencias, se pidan las medidas, se avance con esto y luego se repartan las competencias, opinó el letrado que descartó que en Río Gallegos se sustancie la causa por lavado de dinero pero sí, lo relacionado con el sobreprecio de la obra pública.
Ampliación
Hoy la titular del CC-ARI y su abogado concurrieron al Juzgado Federal para ampliar la denuncia hacia la figura del gobernador Daniel Peralta para que se investigue la complicidad del mandatario en la adjudicación de 55 contratos de obra pública a la empresa Austral Construcciones SA, que debió controlar y licitar en Santa Cruz, por un monto de alrededor de 4.000 millones de pesos entre 2007 y 2011. Esta ampliatoria abarca a la gestión de Néstor Kirchner, funcionarios provinciales y nacionales, como así también a empresas privadas del ámbito local, provincial y nacional.
Sobre este particular el Dr Janezak le dijo a esta Agencia queremos que la Justicia investigue el grado de responsabilidad que le cabe a este gobernador y a los anteriores, por haber sido facilitadores de esos contratos, con sobreprecios y licitaciones irregulares, donde varias empresas competían en apariencia, pero todas pertenecían a un mismo grupo o bien se alternaban la asignación de obras en Santa Cruz.
Entre las obras que están en la lupa de las denuncias figuran la autovía de Río Gallegos, el gasoducto de esta capital y el de Río Turbio-El Cañafate, como así también otras obras realizadas en Santa Cruz creemos que Báez no podría haber trabajado ni logrado nada en esta provincia sin la complicidad de las autoridades provinciales y eso es lo que le pedimos a la Justicia, remarcó el letrado.
Daniel Peralta hace unos días salió a despegarse de Báez, al sostener que de 700 millones en obra pública, solo gestionó 55 millones de pesos. Ahora, lo que intentan determinar desde la oposición es si esos 55 millones fueron administrados correctamente o respondiendo a la matriz de la corrupción que ha quedado al desnudo últimamente. Recordemos que el propio Gobernador planteó un desafío en muchas de sus declaraciones antes del 2011, sosteniendo que alguien le compruebe que en Santa Cruz hay sobreprecios y que una bolsa de cemento se paga más cuando se trata de obra pública. Hoy en sus declaraciones dice lo contrario y sus sospechas de sobrefacturación las ha expresado, inclusive, en medios nacionales. También Peralta ha dicho que se abrirá la documentación para que se investigue si hubo sobrefacturaciones. Esta medida, probablemente, sea la que deba tomar la Justicia si se decide investigar.
Fuente: OPI Santa Cruz