Histórica crisis provincial en materia de género: "Tenemos una ley aprobada hace seis años a la que no se le puso un solo peso"En el marco de un contexto signado por los recortes presupuestarios en materia de género y aumento de las violencias, distintas multisectoriales feministas de Chubut organizaron un pedido de informe de las casas refugio en la provincia, a través de la banca del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) que ocupa Santiago Vasconcelos, con el objetivo de conocer en profundidad el panorama en este sentido, y para exigir el cumplimiento de la normativa vigente en prevención de la violencia de género. El Extremo Sur dialogó con Omayra Rocha -diputada provincial electa por el FIT-U, que rotará con Vasconcelos la banca de la Izquierda-quien se refirió a la necesidad de "poner en discusión el presupuesto, el pago de la deuda, la precarización, porque todo eso se traduce en la vida de nuestras compañeras".
Esta semana el FIT-U y los colectivos feministas recibieron la respuesta con la información solicitada, y los datos muestran un panorama desalentador, con falencias que se traducen en falta de profesionales capacitados, un número reducido de personal que además está precarizado, la necesidad de más casas refugio frente al aumento poblacional, sumado al hecho de que hay localidades y parajes que ni siquiera cuentan con un lugar propio.
"Ahí hay una demanda, una necesidad urgente. Esto nos cobra la vida. Hablamos de todos los derechos que son sistemáticamente vulnerados", expresó Rocha. El reclamo central es el cumplimiento de la Ley provincial 1526 de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, una normativa que prevé y exige cuestiones relativas a la prevención, la capacitación, el acompañamiento económico de las víctimas y la construcción de casas refugio, a la cual hoy, sin embargo, no se destina el presupuesto previsto: apenas el 0,01% del presupuesto total del Ejecutivo.
¿La Izquierda busca presentar algún proyecto con relación a la necesidad de casas refugio? ¿Cuál es el debate actual en este sentido?
Hay una propuesta de la inauguración de un proyecto, pero está en discusión dentro del movimiento feminista porque lo que revindicamos esencialmente es la Ley 1526 donde se contempla, en el artículo 19, la construcción de las casas refugio. Por otro lado, la 1526 es una ley super amplia que no solamente abarca la atención inmediata, sino que está enfocada en términos de prevención sobre la violencia de género, esto es fundamental para trabajar en las escuelas con la ESI, en las instituciones públicas de los tres poderes, y en ir más allá en la profundización y el ejercicio diario de la identificación de las distintas violencias para que una mujer o disidencia pueda reconocerlas como tal. Es una ley que hemos conquistado a fuerza de lucha, que viene a reemplazar lo que fue la Ley de Emergencia (1523), que fue aprobada en el 2017 pero, como a la 1526, no se le otorgó un solo peso, y caducó, porque tenía un plazo de dos años. Si no se otorga un presupuesto, nuestras leyes, como siempre, terminan en papel mojado. Alrededor de ese proyecto, que habla de centros integrales para asistencia a la victima por motivos de género, está en discusión porque no puede haber dos leyes que indiquen lo mismo. Las casas refugio tienen su entidad en sí mismas por el hecho de que se funcionamiento además de estar establecidas por la ley, tiene ciertos requisitos, por los resguardos y acompañamiento de las víctimas. Que no lleve adelante, tiene que ver con el presupuesto que se le otorgue.
El reclamo central es, entonces, la falta de cumplimiento de una normativa vigente.
Esto fue aprobado en 2018, o sea, lleva más de seis años. En lugares como Trevelin, por ejemplo, tenemos una ordenanza que fue aprobada en 2013 y establece la construcción de una casa refugio. Incluso superando los 10 mil habitantes -que es lo que estima la ONU como referencia generalizada de cantidad de población para la construcción de casas refugio-, no tenemos ni una. Esquel, por otro lado, tiene una sola, superando los 50 mil habitantes. Hay una falla enorme sobre nuestras leyes, que además son sumamente abarcativas en materia de prevención. Y esta situación se traduce directamente en muertes. Esto que termina en la Legislatura como papel mojado -incluso detallando el presupuesto debe tener, que no debe ser inferior al 0,1% del presupuesto total del Ejecutivo- no se llega a cumplir. Construimos en materia de leyes y de avance en derechos que resguarden nuestra integridad y dignidad, y que garanticen una vida digna. Y sin embargo siguen sin cumplir. Lo que sucede y se transcribe es una decadencia que vemos, es un flagelo que padecemos, que todos los días nos enteramos de que una hermana, una compañera, una tía, sufre violencia de género y en la extremidad se cobra las vidas de nuestras mujeres y disidencias.
¿Cuál es el panorama general que se vislumbra a partir de la respuesta al pedido de informe?
La inmediatez era, en principio, ver el estado de situación de la provincia en general, porque además sabemos cómo militantes que faltan cosas. Incluso en los lugares donde están las casas refugios prevalece la precarización de las trabajadoras, la falta de recursos, de movilidad. Acá en Trevelin se centralizan los parajes -Lago rosario, Cipreses, Aldea Escolar- y para llegar a esos lugares hay que tener vehículo, algo tan básico como eso, y no está, los trabajadores tienen que poner su propio vehículo u organizar con otros espacios. A esos lugares no se pueden ir una vez por semana, hay que estar todos los días ahí hablando de violencia, del cuidado del cuerpo, de salud integral, hay que llevar asistencia. En función el informe, vemos que hay espacios que no tienen asistencia legal ni tratamiento psicológico. Sólo cuatro localidades brindaron información: Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia y Rawson. Y esta último menciona sólo el Centro -Integral de la Mujer, que no es lo mismo que una casa refugio. Por eso hablábamos de que en la interpretación de las leyes se toma el sentido común de las palabras. Por otro lado, vemos que Esquel indica que hay 4 operadores en la casa refugio, que cubren todo con turnos rotativos. Es inhumano, es sobreexplotación, es violencia del Estado. Ahí está el primer eslabón de reproducción de las violencias, con el Estado, en producir violencias además de generarlas, con las trabajadoras que después tienen que garantizarle derechos a las mujeres que se encuentran en vulnerabilidad. Y Esquel detalla que no cuenta con equipo profesional exclusivo, ahí hay una demanda, una necesidad urgente. Esto nos cobra la vida. Hablamos de todos los derechos que son sistemáticamente vulnerados.
¿Cómo analizás estas falencias a la luz de un contexto de crisis que se profundiza sobre mujeres y disidencias?
Eso se ve en la situación que hoy vive uno de los trabajos más feminizados, que es la docencia, donde tenemos un sueldo casi igual a lo que perciben trabajadores de otras provincias, entendiendo que vivir en la Patagonia es doblemente mas caro que en otras partes del país. Los sueldos son de indigencia. Nadie vive con 270 mil pesos en esta provincia, para un solo cargo. Tenes que hacer malabares, además de que venimos también como colectivo reclamando por la doble explotación de nuestro cuerpo por la feminización de las tareas domésticas y de cuidado. Exige muchísimo de nuestro tiempo y energía. Además, hay una gran falta de oportunidades laborales en los pueblos, en las propias ciudades, hoy se está hablando más de despidos que de apertura de cupos laborales. El primer eslabón, que es el Estado, es el que tiene que garantizar derechos elementales para una vida digna, y es el primero en ejercer este tipo de violencia que se transcriben en violencias económicas y psicológicas. Lo primero que hizo el gobierno de Torres fue extorsionar a los docentes con la ley de presentismo, lejos de llevarlos a una recomposición salarial. Las mujeres y disidencias somos las que peor la pasamos en esta situación. Hay brechas muy grandes entre quienes la pasan bien y quienes padecemos la realidad. Hay que poner en discusión el presupuesto, el pago de la deuda, eso se traduce en las vidas de nuestras compañeras. Y la precarización es un gran debate que vienen evadiendo.
¿De qué manera se inscribe este debate sobre las partidas presupuestarias en el contexto nacional, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades?
Lo cierto es que para el gobierno de Torres tampoco es una prioridad. En el acto de apertura no mencionó una sola palabra sobre cuales iban a ser las políticas públicas entre ellas el presupuesto que se le iba a asignar o de donde a resolver la situación de violencia por motivos de género, o temas como la ESI, las capacitaciones de Ley Micaela, todo eso es plata. Tenes que tener agentes que estén constantemente en las instituciones para ser los eslabones que después repliquen en la sociedad, para hablar de violencia, de ESI, de los dispositivos para acceder a esos espacios, entender como funcionan. Todo eso necesita personal capacitado, bien remunerado, que es la gran denuncia que venimos haciendo. Se necesitan equipos disciplinarios amplios, y casas refugio, pero en condiciones. Esta situación se cobra vidas, y además hay vulnerabilidades de las infancias, que muchas veces se quedan sin sus madres, que se las lleva esa primera violencia del Estado por la desidia que hay. Esto viene a traer un poco la idea del pedido de informe que se expresa en la Legislatura, a ver el estado de situación de esto espacios, para empezar a divulgar esta información, lo cierto es que en la provincia falta mucha estadística sobre este tema y para eso también se necesita personal. El servicio de protección de derechos de Trevelin, por ejemplo, cada dos por tres se queda sin gas y tienen que calefaccionarse a leña. Hace unos años contaba con un equipo interdisciplinario, pero precarizado, en condiciones sumamente vulnerables, además tenían que atener todos los parajes; finalmente el equipo renunció y retrocedimos. Hoy están intentando garantizar el funcionamiento del servicio entendiendo las situaciones complejas que abordan esos espacios. En los grupos a los que pertenecemos siempre hay mensajes para buscar ayuda para mujeres en situación de vulnerabilidad, tejemos redes para encontrarle un lugar para quedarse, en Trevelin funciona una red de contención totalmente independiente que termina resolviendo cuestiones que debería atender la casa refugio, que debería garantizar el Estado, con limitaciones muy grandes, obviamente, porque no alcanza con la buena y enorme voluntad de la población. Es una cadena que hace que termine siendo un deterioro local, se terminan escapando muchas situaciones que después lamentamos profundamente.
En el marco de un contexto signado por los recortes presupuestarios en materia de género y aumento de las violencias, distintas multisectoriales feministas de Chubut organizaron un pedido de informe de las casas refugio en la provincia, a través de la banca del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) que ocupa Santiago Vasconcelos, con el objetivo de conocer en profundidad el panorama en este sentido, y para exigir el cumplimiento de la normativa vigente en prevención de la violencia de género. El Extremo Sur dialogó con Omayra Rocha -diputada provincial electa por el FIT-U, que rotará con Vasconcelos la banca de la Izquierda-quien se refirió a la necesidad de "poner en discusión el presupuesto, el pago de la deuda, la precarización, porque todo eso se traduce en la vida de nuestras compañeras".
Esta semana el FIT-U y los colectivos feministas recibieron la respuesta con la información solicitada, y los datos muestran un panorama desalentador, con falencias que se traducen en falta de profesionales capacitados, un número reducido de personal que además está precarizado, la necesidad de más casas refugio frente al aumento poblacional, sumado al hecho de que hay localidades y parajes que ni siquiera cuentan con un lugar propio.
"Ahí hay una demanda, una necesidad urgente. Esto nos cobra la vida. Hablamos de todos los derechos que son sistemáticamente vulnerados", expresó Rocha. El reclamo central es el cumplimiento de la Ley provincial 1526 de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, una normativa que prevé y exige cuestiones relativas a la prevención, la capacitación, el acompañamiento económico de las víctimas y la construcción de casas refugio, a la cual hoy, sin embargo, no se destina el presupuesto previsto: apenas el 0,01% del presupuesto total del Ejecutivo.
¿La Izquierda busca presentar algún proyecto con relación a la necesidad de casas refugio? ¿Cuál es el debate actual en este sentido?
Hay una propuesta de la inauguración de un proyecto, pero está en discusión dentro del movimiento feminista porque lo que revindicamos esencialmente es la Ley 1526 donde se contempla, en el artículo 19, la construcción de las casas refugio. Por otro lado, la 1526 es una ley super amplia que no solamente abarca la atención inmediata, sino que está enfocada en términos de prevención sobre la violencia de género, esto es fundamental para trabajar en las escuelas con la ESI, en las instituciones públicas de los tres poderes, y en ir más allá en la profundización y el ejercicio diario de la identificación de las distintas violencias para que una mujer o disidencia pueda reconocerlas como tal. Es una ley que hemos conquistado a fuerza de lucha, que viene a reemplazar lo que fue la Ley de Emergencia (1523), que fue aprobada en el 2017 pero, como a la 1526, no se le otorgó un solo peso, y caducó, porque tenía un plazo de dos años. Si no se otorga un presupuesto, nuestras leyes, como siempre, terminan en papel mojado. Alrededor de ese proyecto, que habla de centros integrales para asistencia a la victima por motivos de género, está en discusión porque no puede haber dos leyes que indiquen lo mismo. Las casas refugio tienen su entidad en sí mismas por el hecho de que se funcionamiento además de estar establecidas por la ley, tiene ciertos requisitos, por los resguardos y acompañamiento de las víctimas. Que no lleve adelante, tiene que ver con el presupuesto que se le otorgue.
El reclamo central es, entonces, la falta de cumplimiento de una normativa vigente.
Esto fue aprobado en 2018, o sea, lleva más de seis años. En lugares como Trevelin, por ejemplo, tenemos una ordenanza que fue aprobada en 2013 y establece la construcción de una casa refugio. Incluso superando los 10 mil habitantes -que es lo que estima la ONU como referencia generalizada de cantidad de población para la construcción de casas refugio-, no tenemos ni una. Esquel, por otro lado, tiene una sola, superando los 50 mil habitantes. Hay una falla enorme sobre nuestras leyes, que además son sumamente abarcativas en materia de prevención. Y esta situación se traduce directamente en muertes. Esto que termina en la Legislatura como papel mojado -incluso detallando el presupuesto debe tener, que no debe ser inferior al 0,1% del presupuesto total del Ejecutivo- no se llega a cumplir. Construimos en materia de leyes y de avance en derechos que resguarden nuestra integridad y dignidad, y que garanticen una vida digna. Y sin embargo siguen sin cumplir. Lo que sucede y se transcribe es una decadencia que vemos, es un flagelo que padecemos, que todos los días nos enteramos de que una hermana, una compañera, una tía, sufre violencia de género y en la extremidad se cobra las vidas de nuestras mujeres y disidencias.
¿Cuál es el panorama general que se vislumbra a partir de la respuesta al pedido de informe?
La inmediatez era, en principio, ver el estado de situación de la provincia en general, porque además sabemos cómo militantes que faltan cosas. Incluso en los lugares donde están las casas refugios prevalece la precarización de las trabajadoras, la falta de recursos, de movilidad. Acá en Trevelin se centralizan los parajes -Lago rosario, Cipreses, Aldea Escolar- y para llegar a esos lugares hay que tener vehículo, algo tan básico como eso, y no está, los trabajadores tienen que poner su propio vehículo u organizar con otros espacios. A esos lugares no se pueden ir una vez por semana, hay que estar todos los días ahí hablando de violencia, del cuidado del cuerpo, de salud integral, hay que llevar asistencia. En función el informe, vemos que hay espacios que no tienen asistencia legal ni tratamiento psicológico. Sólo cuatro localidades brindaron información: Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia y Rawson. Y esta último menciona sólo el Centro -Integral de la Mujer, que no es lo mismo que una casa refugio. Por eso hablábamos de que en la interpretación de las leyes se toma el sentido común de las palabras. Por otro lado, vemos que Esquel indica que hay 4 operadores en la casa refugio, que cubren todo con turnos rotativos. Es inhumano, es sobreexplotación, es violencia del Estado. Ahí está el primer eslabón de reproducción de las violencias, con el Estado, en producir violencias además de generarlas, con las trabajadoras que después tienen que garantizarle derechos a las mujeres que se encuentran en vulnerabilidad. Y Esquel detalla que no cuenta con equipo profesional exclusivo, ahí hay una demanda, una necesidad urgente. Esto nos cobra la vida. Hablamos de todos los derechos que son sistemáticamente vulnerados.
¿Cómo analizás estas falencias a la luz de un contexto de crisis que se profundiza sobre mujeres y disidencias?
Eso se ve en la situación que hoy vive uno de los trabajos más feminizados, que es la docencia, donde tenemos un sueldo casi igual a lo que perciben trabajadores de otras provincias, entendiendo que vivir en la Patagonia es doblemente mas caro que en otras partes del país. Los sueldos son de indigencia. Nadie vive con 270 mil pesos en esta provincia, para un solo cargo. Tenes que hacer malabares, además de que venimos también como colectivo reclamando por la doble explotación de nuestro cuerpo por la feminización de las tareas domésticas y de cuidado. Exige muchísimo de nuestro tiempo y energía. Además, hay una gran falta de oportunidades laborales en los pueblos, en las propias ciudades, hoy se está hablando más de despidos que de apertura de cupos laborales. El primer eslabón, que es el Estado, es el que tiene que garantizar derechos elementales para una vida digna, y es el primero en ejercer este tipo de violencia que se transcriben en violencias económicas y psicológicas. Lo primero que hizo el gobierno de Torres fue extorsionar a los docentes con la ley de presentismo, lejos de llevarlos a una recomposición salarial. Las mujeres y disidencias somos las que peor la pasamos en esta situación. Hay brechas muy grandes entre quienes la pasan bien y quienes padecemos la realidad. Hay que poner en discusión el presupuesto, el pago de la deuda, eso se traduce en las vidas de nuestras compañeras. Y la precarización es un gran debate que vienen evadiendo.
¿De qué manera se inscribe este debate sobre las partidas presupuestarias en el contexto nacional, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades?
Lo cierto es que para el gobierno de Torres tampoco es una prioridad. En el acto de apertura no mencionó una sola palabra sobre cuales iban a ser las políticas públicas entre ellas el presupuesto que se le iba a asignar o de donde a resolver la situación de violencia por motivos de género, o temas como la ESI, las capacitaciones de Ley Micaela, todo eso es plata. Tenes que tener agentes que estén constantemente en las instituciones para ser los eslabones que después repliquen en la sociedad, para hablar de violencia, de ESI, de los dispositivos para acceder a esos espacios, entender como funcionan. Todo eso necesita personal capacitado, bien remunerado, que es la gran denuncia que venimos haciendo. Se necesitan equipos disciplinarios amplios, y casas refugio, pero en condiciones. Esta situación se cobra vidas, y además hay vulnerabilidades de las infancias, que muchas veces se quedan sin sus madres, que se las lleva esa primera violencia del Estado por la desidia que hay. Esto viene a traer un poco la idea del pedido de informe que se expresa en la Legislatura, a ver el estado de situación de esto espacios, para empezar a divulgar esta información, lo cierto es que en la provincia falta mucha estadística sobre este tema y para eso también se necesita personal. El servicio de protección de derechos de Trevelin, por ejemplo, cada dos por tres se queda sin gas y tienen que calefaccionarse a leña. Hace unos años contaba con un equipo interdisciplinario, pero precarizado, en condiciones sumamente vulnerables, además tenían que atener todos los parajes; finalmente el equipo renunció y retrocedimos. Hoy están intentando garantizar el funcionamiento del servicio entendiendo las situaciones complejas que abordan esos espacios. En los grupos a los que pertenecemos siempre hay mensajes para buscar ayuda para mujeres en situación de vulnerabilidad, tejemos redes para encontrarle un lugar para quedarse, en Trevelin funciona una red de contención totalmente independiente que termina resolviendo cuestiones que debería atender la casa refugio, que debería garantizar el Estado, con limitaciones muy grandes, obviamente, porque no alcanza con la buena y enorme voluntad de la población. Es una cadena que hace que termine siendo un deterioro local, se terminan escapando muchas situaciones que después lamentamos profundamente.