Un nuevo Ni Una Menos, en medio de la crisis: los feminismos exigen empleo digno y más presupuesto para combatir la violencia "Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen, víctimas de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no sólo cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata, lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos", reza el manifiesto del Ni Una Menos, el movimiento nacional que se gestó en 2015 a raíz del femicidio de Chiara Páez e inspiró una marea violeta en todo el continente.
A casi diez años de ese hito, los feminismos se organizan en todo el país frente a un contexto especialmente amenazante, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, el avance de los discursos de odio y la desfinanciación de políticas públicas en materia de género. Recortes, ataques y decisiones políticas recrudecen la situación económica de mujeres y disidencias, quienes históricamente han estado más afectadas por la precarización y el desempleo. Exigen también el cumplimiento de las leyes de protección contra la violencia de género, conquistadas por la lucha feminista y hoy desfinanciadas, como es el caso de la 1526 en Chubut. Los reclamos no son nuevos: desde hace años se exige presupuesto de género, políticas públicas y capacitación; sin embargo, movimientos feministas y LGBTQ+ coinciden en que la situación se ha agravado en los últimos meses. En lo que va del año se registraron 78 femicidios, es decir, 1 femicidio cada 37 horas, una cifra que está lejos de bajar mientras no se destinen partidas presupuestarias acordes.
"Necesitamos presupuesto para combatir la violencia"
En un momento signado por la crisis económica, las consignas del Ni Una Menos se han unificado en todos los territorios y tienen que ver fundamentalmente con el presupuesto. "Sobre todo en este contexto, con un gobierno neoliberal que está ajustado a más no poder, necesitamos más presupuesto para combatir la violencia, necesitamos más presupuesto para que se construyan más casas refugio", comenta Emilse Saavedra -referente del MST y parte de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia- en diálogo con El Extremo Sur.
Hace poco, las multisectoriales de la provincia recibieron respuesta de un pedido de informe -que se presentó a la Legislatura a través de la banca de Santiago Vasconcelos- en relación a las casas refugio. La información detallada confirmó un panorama que la mayoría de las activistas y referentes ya conocían.
"A través del informe tenemos los datos oficiales, y es completamente insuficiente. Hay 4 casas refugio, una por cada localidad principal de la provincia, y un total de 48 camas, muy insuficiente para combatir la violencia en una provincia con más de 600 mil habitantes, cuando la ONU recomienda 1 casa refugio cada 10 mil habitantes. Y esto tiene que ver con una cuestión de presupuesto. Acá en Comodoro tenemos una segunda casa refugio que estuvo presupuestada, se le destinó plata, pero no sabemos porque no se continuó la construcción, qué pasó con eso, no tenemos respuestas oficiales".
Nota relacionada: https://www.elextremosur.com/nota/49150-historica-crisis-provincial-en-materia-de-genero-tenemos-una-ley-aprobada-hace-seis-anos-a-la-que-no-se-le-puso-un-solo-peso/
"Pero lo cierto es que tampoco alcanza, sobre todo en los pueblitos o ciudades más pequeñas, donde no existen estos dispositivos. ¿Qué hacen las mujeres que sufren violencia en sus casas? Tampoco termina de ser el problema de fondo, es necesario poder también reinsertar a esas mujeres que se alojan", cuestiona.
La problemática de la reinserción y otros aspectos que son posteriores al hecho violento en sí son claves para asegurar los derechos de las mujeres que han sufrido violencia, para que puedan continuar su vida de manera normal. Parte de estas necesidades se expresan en la Ley Provincial N° 1526, una normativa amplia, que reconoce diversos tipos de violencia y ofrece respuestas, pero a la cual no se ha destinado presupuesto.
En su Artículo 22, por ejemplo, establece distintos mecanismos que debe llevar adelante la Secretaría de Trabajo para asegurar la reinserción laboral de mujeres y disidencias que han sido violentadas, como el facilitación de créditos para llevar adelante emprendimientos o la posibilidad de acceder a una licencia en caso de sufrir violencia de género y un plan de abordaje interseccional para su reinserción.
"En la provincia tenemos la Ley que plantea esta posibilidad de subsidiar algún emprendimiento o trabajo para que se pueda recuperar económicamente, porque muchas veces la violencia física que se sufre también es económica, de dependencia absoluta del violento", remarca Saavedra.
"Son muchas aristas en la que hay que trabajar, y el eje fundamental y el reclamo fundamental es más presupuesto. Contrario a lo que viene haciendo el gobierno nacional, lo que eliminó de plano el Ministerio, la secretarías, bajó el presupuesto, hizo todo lo contrario a lo que se necesita hacer", apunta.
Tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, el Gobierno dispuso la creación de la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, que no sólo tiene menos rango y presupuesto, sino que apunta a trabajar en la prevención de la violencia como la única dimensión de las problemáticas de género, dejando afuera otras cuestiones clave como la capacitación con perspectiva de género y las acciones concretas para asegurar la equidad de género en todos los ámbitos.
Saavedra agrega que, en la provincia, "Ignacio Torres tampoco es la panacea, va por el mismo camino. En la campaña no habló sobre la situación de género y las disidencias, lo hizo en una ocasión en uno de los debates en los que estuvimos porque fue uno de los ejes de discusión, pero no lo tomó como una problemática real. Ni el gobierno nacional, provincial o local están presupuestando ni implementando el dinero suficiente para combatir esa violencia".
Feminización de la pobreza y la necesidad urgente de empleo genuino
A medida que se profundiza el ajuste, también lo hace el reclamo por la feminización de la pobreza, es decir, el hecho de que la pobreza afecta más a mujeres y niñas, quienes se vuelven sostenedoras de hogares, de espacios de economía popular y quienes están más expuestas a la precarización de las condiciones de vida.
Aunque se registran fluctuaciones, las cifras de la inserción de las mujeres al mercado laboral a nivel mundial mantienen una tendencia clara: registran mayores niveles de desempleo, informalidad y sueldos más bajos que los varones, sin contar que dedican más horas a las tareas domésticas y de cuidado, es decir, de trabajo no pago. Algo similar ocurre con las disidencias y diversidades, quienes se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de acceder a un empleo digno.
Según datos del Observatorio de las Violencias y las Desigualdades por Razones de Género del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en relación al primer trimestre del 2023, la tasa de actividad de los varones es del 70,9% sobre un 52,2% correspondiente a las mujeres; es decir, una participación menor en el mundo laboral remunerado. La tasa de desocupación es mayor en mujeres que en varones (7,8% versus 6,1%), al igual que la tasa de subocupación horaria (11,7% versus 7,6%).
Lo mismo sucede con la tasa de informalidad, con un 39,9% en las mujeres y un 34,6% en varones, lo que implica que las primeras están "más expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social -aportes jubilatorios, obra social, entre otros- ni al resto de los derechos laborales", sumado a que sectores muy caracterizados por la informalidad, como el servicio doméstico (75,6%), están conformados casi íntegramente por mujeres.
"Eso se ve en la situación que hoy vive uno de los trabajos más feminizados, que es la docencia, donde tenemos un sueldo casi igual a lo que perciben trabajadores de otras provincias, entendiendo que vivir en la Patagonia es doblemente más caro que en otras partes del país. Los sueldos son de indigencia. Nadie vive con 270 mil pesos en esta provincia, para un solo cargo. Tenes que hacer malabares, además de que venimos también como colectivo reclamando por la doble explotación de nuestro cuerpo por la feminización de las tareas domésticas y de cuidado", expresaba recientemente Omayra Rocha -diputada provincial electa del Frente de Izquierda Unidad- en diálogo con este medio.
Y advertía que "hay una gran falta de oportunidades laborales en los pueblos, en las propias ciudades, hoy se está hablando más de despidos que de apertura de cupos laborales. El primer eslabón, que es el Estado, es el que tiene que garantizar derechos elementales para una vida digna, y es el primero en ejercer este tipo de violencia que se transcriben en violencias económicas y psicológicas".
"Sin dudas es indispensable el aumento del presupuesto para las políticas públicas pero también es necesario el aumento del presupuesto para las mismas mujeres y disidencias y sus organizaciones, para el funcionamiento real de los comedores", manifiesta, por su parte, Saavedra.
"Hoy las mujeres que cobran el plan Potenciar -renombrado como Programa Acompañamiento Social o Volver al Trabajo' -reciben una ayuda económica de 78 mil pesos, en una provincia donde la canasta básica supera los 900 mil pesos. La ayuda económica que presta el gobierno para subsanar esta problemática de desempleo y feminización de la pobreza no alcanza ni para la alimentación de una semana de una familia tipo", detalla Saavedra.
Y subraya que los planes sociales no son la solución definitiva, sino que el reclamo de base es trabajo genuino: "Muchas de las mujeres somos sostenes de hogar y el problema principal es la precarización, la posibilidad de acceder siempre a empleos precarizados, siempre ganando por debajo de la línea de la pobreza, desde ya para toda la población pero en esta fecha nos parece importante exigir esto también para las mujeres y disidencias, las disidencias tenemos una ley de cupo para que puedan entrar al Estado y las empresas privadas y no se cumple. La única manera de llegar a fin de mes, de llevar un plato de comida a nuestras familias es con empleo genuino".
Nota relacionada: https://www.elextremosur.com/nota/48981-la-ley-bases-amenaza-de-lleno-los-derechos-laborales-y-jubilatorios-de-millones-de-mujeres/
Estas cuestiones fueron debatidas de lleno en el marco de la presentación de la Ley Bases, que prometía impactar de manera directa en el mercado laboral -en el que las mujeres están peor situadas- y sobre todo, en el régimen jubilatorio de la moratoria, que a la fecha permitió que millones de mujeres sin aportes formales, que dedicaron su vida a las tareas domésticas y de cuidados, pudieran jubilarse.
Qué hacer con los discursos de odio
El 6 de mayo un inquilino de un hotel-pensión de Barracas prendió fuego a cuatro lesbianas que dormían en su habitación. A la fecha, hay una sola sobreviviente, y el responsable detenido. Lejos de ser un caso resuelto, el lesbicidio de Barracas generó preocupación en la comunidad LGBTQ+ y movimientos feministas, quienes vienen advirtiendo desde hace tiempo la urgencia de contrarrestar los discursos de odio, que parecen inofensivos pero acaban retroalimentando ataques violentos como éste, que forman parte de una larga cadena de violencias cotidianas contra mujeres y disidencias.
Nota relacionada: https://www.elextremosur.com/nota/49228-una-mirada-del-activismo-local-sobre-el-lesbicidio-de-barracas-seguimos-siendo-invisibles/
Saavedra habla de una escalada de la violencia que no es nueva: "En la pandemia fue un poco más concreto, donde el encierro forzado durante más de un año obligó a las mujeres que sufren violencia a sufrirla aún más todavía, al convivir las 24 horas con su propio agresor. Eso escaló el nivel de violencia. Terminó la pandemia y esa realidad no cambió".
"Estas situaciones tienen que ver justamente con la falta de presupuesto para las políticas públicas, para equipar las instituciones que necesitan equipos interdisciplinarios, para capacitar a la Justicia. Pero también a las mujeres mismas. Tenemos ahí varios niveles y tipos de violencia", subraya.
"Las memorias discursivas conforman un entramado de ideas y preconceptos sobre las características y las intenciones del otro', participando en la formación de una trama ideológica y discursiva que da forma al mundo social", explica un artículo elaborado por la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI ("Una aproximación a los discursos de odio: antecedentes de investigación y debates teóricos", 2023), en el que se identifican distintos tipos de expresiones que componen esos discursos violentos, como la construcción del otro como diferente, la generalización, los chivos expiatorios y la deshumanización.
Mujeres y disidencias son víctimas frecuentes de estos ataques -masificados por las redes sociales-, y muchos derivan en ataques directos. Con la eliminación del INADI, no hay organismo que regule o sancione este tipo de acciones.
Saavedra afirma que, además, estamos en un contexto particular, ya que ese tipo de discursos son enunciados por el mismo Gobierno: "En el gobierno anterior había mucho de discursivo a favor, pero eso no se traducía en políticas concretas. Teníamos un Ministerio de las Mujeres pero no tenía plata y la poca plata que tenía la subejecutaba, pero el discurso que ofrecía el gobierno de mínima no apuntaba a generar más violencia sobre los sectores de identidades disidentes. Hoy el panorama es completamente distinto, no solo no hay Ministerio, no hay plata, no hay subejecución sino que además se le suman estos discursos, las cosas ridículas que dice este gobierno en relación a las identidades que no encajan en el binarismo".
"Si para ellos es "mujer igual a vagina y varón igual a pene" y se termina la historia, ¿por qué van a elaborar políticas para los demás? Y lo demás está mal, esta construcción de que si el otro no es igual a mi, el otro que es pobre, que es negro, que es lesbiana, está mal. Más allá de no presupuestar como corresponde, le suma estos discursos de odio que fomentan lesbicidios como el de las chicas de Barracas. Pero es el ejemplo de la extrema violencia, en lo cotidiano tenemos muchas violencias y discriminación contra las disidencias en todos los ámbitos. Ya no se aplica la ESI, antes se aplicaba poco, ahora mucho menos, porque la esi es adoctrinar' y con mis hijos no te metas'. Hay cuestiones discursivas que se traducen en hechos concretos y en políticas concretas donde todo lo que no entra en el binarismo queda afuera", agrega.
La organización regional: la potencia de los activismos locales
Aunque Saavedra reconoce que la movilización feminista no está actualmente en su momento más masivo, afirma que es notable la organización en todo el país, y especialmente a nivel regional, en una coyuntura particularmente desafiante.
"A nivel local la organizacion de mujeres esta enmarcada en un contexto provincial, nacional, y si se quiere mundial donde hemos tenido en algunos momentos algunos picos de la ola con el 2015, cuando empezó el Ni Una Menos, en 2018 cuando con la lucha por la legalización del aborto, hemos tenido picos de la ola de la marea verde, de las luchas feministas", describe.
Si bien remarca que "hoy no nos encontramos en uno de esos picos", advierte que al menos en Comodoro "las organizaciones que somos parte de la Multisectorial estamos tratando de activar, sobre todo con el resto de las multisectoriales de la provincia".
"Nos parece necesario poder reclamarle directamente al gobernador que se cumpla la ley que ya tenemos, la 1526, porque da muchas definiciones sobre qué es la violencia, como combatirla, y no se hace nada de eso. Lo primero que hicimos fue un pedido de informes a la Legislatura para saber cual es la situación de las casas refugio, muchas cosas ya las sabíamos pero tener una respuesta oficial blanquea esta situación de deterioro. Hoy, tener una sola casa en Comodoro con una capacidad de 12 camas es casi una vergüenza", remarca.
La información les permitirá elaborar un diagnóstico provincial "para saber cómo estamos en general para combatir la violencia, el resto de las instituciones, la justicia, la comisaría, los trabajadores sociales, cómo están todos esos organismos. Para exigir al gobierno de la provincia que tome cartas en el asunto y que presupuesta la ley que ya tenemos, que se implemente algo de lo que está pautado. Para evitar más femicidios y para evitar la violencia, que la vivimos cotidianamente, por ser mujeres, negras, pobres, mapuches, con distintos niveles de discriminación que sufrimos a diario y que hacen dificil poder existir".
"La consigna de este día tiene que ver con el Ni Una Menos, con que tengamos la posibilidad de existir, de vivir dignamente, con empleo genuino, pudiendo tener un proyecto de vida, pensar en un futuro, en un momento en que la discusión es si llegamos o no a fin de mes", concluye.
"Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen, víctimas de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no sólo cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata, lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos", reza el manifiesto del Ni Una Menos, el movimiento nacional que se gestó en 2015 a raíz del femicidio de Chiara Páez e inspiró una marea violeta en todo el continente.
A casi diez años de ese hito, los feminismos se organizan en todo el país frente a un contexto especialmente amenazante, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, el avance de los discursos de odio y la desfinanciación de políticas públicas en materia de género. Recortes, ataques y decisiones políticas recrudecen la situación económica de mujeres y disidencias, quienes históricamente han estado más afectadas por la precarización y el desempleo. Exigen también el cumplimiento de las leyes de protección contra la violencia de género, conquistadas por la lucha feminista y hoy desfinanciadas, como es el caso de la 1526 en Chubut. Los reclamos no son nuevos: desde hace años se exige presupuesto de género, políticas públicas y capacitación; sin embargo, movimientos feministas y LGBTQ+ coinciden en que la situación se ha agravado en los últimos meses. En lo que va del año se registraron 78 femicidios, es decir, 1 femicidio cada 37 horas, una cifra que está lejos de bajar mientras no se destinen partidas presupuestarias acordes.
"Necesitamos presupuesto para combatir la violencia"
En un momento signado por la crisis económica, las consignas del Ni Una Menos se han unificado en todos los territorios y tienen que ver fundamentalmente con el presupuesto. "Sobre todo en este contexto, con un gobierno neoliberal que está ajustado a más no poder, necesitamos más presupuesto para combatir la violencia, necesitamos más presupuesto para que se construyan más casas refugio", comenta Emilse Saavedra -referente del MST y parte de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia- en diálogo con El Extremo Sur.
Hace poco, las multisectoriales de la provincia recibieron respuesta de un pedido de informe -que se presentó a la Legislatura a través de la banca de Santiago Vasconcelos- en relación a las casas refugio. La información detallada confirmó un panorama que la mayoría de las activistas y referentes ya conocían.
"A través del informe tenemos los datos oficiales, y es completamente insuficiente. Hay 4 casas refugio, una por cada localidad principal de la provincia, y un total de 48 camas, muy insuficiente para combatir la violencia en una provincia con más de 600 mil habitantes, cuando la ONU recomienda 1 casa refugio cada 10 mil habitantes. Y esto tiene que ver con una cuestión de presupuesto. Acá en Comodoro tenemos una segunda casa refugio que estuvo presupuestada, se le destinó plata, pero no sabemos porque no se continuó la construcción, qué pasó con eso, no tenemos respuestas oficiales".
Nota relacionada: https://www.elextremosur.com/nota/49150-historica-crisis-provincial-en-materia-de-genero-tenemos-una-ley-aprobada-hace-seis-anos-a-la-que-no-se-le-puso-un-solo-peso/
"Pero lo cierto es que tampoco alcanza, sobre todo en los pueblitos o ciudades más pequeñas, donde no existen estos dispositivos. ¿Qué hacen las mujeres que sufren violencia en sus casas? Tampoco termina de ser el problema de fondo, es necesario poder también reinsertar a esas mujeres que se alojan", cuestiona.
La problemática de la reinserción y otros aspectos que son posteriores al hecho violento en sí son claves para asegurar los derechos de las mujeres que han sufrido violencia, para que puedan continuar su vida de manera normal. Parte de estas necesidades se expresan en la Ley Provincial N° 1526, una normativa amplia, que reconoce diversos tipos de violencia y ofrece respuestas, pero a la cual no se ha destinado presupuesto.
En su Artículo 22, por ejemplo, establece distintos mecanismos que debe llevar adelante la Secretaría de Trabajo para asegurar la reinserción laboral de mujeres y disidencias que han sido violentadas, como el facilitación de créditos para llevar adelante emprendimientos o la posibilidad de acceder a una licencia en caso de sufrir violencia de género y un plan de abordaje interseccional para su reinserción.
"En la provincia tenemos la Ley que plantea esta posibilidad de subsidiar algún emprendimiento o trabajo para que se pueda recuperar económicamente, porque muchas veces la violencia física que se sufre también es económica, de dependencia absoluta del violento", remarca Saavedra.
"Son muchas aristas en la que hay que trabajar, y el eje fundamental y el reclamo fundamental es más presupuesto. Contrario a lo que viene haciendo el gobierno nacional, lo que eliminó de plano el Ministerio, la secretarías, bajó el presupuesto, hizo todo lo contrario a lo que se necesita hacer", apunta.
Tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, el Gobierno dispuso la creación de la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, que no sólo tiene menos rango y presupuesto, sino que apunta a trabajar en la prevención de la violencia como la única dimensión de las problemáticas de género, dejando afuera otras cuestiones clave como la capacitación con perspectiva de género y las acciones concretas para asegurar la equidad de género en todos los ámbitos.
Saavedra agrega que, en la provincia, "Ignacio Torres tampoco es la panacea, va por el mismo camino. En la campaña no habló sobre la situación de género y las disidencias, lo hizo en una ocasión en uno de los debates en los que estuvimos porque fue uno de los ejes de discusión, pero no lo tomó como una problemática real. Ni el gobierno nacional, provincial o local están presupuestando ni implementando el dinero suficiente para combatir esa violencia".
Feminización de la pobreza y la necesidad urgente de empleo genuino
A medida que se profundiza el ajuste, también lo hace el reclamo por la feminización de la pobreza, es decir, el hecho de que la pobreza afecta más a mujeres y niñas, quienes se vuelven sostenedoras de hogares, de espacios de economía popular y quienes están más expuestas a la precarización de las condiciones de vida.
Aunque se registran fluctuaciones, las cifras de la inserción de las mujeres al mercado laboral a nivel mundial mantienen una tendencia clara: registran mayores niveles de desempleo, informalidad y sueldos más bajos que los varones, sin contar que dedican más horas a las tareas domésticas y de cuidado, es decir, de trabajo no pago. Algo similar ocurre con las disidencias y diversidades, quienes se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de acceder a un empleo digno.
Según datos del Observatorio de las Violencias y las Desigualdades por Razones de Género del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en relación al primer trimestre del 2023, la tasa de actividad de los varones es del 70,9% sobre un 52,2% correspondiente a las mujeres; es decir, una participación menor en el mundo laboral remunerado. La tasa de desocupación es mayor en mujeres que en varones (7,8% versus 6,1%), al igual que la tasa de subocupación horaria (11,7% versus 7,6%).
Lo mismo sucede con la tasa de informalidad, con un 39,9% en las mujeres y un 34,6% en varones, lo que implica que las primeras están "más expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social -aportes jubilatorios, obra social, entre otros- ni al resto de los derechos laborales", sumado a que sectores muy caracterizados por la informalidad, como el servicio doméstico (75,6%), están conformados casi íntegramente por mujeres.
"Eso se ve en la situación que hoy vive uno de los trabajos más feminizados, que es la docencia, donde tenemos un sueldo casi igual a lo que perciben trabajadores de otras provincias, entendiendo que vivir en la Patagonia es doblemente más caro que en otras partes del país. Los sueldos son de indigencia. Nadie vive con 270 mil pesos en esta provincia, para un solo cargo. Tenes que hacer malabares, además de que venimos también como colectivo reclamando por la doble explotación de nuestro cuerpo por la feminización de las tareas domésticas y de cuidado", expresaba recientemente Omayra Rocha -diputada provincial electa del Frente de Izquierda Unidad- en diálogo con este medio.
Y advertía que "hay una gran falta de oportunidades laborales en los pueblos, en las propias ciudades, hoy se está hablando más de despidos que de apertura de cupos laborales. El primer eslabón, que es el Estado, es el que tiene que garantizar derechos elementales para una vida digna, y es el primero en ejercer este tipo de violencia que se transcriben en violencias económicas y psicológicas".
"Sin dudas es indispensable el aumento del presupuesto para las políticas públicas pero también es necesario el aumento del presupuesto para las mismas mujeres y disidencias y sus organizaciones, para el funcionamiento real de los comedores", manifiesta, por su parte, Saavedra.
"Hoy las mujeres que cobran el plan Potenciar -renombrado como Programa Acompañamiento Social o Volver al Trabajo' -reciben una ayuda económica de 78 mil pesos, en una provincia donde la canasta básica supera los 900 mil pesos. La ayuda económica que presta el gobierno para subsanar esta problemática de desempleo y feminización de la pobreza no alcanza ni para la alimentación de una semana de una familia tipo", detalla Saavedra.
Y subraya que los planes sociales no son la solución definitiva, sino que el reclamo de base es trabajo genuino: "Muchas de las mujeres somos sostenes de hogar y el problema principal es la precarización, la posibilidad de acceder siempre a empleos precarizados, siempre ganando por debajo de la línea de la pobreza, desde ya para toda la población pero en esta fecha nos parece importante exigir esto también para las mujeres y disidencias, las disidencias tenemos una ley de cupo para que puedan entrar al Estado y las empresas privadas y no se cumple. La única manera de llegar a fin de mes, de llevar un plato de comida a nuestras familias es con empleo genuino".
Nota relacionada: https://www.elextremosur.com/nota/48981-la-ley-bases-amenaza-de-lleno-los-derechos-laborales-y-jubilatorios-de-millones-de-mujeres/
Estas cuestiones fueron debatidas de lleno en el marco de la presentación de la Ley Bases, que prometía impactar de manera directa en el mercado laboral -en el que las mujeres están peor situadas- y sobre todo, en el régimen jubilatorio de la moratoria, que a la fecha permitió que millones de mujeres sin aportes formales, que dedicaron su vida a las tareas domésticas y de cuidados, pudieran jubilarse.
Qué hacer con los discursos de odio
El 6 de mayo un inquilino de un hotel-pensión de Barracas prendió fuego a cuatro lesbianas que dormían en su habitación. A la fecha, hay una sola sobreviviente, y el responsable detenido. Lejos de ser un caso resuelto, el lesbicidio de Barracas generó preocupación en la comunidad LGBTQ+ y movimientos feministas, quienes vienen advirtiendo desde hace tiempo la urgencia de contrarrestar los discursos de odio, que parecen inofensivos pero acaban retroalimentando ataques violentos como éste, que forman parte de una larga cadena de violencias cotidianas contra mujeres y disidencias.
Nota relacionada: https://www.elextremosur.com/nota/49228-una-mirada-del-activismo-local-sobre-el-lesbicidio-de-barracas-seguimos-siendo-invisibles/
Saavedra habla de una escalada de la violencia que no es nueva: "En la pandemia fue un poco más concreto, donde el encierro forzado durante más de un año obligó a las mujeres que sufren violencia a sufrirla aún más todavía, al convivir las 24 horas con su propio agresor. Eso escaló el nivel de violencia. Terminó la pandemia y esa realidad no cambió".
"Estas situaciones tienen que ver justamente con la falta de presupuesto para las políticas públicas, para equipar las instituciones que necesitan equipos interdisciplinarios, para capacitar a la Justicia. Pero también a las mujeres mismas. Tenemos ahí varios niveles y tipos de violencia", subraya.
"Las memorias discursivas conforman un entramado de ideas y preconceptos sobre las características y las intenciones del otro', participando en la formación de una trama ideológica y discursiva que da forma al mundo social", explica un artículo elaborado por la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI ("Una aproximación a los discursos de odio: antecedentes de investigación y debates teóricos", 2023), en el que se identifican distintos tipos de expresiones que componen esos discursos violentos, como la construcción del otro como diferente, la generalización, los chivos expiatorios y la deshumanización.
Mujeres y disidencias son víctimas frecuentes de estos ataques -masificados por las redes sociales-, y muchos derivan en ataques directos. Con la eliminación del INADI, no hay organismo que regule o sancione este tipo de acciones.
Saavedra afirma que, además, estamos en un contexto particular, ya que ese tipo de discursos son enunciados por el mismo Gobierno: "En el gobierno anterior había mucho de discursivo a favor, pero eso no se traducía en políticas concretas. Teníamos un Ministerio de las Mujeres pero no tenía plata y la poca plata que tenía la subejecutaba, pero el discurso que ofrecía el gobierno de mínima no apuntaba a generar más violencia sobre los sectores de identidades disidentes. Hoy el panorama es completamente distinto, no solo no hay Ministerio, no hay plata, no hay subejecución sino que además se le suman estos discursos, las cosas ridículas que dice este gobierno en relación a las identidades que no encajan en el binarismo".
"Si para ellos es "mujer igual a vagina y varón igual a pene" y se termina la historia, ¿por qué van a elaborar políticas para los demás? Y lo demás está mal, esta construcción de que si el otro no es igual a mi, el otro que es pobre, que es negro, que es lesbiana, está mal. Más allá de no presupuestar como corresponde, le suma estos discursos de odio que fomentan lesbicidios como el de las chicas de Barracas. Pero es el ejemplo de la extrema violencia, en lo cotidiano tenemos muchas violencias y discriminación contra las disidencias en todos los ámbitos. Ya no se aplica la ESI, antes se aplicaba poco, ahora mucho menos, porque la esi es adoctrinar' y con mis hijos no te metas'. Hay cuestiones discursivas que se traducen en hechos concretos y en políticas concretas donde todo lo que no entra en el binarismo queda afuera", agrega.
La organización regional: la potencia de los activismos locales
Aunque Saavedra reconoce que la movilización feminista no está actualmente en su momento más masivo, afirma que es notable la organización en todo el país, y especialmente a nivel regional, en una coyuntura particularmente desafiante.
"A nivel local la organizacion de mujeres esta enmarcada en un contexto provincial, nacional, y si se quiere mundial donde hemos tenido en algunos momentos algunos picos de la ola con el 2015, cuando empezó el Ni Una Menos, en 2018 cuando con la lucha por la legalización del aborto, hemos tenido picos de la ola de la marea verde, de las luchas feministas", describe.
Si bien remarca que "hoy no nos encontramos en uno de esos picos", advierte que al menos en Comodoro "las organizaciones que somos parte de la Multisectorial estamos tratando de activar, sobre todo con el resto de las multisectoriales de la provincia".
"Nos parece necesario poder reclamarle directamente al gobernador que se cumpla la ley que ya tenemos, la 1526, porque da muchas definiciones sobre qué es la violencia, como combatirla, y no se hace nada de eso. Lo primero que hicimos fue un pedido de informes a la Legislatura para saber cual es la situación de las casas refugio, muchas cosas ya las sabíamos pero tener una respuesta oficial blanquea esta situación de deterioro. Hoy, tener una sola casa en Comodoro con una capacidad de 12 camas es casi una vergüenza", remarca.
La información les permitirá elaborar un diagnóstico provincial "para saber cómo estamos en general para combatir la violencia, el resto de las instituciones, la justicia, la comisaría, los trabajadores sociales, cómo están todos esos organismos. Para exigir al gobierno de la provincia que tome cartas en el asunto y que presupuesta la ley que ya tenemos, que se implemente algo de lo que está pautado. Para evitar más femicidios y para evitar la violencia, que la vivimos cotidianamente, por ser mujeres, negras, pobres, mapuches, con distintos niveles de discriminación que sufrimos a diario y que hacen dificil poder existir".
"La consigna de este día tiene que ver con el Ni Una Menos, con que tengamos la posibilidad de existir, de vivir dignamente, con empleo genuino, pudiendo tener un proyecto de vida, pensar en un futuro, en un momento en que la discusión es si llegamos o no a fin de mes", concluye.