Derechos vulnerados: organización por las infancias exige justicia por el caso de abuso infantil en Puerto Pirámides La trama del "caso Pirámides" que llevó al ex fiscal Daniel Báez a presentar su renuncia como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut debido a su actuación en la causa por abuso de un menor y por la que, en principio, hubo 28 personas bajo sospecha. A tres años de aquella denuncia judicial, la Red Infancia Robada volvió a poner en el centro del debate los derechos de las infancias y publicó una solicitada advirtiendo las deudas pendientes de la investigación.
A tres años del "caso de Puerto Pirámides" -en el que se condenó a una madre y a su pareja por abuso sexual contra su hijo-, la Red Infancia Robada volvió a poner en el centro del debate los derechos de las infancias y publicó una solicitada advirtiendo las deudas pendientes de la causa. Aunque la condena se mantiene firme, desde la Red sostienen que no se han tenido en cuenta pruebas que apuntan a más sospechosos que "se encuentran en libertad y en condiciones de repetir conductas contra cualquier otro menor".
Además, apuntan contra la "opacidad del funcionamiento de las autoridades que tienen a cargo la investigación de esos crímenes, la ineficacia y las complicidades" que sólo conducen a la impunidad y a aumentar los niveles de vulnerabilidad de una población que "se encuentra sin mecanismos de defensa".
Y es que recientemente Chubut ha sido escenario de diversos "escándalos" relacionados a la actuación de las autoridades judiciales en delitos contra la integridad física y sexual de mujeres, niños y niñas, como la actuación de las juezas en el caso de la violación grupal en Playa Unión donde absolvieron a todos los imputados o el pedido de jury que recae sobre el fiscal Fernando Rivarola por violencia de género y omisión de datos sensibles en un caso de pedofilia, apenas algunos casos de una problemática estructural.
Los hechos
El caso tomó relevancia en 2019, aunque la primera denuncia -que fue desestimada por falta de pruebas- data del 2016.
La acusada y el padre del niño se separaron en 2011, y más tarde ella volvió a formar pareja con otro hombre con quien tuvo dos niños. La relación era armoniosa con su exmarido y no contaban con un régimen de visitas del niño. Sin embargo, tras un episodio violento con la nueva pareja de su exmarido, se rompió el vínculo de custodia y pasaron a comunicarse sólo por carta documento mientras duró el proceso legal de la custodia compartida.
En agosto del 2016, el niño se fue con su padre y al día siguiente la acusada recibió una carta documento informando que se cortaría la pensión alimentaria. Desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017, no tuvo contacto con su hijo, sin ser notificada del motivo.
A partir de ese momento, comenzaron a aparecer denuncias contra la mujer a través del Tribunal de Familia, culminando con la acusación de abuso infantil, momento en que la jueza a cargo indicó al padre que retome la comunicación.
En principio, la denuncia involucraba a 28 personas más, incluyendo figuras reconocidas de la política. Más allá de la acusación de la madre y su pareja, ningún otro sospechoso fue investigado; ese fue el reclamo central de la localidad chubutense y parte del reclamo que hoy sostiene la Red Infancia Robada.
La denuncia involucraba además a otro chico quien habría sido abusado, lo que finalmente se desestimó tras realizarse pericias y revisiones.
El proceso, sin embargo, estuvo caracterizado por irregularidades, especialmente por omisiones. Y tras seis meses de investigación luego de presentada la denuncia del padre, la fiscalía de Puerto Madryn no encontró motivos para acusar, por lo que desestimó y archivó la denuncia.
En 2018, el caso se elevó a juicio sin acusación de la Fiscalía, que se "corrió" al argumentar que no tenía pruebas para acusar. En abril de 2019 el juicio finalmente se llevó a cabo y el tribunal condenó a los dos acusados por abuso sexual agravado por el vínculo, con 16 años para la mujer y 14 para el hombre, decisión que fue ratificada por la Cámara Penal de la ciudad.
El repudio social fue creciendo, dividiéndose en dos bandos: por un lado, quienes exigían las condenas ejemplificadoras para los acusados y bogaban por los derechos de las infancias y, por otro, quienes apoyaban la inocencia de los acusados, basada en una falsa denuncia y hacían énfasis en el armado de un caso más político y mediático que judicial. En el medio, y hasta la fecha, se sostuvieron los reclamos por la investigación de la decena de sospechosos que también estarían implicados en los abusos.
La denuncia contra Báez
A principios del 2021, en medio de su candidatura al STJ, el fiscal madrynense Daniel Báez fue denunciado por haberse negado a investigar el caso de abuso sexual del menor. La Asociación Civil "Madres contra la Trata" impulsó el pedido de juicio político, ya que sostenían que el fiscal había archivado la causa por "falta de prueba directa".
Según la denuncia el fiscal ignoró los "innumerables indicadores de abuso sexual infantil y un indicador específico indubitable, como es la existencia de lesiones anales objetivamente acreditadas como prueba física".
La denuncia, firmada por Margarita Meira -presidenta de la Asociación- y el abogado Marcelo Cano, fue recepcionada por el Consejo de la Magistratura de Chubut.
"Estos casos son terroríficos: ¿cómo puede ser que violen niños y un fiscal general mire para otro lado?", cuestionó Meira, quien en ese momento viajó a la provincia para acompañar las audiencias.
Desde el área legal de Madres acusaron a Báez de inacción durante la etapa de investigación de los hechos. La fiscalía de Madryn pidió cerrar el caso a pesar de las pruebas que había, pero la jueza Estela Eizmendi aceptó continuar con la investigación al aceptar a la representación legal del menor como querella.
"No se suele publicar quienes denuncian. Acá en Chubut la justicia ventiló que hicimos la denuncia contra Báez. Pero estamos acostumbradas", afirmó Meira. "Cuando fuimos a Pirámides quisimos dar una charla en la escuela y la directora nos cerró la puerta. Entonces dimos la charla en la vereda", relató.
Los denunciantes afirmaron que ante un posible caso de abuso sexual contra un menor, Báez "realizó diversas maniobras espurias y avaló y/o instruyó otras desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar".
Este escenario "expuso al niño víctima de estos hechos a un completo estado de indefensión y abandono por parte del sistema que debía protegerlo, vulnerando de plano y sin ningún escrúpulo sus derechos, especialmente intentando privarlo del derecho de acceso a la justicia y exponiéndolo a una brutal revictimización".
Y remarcan la omisión de la investigación contra otros sospechosos, que recaen en Báez al "no hacer apertura de investigación preparatoria respecto de los demás sujetos indicados" y que "entre los indicados en este segundo caso se encuentra una persona con actividad política relevante, cuyo comportamiento delictual había sido descripto con precisión por la víctima".
Afirman que "el Jefe de Fiscales optó por una solución intempestiva que benefició a los imputados, descreyendo tanto de la víctima como de los expertos médicos que certificaron el abuso con sustento en las huellas físicas que ostentaba el cuerpo del niño. Como contraste, una acusación desarrollada privadamente en su totalidad, sin los recursos propios de la Fiscalía, logró no sólo acusar y elevar la causa a juicio, sino que se impusieron gravosas condenas, confirmadas en todas las instancias provinciales".
Y agregan que "10 jueces comenzando por la jueza de garantías, y luego las juezas y jueces de juicio, de la Cámara de revisión y de la Sala Penal, en las instancias ordinarias y extraordinaria que componen el Poder Judicial de nuestra Provincia, sin ninguna disidencia, creyeron en los dichos de un menor víctima de abuso y en toda la prueba recabada por una acusación privada. Por ello condenaron primero y confirmaron después importantes condenas de 14 y 16 años de cárcel".
De esta forma, Báez expuso a ese menor "al descrédito para proteger a quienes podían verse afectados por la investigación; impidió la apertura de investigación contra otras personas mencionadas por el menor e intentó hacer naufragar la causa contra los luego condenados cuando dictaminó el sobreseimiento de los imputados en forma extraordinaria, antes del vencimiento del plazo de la investigación".
El 28 de octubre del 2023 Consejo de la Magistratura trató la denuncia contra Báez por mal desempeño y desconocimiento del derecho.
El presidente del organismo, Enrique Maglione, explicó que "se debatió largamente dentro del seno, la comisión hizo un profuso análisis de los expedientes y se llegó a la conclusión, por mayoría, del archivo de la denuncia".
El principal argumento fue que se consideró "que no fue Báez quien llevó a cabo la investigación, sino una fiscal general de Puerto Madryn, mientras que en el expediente no se observó ninguna actuación de Báez, sino que intervino solamente en una audiencia dentro de lo que fue un largo proceso".
En paralelo, fue denunciado por otras causas que ameritaban un juicio político y una posible destitución: tráfico de influencias y nepotismo en la designación de su hijo y por desconocimiento del Derecho en una causa sobre desacato a una orden policial.
El proceso de jury, sin embargo, se vio truncado en febrero de este 2023 cuando Báez presentó su renuncia y se dio por finalizado el procedimiento de juicio político.
Revisión del caso por "pruebas adulteradas"
En 2022 la abogada de los acusados, Patricia Anzoátegui, anunció que pediría la flexibilización de la prisión domiciliaria y la revisión del caso, en línea con los reclamos de un sector de la localidad madrynense que defiende la inocencia de la pareja.
En diálogo con Canal 12, Anzoátegui aseguró que "se condenó con pruebas adulteradas" en referencia a las fotos presentadas ante la Justicia, incluidas en la causa, en las cuales se sospecha habrían pasado por un proceso de edición digital. "Es una sentencia basada en una prueba nula", sostuvo.
Además señaló las incongruencias del caso, como el testimonio del padre del niño quien aseguró que al menos 28 habrían sido los abusadores: "Es imposible, un niño que pasa por una cantidad de abusos como esos termina en el hospital".
En este sentido, la abogada solicitó la flexibilización de la prisión domiciliaria de la madre para que pueda vivir con sus dos hijos menores, y argumentó que está en peligro la salud de los niños, quienes manifestaron la voluntad de volver a vivir con su madre.
Aseguró que el Juzgado de Familia no había puesto en valor el deseo de los niños hasta la llegada de la Dra. Giunta, actual jueza del caso, quien les brindó la posibilidad de expresar su voluntad.
Los derechos de las infancias en peligro
Sin novedades del caso y con la pareja todavía detenida, la Red Infancia Robada publicó recientemente una solicitada en la que da cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan las infancias y exige que se avance en las investigaciones pendientes.
"Desde hace muchos años la Provincia se ha visto envuelta en una serie de escándalos que vinculan delitos gravísimos, muchos de ellos en contra de la integridad física y sexual de mujeres, niños y niñas, y que ponen de manifiesto los altos niveles de corrupción política institucional", inicia el comunicado.
Critica la "opacidad del funcionamiento de las autoridades que tienen a cargo la investigación de esos crímenes, la ineficacia y las complicidades, solo han llevado a la impunidad y por ese camino, a la continuidad y repetición sin castigo, haciéndose cada vez más graves los niveles de vulnerabilidad de la población que se encuentra sin mecanismos de defensa.
"La escandalosa actuación del entonces Fiscal de la Ciudad de Puerto Madryn, Daniel Báez, en la causa conocida como Pirámides y que ha tenido como víctima a un menor de edad, condujo a la presentación de un pedido de juicio político contra el mencionado y con relación al último cargo que ocupara como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Sin embargo -y a tiempo para evitar el proceso de enjuiciamiento cuya apertura ya había sido recomendada por la Sala de Acusación y por la Legislatura de la Provincia-, el juez Báez presentó la renuncia a su cargo frustrando el respectivo juicio para llegar a la verdad y a la sanción de la conducta ilegal", cuestiona el escrito firmado por Martha Pelloni, dirigente de la organización.
En relación a los otros sospechosos mencionados por el padre, el escrito indica que ninguna prueba en este sentido fue tenida en cuenta: "Sin duda, el testimonio que involucraba a personas conocidas públicamente, llevó a Báez a frenar esa investigación, y a intentar torcer el rumbo de la misma".
"La conclusión es que muchos que participaron en la comisión de esos graves crímenes relacionados con la pedofilia, quedaron impunes por la misma acción de miembros del Poder Judicial que actuaron de manera decisiva para impedir el avance", asegura.
"No se trata simplemente de observar la dimensión del hecho por la falta de persecución y condena, sino porque esas personas a las que se puede calificar como altamente sospechosas, se encuentran en libertad y en condiciones de repetir conductas contra cualquier otro menor. Así es el grado de indefensión que padecen muchos padres en esta provincia y el riesgo de muchos niños a merced de esos criminales", advierte.
"A esta grave situación y al estado de indefensión de los menores se agregan otros comportamientos de funcionarios judiciales que incumplen con sus deberes y llegan a forzar la revinculación de niños con personas que podrían estar involucradas en aquellos hechos", agrega, y solicita "una mirada atenta y responsable" de las autoridades provinciales y nacionales "para recuperar la vigencia de los derechos y la tutela necesaria sobre los menores hoy en riesgo en la Provincia de Chubut".
La trama del "caso Pirámides" que llevó al ex fiscal Daniel Báez a presentar su renuncia como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut debido a su actuación en la causa por abuso de un menor y por la que, en principio, hubo 28 personas bajo sospecha. A tres años de aquella denuncia judicial, la Red Infancia Robada volvió a poner en el centro del debate los derechos de las infancias y publicó una solicitada advirtiendo las deudas pendientes de la investigación.
A tres años del "caso de Puerto Pirámides" -en el que se condenó a una madre y a su pareja por abuso sexual contra su hijo-, la Red Infancia Robada volvió a poner en el centro del debate los derechos de las infancias y publicó una solicitada advirtiendo las deudas pendientes de la causa. Aunque la condena se mantiene firme, desde la Red sostienen que no se han tenido en cuenta pruebas que apuntan a más sospechosos que "se encuentran en libertad y en condiciones de repetir conductas contra cualquier otro menor".
Además, apuntan contra la "opacidad del funcionamiento de las autoridades que tienen a cargo la investigación de esos crímenes, la ineficacia y las complicidades" que sólo conducen a la impunidad y a aumentar los niveles de vulnerabilidad de una población que "se encuentra sin mecanismos de defensa".
Y es que recientemente Chubut ha sido escenario de diversos "escándalos" relacionados a la actuación de las autoridades judiciales en delitos contra la integridad física y sexual de mujeres, niños y niñas, como la actuación de las juezas en el caso de la violación grupal en Playa Unión donde absolvieron a todos los imputados o el pedido de jury que recae sobre el fiscal Fernando Rivarola por violencia de género y omisión de datos sensibles en un caso de pedofilia, apenas algunos casos de una problemática estructural.
Los hechos
El caso tomó relevancia en 2019, aunque la primera denuncia -que fue desestimada por falta de pruebas- data del 2016.
La acusada y el padre del niño se separaron en 2011, y más tarde ella volvió a formar pareja con otro hombre con quien tuvo dos niños. La relación era armoniosa con su exmarido y no contaban con un régimen de visitas del niño. Sin embargo, tras un episodio violento con la nueva pareja de su exmarido, se rompió el vínculo de custodia y pasaron a comunicarse sólo por carta documento mientras duró el proceso legal de la custodia compartida.
En agosto del 2016, el niño se fue con su padre y al día siguiente la acusada recibió una carta documento informando que se cortaría la pensión alimentaria. Desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017, no tuvo contacto con su hijo, sin ser notificada del motivo.
A partir de ese momento, comenzaron a aparecer denuncias contra la mujer a través del Tribunal de Familia, culminando con la acusación de abuso infantil, momento en que la jueza a cargo indicó al padre que retome la comunicación.
En principio, la denuncia involucraba a 28 personas más, incluyendo figuras reconocidas de la política. Más allá de la acusación de la madre y su pareja, ningún otro sospechoso fue investigado; ese fue el reclamo central de la localidad chubutense y parte del reclamo que hoy sostiene la Red Infancia Robada.
La denuncia involucraba además a otro chico quien habría sido abusado, lo que finalmente se desestimó tras realizarse pericias y revisiones.
El proceso, sin embargo, estuvo caracterizado por irregularidades, especialmente por omisiones. Y tras seis meses de investigación luego de presentada la denuncia del padre, la fiscalía de Puerto Madryn no encontró motivos para acusar, por lo que desestimó y archivó la denuncia.
En 2018, el caso se elevó a juicio sin acusación de la Fiscalía, que se "corrió" al argumentar que no tenía pruebas para acusar. En abril de 2019 el juicio finalmente se llevó a cabo y el tribunal condenó a los dos acusados por abuso sexual agravado por el vínculo, con 16 años para la mujer y 14 para el hombre, decisión que fue ratificada por la Cámara Penal de la ciudad.
El repudio social fue creciendo, dividiéndose en dos bandos: por un lado, quienes exigían las condenas ejemplificadoras para los acusados y bogaban por los derechos de las infancias y, por otro, quienes apoyaban la inocencia de los acusados, basada en una falsa denuncia y hacían énfasis en el armado de un caso más político y mediático que judicial. En el medio, y hasta la fecha, se sostuvieron los reclamos por la investigación de la decena de sospechosos que también estarían implicados en los abusos.
La denuncia contra Báez
A principios del 2021, en medio de su candidatura al STJ, el fiscal madrynense Daniel Báez fue denunciado por haberse negado a investigar el caso de abuso sexual del menor. La Asociación Civil "Madres contra la Trata" impulsó el pedido de juicio político, ya que sostenían que el fiscal había archivado la causa por "falta de prueba directa".
Según la denuncia el fiscal ignoró los "innumerables indicadores de abuso sexual infantil y un indicador específico indubitable, como es la existencia de lesiones anales objetivamente acreditadas como prueba física".
La denuncia, firmada por Margarita Meira -presidenta de la Asociación- y el abogado Marcelo Cano, fue recepcionada por el Consejo de la Magistratura de Chubut.
"Estos casos son terroríficos: ¿cómo puede ser que violen niños y un fiscal general mire para otro lado?", cuestionó Meira, quien en ese momento viajó a la provincia para acompañar las audiencias.
Desde el área legal de Madres acusaron a Báez de inacción durante la etapa de investigación de los hechos. La fiscalía de Madryn pidió cerrar el caso a pesar de las pruebas que había, pero la jueza Estela Eizmendi aceptó continuar con la investigación al aceptar a la representación legal del menor como querella.
"No se suele publicar quienes denuncian. Acá en Chubut la justicia ventiló que hicimos la denuncia contra Báez. Pero estamos acostumbradas", afirmó Meira. "Cuando fuimos a Pirámides quisimos dar una charla en la escuela y la directora nos cerró la puerta. Entonces dimos la charla en la vereda", relató.
Los denunciantes afirmaron que ante un posible caso de abuso sexual contra un menor, Báez "realizó diversas maniobras espurias y avaló y/o instruyó otras desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar".
Este escenario "expuso al niño víctima de estos hechos a un completo estado de indefensión y abandono por parte del sistema que debía protegerlo, vulnerando de plano y sin ningún escrúpulo sus derechos, especialmente intentando privarlo del derecho de acceso a la justicia y exponiéndolo a una brutal revictimización".
Y remarcan la omisión de la investigación contra otros sospechosos, que recaen en Báez al "no hacer apertura de investigación preparatoria respecto de los demás sujetos indicados" y que "entre los indicados en este segundo caso se encuentra una persona con actividad política relevante, cuyo comportamiento delictual había sido descripto con precisión por la víctima".
Afirman que "el Jefe de Fiscales optó por una solución intempestiva que benefició a los imputados, descreyendo tanto de la víctima como de los expertos médicos que certificaron el abuso con sustento en las huellas físicas que ostentaba el cuerpo del niño. Como contraste, una acusación desarrollada privadamente en su totalidad, sin los recursos propios de la Fiscalía, logró no sólo acusar y elevar la causa a juicio, sino que se impusieron gravosas condenas, confirmadas en todas las instancias provinciales".
Y agregan que "10 jueces comenzando por la jueza de garantías, y luego las juezas y jueces de juicio, de la Cámara de revisión y de la Sala Penal, en las instancias ordinarias y extraordinaria que componen el Poder Judicial de nuestra Provincia, sin ninguna disidencia, creyeron en los dichos de un menor víctima de abuso y en toda la prueba recabada por una acusación privada. Por ello condenaron primero y confirmaron después importantes condenas de 14 y 16 años de cárcel".
De esta forma, Báez expuso a ese menor "al descrédito para proteger a quienes podían verse afectados por la investigación; impidió la apertura de investigación contra otras personas mencionadas por el menor e intentó hacer naufragar la causa contra los luego condenados cuando dictaminó el sobreseimiento de los imputados en forma extraordinaria, antes del vencimiento del plazo de la investigación".
El 28 de octubre del 2023 Consejo de la Magistratura trató la denuncia contra Báez por mal desempeño y desconocimiento del derecho.
El presidente del organismo, Enrique Maglione, explicó que "se debatió largamente dentro del seno, la comisión hizo un profuso análisis de los expedientes y se llegó a la conclusión, por mayoría, del archivo de la denuncia".
El principal argumento fue que se consideró "que no fue Báez quien llevó a cabo la investigación, sino una fiscal general de Puerto Madryn, mientras que en el expediente no se observó ninguna actuación de Báez, sino que intervino solamente en una audiencia dentro de lo que fue un largo proceso".
En paralelo, fue denunciado por otras causas que ameritaban un juicio político y una posible destitución: tráfico de influencias y nepotismo en la designación de su hijo y por desconocimiento del Derecho en una causa sobre desacato a una orden policial.
El proceso de jury, sin embargo, se vio truncado en febrero de este 2023 cuando Báez presentó su renuncia y se dio por finalizado el procedimiento de juicio político.
Revisión del caso por "pruebas adulteradas"
En 2022 la abogada de los acusados, Patricia Anzoátegui, anunció que pediría la flexibilización de la prisión domiciliaria y la revisión del caso, en línea con los reclamos de un sector de la localidad madrynense que defiende la inocencia de la pareja.
En diálogo con Canal 12, Anzoátegui aseguró que "se condenó con pruebas adulteradas" en referencia a las fotos presentadas ante la Justicia, incluidas en la causa, en las cuales se sospecha habrían pasado por un proceso de edición digital. "Es una sentencia basada en una prueba nula", sostuvo.
Además señaló las incongruencias del caso, como el testimonio del padre del niño quien aseguró que al menos 28 habrían sido los abusadores: "Es imposible, un niño que pasa por una cantidad de abusos como esos termina en el hospital".
En este sentido, la abogada solicitó la flexibilización de la prisión domiciliaria de la madre para que pueda vivir con sus dos hijos menores, y argumentó que está en peligro la salud de los niños, quienes manifestaron la voluntad de volver a vivir con su madre.
Aseguró que el Juzgado de Familia no había puesto en valor el deseo de los niños hasta la llegada de la Dra. Giunta, actual jueza del caso, quien les brindó la posibilidad de expresar su voluntad.
Los derechos de las infancias en peligro
Sin novedades del caso y con la pareja todavía detenida, la Red Infancia Robada publicó recientemente una solicitada en la que da cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan las infancias y exige que se avance en las investigaciones pendientes.
"Desde hace muchos años la Provincia se ha visto envuelta en una serie de escándalos que vinculan delitos gravísimos, muchos de ellos en contra de la integridad física y sexual de mujeres, niños y niñas, y que ponen de manifiesto los altos niveles de corrupción política institucional", inicia el comunicado.
Critica la "opacidad del funcionamiento de las autoridades que tienen a cargo la investigación de esos crímenes, la ineficacia y las complicidades, solo han llevado a la impunidad y por ese camino, a la continuidad y repetición sin castigo, haciéndose cada vez más graves los niveles de vulnerabilidad de la población que se encuentra sin mecanismos de defensa.
"La escandalosa actuación del entonces Fiscal de la Ciudad de Puerto Madryn, Daniel Báez, en la causa conocida como Pirámides y que ha tenido como víctima a un menor de edad, condujo a la presentación de un pedido de juicio político contra el mencionado y con relación al último cargo que ocupara como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Sin embargo -y a tiempo para evitar el proceso de enjuiciamiento cuya apertura ya había sido recomendada por la Sala de Acusación y por la Legislatura de la Provincia-, el juez Báez presentó la renuncia a su cargo frustrando el respectivo juicio para llegar a la verdad y a la sanción de la conducta ilegal", cuestiona el escrito firmado por Martha Pelloni, dirigente de la organización.
En relación a los otros sospechosos mencionados por el padre, el escrito indica que ninguna prueba en este sentido fue tenida en cuenta: "Sin duda, el testimonio que involucraba a personas conocidas públicamente, llevó a Báez a frenar esa investigación, y a intentar torcer el rumbo de la misma".
"La conclusión es que muchos que participaron en la comisión de esos graves crímenes relacionados con la pedofilia, quedaron impunes por la misma acción de miembros del Poder Judicial que actuaron de manera decisiva para impedir el avance", asegura.
"No se trata simplemente de observar la dimensión del hecho por la falta de persecución y condena, sino porque esas personas a las que se puede calificar como altamente sospechosas, se encuentran en libertad y en condiciones de repetir conductas contra cualquier otro menor. Así es el grado de indefensión que padecen muchos padres en esta provincia y el riesgo de muchos niños a merced de esos criminales", advierte.
"A esta grave situación y al estado de indefensión de los menores se agregan otros comportamientos de funcionarios judiciales que incumplen con sus deberes y llegan a forzar la revinculación de niños con personas que podrían estar involucradas en aquellos hechos", agrega, y solicita "una mirada atenta y responsable" de las autoridades provinciales y nacionales "para recuperar la vigencia de los derechos y la tutela necesaria sobre los menores hoy en riesgo en la Provincia de Chubut".