Policías bajo la lupa de la justicia y la sociedad: los acusados de asesinar a Lautaro Labbe irán a juicio El 6 de noviembre se llevó adelante en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia la audiencia preliminar por el homicidio de Lautaro Labbe, el adolescente asesinado por la policía en abril de 2023. Allí se presentó el juicio abreviado para los 4 policías coimputados de encubrimiento y falsedad ideológica. A pesar del pacto de silencio, la investigación permitió identificar el accionar de cada uno durante el operativo que culminó con el asesinato.
Lautaro Labbe (16) fue asesinado en el marco de una persecución policial durante la madrugada del 18 de abril de 2023.
Según el relato del fiscal, el 18 de abril, entre las 2:30 y 3:10, un vecino se comunicó con el 101 solicitando la presencia policial en su domicilio en el barrio San Martín, indicando que había tres jóvenes intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública.
Por ello se hizo presente personal de la Seccional Séptima de Policía, arribando un móvil llevando a los uniformados Lautaro Valenzuela y Simón Cruz, a las calles Huergo y Los Claveles, donde se encontraban Labbe y L.E.O., quienes al ver que descendían del móvil, huyen hacia un pasaje.
En este marco, L.E.O. logró eludir a los policías y Labbe continuó escapando, perseguido por el agente Cruz quien, próximo a detenerlo, extrajo su arma de fuego reglamentaria, calibre 9 mm., y efectúo un disparo en la nuca del joven, quien quedó tendido en el lugar.
Tras el hecho, el agente Cruz dio aviso a sus pares Marcelo Colque y Valenzuela -quienes estaban en inmediaciones buscando al otro joven- y encontraron a Labbe herido. En ese momento, Cruz expresó "se me escapó el tiro".
Con la presencia de los dos agentes, junto a Ortiz y la oficial de servicio Eugenia Rosales, falsearon las actuaciones para encubrir a Cruz, una maniobra posteriormente descubierta que impulsó la imputación por falsedad ideológica.
El adolescente fue derivado al Hospital Regional, donde se constató que había sufrido una perforación de bala con salida por la clavícula, lo que derivó en daño cerebral. Allí quedó internado en terapia intensiva durante 8 días, hasta su fallecimiento el 26 de abril.
"No había ninguna presunción de que estos sujetos estuvieran armados, ni se habían escuchado disparos de arma de fuego. O sea que de ahí deviene que la Policía actuó con exceso", indicó el fiscal a cargo de la causa, Juan Carlos Caperochipi.
"Nosotros nos enteramos por las noticias, no sabíamos que era él. Después nos avisaron que la Policía había encontrado a Lautaro con una herida de bala en la nuca", explicó uno de los tíos de la víctima.
Luego de enterarse de lo sucedido, se acercaron al lugar para recabar más información: "Los testigos nos dijeron que Lauti le decía a los policías que le dejaran de pegar y que era menor, pero ellos siguieron hasta que le dispararon sin piedad. Se justifican con que fue accidentalmente, pero no es así, ellos lo mataron y no les importó nada".
"La Policía de Comodoro Rivadavia lo mató. Solo queremos Justicia por Lautaro Labbe", expresó, reflejando un reclamo que sigue vigente.
El pacto de silencio
Mientras Lautaro estaba vivo, internado en el Hospital Regional, los policías implicados acordaron un pacto de silencio para encubrir el accionar de Cruz. "Se desconoce el autor del disparo", reportaron los oficiales en el acta al encontrar al adolescente en la madrugada del 18, en la zona del pasaje Las Rosas del Barrio San Martín, con una herida en la cabeza.
Los cuatro efectivos fueron detenidos en el marco de una causa por homicidio agravado, y en las semanas posteriores ratificaron su versión. Sin embargo, desde el día uno la Justicia puso el ojo sobre el caso, a partir del relato de otros miembros de la fuerza que desmintieron su versión.
El fiscal Caperochipi indicó que, a dos semanas del hecho, ya estaban identificados los roles de cada uno durante la secuencia, y adelantó que pediría la imputación de los policías, quienes habían sido apartados de sus cargos.
"Vamos a imputar formalmente a los cuatro efectivos policiales con distintos grados de participación: uno por homicidio y a los otros por encubrimiento, lo cual tiene una pena de los tres a los seis años de prisión", explicó en diálogo con medios nacionales, mientras se esperaba el resultado de las pericias a las armas de los detenidos.
"También se pedirá la falsedad ideológica: hicieron un acta de intervención policial con datos que no eran correctos, intentando ocultar lo que había ocurrido", en referencia a lo expresado en el acta por los imputados, quienes afirmaron haber encontrado a Lautaro ya herido de bala en el lugar: "Eso es mentira. Reconstruimos lo sucedido a partir de versiones internas de la Policía".
Una quinta implicada
En mayo, en el marco de la investigación, se concretó una nueva imputación a una quinta policía involucrada, la oficial Lucía Eugenia Rosales, por falsedad ideológica y encubrimiento.
Su actuación fue provisoriamente calificada por el fiscal como "encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público y por la gravedad del hecho precedente, en concurso real con falsedad ideológica agravada por ser funcionaria pública".
Su actuación no estuvo relacionada con el hecho en sí, sino con lo sucedido posteriormente, cuando los cuatro informados acuerdan labrar un acta en la que indican que encontraron a Labbe herido, despegándose así de su accionar.
De esta forma, el hecho en sí quedó calificado como "homicidio doblemente agravado, por la calidad de funcionario público y por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado" en calidad de "autor" para Cruz y de "encubrimiento agravado" en calidad de coautores para Colque, Valenzuela y Ortiz. En cuanto a Rosales como "encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público y por la gravedad del hecho precedente, en concurso real con falsedad ideológica agravada por ser funcionaria pública".
"Perpetua para Cruz"
Previo a la audiencia preliminar del pasado miércoles 7 la abogada de la madre de Lautaro, Lucía Pettinari, habló sobre la posibilidad de un juicio por jurados.
En diálogo con Radio de Camioneros indicó: "Hoy se va llevar adelante la audiencia preparatoria al juicio que iba a ser por jurados. Sin embargo, tanto la querella como la Fiscalía le propuso a las defensas la aplicación de juicios abreviados para aquellos policías que no estuvieron en la acción deliberada de cometer el homicidio".
"El juicio abreviado es una negociación entre el fiscal y los imputados en cuanto a las penas y a las calificaciones jurídicas", explicó. Y aclaró que si no firman el juicio abreviado, se optará directamente por un juicio por jurados.
"Del juicio abreviado queda excluido el efectivo Simón Cruz por ser el autor del disparo con el arma reglamentaria que le provocó la muerte a Lautaro Labbe", precisó. Y destacó que "Cruz irá a juicio por jurado con una condena a prisión perpetua".
"En general, en los juicios hacia policías con jurados han sido escabinados, es decir con tres jueces técnicos y dos ciudadanos. Este va a ser el primero con jurados populares", adelantó.
Juicio abreviado para cuatro imputados
El pasado 6 de noviembre se realizó la audiencia preliminar por el homicidio de Lautaro Labbe, donde se presentó un acuerdo de juicio abreviado para Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, Roberto Ortiz y Eugenia Rosales.
En este marco, se presentó la suscripción a un acuerdo de juicio abreviado, bajo el cual los cuatro imputados aceptaron la responsabilidad penal por los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento agravados y las penas de prisión en suspenso.
Para Valenzuela y Colque la pena será de 1 año y 2 meses de prisión condicional, más 3 años de inhabilitación; y para Ortiz y Rosales 1 año y 6 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación especial para Rosales y 3 años de inhabilitación absoluta.
Para Cruz se designará otro juez técnico para desarrollar la audiencia previa al juicio por jurados, ya que en su caso, al ser un homicidio doblemente agravado al cual le cabe una pena perpetua, no puede suscribir a un abreviado.
Violencia institucional
El caso de Lautaro Labbe no es ajeno a la situación de violencia policial que atraviesa Chubut desde hace varias décadas. En Comodoro, desde el precedente de Iván Torres se ha avanzado en la visibilización del "gatillo fácil" en la ciudad y la región, aunque no siempre se garantiza la justicia para las víctimas y sus familiares. En los últimos años se han registrado múltiples episodios de violencia protagonizados por uniformados.
Según los datos del Informe de Banco de Datos de Casos de Tortura, entre 2021 y 2022 se relevaron 540 episodios de violencia institucional en Chubut. Estos episodios incluyen golpizas, torturas, violencia verbal y, como punto máximo, el asesinato.
Durante 2021 y 2022 -período en el que Federico Massoni y luego Leonardo Das Neves encabezaron el Ministerio de Seguridad de Chubut- se produjo un caso de violencia institucional cada 32 horas.
Según precisa el informe, la víctima promedio es un hombre de 18 a 39 años que no finalizó la secundaria, tiene un oficio, una ocupación laboral y no está privado de su libertad.
La mayoría de los hechos se produjo en la vía pública sin existir un operativo policial, dentro de las comisarías o al momento de la detención en flagrancia. La franja horaria correspondiente a la madrugada, concretamente de 00 a las 6 horas, es donde se produjeron la mayor cantidad de hechos violentos.
Dos de cada tres tipos de violencia en los hechos registrados están enmarcadas como violencia típica: golpes de puño, patadas, insultos, amenazas empujones, pisotones y cachetadas. En este período se registraron tres asesinatos en manos de la policía provincial. Uno de los casos más resonados fue el de Tino John, el vecino de la Comarca que fue asesinado en 2021, en el marco de un operativo del GEOP fuertemente cuestionado. Actualmente la causa tiene como imputados a tres efectivos que ese día participaron de los hechos, incluidos al oficial que efectuó el disparo mortal.
La información del Banco de Datos de Casos de Tortura señala que la Circunscripción Judicial que presenta el mayor porcentaje de violencia atípica es Comodoro Rivadavia. Así también en la Circunscripción Judicial Trelew se observa que la Alcaldía policial es la que tiene mayor incidencia con 22% de los hechos relevados. En Comodoro Rivadavia la mayor incidencia la tiene la Comisaría Séptima con el 16%; en Puerto Madryn la mayoría de los casos se producen en la Comisaría Primera; en Rawson los casos se producen en la Comisaría del centro; en Esquel los casos se producen en la Comisaría Segunda y en las comisarías de los pueblos de la Comarca y en Sarmiento.
El informe también señala que el 99% de los hechos los autores pertenecen a la Policía del Chubut y el personal de las comisarías es el que tiene mayor participación. En seis de cada diez casos los autores eran dos o más personas.
Un tercio de las víctimas no realizó la denuncia ni la realizará por miedo a represalias, porque no le interesa, descree de la Justicia, no tiene tiempo o no tiene pruebas. Además, se registró la primera víctima con género no binario.
Uno de los datos más relevantes surge al indagar en la tipología de la violencia, ya que el 13% de los hechos registrados en estos contextos se produjeron en domicilios particulares en allanamientos o sin orden judicial.
Es el caso de Gabriel Fredes, un vecino del barrio INTA de Trelew, que a partir de 2020 sufrió una larga cadena de persecución policial. Su calvario inició en plena pandemia, -en medio de la profundización de los controles policiales- cuando recibió un tiro cerca del ojo al salir a cerrar el portón de su vivienda, a raíz de un allanamiento en las viviendas aledañas.
Fredes radicó la denuncia al día siguiente, y desde entonces tanto él como su familia sufrieron distintos episodios de violencia, desde amenazas e insultos a su hijo en la vía pública hasta un allanamiento plagado de irregularidades.
Leer también: Violencia y discriminación en Trelew: "La Policía me disparó en la cara; la gente de los barrios tiene terror"
De esta forma -y la espera de justicia- el nombre de Lautaro Labbe se suma a los casos de Iván Torres, Julián Antillanca, Maximiliano Almonacid y Alejandro "Tino" John, entre otros nombres.
El 6 de noviembre se llevó adelante en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia la audiencia preliminar por el homicidio de Lautaro Labbe, el adolescente asesinado por la policía en abril de 2023. Allí se presentó el juicio abreviado para los 4 policías coimputados de encubrimiento y falsedad ideológica. A pesar del pacto de silencio, la investigación permitió identificar el accionar de cada uno durante el operativo que culminó con el asesinato.
Lautaro Labbe (16) fue asesinado en el marco de una persecución policial durante la madrugada del 18 de abril de 2023.
Según el relato del fiscal, el 18 de abril, entre las 2:30 y 3:10, un vecino se comunicó con el 101 solicitando la presencia policial en su domicilio en el barrio San Martín, indicando que había tres jóvenes intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública.
Por ello se hizo presente personal de la Seccional Séptima de Policía, arribando un móvil llevando a los uniformados Lautaro Valenzuela y Simón Cruz, a las calles Huergo y Los Claveles, donde se encontraban Labbe y L.E.O., quienes al ver que descendían del móvil, huyen hacia un pasaje.
En este marco, L.E.O. logró eludir a los policías y Labbe continuó escapando, perseguido por el agente Cruz quien, próximo a detenerlo, extrajo su arma de fuego reglamentaria, calibre 9 mm., y efectúo un disparo en la nuca del joven, quien quedó tendido en el lugar.
Tras el hecho, el agente Cruz dio aviso a sus pares Marcelo Colque y Valenzuela -quienes estaban en inmediaciones buscando al otro joven- y encontraron a Labbe herido. En ese momento, Cruz expresó "se me escapó el tiro".
Con la presencia de los dos agentes, junto a Ortiz y la oficial de servicio Eugenia Rosales, falsearon las actuaciones para encubrir a Cruz, una maniobra posteriormente descubierta que impulsó la imputación por falsedad ideológica.
El adolescente fue derivado al Hospital Regional, donde se constató que había sufrido una perforación de bala con salida por la clavícula, lo que derivó en daño cerebral. Allí quedó internado en terapia intensiva durante 8 días, hasta su fallecimiento el 26 de abril.
"No había ninguna presunción de que estos sujetos estuvieran armados, ni se habían escuchado disparos de arma de fuego. O sea que de ahí deviene que la Policía actuó con exceso", indicó el fiscal a cargo de la causa, Juan Carlos Caperochipi.
"Nosotros nos enteramos por las noticias, no sabíamos que era él. Después nos avisaron que la Policía había encontrado a Lautaro con una herida de bala en la nuca", explicó uno de los tíos de la víctima.
Luego de enterarse de lo sucedido, se acercaron al lugar para recabar más información: "Los testigos nos dijeron que Lauti le decía a los policías que le dejaran de pegar y que era menor, pero ellos siguieron hasta que le dispararon sin piedad. Se justifican con que fue accidentalmente, pero no es así, ellos lo mataron y no les importó nada".
"La Policía de Comodoro Rivadavia lo mató. Solo queremos Justicia por Lautaro Labbe", expresó, reflejando un reclamo que sigue vigente.
El pacto de silencio
Mientras Lautaro estaba vivo, internado en el Hospital Regional, los policías implicados acordaron un pacto de silencio para encubrir el accionar de Cruz. "Se desconoce el autor del disparo", reportaron los oficiales en el acta al encontrar al adolescente en la madrugada del 18, en la zona del pasaje Las Rosas del Barrio San Martín, con una herida en la cabeza.
Los cuatro efectivos fueron detenidos en el marco de una causa por homicidio agravado, y en las semanas posteriores ratificaron su versión. Sin embargo, desde el día uno la Justicia puso el ojo sobre el caso, a partir del relato de otros miembros de la fuerza que desmintieron su versión.
El fiscal Caperochipi indicó que, a dos semanas del hecho, ya estaban identificados los roles de cada uno durante la secuencia, y adelantó que pediría la imputación de los policías, quienes habían sido apartados de sus cargos.
"Vamos a imputar formalmente a los cuatro efectivos policiales con distintos grados de participación: uno por homicidio y a los otros por encubrimiento, lo cual tiene una pena de los tres a los seis años de prisión", explicó en diálogo con medios nacionales, mientras se esperaba el resultado de las pericias a las armas de los detenidos.
"También se pedirá la falsedad ideológica: hicieron un acta de intervención policial con datos que no eran correctos, intentando ocultar lo que había ocurrido", en referencia a lo expresado en el acta por los imputados, quienes afirmaron haber encontrado a Lautaro ya herido de bala en el lugar: "Eso es mentira. Reconstruimos lo sucedido a partir de versiones internas de la Policía".
Una quinta implicada
En mayo, en el marco de la investigación, se concretó una nueva imputación a una quinta policía involucrada, la oficial Lucía Eugenia Rosales, por falsedad ideológica y encubrimiento.
Su actuación fue provisoriamente calificada por el fiscal como "encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público y por la gravedad del hecho precedente, en concurso real con falsedad ideológica agravada por ser funcionaria pública".
Su actuación no estuvo relacionada con el hecho en sí, sino con lo sucedido posteriormente, cuando los cuatro informados acuerdan labrar un acta en la que indican que encontraron a Labbe herido, despegándose así de su accionar.
De esta forma, el hecho en sí quedó calificado como "homicidio doblemente agravado, por la calidad de funcionario público y por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado" en calidad de "autor" para Cruz y de "encubrimiento agravado" en calidad de coautores para Colque, Valenzuela y Ortiz. En cuanto a Rosales como "encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público y por la gravedad del hecho precedente, en concurso real con falsedad ideológica agravada por ser funcionaria pública".
"Perpetua para Cruz"
Previo a la audiencia preliminar del pasado miércoles 7 la abogada de la madre de Lautaro, Lucía Pettinari, habló sobre la posibilidad de un juicio por jurados.
En diálogo con Radio de Camioneros indicó: "Hoy se va llevar adelante la audiencia preparatoria al juicio que iba a ser por jurados. Sin embargo, tanto la querella como la Fiscalía le propuso a las defensas la aplicación de juicios abreviados para aquellos policías que no estuvieron en la acción deliberada de cometer el homicidio".
"El juicio abreviado es una negociación entre el fiscal y los imputados en cuanto a las penas y a las calificaciones jurídicas", explicó. Y aclaró que si no firman el juicio abreviado, se optará directamente por un juicio por jurados.
"Del juicio abreviado queda excluido el efectivo Simón Cruz por ser el autor del disparo con el arma reglamentaria que le provocó la muerte a Lautaro Labbe", precisó. Y destacó que "Cruz irá a juicio por jurado con una condena a prisión perpetua".
"En general, en los juicios hacia policías con jurados han sido escabinados, es decir con tres jueces técnicos y dos ciudadanos. Este va a ser el primero con jurados populares", adelantó.
Juicio abreviado para cuatro imputados
El pasado 6 de noviembre se realizó la audiencia preliminar por el homicidio de Lautaro Labbe, donde se presentó un acuerdo de juicio abreviado para Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, Roberto Ortiz y Eugenia Rosales.
En este marco, se presentó la suscripción a un acuerdo de juicio abreviado, bajo el cual los cuatro imputados aceptaron la responsabilidad penal por los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento agravados y las penas de prisión en suspenso.
Para Valenzuela y Colque la pena será de 1 año y 2 meses de prisión condicional, más 3 años de inhabilitación; y para Ortiz y Rosales 1 año y 6 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación especial para Rosales y 3 años de inhabilitación absoluta.
Para Cruz se designará otro juez técnico para desarrollar la audiencia previa al juicio por jurados, ya que en su caso, al ser un homicidio doblemente agravado al cual le cabe una pena perpetua, no puede suscribir a un abreviado.
Violencia institucional
El caso de Lautaro Labbe no es ajeno a la situación de violencia policial que atraviesa Chubut desde hace varias décadas. En Comodoro, desde el precedente de Iván Torres se ha avanzado en la visibilización del "gatillo fácil" en la ciudad y la región, aunque no siempre se garantiza la justicia para las víctimas y sus familiares. En los últimos años se han registrado múltiples episodios de violencia protagonizados por uniformados.
Según los datos del Informe de Banco de Datos de Casos de Tortura, entre 2021 y 2022 se relevaron 540 episodios de violencia institucional en Chubut. Estos episodios incluyen golpizas, torturas, violencia verbal y, como punto máximo, el asesinato.
Durante 2021 y 2022 -período en el que Federico Massoni y luego Leonardo Das Neves encabezaron el Ministerio de Seguridad de Chubut- se produjo un caso de violencia institucional cada 32 horas.
Según precisa el informe, la víctima promedio es un hombre de 18 a 39 años que no finalizó la secundaria, tiene un oficio, una ocupación laboral y no está privado de su libertad.
La mayoría de los hechos se produjo en la vía pública sin existir un operativo policial, dentro de las comisarías o al momento de la detención en flagrancia. La franja horaria correspondiente a la madrugada, concretamente de 00 a las 6 horas, es donde se produjeron la mayor cantidad de hechos violentos.
Dos de cada tres tipos de violencia en los hechos registrados están enmarcadas como violencia típica: golpes de puño, patadas, insultos, amenazas empujones, pisotones y cachetadas. En este período se registraron tres asesinatos en manos de la policía provincial. Uno de los casos más resonados fue el de Tino John, el vecino de la Comarca que fue asesinado en 2021, en el marco de un operativo del GEOP fuertemente cuestionado. Actualmente la causa tiene como imputados a tres efectivos que ese día participaron de los hechos, incluidos al oficial que efectuó el disparo mortal.
La información del Banco de Datos de Casos de Tortura señala que la Circunscripción Judicial que presenta el mayor porcentaje de violencia atípica es Comodoro Rivadavia. Así también en la Circunscripción Judicial Trelew se observa que la Alcaldía policial es la que tiene mayor incidencia con 22% de los hechos relevados. En Comodoro Rivadavia la mayor incidencia la tiene la Comisaría Séptima con el 16%; en Puerto Madryn la mayoría de los casos se producen en la Comisaría Primera; en Rawson los casos se producen en la Comisaría del centro; en Esquel los casos se producen en la Comisaría Segunda y en las comisarías de los pueblos de la Comarca y en Sarmiento.
El informe también señala que el 99% de los hechos los autores pertenecen a la Policía del Chubut y el personal de las comisarías es el que tiene mayor participación. En seis de cada diez casos los autores eran dos o más personas.
Un tercio de las víctimas no realizó la denuncia ni la realizará por miedo a represalias, porque no le interesa, descree de la Justicia, no tiene tiempo o no tiene pruebas. Además, se registró la primera víctima con género no binario.
Uno de los datos más relevantes surge al indagar en la tipología de la violencia, ya que el 13% de los hechos registrados en estos contextos se produjeron en domicilios particulares en allanamientos o sin orden judicial.
Es el caso de Gabriel Fredes, un vecino del barrio INTA de Trelew, que a partir de 2020 sufrió una larga cadena de persecución policial. Su calvario inició en plena pandemia, -en medio de la profundización de los controles policiales- cuando recibió un tiro cerca del ojo al salir a cerrar el portón de su vivienda, a raíz de un allanamiento en las viviendas aledañas.
Fredes radicó la denuncia al día siguiente, y desde entonces tanto él como su familia sufrieron distintos episodios de violencia, desde amenazas e insultos a su hijo en la vía pública hasta un allanamiento plagado de irregularidades.
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De esta forma -y la espera de justicia- el nombre de Lautaro Labbe se suma a los casos de Iván Torres, Julián Antillanca, Maximiliano Almonacid y Alejandro "Tino" John, entre otros nombres.