Sigue la lucha estudiantil: De cara a un nuevo ajuste, universidades declaran emergencia salarial y estado de alerta De cara al primer cuatrimestre del año, la comunidad universitaria se prepara para otro periodo de lucha similar al que vivió durante el 2024 con dos marchas multitudinarias que pusieron en las calles el reclamo por una educación superior de calidad. El Presupuesto 2025 no hace más que consolidar el desfinanciamiento del año anterior, con un presupuesto prorrogado al que el Gobierno otorgó algunos aumentos que apenas alcanzaron para asegurar un mínimo funcionamiento, pero no fueron suficientes para aplacar la situación de incertidumbre que reina en el sistema universitario nacional. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias apelan a eufemismos y evitar hablar de recortes. Sin embargo, desde que Javier Milei asumió la presidencia, los docentes universitarios perdieron un 71% de su poder adquisitivo, y los "ahorros" en gasto público se vieron reflejados en falta de insumos y presupuesto para el desarrollo de ciencia y técnica, programas universitarios y becas estudiantiles.
El escenario universitario inició un 2024 plagado de incertidumbres, ya que la Ley de Presupuesto para ese año no logró consenso en las cámaras, por lo que el Ejecutivo prorrogó el presupuesto de 2023, claramente insuficiente frente a una inflación acumulada de 300%.
De acuerdo con datos oficiales, en el primer cuatrimestre 2024 el Gobierno giró a las universidades $31.134 millones para gastos de funcionamiento. Comparado con los gastos realizados en el primer cuatrimestre 2023 ($ 17.311), esto refleja una caída real del 52,4%.
Este panorama, sumado a la falta de interlocutores del Gobierno nacional, generó una masiva organización en las universidades públicas del país, que se hicieron visibles en la primera Marcha Federal Universitaria, llevada a cabo el 23 de abril.
El reclamo nucleaba la cuestión salarial y presupuestaria, pero también abogaba por la defensa de la gratuidad de la educación universitaria y los derechos estudiantiles. Mediante un comunicado en los días previos a la movilización, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaba: "Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes del Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema. Hemos aprobado una declaración en febrero en la que expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas. Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)".
"Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria", agregaba el comunicado.
Tras la repercusión de la marcha, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la propuesta del gobierno de aplicar un aumento del 270% en las partidas de funcionamiento para las universidades, es decir, aquellas destinadas al pago de servicios públicos y mantenimiento de los edificios, una problemática que crecía entre algunas casas de estudio. El ajuste por inflación implicaría un cronograma de pagos hasta fin de año.
Los gastos de funcionamiento representan menos del 10% del total del presupuesto destinado a las universidades; el grueso de los recursos se destina a salarios docentes, no docentes y de autoridades.
Con este aumento, el presupuesto para gastos para el 2024 ascendió a $256 mil millones. Sin embargo, considerando las proyecciones de inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, esto implica una caída del, 2,9% en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023. Aunque sin el aumento la caída real interanual hubiera sido del 57%.
Sin embargo, estas partidas -que tardaron en llegar más de lo pactado- no resolvieron el conflicto salarial, la falta de becas, la paralización de obras de infraestructura ni alivianaron las duras acusaciones que el Gobierno libertario esgrimió contra la comunidad universitaria y científica durante todo el año.
Un veto anunciado
El conflicto universitario del 2024 estuvo marcado por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que proponía declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 de acuerdo la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Además, buscaba recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción y hasta el 31 de diciembre del 2024, el Ejecutivo debería actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación del INDEC.
Entre otras cosas, también proponía modificar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades, como número de estudiantes, tipos de carrera, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El proyecto se convirtió en ley la madrugada del 13 de diciembre, tras la votación del Senado, con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. En Diputados fue aprobada con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
La amenaza del veto, sin embargo, estaba latente, ya que el propio Milei había prometido impedir cualquier normativa que "atente contra el equilibrio fiscal", aunque la ley implicaba un costo fiscal de apenas 0,14% del PBI, equivalente a $783.595 millones.
El 2 de octubre se convocó a una segunda Marcha Federal Universitaria, para reivindicar los reclamos presupuestarios y esta vez con un fuerte repudio al posible veto de Milei. Millones de estudiantes coparon las calles en más de 50 ciudades del país. El mismo día, unas horas más tarde, la Oficina del Presidente confirmó el veto.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta oficial en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
Por si fuera poco, el propio Presidente lanzó una serie de publicaciones en X donde aseguraba: "La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten", además de relacionar a los estudiantes movilizados con grupos "golpistas".
La cuestión salarial
Uno de los puntos álgidos del conflicto universitario es la cuestión salarial. A la fecha, el poder adquisitivo del sector universitario sufrió una caída del 70% en términos reales.
La Garantía Salarial Docente -que establece un piso salarial para el sector educativo, el cual se actualiza periódicamente mediante la paritaria docente- estuvo congelada durante casi un año desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y recién percibió un aumento en octubre del año pasado. Y si bien esto implicó un aumento inmediato para las categorías, dedicaciones y antigüedades más bajas, el porcentaje sigue siendo inferior a la inflación acumulada en el último período.
En la misma línea, reclaman que el gobierno mantiene paralizadas las instancias de negociación colectiva, por lo que decide incrementos salariales de forma unilateral. A horas de la sesión que trataría el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ministerio de Capital Humano ofreció un aumento del 6,8% para docentes y no docentes, que fue rechazado. Es la misma cifra que había ofrecido en abril, también rechazada.
Sin embargo, el Ministerio anunció que impondría el aumento de todas formas mediante un decreto: "Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas".
En el medio, las autoridades educativas evitan recibir a los dirigentes gremiales y esbozan excusas y eufemismos para no hablar de recortes. En octubre, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, negó el ajuste sobre los salarios docentes: explicó que "en realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria".
Según indicó, "el criterio que ha aplicado el Estado es un índice de actualización interno del Estado, acompañando el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad". Y aseguró que "en el caso particular de los docentes y no docentes, con el último sueldo de octubre, se va a convertir en la mejor paritaria del Estado".
Las declaraciones generaron repudio entre los trabajadores docentes, quienes desmintieron lo dicho por Álvarez y remarcaron que la mayoría de los salarios universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza, aún con el aumento ofrecido por el gobierno. Y cerca del 60% de los docentes no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos.
Estado de alerta
A pocas semanas de iniciar un nuevo cuatrimestre, la comunidad universitaria se prepara para otro año de reclamos. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) declaró la emergencia salarial y el estado de alerta y movilización, tras un plenario con gremios de todo el país.
"El gobierno trata de sostener los únicos resultados que considera positivos, el déficit cero y el bajo nivel inflacionario, logrados a fuerza de desatender sus obligaciones en educación, salud, seguridad social. Lo que ha significado un brutal achicamiento del Estado, despidiendo a miles de trabajadores estatales todas las semanas. Una muestra de la desidia en la administración son los incendios en la Patagonia que ya llevan más de un mes y han destruido decenas de miles de hectáreas de bosques sin que desde el gobierno federal hayan hecho alguna acción para enfrentarlos, y abandonando a las provincias como en otras áreas a su suerte", señaló Carlos De Feo, secretario general de la Federación en la apertura del Plenario.
Y continuó: "Este panorama nos pronostica un año muy difícil, de recortes y desfinanciamiento. Los universitarios deberemos extremar los esfuerzos organizativos y seguir fortaleciendo la unidad para enfrentar con éxito estas políticas de destrucción de la educación pública. Como sucedió en 2024, la discusión deberá darse en las calles si persiste la negativa al diálogo por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación".
"Se trata de un deterioro salarial sin precedentes, inédito en los últimos 20 años y producto de la destrucción del aparato productivo nacional, con el consiguiente ajuste en todos los sectores del mundo del trabajo, formal e informal, y el empobrecimiento de jubilados y sectores populares que ven acrecentarse rápidamente las desigualdades sociales", denuncia la CONADU mediante un comunicado.
En diálogo con los medios, De Feo se refirió al pedido de renuncia de funcionarios responsables del ajuste en educación y ciencia. "Esto es una política y en cada uno de los estamentos donde esta política se aplica tiene un nombre y un apellido. En Educación se llama (Carlos) Torrendell, en la Universidad se llama Alejandro Álvarez y en el Conicet se llama (Daniel) Salamone. Estas son las personas que aplican el ajuste y la destrucción de nuestra educación".
Proyecciones para el 2025: sigue el ajuste
De acuerdo a un informe reciente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Inversión, las proyecciones en materia de partidas universitarias en Argentina muestran una fuerte caída para 2025. Teniendo en cuenta la inversión en 2023, lo ejecutado durante 2024 y lo presupuestado para 2025, se espera una caída real del 34,4%. La caída podría ser mayor considerando que no hubo consenso para la Ley de Presupuesto 2025, por lo que el Ejecutivo anunció una nueva prórroga del presupuesto 2023.
De hecho, el CIN elaboró un presupuesto a partir de las necesidades de las casas de estudios de todo el país, donde exigía 7 billones para el funcionamiento universitario de 2025. El presupuesto enviado por el Ejecutivo, sin embargo, contemplaba la mitad.
En este contexto, también se prevé una fuerte caída de los recursos para el pago de salarios docentes y no docentes, que podría alcanzar el 37,2% en 2025.
El informe del Centro Iberoamericano muestra además que los fondos invertidos para el sostenimiento de las universidades nacionales refleja un fuerte derrumbe con respecto al PBI del país. En el Presupuesto 2025, el presupuesto universitario global suponía apenas el 0,50% del PBI.
Respecto al presupuesto en Ciencia y Tecnología, "parece haber encontrado su piso en agosto, tras haber empeorado mes a mes en los primeros siete meses del año, al situarse 32,9% por debajo de la ejecución acumulada contra 2023". De acuerdo al Centro Iberoamericano, en 2025 la inversión estatal en ciencia perforará su mínimo histórico.
En este escenario, y sin respuestas concretas por parte del Gobierno nacional, los gremios universitarios definirán el próximo 24 de febrero si avanzan con medidas de fuerza, de cara a un 2025 que promete estar signado por la continuidad del ajuste y la lucha estudiantil.
De cara al primer cuatrimestre del año, la comunidad universitaria se prepara para otro periodo de lucha similar al que vivió durante el 2024 con dos marchas multitudinarias que pusieron en las calles el reclamo por una educación superior de calidad. El Presupuesto 2025 no hace más que consolidar el desfinanciamiento del año anterior, con un presupuesto prorrogado al que el Gobierno otorgó algunos aumentos que apenas alcanzaron para asegurar un mínimo funcionamiento, pero no fueron suficientes para aplacar la situación de incertidumbre que reina en el sistema universitario nacional. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias apelan a eufemismos y evitar hablar de recortes. Sin embargo, desde que Javier Milei asumió la presidencia, los docentes universitarios perdieron un 71% de su poder adquisitivo, y los "ahorros" en gasto público se vieron reflejados en falta de insumos y presupuesto para el desarrollo de ciencia y técnica, programas universitarios y becas estudiantiles.
El escenario universitario inició un 2024 plagado de incertidumbres, ya que la Ley de Presupuesto para ese año no logró consenso en las cámaras, por lo que el Ejecutivo prorrogó el presupuesto de 2023, claramente insuficiente frente a una inflación acumulada de 300%.
De acuerdo con datos oficiales, en el primer cuatrimestre 2024 el Gobierno giró a las universidades $31.134 millones para gastos de funcionamiento. Comparado con los gastos realizados en el primer cuatrimestre 2023 ($ 17.311), esto refleja una caída real del 52,4%.
Este panorama, sumado a la falta de interlocutores del Gobierno nacional, generó una masiva organización en las universidades públicas del país, que se hicieron visibles en la primera Marcha Federal Universitaria, llevada a cabo el 23 de abril.
El reclamo nucleaba la cuestión salarial y presupuestaria, pero también abogaba por la defensa de la gratuidad de la educación universitaria y los derechos estudiantiles. Mediante un comunicado en los días previos a la movilización, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresaba: "Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes del Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema. Hemos aprobado una declaración en febrero en la que expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas. Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)".
"Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria", agregaba el comunicado.
Tras la repercusión de la marcha, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la propuesta del gobierno de aplicar un aumento del 270% en las partidas de funcionamiento para las universidades, es decir, aquellas destinadas al pago de servicios públicos y mantenimiento de los edificios, una problemática que crecía entre algunas casas de estudio. El ajuste por inflación implicaría un cronograma de pagos hasta fin de año.
Los gastos de funcionamiento representan menos del 10% del total del presupuesto destinado a las universidades; el grueso de los recursos se destina a salarios docentes, no docentes y de autoridades.
Con este aumento, el presupuesto para gastos para el 2024 ascendió a $256 mil millones. Sin embargo, considerando las proyecciones de inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, esto implica una caída del, 2,9% en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023. Aunque sin el aumento la caída real interanual hubiera sido del 57%.
Sin embargo, estas partidas -que tardaron en llegar más de lo pactado- no resolvieron el conflicto salarial, la falta de becas, la paralización de obras de infraestructura ni alivianaron las duras acusaciones que el Gobierno libertario esgrimió contra la comunidad universitaria y científica durante todo el año.
Un veto anunciado
El conflicto universitario del 2024 estuvo marcado por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que proponía declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 de acuerdo la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Además, buscaba recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción y hasta el 31 de diciembre del 2024, el Ejecutivo debería actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación del INDEC.
Entre otras cosas, también proponía modificar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades, como número de estudiantes, tipos de carrera, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El proyecto se convirtió en ley la madrugada del 13 de diciembre, tras la votación del Senado, con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. En Diputados fue aprobada con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
La amenaza del veto, sin embargo, estaba latente, ya que el propio Milei había prometido impedir cualquier normativa que "atente contra el equilibrio fiscal", aunque la ley implicaba un costo fiscal de apenas 0,14% del PBI, equivalente a $783.595 millones.
El 2 de octubre se convocó a una segunda Marcha Federal Universitaria, para reivindicar los reclamos presupuestarios y esta vez con un fuerte repudio al posible veto de Milei. Millones de estudiantes coparon las calles en más de 50 ciudades del país. El mismo día, unas horas más tarde, la Oficina del Presidente confirmó el veto.
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", informó la cuenta oficial en la red social X.
Y remarcó: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
Por si fuera poco, el propio Presidente lanzó una serie de publicaciones en X donde aseguraba: "La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten", además de relacionar a los estudiantes movilizados con grupos "golpistas".
La cuestión salarial
Uno de los puntos álgidos del conflicto universitario es la cuestión salarial. A la fecha, el poder adquisitivo del sector universitario sufrió una caída del 70% en términos reales.
La Garantía Salarial Docente -que establece un piso salarial para el sector educativo, el cual se actualiza periódicamente mediante la paritaria docente- estuvo congelada durante casi un año desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y recién percibió un aumento en octubre del año pasado. Y si bien esto implicó un aumento inmediato para las categorías, dedicaciones y antigüedades más bajas, el porcentaje sigue siendo inferior a la inflación acumulada en el último período.
En la misma línea, reclaman que el gobierno mantiene paralizadas las instancias de negociación colectiva, por lo que decide incrementos salariales de forma unilateral. A horas de la sesión que trataría el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ministerio de Capital Humano ofreció un aumento del 6,8% para docentes y no docentes, que fue rechazado. Es la misma cifra que había ofrecido en abril, también rechazada.
Sin embargo, el Ministerio anunció que impondría el aumento de todas formas mediante un decreto: "Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas".
En el medio, las autoridades educativas evitan recibir a los dirigentes gremiales y esbozan excusas y eufemismos para no hablar de recortes. En octubre, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, negó el ajuste sobre los salarios docentes: explicó que "en realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria".
Según indicó, "el criterio que ha aplicado el Estado es un índice de actualización interno del Estado, acompañando el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad". Y aseguró que "en el caso particular de los docentes y no docentes, con el último sueldo de octubre, se va a convertir en la mejor paritaria del Estado".
Las declaraciones generaron repudio entre los trabajadores docentes, quienes desmintieron lo dicho por Álvarez y remarcaron que la mayoría de los salarios universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza, aún con el aumento ofrecido por el gobierno. Y cerca del 60% de los docentes no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos.
Estado de alerta
A pocas semanas de iniciar un nuevo cuatrimestre, la comunidad universitaria se prepara para otro año de reclamos. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) declaró la emergencia salarial y el estado de alerta y movilización, tras un plenario con gremios de todo el país.
"El gobierno trata de sostener los únicos resultados que considera positivos, el déficit cero y el bajo nivel inflacionario, logrados a fuerza de desatender sus obligaciones en educación, salud, seguridad social. Lo que ha significado un brutal achicamiento del Estado, despidiendo a miles de trabajadores estatales todas las semanas. Una muestra de la desidia en la administración son los incendios en la Patagonia que ya llevan más de un mes y han destruido decenas de miles de hectáreas de bosques sin que desde el gobierno federal hayan hecho alguna acción para enfrentarlos, y abandonando a las provincias como en otras áreas a su suerte", señaló Carlos De Feo, secretario general de la Federación en la apertura del Plenario.
Y continuó: "Este panorama nos pronostica un año muy difícil, de recortes y desfinanciamiento. Los universitarios deberemos extremar los esfuerzos organizativos y seguir fortaleciendo la unidad para enfrentar con éxito estas políticas de destrucción de la educación pública. Como sucedió en 2024, la discusión deberá darse en las calles si persiste la negativa al diálogo por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación".
"Se trata de un deterioro salarial sin precedentes, inédito en los últimos 20 años y producto de la destrucción del aparato productivo nacional, con el consiguiente ajuste en todos los sectores del mundo del trabajo, formal e informal, y el empobrecimiento de jubilados y sectores populares que ven acrecentarse rápidamente las desigualdades sociales", denuncia la CONADU mediante un comunicado.
En diálogo con los medios, De Feo se refirió al pedido de renuncia de funcionarios responsables del ajuste en educación y ciencia. "Esto es una política y en cada uno de los estamentos donde esta política se aplica tiene un nombre y un apellido. En Educación se llama (Carlos) Torrendell, en la Universidad se llama Alejandro Álvarez y en el Conicet se llama (Daniel) Salamone. Estas son las personas que aplican el ajuste y la destrucción de nuestra educación".
Proyecciones para el 2025: sigue el ajuste
De acuerdo a un informe reciente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Inversión, las proyecciones en materia de partidas universitarias en Argentina muestran una fuerte caída para 2025. Teniendo en cuenta la inversión en 2023, lo ejecutado durante 2024 y lo presupuestado para 2025, se espera una caída real del 34,4%. La caída podría ser mayor considerando que no hubo consenso para la Ley de Presupuesto 2025, por lo que el Ejecutivo anunció una nueva prórroga del presupuesto 2023.
De hecho, el CIN elaboró un presupuesto a partir de las necesidades de las casas de estudios de todo el país, donde exigía 7 billones para el funcionamiento universitario de 2025. El presupuesto enviado por el Ejecutivo, sin embargo, contemplaba la mitad.
En este contexto, también se prevé una fuerte caída de los recursos para el pago de salarios docentes y no docentes, que podría alcanzar el 37,2% en 2025.
El informe del Centro Iberoamericano muestra además que los fondos invertidos para el sostenimiento de las universidades nacionales refleja un fuerte derrumbe con respecto al PBI del país. En el Presupuesto 2025, el presupuesto universitario global suponía apenas el 0,50% del PBI.
Respecto al presupuesto en Ciencia y Tecnología, "parece haber encontrado su piso en agosto, tras haber empeorado mes a mes en los primeros siete meses del año, al situarse 32,9% por debajo de la ejecución acumulada contra 2023". De acuerdo al Centro Iberoamericano, en 2025 la inversión estatal en ciencia perforará su mínimo histórico.
En este escenario, y sin respuestas concretas por parte del Gobierno nacional, los gremios universitarios definirán el próximo 24 de febrero si avanzan con medidas de fuerza, de cara a un 2025 que promete estar signado por la continuidad del ajuste y la lucha estudiantil.