Millones de argentinos enfrentan pobreza, carencias y riesgo climático
Por Daniel Cassola
Las condiciones de vida de gran parte de la población argentina reflejan una realidad estructuralmente desigual y profundamente alarmante. Mientras el país enfrenta desafíos económicos persistentes, un número creciente de personas se ve empujado hacia los márgenes del bienestar, tanto desde lo económico como desde lo territorial y habitacional.
La pobreza, la indigencia, la precariedad en el acceso a servicios públicos y la exposición a amenazas climáticas se entrelazan en un entramado que compromete el presente y futuro de millones de argentinos. Uno de los datos más impactantes lo arroja un estudio reciente publicado por el INDEC: alrededor de tres millones de personas en Argentina habitan en zonas inundables.
Esta situación implica un riesgo constante y directo para sus vidas y pertenencias, especialmente en contextos de tormentas intensas y crecidas de ríos, que se han vuelto más frecuentes e intensas debido al cambio climático. En ciudades como Rosario, La Plata, Santa Fe y Buenos Aires, los barrios populares crecen en áreas donde la urbanización es deficiente y la naturaleza impone su ley. La falta de infraestructura de desagüe adecuada, sumada a la expansión urbana desordenada, hace que miles de familias vivan en la incertidumbre constante de perderlo todo con cada lluvia fuerte.
Erosión del tejido social
Pero el problema va más allá del riesgo climático. Las estadísticas más recientes sobre la situación socioeconómica en el país revelan que casi siete millones de personas están por debajo de la línea de indigencia. Es decir, no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos.
Las cifras son aún más crudas cuando se observa la niñez: más del 56% de los menores de 17 años vive en hogares pobres, y uno de cada cuatro, en la indigencia.
Estos números no solo evidencian una crisis económica sostenida, sino también una erosión profunda del tejido social, donde el acceso a derechos básicos como la alimentación, la educación y la salud se vuelve una carrera cuesta arriba.
La vulnerabilidad se agrava con otro factor clave: la falta de acceso a servicios públicos. Según datos recientes, el 51% de los hogares en Argentina no cuenta con al menos uno de los servicios esenciales como agua corriente, cloacas, gas natural o electricidad formal.
Esta carencia tiene implicancias directas en la salud y el bienestar cotidiano. En muchas zonas del conurbano bonaerense, por ejemplo, las familias deben recurrir a conexiones eléctricas informales, con el consecuente riesgo de incendios, o dependen de garrafas, que encarecen el costo de la vida en comparación con quienes tienen acceso al gas de red.
A esto se suman los problemas sanitarios derivados de la falta de cloacas y agua potable, condiciones que alimentan enfermedades infecciosas y deterioran la calidad de vida en general.
Riesgosa combinación
Estas condiciones no son nuevas, pero en los últimos años se han intensificado. La inflación persistente, la devaluación del salario real y la falta de oportunidades laborales formales han empujado a millones a la informalidad o al desempleo. En ese contexto, las políticas de asistencia social, aunque necesarias, no alcanzan a cubrir las necesidades de una población cada vez más amplia. Además, muchas veces esas políticas llegan tarde, mal implementadas o directamente no llegan a los lugares más críticos.
La combinación de pobreza, carencia de servicios básicos y exposición a riesgos naturales como las inundaciones configura un cuadro de exclusión múltiple que afecta de manera desproporcionada a los sectores más postergados.
Las villas, asentamientos y barrios populares no solo crecen en cantidad, sino también en densidad, a medida que más familias se ven expulsadas del mercado formal de vivienda. La falta de acceso a créditos, los elevados precios de los alquileres y la escasa presencia estatal en materia de urbanización alimentan una lógica de supervivencia donde prima lo urgente sobre lo seguro.
Fuente: https://curarconopinion.com
Por Daniel Cassola
Las condiciones de vida de gran parte de la población argentina reflejan una realidad estructuralmente desigual y profundamente alarmante. Mientras el país enfrenta desafíos económicos persistentes, un número creciente de personas se ve empujado hacia los márgenes del bienestar, tanto desde lo económico como desde lo territorial y habitacional.
La pobreza, la indigencia, la precariedad en el acceso a servicios públicos y la exposición a amenazas climáticas se entrelazan en un entramado que compromete el presente y futuro de millones de argentinos. Uno de los datos más impactantes lo arroja un estudio reciente publicado por el INDEC: alrededor de tres millones de personas en Argentina habitan en zonas inundables.
Esta situación implica un riesgo constante y directo para sus vidas y pertenencias, especialmente en contextos de tormentas intensas y crecidas de ríos, que se han vuelto más frecuentes e intensas debido al cambio climático. En ciudades como Rosario, La Plata, Santa Fe y Buenos Aires, los barrios populares crecen en áreas donde la urbanización es deficiente y la naturaleza impone su ley. La falta de infraestructura de desagüe adecuada, sumada a la expansión urbana desordenada, hace que miles de familias vivan en la incertidumbre constante de perderlo todo con cada lluvia fuerte.
Erosión del tejido social
Pero el problema va más allá del riesgo climático. Las estadísticas más recientes sobre la situación socioeconómica en el país revelan que casi siete millones de personas están por debajo de la línea de indigencia. Es decir, no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos.
Las cifras son aún más crudas cuando se observa la niñez: más del 56% de los menores de 17 años vive en hogares pobres, y uno de cada cuatro, en la indigencia.
Estos números no solo evidencian una crisis económica sostenida, sino también una erosión profunda del tejido social, donde el acceso a derechos básicos como la alimentación, la educación y la salud se vuelve una carrera cuesta arriba.
La vulnerabilidad se agrava con otro factor clave: la falta de acceso a servicios públicos. Según datos recientes, el 51% de los hogares en Argentina no cuenta con al menos uno de los servicios esenciales como agua corriente, cloacas, gas natural o electricidad formal.
Esta carencia tiene implicancias directas en la salud y el bienestar cotidiano. En muchas zonas del conurbano bonaerense, por ejemplo, las familias deben recurrir a conexiones eléctricas informales, con el consecuente riesgo de incendios, o dependen de garrafas, que encarecen el costo de la vida en comparación con quienes tienen acceso al gas de red.
A esto se suman los problemas sanitarios derivados de la falta de cloacas y agua potable, condiciones que alimentan enfermedades infecciosas y deterioran la calidad de vida en general.
Riesgosa combinación
Estas condiciones no son nuevas, pero en los últimos años se han intensificado. La inflación persistente, la devaluación del salario real y la falta de oportunidades laborales formales han empujado a millones a la informalidad o al desempleo. En ese contexto, las políticas de asistencia social, aunque necesarias, no alcanzan a cubrir las necesidades de una población cada vez más amplia. Además, muchas veces esas políticas llegan tarde, mal implementadas o directamente no llegan a los lugares más críticos.
La combinación de pobreza, carencia de servicios básicos y exposición a riesgos naturales como las inundaciones configura un cuadro de exclusión múltiple que afecta de manera desproporcionada a los sectores más postergados.
Las villas, asentamientos y barrios populares no solo crecen en cantidad, sino también en densidad, a medida que más familias se ven expulsadas del mercado formal de vivienda. La falta de acceso a créditos, los elevados precios de los alquileres y la escasa presencia estatal en materia de urbanización alimentan una lógica de supervivencia donde prima lo urgente sobre lo seguro.
Fuente: https://curarconopinion.com