Crimen de Tino John: a la espera del juicio, imponen medidas de coerción para los imputadosLos policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto son los acusados del fusilamiento de Alejandro Tino John que enfrentarán un juicio por jurados en septiembre. Mientras tanto, de acuerdo a lo ordenado por el juez que entiende en la causa, deberán cumplir determinadas medidas como no salir del país, no tener contacto con los testigos o presentarse semanalmente en la Oficina Judicial. La querella también había solicitado que Soto, jefe del GEOP, sea apartado de su cargo. Es que los tres imputados continúan trabajando y cobrando sus sueldos sin interrupción desde el 27 de mayo del 2021, día en que se desarrolló el operativo que tuvo como desenlace la muerte del vecino de Las Golondrinas.
De cara al juicio que se llevará a cabo en septiembre, el pasado viernes 30 de mayo se desarrolló una nueva audiencia por el crimen de Alejandro "Tino" John en las oficinas judiciales de Lago Puelo. Considerando el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal, las querellas solicitaron medidas de coerción para los tres imputados.
El juicio, cuyo inicio está fijado para el 16 de septiembre, se logró tras cuatro años de lucha de Claudia Costa Basso, viuda de John, junto a organizaciones de Derechos Humanos. La causa estuvo muy cerca de cerrarse, y el primer fiscal incluso pidió el sobreseimiento de Luis Américo Moggiano, que fue el primer imputado. Costa apuntó contra múltiples dilaciones que frenaron la justicia, a raíz de complicidades políticas y judiciales. "Yo tendría que haberme quedado tranquila con el primer abogado y que a los dos meses se abriera la causa y en seis meses se elevara a juicio", expresó recientemente en diálogo con este medio.
Cabe recordar que actualmente son tres los imputados: Moggiano, autor material del disparo, imputado por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial; Omar Martínez, comisario de El Hoyo; y Cristian Soto, jefe del Grupo Especial de Operaciones, acusados de homicidio culposo por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
El viernes 30 se convocó a una audiencia en la Oficina Judicial de Lago Puelo, donde se citó a comparecer a Moggiano, quien asistió de manera presencial por primera vez.
Durante la jornada las querellas solicitaron medidas de coerción para los tres imputados con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso, considerando el peligro de fuga y peligro de entorpecimiento procesal.
Por otro lado, consideraron el cambio de situación de los imputados a partir de la resolución del juez José Luis Ennis del 6 de mayo donde confirmó que los tres serán juzgados en un juicio por jurados. Hasta ese momento, los imputados consideraban la posibilidad de sobreseimiento o de no ser llevados a juicio. De hecho, durante una de las jornadas de la audiencia para la elevación de juicio se presentó el primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, a solicitar nuevamente el sobreseimiento de Moggiano, pedido que fue rechazado por el juez.
En este sentido, Moggiano podría enfrentar una pena de prisión perpetua. Martínez y Soto, por otro lado, podrían recibir hasta cinco años de prisión.
Si bien las defensas se refirieron a una "conducta ejemplar" de los imputados durante el proceso hasta el 6 de mayo, no hay seguridad que esta se repita hasta el 16 de septiembre.
En este escenario, las querellas solicitaron diversas medidas de coerción para cada uno de los imputados. Para Moggiano, solicitaron constituir domicilio real cerca de la Oficina Judicial que corresponda, presentarse 3 veces por semana a la Oficina, prohibición para salir del país y prohibición de acercamiento a los querellantes y a todos los testigos citados al juicio.
Para Soto y Martinez se solicitaron las mismas medidas, con la diferencia de que deben presentarse 1 vez por semana a la Oficina Judicial. Para Soto además se pidió que sea apartado de su cargo, ya que es Jefe de Operaciones y muchos de sus subordinados serán testigos en el juicio.
Las defensas rechazaron el pedido alegando distintas situaciones de los imputados. Expresaron, por ejemplo, que Moggiano realiza tareas adicionales porque "su sueldo de policía es muy bajo", por lo que se le dificulta asistir 3 veces por semana a la Oficina Judicial. Respecto a Soto, enfatizaron que al ser jefe del GEOP no puede dejar de tener contacto con los miembros del grupo que serán testigos en el juicio.
El juez resolvió las siguientes medidas para los tres imputados: constituir domicilio real cerca de la Oficina Judicial que corresponde, prohibición de salir del país, presentarse 1 vez por semana en la Oficina Judicial, y este organismo a su vez deberá informar al respecto.
Cabe remarcar que los tres imputados continúan trabajando y cobrando sus sueldos sin interrupción desde el 27 de mayo del 2021, día en que se desarrolló el operativo que tuvo como desenlace la muerte de Alejandro Tino John.
Los policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto son los acusados del fusilamiento de Alejandro Tino John que enfrentarán un juicio por jurados en septiembre. Mientras tanto, de acuerdo a lo ordenado por el juez que entiende en la causa, deberán cumplir determinadas medidas como no salir del país, no tener contacto con los testigos o presentarse semanalmente en la Oficina Judicial. La querella también había solicitado que Soto, jefe del GEOP, sea apartado de su cargo. Es que los tres imputados continúan trabajando y cobrando sus sueldos sin interrupción desde el 27 de mayo del 2021, día en que se desarrolló el operativo que tuvo como desenlace la muerte del vecino de Las Golondrinas.
De cara al juicio que se llevará a cabo en septiembre, el pasado viernes 30 de mayo se desarrolló una nueva audiencia por el crimen de Alejandro "Tino" John en las oficinas judiciales de Lago Puelo. Considerando el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal, las querellas solicitaron medidas de coerción para los tres imputados.
El juicio, cuyo inicio está fijado para el 16 de septiembre, se logró tras cuatro años de lucha de Claudia Costa Basso, viuda de John, junto a organizaciones de Derechos Humanos. La causa estuvo muy cerca de cerrarse, y el primer fiscal incluso pidió el sobreseimiento de Luis Américo Moggiano, que fue el primer imputado. Costa apuntó contra múltiples dilaciones que frenaron la justicia, a raíz de complicidades políticas y judiciales. "Yo tendría que haberme quedado tranquila con el primer abogado y que a los dos meses se abriera la causa y en seis meses se elevara a juicio", expresó recientemente en diálogo con este medio.
Cabe recordar que actualmente son tres los imputados: Moggiano, autor material del disparo, imputado por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial; Omar Martínez, comisario de El Hoyo; y Cristian Soto, jefe del Grupo Especial de Operaciones, acusados de homicidio culposo por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
El viernes 30 se convocó a una audiencia en la Oficina Judicial de Lago Puelo, donde se citó a comparecer a Moggiano, quien asistió de manera presencial por primera vez.
Durante la jornada las querellas solicitaron medidas de coerción para los tres imputados con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso, considerando el peligro de fuga y peligro de entorpecimiento procesal.
Por otro lado, consideraron el cambio de situación de los imputados a partir de la resolución del juez José Luis Ennis del 6 de mayo donde confirmó que los tres serán juzgados en un juicio por jurados. Hasta ese momento, los imputados consideraban la posibilidad de sobreseimiento o de no ser llevados a juicio. De hecho, durante una de las jornadas de la audiencia para la elevación de juicio se presentó el primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, a solicitar nuevamente el sobreseimiento de Moggiano, pedido que fue rechazado por el juez.
En este sentido, Moggiano podría enfrentar una pena de prisión perpetua. Martínez y Soto, por otro lado, podrían recibir hasta cinco años de prisión.
Si bien las defensas se refirieron a una "conducta ejemplar" de los imputados durante el proceso hasta el 6 de mayo, no hay seguridad que esta se repita hasta el 16 de septiembre.
En este escenario, las querellas solicitaron diversas medidas de coerción para cada uno de los imputados. Para Moggiano, solicitaron constituir domicilio real cerca de la Oficina Judicial que corresponda, presentarse 3 veces por semana a la Oficina, prohibición para salir del país y prohibición de acercamiento a los querellantes y a todos los testigos citados al juicio.
Para Soto y Martinez se solicitaron las mismas medidas, con la diferencia de que deben presentarse 1 vez por semana a la Oficina Judicial. Para Soto además se pidió que sea apartado de su cargo, ya que es Jefe de Operaciones y muchos de sus subordinados serán testigos en el juicio.
Las defensas rechazaron el pedido alegando distintas situaciones de los imputados. Expresaron, por ejemplo, que Moggiano realiza tareas adicionales porque "su sueldo de policía es muy bajo", por lo que se le dificulta asistir 3 veces por semana a la Oficina Judicial. Respecto a Soto, enfatizaron que al ser jefe del GEOP no puede dejar de tener contacto con los miembros del grupo que serán testigos en el juicio.
El juez resolvió las siguientes medidas para los tres imputados: constituir domicilio real cerca de la Oficina Judicial que corresponde, prohibición de salir del país, presentarse 1 vez por semana en la Oficina Judicial, y este organismo a su vez deberá informar al respecto.
Cabe remarcar que los tres imputados continúan trabajando y cobrando sus sueldos sin interrupción desde el 27 de mayo del 2021, día en que se desarrolló el operativo que tuvo como desenlace la muerte de Alejandro Tino John.