Los señores de la tierra: Con miles de hectáreas en Chubut, Benetton es uno de los diez terratenientes del mundoPor Nahuel Lag
La tierra agrícola es el elemento central para la producción de alimentos, pero desde la crisis financiera de 2008 se transformó en un valioso commoditie, con rendimientos de mercado que alcanzaron a estar por encima de los cereales, el oro o el petróleo. La compra de tierra como activo financiero expulsa a quienes producen alimentos, mientras los mercados de carbono crecen como un nuevo peligro de "acaparamiento verde", bajo el paraguas de las falsas soluciones al cambio climático. ¿Quiénes están detrás de este negocio con la tierra? El informe "Los señores de la tierra", publicado por la organización FIAN Internacional y Focus on the Global South, identifica a los diez terratenientes transnacionales con mayor posesión de tierras, que controlan, en total, una extensión equivalente a Paraguay o Japón.
Entre los diez terratenientes trasnacionales más grandes, tres operan en la Argentina, donde el presidente Javier Milei eliminó la Ley de Tierras vía el decreto 70/2023, decisión judicializada y pendiente de resolución. Se trata de la forestal Arauco, de capitales chilenos, que explota 1,7 millones de hectáreas en el litoral argentino y en Chile, Brasil y Uruguay. El Grupo Benetton, de capitales italianos, que opera 924 mil hectáreas solo en la Argentina. Y, por último, el Grupo Cresud, la única empresa argentina en el ranking, que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Elztain, el mayor empresario inmobiliario del país y aliado de la Casa Rosada. La empresa de Elztain está asociada con fondos de inversión como BlackRock -uno de los principales tenedores de deuda argentina- e ingresa a la lista por controlar tierras en Brasil, a través de Brasil Agro. En total, la firma de Elsztain posee 883 mil hectáreas.
El informe de FIAN y Focus on the Global South da cuenta del fenómeno del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas -el 87 por ciento en regiones con alta biodiversidad-, pero no se queda en la denuncia sino que va hacia las propuestas y sentencia: "La concentración de tierra no es inevitable sino una consecuencia de la acción política". Por eso, el documento se posiciona y convoca a repensar las políticas redistributivas para hacer frente a estas empresas y grupos financieros del norte global que "controlan vastos territorios y socavan la autodeterminación de las poblaciones y la soberanía alimentaria". Las estrategias redistributivas propuestas son dos: políticas fiscales progresivas y reformas agrarias.
El documento resulta una síntesis de la información pública, investigaciones y plataformas independientes que revelan la información opaca y oculta por parte de las empresas sobre el acaparamiento y extranjerización de tierras. Y pone sobre la mesa la necesidad de que los Estados intervengan con políticas en lo que es la previa de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se realizará en Colombia en febrero del año próximo, con impulso del gobierno de Gustavo Petro.
¿Quiénes son los dueños de la tierra?
El dato central del informe de FIAN es un número: 40.445.718 hectáreas, equivalente a la superficie de Paraguay, Japón o Zimbabue, es lo que tienen bajo control los diez principales terrateniente trasnacionales. Se trata de corporaciones agroindustriales, forestales o energéticas -que controla la gestión de esas tierras- o de entidades financieras, como fondos de pensiones y gestoras de activos. El análisis se concentra en la explotación de tipo agrícola y aclara: "Si se incorporan otros sectores -como la vivienda, la minería o el agua-, la superficie total bajo control de estas entidades es, sin duda, aún mayor".
Por orden de acaparamiento de tierras, el ranking de "Los señores de la tierra" es el siguiente:
Blue Carbon, firma financiera centrada en créditos de carbono. Superficie: 24,5 millones de hectáreas. Origen: Emiratos Árabes Unidos. Controla tierras en: Zimbabue, Liberia, Kenia, Tanzania, Zambia, Papúa Nueva Guinea, Dominica, Bahamas, Unión de las Comoras, Santa Lucía.
Macquarie Group, empresa de gestión de activos. Superficie: 4,7 millones de hectáreas. Origen: Australia. Controla tierras en: Australia y Brasil
Olam Group, empresa agroindustrial. Superficie: 2,36 millones de hectáreas. Origen: Singapur. Controla tierras en: Gabón, República del Congo, Estados Unidos, Australia, Indonesia, República Democrática Popular Lao.
Manulife, empresa de gestión de activos. Superficie: 2,35 millones de hectáreas. Origen: Canadá. Controla tierras en: Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Australia, Aotearoa/Nueva Zelanda.
Arauco, empresa forestal. Superficie: 1,71 millones de hectáreas. Origen: Chile. Controla tierras en: Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.
Shell, empresa de combustibles y energía. Superficie: 1,3 millones de hectáreas. Origen: Reino Unido. Controla tierras en: Brasil.
TIAA/Nuveen, empresa fondo de pensiones y gestora de activos. Superficie: 1,2 millones de hectáreas. Origen: Estados Unidos. Controla tierras en: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, Polonia, Rumanía, Australia, Aotearoa/Nueva Zelanda.
Edizione S.r.l. / Benetton Group, empresa agropecuaria y forestal. Superficie: 924.000 hectáreas.Origen: Italia. Controla tierras en: Argentina.
Cresud / Brasil Agro, empresa agroindustrial e inmobiliaria. Superficie: 883.000 hectáreas. Origen: Argentina. Controla tierras en: Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Wilmar International, empresa agroindustrial. Superficie: 497.101. Origen: Singapur. Controla tierras en: Malasia, Indonesia, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Liberia, Uganda, Sri Lanka
Los diez mayores dueños de tierras trasnacionales son parte de una esquema global de financiarización, como explica Luciana Rolón, economista de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora principal del informe de FIAN. "A partir de la crisis global 2008 se generó un cambio en el esquema macroeconómico. La crisis bancaria hizo aparecer actores nuevos del sector financiero, que con la baja de rentabilidad de bonos y acciones hicieron un viraje a inversiones en activos reales. La tierra tiene un particular interés para estos inversores porque se aprecia a lo largo del tiempo, con un retorno mayor de largo plazo y con menos volatilidad que acciones y bonos, en convergencias con la crisis climática, energética y alimentaria", explica Rolón a Tierra Viva.
El esquema planteado por la investigadora se reflejó en los mercados mundiales de tierras agrícolas, en 2023, con un crecimiento promedio del 8,5 por ciento y rendimientos asociados por encima de los obtenidos por otros commodities como cereales (soja, maíz, trigo) oro o petróleo, según indica el informe.
En el caso de las tres empresas transnacionales que operan en la Argentina, la explotación de las tierras se da con control y gestión de las tierras: sea para la industria forestal, la cría de ganado o el alquiler de tierras con destino a explotación agropecuaria.
El informe precisa que Arauco -controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile-opera como una empresa integrada con un modelo de negocio de productos derivados de la madera. En 2023, Arauco contaba con siete plantas de celulosa, 28 plantas de paneles y nueve aserraderos. En Argentina poseía 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones, una de las que tiene mayores niveles de propiedad extranjera de tierras.
En el caso de la multinacional Edizione, empresa de la familia italiana Benetton, el informe la señala como el mayor terrateniente privado de Argentina desde la adquisición, en 1991, de la Compañía Tierras del Sud. Controla 16.000 hectáreas en Buenos Aires, 356.000 en Río Negro y Chubut, y 552.000 hectáreas en Santa Cruz; destinados principalmente a la cría de ovejas para lana, pero también a cultivos. Edizione generó ingresos consolidados de 9500 millones de euros, en 2023, de los cuales casi el 80 provino del extranjero
Respecto de Cresud/Brasil Agro -controladas por Elztain junto a accionistas minoritarios como BlackRock, Dimensional Fund Advisors y Vanguard Group- el informe precisa que del total de hectáreas en Argentina y países vecinos, 223.178 hectáreas se destinan a cultivos, 167.431 a ganadería bovina y ovina, y 464.858 catalogadas como "reservas de tierra" (principalmente bosques nativos), pero destaca la estrategia prioritaria de la empresa como "generación de ganancias de capital mediante la adquisición, desarrollo, operación y posterior venta de tierras rurales". La empresa de Elsztain registró un crecimiento del 29 por ciento en sus tierras en los últimos trece años.
La investigación habla de otros dos fenómenos del modelo de financiarización de la tierra que marcaron el avance sobre las hectáreas agrícolas. El denominado "acaparamiento verde", fomentado por la falsa solución de los mercados de carbono, y los casos de los grupos de gestión de activos financieros.
El primero está dimensionado con la empresa Blue Carbon, de capitales de Emiratos Árabes Unidos -país petrolero sede de la COP28-, que acapara más de la mitad de las tierras relevadas entre los diez señores de la tierra, en su mayoría en países africanos. "Antes había acaparamiento de tierras. Ahora hay acaparamiento de carbono", cita el informe con una definición del presidente del Banco Africano de Desarrollo. Desde 2016 se firmaron acuerdos de compensación de carbono por más de 5,2 millones de hectáreas en África, según cita el informe.
La chilena Arauco dice ser la primera empresa forestal de América Latina en emitir bonos "sostenibles" en el mercado de deuda chileno y gestionar proyectos de compensación de carbono (mediante la producción de energía a partir de biomasa). El informe de FIAN marca que los "acaparamientos verdes" representan el 20 por ciento de los acuerdos sobre tierras a gran escala y se prevé que los mercados de compensaciones de carbono se cuadrupliquen en los próximos siete años.
La responsabilidad de los Estados por los acuerdos corporativos de "emisiones netas cero" son parte del problema, con acuerdos por casi 1200 millones de hectáreas, lo que equivale a toda la tierra cultivable del planeta. Más de la mitad de estos compromisos corren el riesgo de superponerse con tierras utilizadas por comunidades rurales y pueblos indígenas.
El otro modelo de acaparamiento está ligado directamente a la crisis de 2008, cuando los fondos de inversión salieron en busca de mejores rendimientos en activos reales. "Fondos de inversión o fondos de pensión del norte global que invierte en el sur global. El caso más relevante es el de TIAA/Nuveen, el fondo de pensión más grande de Estados Unidos", señala Rolón. El fondo de inversión cuadruplicó su cartera de tierras desde 2012 y consolida un patrón: "Los grandes terratenientes trasnacionales contribuyen a la extracción de riqueza del sur hacia el norte global". El 80 por ciento de las tierras que controlan los grandes terratenientes están en países del sur.
Según el informe, entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos patrimoniales invirtieron alrededor de 45.000 millones de dólares en tierras agrícolas. Mientras que el número de fondos de inversión centrados en agricultura y en tierras agrícolas pasó de 38 a 523 entre 2005 y 2018. Para 2023, se contaban 960 fondos activos especializados en activos alimentarios y agrícolas, que gestionaban más de 150.000 millones de dólares.
El impacto de la concentración de la tierra
La investigación de FIAN le pone nombre a un fenómeno que ocurre desde fines del siglo pasado y está registrado por trabajos académicos y por organizaciones multilaterales nucleadas en la FAO. Rolón marca a modo de síntesis: "Este modelo de financiarización impone una forma de producción donde prima la tecnificación y la gran escala con incremento de los precios de la tierra. Esto genera que pequeños productores queden fuera de competencia, por un lado, y, por otro, generan el desplazamiento de las comunidades campesinas y de pueblos originarios".
Como para tomar dimensión del avance sobre los terratenientes sobre los pequeños productores, FIAN cita la investigación ¿Quienes alimentan al mundo y cómo se concentraron las tierras agrícolas?, elaborada a partir de los censos nacionales a nivel global. Señala que de las 608 millones de explotaciones agrícolas en el mundo, las pequeñas explotaciones (menos de dos hectáreas) representan el 84 por ciento, pero operan sólo alrededor del 12 por ciento de las tierras y producen el 35 por ciento de los alimentos. Si se incorporan las explotaciones familiares (con más de 50 hectáreas) la producción de alimentos alcanza el 80 por ciento.
El mismo informe señala que (tomando el total de explotaciones de 50 hectáreas o más), el uno por ciento de las grandes explotaciones maneja el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Surge una pregunta que atraviesa el informe: ¿Cómo se producen alimentos? Lo que es evidente, indica Rolón, es que en las tierras concentradas por las transnacionales -sean gestionadas por ellas o tercerizadas por fondos de inversión- la "sostenibilidad" está en cuestión.
"La sostenibilidad en el uso de la tierra, su preservación, la inequidad en el acceso", enumera la investigadora como problemáticas y agrega: "Los diez terratenientes trasnacionales más grandes tienen denuncias de abusos de derechos contra las comunidades en las tierras que controlan".
Para repasar solo los casos de las empresas que operan en la Argentina, el informe documenta la deforestación de bosques nativos por parte de Arauco para implantar el monocultivo de pino y eucalipto, y cómo acumula denuncias por parte del pueblo indígena Mbya Guaraní. La lucha de las comunidades mapuche por recuperar los territorios comprados por Benetton a Tierras del Sud y casos como el de Santiago Maldonado por la oposición de la empresa italiana a reconocerlos. También figuran las acusaciones contra Cresud por controlar tierras que se superponen con territorios ancestrales del pueblo indígena Wichí, en la región del Gran Chaco argentino.
"La desigualdad de la tierra amenaza directamente los medios de vida de unos 2500 millones de personas dedicadas a la pequeña agricultura, así como a los 1400 millones de personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen en gran medida de la agricultura para sobrevivir", cita el informe de un documento producido por la organización Land Coalition.
La investigación también cita el documento "Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición", del Grupo de Expertos de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) en el que se reiteró que existen profundas desigualdades en el estado nutricional a escala global y que la inseguridad alimentaria ha empeorado en la mayoría de las regiones desde 2015.
Mientras que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas ha adoptado un conjunto de Recomendaciones sobre políticas para reducir las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, en el que insta a los Estados a "reconocer, promover, respetar y salvaguardar los derechos de tenencia legítimos y equitativos, incluida la protección de los derechos de tenencia colectiva, al tiempo que se aplican reformas redistributivas".
"El acaparamiento de tierras y el aumento de la concentración de la propiedad agraria son, por tanto, algunas de las causas del crecimiento del número de personas que padecen hambre: entre 713 y 757 millones de personas en 2023, lo que representa entre el 8,9 por ciento y al 9,4 por ciento de la población mundial", sintetiza el informe de FIAN y agrega también la amenaza del acaparamiento sobre la biodiversidad: "Contribuyen a la deforestación, el agotamiento del agua y la degradación del suelo, al tiempo que desplazan a las comunidades que gestionan de forma sostenible hasta el 80 por ciento de la biodiversidad que queda en el mundo".
¿Qué hacer con los señores de la tierra?
Desenmascarados los principales terratenientes trasnacionales y documentadas las consecuencias para la producción y abastecimiento de alimentos; y la amenaza sobre la biodiversidad; FIAN plantea recomendaciones a los Estados para que "promueven la rendición de cuentas de las empresas, políticas fiscales y de tenencia redistributivas". Además, hace un llamamiento a la FAO y organismos multilaterales para que "mejoren el seguimiento de la desigualdad de la tierra utilizando métodos participativos, basados en los derechos y centrados en las comunidades marginadas".
La oportunidad estará presente en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20), en la que La Vía Campesina confía poder impulsar a los Estados a "promover y apoyar procesos participativos (multisectoriales) de políticas públicas nacionales que respondan a las realidades territoriales, teniendo en cuenta la diversidad de contextos históricos y socioculturales", planteó Nury Martínez, referente de LVC e integrante del Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria (CIP).
FIAN revela el problema que representa la falta de monitoreo y transparencia de datos. Para llegar al ranking de los diez terratenientes trasnacionales, el sistema utilizado fue de "rompecabezas" describe y califica Rolón sobre la ardua tarea de relevar información de organismos internacionales, académicos, investigaciones de medios, plataformas colaborativas independientes como Land Matrix y validar la información con informes corporativos y las web de las propias empresas.
"A nivel internacional no existe un registro de quiénes son los dueños de la tierra", señala la investigadora principal del informe. Y agrega que los registros de la propiedad y los catastros, a menudo apoyados por instituciones como el Banco Mundial, proporcionan registros formales de la propiedad, pero a menudo no recogen los derechos de propiedad superpuestos, consuetudinarios o comunales.
"Los datos agropecuarios surgen de los censos nacionales, pero lo que relevan son las explotaciones por tamaño, no priorizan relevar la tenencia de la tierra, o sea, qué características tienen se analiza por explotación. Las explotaciones pueden ser de un mismo dueño y eso no aparece relevado en los censos, esto hace que el análisis de la concentración o la inequidad del acceso a la tierra no se puede ver", detalla Rolón sobre el principal problema para identificar el acaparamiento de tierra por privados y sentencia: "Las transnacionales terratenientes son invisibles para las estadísticas de los Estados".
En esta punto, Argentina aparece como un buen ejemplo junto a Australia y Estados Unidos por contar con un registro de extranjerización de la tierra a partir de la Ley de Tierras (26.737) y un límite del 15 por ciento para la posesión de hectáreas rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, y restringe las propiedades individuales a un máximo de 1000 hectáreas en zonas agrícolas clave.
La norma, dictada en 2011, permitió revelar que 16,2 millones de hectáreas (el seis por ciento del total de tierras rurales del país) estaban en manos extranjeras, que el 79 por ciento pertenecían a empresas y que el uno por ciento de las personas extranjeras propietarias (256 entidades) controlaba el 80 por ciento de estas tierras. Los nombres de las empresas no puede saberse por secreto fiscal, mientras que el último informe disponible es de 2015 y, desde entonces, el Estado argentino no publicó ningún informe.
"En Estados Unidos también existen informes que te dan porcentajes de tierras en manos de extranjeros, discriminados por nacionalidad, pero no dan nombres de empresas. De esta manera, la información surge a partir de observar las páginas oficiales de las empresas, por declaraciones o entrevistas de los CEOs o por algunas investigaciones que intentan acudir a los registros municipales a validar la propiedad de las tierras que las empresas dicen tener", relata Rolón sobre las dificultades para conocer quiénes son los dueños de la tierra, además de las "formas de compra a través de subsidiarias, fideicomisos y fondos de inversión. "Que exista la ley es, en principio, un límite", valora la investigadora. Ese límite a la extranjerización y acaparamiento quedó en la Argentina amenazado por el gobierno de Javier Milei que eliminó la Ley de Tierras a través del decreto 70/2023, cuya vigencia se logró sostener por fallos judiciales pendientes de resolución.
Como caminos a seguir, el informe de FIAN propone enfoques participativos, que centran a las comunidades como productoras de datos clave e integran sus perspectivas; políticas fiscales progresivas sobre la tierra, la propiedad y los beneficios empresariales coordinadas a escala global para hacer frente a la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y la extracción de riqueza del sur global. Además de avanzar en políticas de tenencia redistributivas, incluidas las reformas agrarias, que reclamen la tierra del control empresarial y financiero, dando prioridad al acceso y uso de la tierra de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los pequeños proveedores de alimento.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Por Nahuel Lag
La tierra agrícola es el elemento central para la producción de alimentos, pero desde la crisis financiera de 2008 se transformó en un valioso commoditie, con rendimientos de mercado que alcanzaron a estar por encima de los cereales, el oro o el petróleo. La compra de tierra como activo financiero expulsa a quienes producen alimentos, mientras los mercados de carbono crecen como un nuevo peligro de "acaparamiento verde", bajo el paraguas de las falsas soluciones al cambio climático. ¿Quiénes están detrás de este negocio con la tierra? El informe "Los señores de la tierra", publicado por la organización FIAN Internacional y Focus on the Global South, identifica a los diez terratenientes transnacionales con mayor posesión de tierras, que controlan, en total, una extensión equivalente a Paraguay o Japón.
Entre los diez terratenientes trasnacionales más grandes, tres operan en la Argentina, donde el presidente Javier Milei eliminó la Ley de Tierras vía el decreto 70/2023, decisión judicializada y pendiente de resolución. Se trata de la forestal Arauco, de capitales chilenos, que explota 1,7 millones de hectáreas en el litoral argentino y en Chile, Brasil y Uruguay. El Grupo Benetton, de capitales italianos, que opera 924 mil hectáreas solo en la Argentina. Y, por último, el Grupo Cresud, la única empresa argentina en el ranking, que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Elztain, el mayor empresario inmobiliario del país y aliado de la Casa Rosada. La empresa de Elztain está asociada con fondos de inversión como BlackRock -uno de los principales tenedores de deuda argentina- e ingresa a la lista por controlar tierras en Brasil, a través de Brasil Agro. En total, la firma de Elsztain posee 883 mil hectáreas.
El informe de FIAN y Focus on the Global South da cuenta del fenómeno del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas -el 87 por ciento en regiones con alta biodiversidad-, pero no se queda en la denuncia sino que va hacia las propuestas y sentencia: "La concentración de tierra no es inevitable sino una consecuencia de la acción política". Por eso, el documento se posiciona y convoca a repensar las políticas redistributivas para hacer frente a estas empresas y grupos financieros del norte global que "controlan vastos territorios y socavan la autodeterminación de las poblaciones y la soberanía alimentaria". Las estrategias redistributivas propuestas son dos: políticas fiscales progresivas y reformas agrarias.
El documento resulta una síntesis de la información pública, investigaciones y plataformas independientes que revelan la información opaca y oculta por parte de las empresas sobre el acaparamiento y extranjerización de tierras. Y pone sobre la mesa la necesidad de que los Estados intervengan con políticas en lo que es la previa de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se realizará en Colombia en febrero del año próximo, con impulso del gobierno de Gustavo Petro.
¿Quiénes son los dueños de la tierra?
El dato central del informe de FIAN es un número: 40.445.718 hectáreas, equivalente a la superficie de Paraguay, Japón o Zimbabue, es lo que tienen bajo control los diez principales terrateniente trasnacionales. Se trata de corporaciones agroindustriales, forestales o energéticas -que controla la gestión de esas tierras- o de entidades financieras, como fondos de pensiones y gestoras de activos. El análisis se concentra en la explotación de tipo agrícola y aclara: "Si se incorporan otros sectores -como la vivienda, la minería o el agua-, la superficie total bajo control de estas entidades es, sin duda, aún mayor".
Por orden de acaparamiento de tierras, el ranking de "Los señores de la tierra" es el siguiente:
Blue Carbon, firma financiera centrada en créditos de carbono. Superficie: 24,5 millones de hectáreas. Origen: Emiratos Árabes Unidos. Controla tierras en: Zimbabue, Liberia, Kenia, Tanzania, Zambia, Papúa Nueva Guinea, Dominica, Bahamas, Unión de las Comoras, Santa Lucía.
Macquarie Group, empresa de gestión de activos. Superficie: 4,7 millones de hectáreas. Origen: Australia. Controla tierras en: Australia y Brasil
Olam Group, empresa agroindustrial. Superficie: 2,36 millones de hectáreas. Origen: Singapur. Controla tierras en: Gabón, República del Congo, Estados Unidos, Australia, Indonesia, República Democrática Popular Lao.
Manulife, empresa de gestión de activos. Superficie: 2,35 millones de hectáreas. Origen: Canadá. Controla tierras en: Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Australia, Aotearoa/Nueva Zelanda.
Arauco, empresa forestal. Superficie: 1,71 millones de hectáreas. Origen: Chile. Controla tierras en: Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.
Shell, empresa de combustibles y energía. Superficie: 1,3 millones de hectáreas. Origen: Reino Unido. Controla tierras en: Brasil.
TIAA/Nuveen, empresa fondo de pensiones y gestora de activos. Superficie: 1,2 millones de hectáreas. Origen: Estados Unidos. Controla tierras en: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, Polonia, Rumanía, Australia, Aotearoa/Nueva Zelanda.
Edizione S.r.l. / Benetton Group, empresa agropecuaria y forestal. Superficie: 924.000 hectáreas.Origen: Italia. Controla tierras en: Argentina.
Cresud / Brasil Agro, empresa agroindustrial e inmobiliaria. Superficie: 883.000 hectáreas. Origen: Argentina. Controla tierras en: Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Wilmar International, empresa agroindustrial. Superficie: 497.101. Origen: Singapur. Controla tierras en: Malasia, Indonesia, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Liberia, Uganda, Sri Lanka
Los diez mayores dueños de tierras trasnacionales son parte de una esquema global de financiarización, como explica Luciana Rolón, economista de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora principal del informe de FIAN. "A partir de la crisis global 2008 se generó un cambio en el esquema macroeconómico. La crisis bancaria hizo aparecer actores nuevos del sector financiero, que con la baja de rentabilidad de bonos y acciones hicieron un viraje a inversiones en activos reales. La tierra tiene un particular interés para estos inversores porque se aprecia a lo largo del tiempo, con un retorno mayor de largo plazo y con menos volatilidad que acciones y bonos, en convergencias con la crisis climática, energética y alimentaria", explica Rolón a Tierra Viva.
El esquema planteado por la investigadora se reflejó en los mercados mundiales de tierras agrícolas, en 2023, con un crecimiento promedio del 8,5 por ciento y rendimientos asociados por encima de los obtenidos por otros commodities como cereales (soja, maíz, trigo) oro o petróleo, según indica el informe.
En el caso de las tres empresas transnacionales que operan en la Argentina, la explotación de las tierras se da con control y gestión de las tierras: sea para la industria forestal, la cría de ganado o el alquiler de tierras con destino a explotación agropecuaria.
El informe precisa que Arauco -controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile-opera como una empresa integrada con un modelo de negocio de productos derivados de la madera. En 2023, Arauco contaba con siete plantas de celulosa, 28 plantas de paneles y nueve aserraderos. En Argentina poseía 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones, una de las que tiene mayores niveles de propiedad extranjera de tierras.
En el caso de la multinacional Edizione, empresa de la familia italiana Benetton, el informe la señala como el mayor terrateniente privado de Argentina desde la adquisición, en 1991, de la Compañía Tierras del Sud. Controla 16.000 hectáreas en Buenos Aires, 356.000 en Río Negro y Chubut, y 552.000 hectáreas en Santa Cruz; destinados principalmente a la cría de ovejas para lana, pero también a cultivos. Edizione generó ingresos consolidados de 9500 millones de euros, en 2023, de los cuales casi el 80 provino del extranjero
Respecto de Cresud/Brasil Agro -controladas por Elztain junto a accionistas minoritarios como BlackRock, Dimensional Fund Advisors y Vanguard Group- el informe precisa que del total de hectáreas en Argentina y países vecinos, 223.178 hectáreas se destinan a cultivos, 167.431 a ganadería bovina y ovina, y 464.858 catalogadas como "reservas de tierra" (principalmente bosques nativos), pero destaca la estrategia prioritaria de la empresa como "generación de ganancias de capital mediante la adquisición, desarrollo, operación y posterior venta de tierras rurales". La empresa de Elsztain registró un crecimiento del 29 por ciento en sus tierras en los últimos trece años.
La investigación habla de otros dos fenómenos del modelo de financiarización de la tierra que marcaron el avance sobre las hectáreas agrícolas. El denominado "acaparamiento verde", fomentado por la falsa solución de los mercados de carbono, y los casos de los grupos de gestión de activos financieros.
El primero está dimensionado con la empresa Blue Carbon, de capitales de Emiratos Árabes Unidos -país petrolero sede de la COP28-, que acapara más de la mitad de las tierras relevadas entre los diez señores de la tierra, en su mayoría en países africanos. "Antes había acaparamiento de tierras. Ahora hay acaparamiento de carbono", cita el informe con una definición del presidente del Banco Africano de Desarrollo. Desde 2016 se firmaron acuerdos de compensación de carbono por más de 5,2 millones de hectáreas en África, según cita el informe.
La chilena Arauco dice ser la primera empresa forestal de América Latina en emitir bonos "sostenibles" en el mercado de deuda chileno y gestionar proyectos de compensación de carbono (mediante la producción de energía a partir de biomasa). El informe de FIAN marca que los "acaparamientos verdes" representan el 20 por ciento de los acuerdos sobre tierras a gran escala y se prevé que los mercados de compensaciones de carbono se cuadrupliquen en los próximos siete años.
La responsabilidad de los Estados por los acuerdos corporativos de "emisiones netas cero" son parte del problema, con acuerdos por casi 1200 millones de hectáreas, lo que equivale a toda la tierra cultivable del planeta. Más de la mitad de estos compromisos corren el riesgo de superponerse con tierras utilizadas por comunidades rurales y pueblos indígenas.
El otro modelo de acaparamiento está ligado directamente a la crisis de 2008, cuando los fondos de inversión salieron en busca de mejores rendimientos en activos reales. "Fondos de inversión o fondos de pensión del norte global que invierte en el sur global. El caso más relevante es el de TIAA/Nuveen, el fondo de pensión más grande de Estados Unidos", señala Rolón. El fondo de inversión cuadruplicó su cartera de tierras desde 2012 y consolida un patrón: "Los grandes terratenientes trasnacionales contribuyen a la extracción de riqueza del sur hacia el norte global". El 80 por ciento de las tierras que controlan los grandes terratenientes están en países del sur.
Según el informe, entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos patrimoniales invirtieron alrededor de 45.000 millones de dólares en tierras agrícolas. Mientras que el número de fondos de inversión centrados en agricultura y en tierras agrícolas pasó de 38 a 523 entre 2005 y 2018. Para 2023, se contaban 960 fondos activos especializados en activos alimentarios y agrícolas, que gestionaban más de 150.000 millones de dólares.
El impacto de la concentración de la tierra
La investigación de FIAN le pone nombre a un fenómeno que ocurre desde fines del siglo pasado y está registrado por trabajos académicos y por organizaciones multilaterales nucleadas en la FAO. Rolón marca a modo de síntesis: "Este modelo de financiarización impone una forma de producción donde prima la tecnificación y la gran escala con incremento de los precios de la tierra. Esto genera que pequeños productores queden fuera de competencia, por un lado, y, por otro, generan el desplazamiento de las comunidades campesinas y de pueblos originarios".
Como para tomar dimensión del avance sobre los terratenientes sobre los pequeños productores, FIAN cita la investigación ¿Quienes alimentan al mundo y cómo se concentraron las tierras agrícolas?, elaborada a partir de los censos nacionales a nivel global. Señala que de las 608 millones de explotaciones agrícolas en el mundo, las pequeñas explotaciones (menos de dos hectáreas) representan el 84 por ciento, pero operan sólo alrededor del 12 por ciento de las tierras y producen el 35 por ciento de los alimentos. Si se incorporan las explotaciones familiares (con más de 50 hectáreas) la producción de alimentos alcanza el 80 por ciento.
El mismo informe señala que (tomando el total de explotaciones de 50 hectáreas o más), el uno por ciento de las grandes explotaciones maneja el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Surge una pregunta que atraviesa el informe: ¿Cómo se producen alimentos? Lo que es evidente, indica Rolón, es que en las tierras concentradas por las transnacionales -sean gestionadas por ellas o tercerizadas por fondos de inversión- la "sostenibilidad" está en cuestión.
"La sostenibilidad en el uso de la tierra, su preservación, la inequidad en el acceso", enumera la investigadora como problemáticas y agrega: "Los diez terratenientes trasnacionales más grandes tienen denuncias de abusos de derechos contra las comunidades en las tierras que controlan".
Para repasar solo los casos de las empresas que operan en la Argentina, el informe documenta la deforestación de bosques nativos por parte de Arauco para implantar el monocultivo de pino y eucalipto, y cómo acumula denuncias por parte del pueblo indígena Mbya Guaraní. La lucha de las comunidades mapuche por recuperar los territorios comprados por Benetton a Tierras del Sud y casos como el de Santiago Maldonado por la oposición de la empresa italiana a reconocerlos. También figuran las acusaciones contra Cresud por controlar tierras que se superponen con territorios ancestrales del pueblo indígena Wichí, en la región del Gran Chaco argentino.
"La desigualdad de la tierra amenaza directamente los medios de vida de unos 2500 millones de personas dedicadas a la pequeña agricultura, así como a los 1400 millones de personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen en gran medida de la agricultura para sobrevivir", cita el informe de un documento producido por la organización Land Coalition.
La investigación también cita el documento "Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición", del Grupo de Expertos de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) en el que se reiteró que existen profundas desigualdades en el estado nutricional a escala global y que la inseguridad alimentaria ha empeorado en la mayoría de las regiones desde 2015.
Mientras que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas ha adoptado un conjunto de Recomendaciones sobre políticas para reducir las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, en el que insta a los Estados a "reconocer, promover, respetar y salvaguardar los derechos de tenencia legítimos y equitativos, incluida la protección de los derechos de tenencia colectiva, al tiempo que se aplican reformas redistributivas".
"El acaparamiento de tierras y el aumento de la concentración de la propiedad agraria son, por tanto, algunas de las causas del crecimiento del número de personas que padecen hambre: entre 713 y 757 millones de personas en 2023, lo que representa entre el 8,9 por ciento y al 9,4 por ciento de la población mundial", sintetiza el informe de FIAN y agrega también la amenaza del acaparamiento sobre la biodiversidad: "Contribuyen a la deforestación, el agotamiento del agua y la degradación del suelo, al tiempo que desplazan a las comunidades que gestionan de forma sostenible hasta el 80 por ciento de la biodiversidad que queda en el mundo".
¿Qué hacer con los señores de la tierra?
Desenmascarados los principales terratenientes trasnacionales y documentadas las consecuencias para la producción y abastecimiento de alimentos; y la amenaza sobre la biodiversidad; FIAN plantea recomendaciones a los Estados para que "promueven la rendición de cuentas de las empresas, políticas fiscales y de tenencia redistributivas". Además, hace un llamamiento a la FAO y organismos multilaterales para que "mejoren el seguimiento de la desigualdad de la tierra utilizando métodos participativos, basados en los derechos y centrados en las comunidades marginadas".
La oportunidad estará presente en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20), en la que La Vía Campesina confía poder impulsar a los Estados a "promover y apoyar procesos participativos (multisectoriales) de políticas públicas nacionales que respondan a las realidades territoriales, teniendo en cuenta la diversidad de contextos históricos y socioculturales", planteó Nury Martínez, referente de LVC e integrante del Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria (CIP).
FIAN revela el problema que representa la falta de monitoreo y transparencia de datos. Para llegar al ranking de los diez terratenientes trasnacionales, el sistema utilizado fue de "rompecabezas" describe y califica Rolón sobre la ardua tarea de relevar información de organismos internacionales, académicos, investigaciones de medios, plataformas colaborativas independientes como Land Matrix y validar la información con informes corporativos y las web de las propias empresas.
"A nivel internacional no existe un registro de quiénes son los dueños de la tierra", señala la investigadora principal del informe. Y agrega que los registros de la propiedad y los catastros, a menudo apoyados por instituciones como el Banco Mundial, proporcionan registros formales de la propiedad, pero a menudo no recogen los derechos de propiedad superpuestos, consuetudinarios o comunales.
"Los datos agropecuarios surgen de los censos nacionales, pero lo que relevan son las explotaciones por tamaño, no priorizan relevar la tenencia de la tierra, o sea, qué características tienen se analiza por explotación. Las explotaciones pueden ser de un mismo dueño y eso no aparece relevado en los censos, esto hace que el análisis de la concentración o la inequidad del acceso a la tierra no se puede ver", detalla Rolón sobre el principal problema para identificar el acaparamiento de tierra por privados y sentencia: "Las transnacionales terratenientes son invisibles para las estadísticas de los Estados".
En esta punto, Argentina aparece como un buen ejemplo junto a Australia y Estados Unidos por contar con un registro de extranjerización de la tierra a partir de la Ley de Tierras (26.737) y un límite del 15 por ciento para la posesión de hectáreas rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, y restringe las propiedades individuales a un máximo de 1000 hectáreas en zonas agrícolas clave.
La norma, dictada en 2011, permitió revelar que 16,2 millones de hectáreas (el seis por ciento del total de tierras rurales del país) estaban en manos extranjeras, que el 79 por ciento pertenecían a empresas y que el uno por ciento de las personas extranjeras propietarias (256 entidades) controlaba el 80 por ciento de estas tierras. Los nombres de las empresas no puede saberse por secreto fiscal, mientras que el último informe disponible es de 2015 y, desde entonces, el Estado argentino no publicó ningún informe.
"En Estados Unidos también existen informes que te dan porcentajes de tierras en manos de extranjeros, discriminados por nacionalidad, pero no dan nombres de empresas. De esta manera, la información surge a partir de observar las páginas oficiales de las empresas, por declaraciones o entrevistas de los CEOs o por algunas investigaciones que intentan acudir a los registros municipales a validar la propiedad de las tierras que las empresas dicen tener", relata Rolón sobre las dificultades para conocer quiénes son los dueños de la tierra, además de las "formas de compra a través de subsidiarias, fideicomisos y fondos de inversión. "Que exista la ley es, en principio, un límite", valora la investigadora. Ese límite a la extranjerización y acaparamiento quedó en la Argentina amenazado por el gobierno de Javier Milei que eliminó la Ley de Tierras a través del decreto 70/2023, cuya vigencia se logró sostener por fallos judiciales pendientes de resolución.
Como caminos a seguir, el informe de FIAN propone enfoques participativos, que centran a las comunidades como productoras de datos clave e integran sus perspectivas; políticas fiscales progresivas sobre la tierra, la propiedad y los beneficios empresariales coordinadas a escala global para hacer frente a la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y la extracción de riqueza del sur global. Además de avanzar en políticas de tenencia redistributivas, incluidas las reformas agrarias, que reclamen la tierra del control empresarial y financiero, dando prioridad al acceso y uso de la tierra de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los pequeños proveedores de alimento.
Fuente: Agencia Tierra Viva