Alerta por el exterminio de Vialidad Nacional: "En Chubut es inviable la concesión de rutas" En el último día de facultades delegadas, el Gobierno nacional confirmó el exterminio de Vialidad Nacional, luego de casi dos años de amenazas de despidos y desfinanciamiento. Soledad García, secretaria general de la Seccional Chubut, expresó a El Extremo Sur que el panorama es de incertidumbre y que la decisión podría afectar el empleo de 169 trabajadores en toda la provincia -una cantidad similar en Santa Cruz-. Además, dijo que en la concesión de las rutas es "inviable" en la provincia.
Tras un año y medio de alerta de los trabajadores, el Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el exterminio de Vialidad Nacional. El Ejecutivo utilizó el último día de facultades delegadas para avanzar con el vaciamiento del organismo, decisión que afecta a 6 mil trabajadores y 40 mil kilómetros de al menos 118 rutas en todo el país. En Chubut, afecta a unos 169 trabajadores que cubren 2.000 kilómetros de ruta.
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El rumor estaba presente desde hace meses, y ya era evidente la retirada del Estado Nacional en el mantenimiento de las rutas. "Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada", expresó Manuel Adorni, vocero presidencial, y detalló que también se disolverá la Comisión de Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad fiscalizadora de concesiones viales. Por otro lado, el Gobierno habilitará la licitación de 9.120 kilómetros de ruta.
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La disolución se produce en un momento crítico para los organismos públicos: el INTA atraviesa un escenario similar que amenaza de lleno su autonomía.
"No sabemos a qué ente pertenecemos"
En este sentido, la secretaria general de la Seccional Chubut de Vialidad Nacional, Soledad García, confirmó que se están llevando a cabo asambleas en conjunto con SITRAVICH, APINTA y Vialidad Provincial.
"La verdad es que estamos todos muy preocupados, estamos viendo qué medidas vamos a tomar", indicó García, en referencia al estado de incertidumbre que atraviesan los trabajadores y las asambleas que se desarrollarán este martes. "El decreto no dice absolutamente nada, no habla de reestructuración ni fusión, habla de disolución, lo cual es gravísimo. Entonces, hoy nosotros no sabemos a qué ente pertenecemos, porque si Vialidad Nacional no existe más, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuál es el organismo que nos dice que vayamos a la ruta? Ninguno".
"Hace un año y medio que venimos padeciendo amenazas de que nos van a echar, de hecho el año pasado echaron cuatro compañeros", detalla, a lo cual se suma el desfinanciamiento: "No te dejan comprar los materiales necesarios para que puedas hacer tu trabajo".
En concreto, son 169 trabajadores en toda la provincia que han denunciado una situación insostenible, con salarios congelados y viáticos adeudados.
"Están los salarios congelados hace nueve meses, no están pagando los viáticos. En abril, fueron los compañeros de todas partes de la administración, de la conservación, de señalamiento, fueron todos a la Ruta 40 a trabajar durante un mes y ahora el administrador no quiere pagar los viáticos de ese mes porque dice que es mucho. Y la verdad es que el trabajo que hicieron los compañeros se lo tienen que pagar. No pagaron abril, no pagaron mayo, estamos en junio", precisa García.
Cabe remarcar que los trabajadores han sostenido su labor a pesar de la falta de recursos y certezas, una tarea clave para el mantenimiento de los tramos más complicados de las rutas que atraviesan Chubut.
De la corrupción a la privatización
Con el Estado fuera de las obligaciones de mantenimiento de las arterias nacionales, se dispuso la concesión de casi 10 mil kilómetros de ruta, en línea con la apuesta de Milei por la privatización de la obra pública.
El plan de privatización se oficializó en enero, mediante el Decreto 28/2025, que dio inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones y contempla las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Sin embargo, García advierte que este plan es inviable en la provincia: "Tenemos un país federal, y la verdad en algunas regiones es inviable porque el tránsito es poco. Además, una empresa cobra el triple de lo que gasta Vialidad. Entonces, que no nos mientan, no nos mintamos entre nosotros con eso de que va a ser menos plata".
En medio del desfinanciamiento que se viene profundizando hace casi dos años el argumento de corrupción se ha convertido casi en un eslogan de los funcionarios de Milei. Adorni justificó la disolución del organismo a partir de su vinculación con el Caso Vialidad, "donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas".
Según el vocero, "la maniobra fraudulenta consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos".
El Gobierno sostiene una retórica similar para justificar el desfinanciamiento de otras instituciones públicas como el INTA o las universidades nacionales. Para los trabajadores, disolver el organismo está muy lejos de ser la solución.
"Si hubo corrupción, nosotros, los empleados, no tuvimos nada que ver. Imaginate que eso se maneja en otro ámbito. Nosotros no somos corruptos, no somos ñoquis, venimos a trabajar todos los días, cada empleado tiene una función la cual realiza con mucha responsabilidad. Entonces, que nos tachen a nosotros de corruptos, la verdad es que es un dolor y una vergüenza", enfatizó García.
Señala que decidieron arremeter contra el organismo en lugar de "acomodar las cosas, reorganizar, para que estos hechos de corrupción a los que ellos se refieren no se vuelvan a producir. Si querían hacer saneamiento, podrían haberlo hecho, por no a este costo".
"Es algo totalmente político lo que están haciendo. Están diciendo, terminamos con la corrupción'. lo cual es mentira. ¿Qué pasó con el caso Libra? ¿Qué pasó con las valijas del avión? Entonces, que no nos vengan a engañar", cuestiona la referente.
Por el momento, no hay certezas sobre lo que pasará con los trabajadores ni con las rutas intransitables de la provincia que todavía son deuda pendiente. García enfatizó que llevarán adelante "todas las medidas que tengamos que tomar".
En el último día de facultades delegadas, el Gobierno nacional confirmó el exterminio de Vialidad Nacional, luego de casi dos años de amenazas de despidos y desfinanciamiento. Soledad García, secretaria general de la Seccional Chubut, expresó a El Extremo Sur que el panorama es de incertidumbre y que la decisión podría afectar el empleo de 169 trabajadores en toda la provincia -una cantidad similar en Santa Cruz-. Además, dijo que en la concesión de las rutas es "inviable" en la provincia.
Tras un año y medio de alerta de los trabajadores, el Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el exterminio de Vialidad Nacional. El Ejecutivo utilizó el último día de facultades delegadas para avanzar con el vaciamiento del organismo, decisión que afecta a 6 mil trabajadores y 40 mil kilómetros de al menos 118 rutas en todo el país. En Chubut, afecta a unos 169 trabajadores que cubren 2.000 kilómetros de ruta.
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El rumor estaba presente desde hace meses, y ya era evidente la retirada del Estado Nacional en el mantenimiento de las rutas. "Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada", expresó Manuel Adorni, vocero presidencial, y detalló que también se disolverá la Comisión de Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad fiscalizadora de concesiones viales. Por otro lado, el Gobierno habilitará la licitación de 9.120 kilómetros de ruta.
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La disolución se produce en un momento crítico para los organismos públicos: el INTA atraviesa un escenario similar que amenaza de lleno su autonomía.
"No sabemos a qué ente pertenecemos"
En este sentido, la secretaria general de la Seccional Chubut de Vialidad Nacional, Soledad García, confirmó que se están llevando a cabo asambleas en conjunto con SITRAVICH, APINTA y Vialidad Provincial.
"La verdad es que estamos todos muy preocupados, estamos viendo qué medidas vamos a tomar", indicó García, en referencia al estado de incertidumbre que atraviesan los trabajadores y las asambleas que se desarrollarán este martes. "El decreto no dice absolutamente nada, no habla de reestructuración ni fusión, habla de disolución, lo cual es gravísimo. Entonces, hoy nosotros no sabemos a qué ente pertenecemos, porque si Vialidad Nacional no existe más, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuál es el organismo que nos dice que vayamos a la ruta? Ninguno".
"Hace un año y medio que venimos padeciendo amenazas de que nos van a echar, de hecho el año pasado echaron cuatro compañeros", detalla, a lo cual se suma el desfinanciamiento: "No te dejan comprar los materiales necesarios para que puedas hacer tu trabajo".
En concreto, son 169 trabajadores en toda la provincia que han denunciado una situación insostenible, con salarios congelados y viáticos adeudados.
"Están los salarios congelados hace nueve meses, no están pagando los viáticos. En abril, fueron los compañeros de todas partes de la administración, de la conservación, de señalamiento, fueron todos a la Ruta 40 a trabajar durante un mes y ahora el administrador no quiere pagar los viáticos de ese mes porque dice que es mucho. Y la verdad es que el trabajo que hicieron los compañeros se lo tienen que pagar. No pagaron abril, no pagaron mayo, estamos en junio", precisa García.
Cabe remarcar que los trabajadores han sostenido su labor a pesar de la falta de recursos y certezas, una tarea clave para el mantenimiento de los tramos más complicados de las rutas que atraviesan Chubut.
De la corrupción a la privatización
Con el Estado fuera de las obligaciones de mantenimiento de las arterias nacionales, se dispuso la concesión de casi 10 mil kilómetros de ruta, en línea con la apuesta de Milei por la privatización de la obra pública.
El plan de privatización se oficializó en enero, mediante el Decreto 28/2025, que dio inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones y contempla las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Sin embargo, García advierte que este plan es inviable en la provincia: "Tenemos un país federal, y la verdad en algunas regiones es inviable porque el tránsito es poco. Además, una empresa cobra el triple de lo que gasta Vialidad. Entonces, que no nos mientan, no nos mintamos entre nosotros con eso de que va a ser menos plata".
En medio del desfinanciamiento que se viene profundizando hace casi dos años el argumento de corrupción se ha convertido casi en un eslogan de los funcionarios de Milei. Adorni justificó la disolución del organismo a partir de su vinculación con el Caso Vialidad, "donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas".
Según el vocero, "la maniobra fraudulenta consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos".
El Gobierno sostiene una retórica similar para justificar el desfinanciamiento de otras instituciones públicas como el INTA o las universidades nacionales. Para los trabajadores, disolver el organismo está muy lejos de ser la solución.
"Si hubo corrupción, nosotros, los empleados, no tuvimos nada que ver. Imaginate que eso se maneja en otro ámbito. Nosotros no somos corruptos, no somos ñoquis, venimos a trabajar todos los días, cada empleado tiene una función la cual realiza con mucha responsabilidad. Entonces, que nos tachen a nosotros de corruptos, la verdad es que es un dolor y una vergüenza", enfatizó García.
Señala que decidieron arremeter contra el organismo en lugar de "acomodar las cosas, reorganizar, para que estos hechos de corrupción a los que ellos se refieren no se vuelvan a producir. Si querían hacer saneamiento, podrían haberlo hecho, por no a este costo".
"Es algo totalmente político lo que están haciendo. Están diciendo, terminamos con la corrupción'. lo cual es mentira. ¿Qué pasó con el caso Libra? ¿Qué pasó con las valijas del avión? Entonces, que no nos vengan a engañar", cuestiona la referente.
Por el momento, no hay certezas sobre lo que pasará con los trabajadores ni con las rutas intransitables de la provincia que todavía son deuda pendiente. García enfatizó que llevarán adelante "todas las medidas que tengamos que tomar".