"No son muchos, pero están donde se define todo": Quiénes financian y sostienen la ideología del odio en Argentina "Muchos son varones, pero no actúan solos. Se valen de algunas funcionarias afines, de mujeres en roles públicos que reproducen la lógica patriarcal y se convierten en voceras del retroceso. No siempre necesitan una nueva ley: les basta con no aplicar las que ya existen. Lo más preocupante es su legitimidad institucional. Ya no son sólo lobbistas o movimientos periféricos. Hoy ocupan lugares de decisión y tienen la capacidad de disciplinar a profesionales, de censurar contenidos, de clausurar espacios", advierte una investigación reciente que mapea los grupos de antiderechos en Argentina, para dar a conocer quiénes son, cómo se financian y cómo se benefician quienes sostienen los discursos de odio. Desde hace años los feminismos advierten la paulatina consolidación de grupos de ultraderecha en toda la región, conformados por sectores políticos, empresariales y religiosos. La llegada de Javier Milei al poder implicó un retroceso en políticas de género, al tiempo que profundizó el escenario de violencia contra mujeres y diversidades. Lejos de actuar aislados, los grupos conservadores tienen fuertes vínculos con organizaciones internacionales, con la Iglesia Católica y figuras de alta jerarquía en la política nacional.
Desnudar a los responsables
"¿Quiénes son?" es el título de la investigación realizada por ADEM Resistencia Feminista y publicada recientemente que "desde una ética feminista, analiza discursos, estrategias, financiamiento y vínculos de poder" y enfatiza: "Saber quiénes son es clave para frenarlos". El trabajo mapea las distintas organizaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y su vínculo con esferas de la política y la religión, en un momento de embestida de los discursos conservadores y de derecha en América Latina.
El informe señala que "a través de estrategias organizadas y financiamiento proveniente de diversas fuentes, lograron instalar discursos anti-derechos y conservadores en la agenda pública, influir en las políticas gubernamentales y articularse con actores que promueven el retroceso de los derechos conquistados".
No obstante, "el alcance real de su influencia, sus estructuras de financiamiento y sus alianzas estratégicas aún no fueron completamente expuestas, lo que dificulta una respuesta efectiva desde las organizaciones feministas que defendemos los derechos sexuales y derechos reproductivos, en tanto derechos humanos. Pero también, permanecer en las sombras los posiciona como grupos decentes, que defienden la vida y persiguen lo que es justo ante la mirada social".
"¿Qué pasaría si el pueblo se enterara en verdad quiénes son? ¿Les seguirán creyendo? ¿Repetirían sus frases? ¿Comprarían sus discursos? La respuesta nos puede sorprender, porque hay importantes artículos, investigaciones y trabajos publicados sobre los impactos fundamentalistas que parece no afectarles. O en realidad, es difícil saber en cuánto les afecta porque avanzan muy rápido en regiones muy amplias de forma dispar. Dar seguimiento al impacto es una tarea engorrosa", cuestiona el informe.
El objetivo es mapear la mayor cantidad posible de organizaciones que lideran estas agendas en Argentina y la región, analizar sus estrategias comunicacionales e indagar en su financiamiento y vínculos con el poder político. En este sentido, busca comprender cómo estos grupos lograron consolidarse y ampliar su impacto, especialmente a partir de las victorias electorales. El caso de Javier Milei y su articulación con la ultraderecha latinoamericana y española representa un caso de especial interés en el análisis.
Discursos que no emergen espontáneamente
La respuesta reaccionaria contra los derechos sexuales y reproductivos en el país no es nueva. El informe las rastrea, al menos, a la última dictadura cívico-militar. En mayo de 1979, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la Argentina para constatar las violaciones a los derechos humanos, el entonces rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Octavio Derisi, desviaba el foco y convocaba a los emisarios de la OEA a "estudiar el problema del aborto en tanto violación de derechos".
Estos registros tempranos "permiten visibilizar que los discursos antiderechos no emergen de manera aislada ni espontánea, sino que responden a lógicas profundamente arraigadas y a intereses de poder". De los 80 a la actualidad los movimientos de mujeres y diversidades recorrieron un largo camino en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y aunque con distintas intensidades, los discursos de odio y los grupos de derecha han estado presentes en cada período buscando impedir el acceso a un derecho fundamental.
En 1994, en pleno proceso de reforma constitucional, el país discutía la definición de "vida" y si ésta iniciaba desde el momento de la concepción, un debate que volvió a las bancas legislativas y a las calles en 2018, cuando se debatió por primera vez en Diputados la Ley del aborto legal, seguro y voluntario.
Durante la reforma, la oposición feminista tomó fuerza, liderada por figuras como Martha Rosenberg, férrea defensora de los derechos sexuales y reproductivos. El informe identifica otros momentos "catalizadores de nuevas alianzas y plataformas conservadoras" como el 2010, año en que se discutió la Ley de Matrimonio Igualitario y la política de educación sexual, coincidiendo con el crecimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (creada en 2005). La arremetida conservadora volvió a unir fuerzas durante el debate de la Ley de Identidad de Género en 2012 y en las discusiones por el nuevo Código Civil en 2014.
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Organizaciones antiderechos
La movilización social se venía gestando desde principios del siglo. La discusión parlamentaria tardó en llegar 13 años desde la creación de la Campaña. En el medio, se crearon distintos grupos conservadores, muchos con perfil religioso, que construyeron discursos a favor de las "familias tradicionales" y "la vida". En 2010, por ejemplo, se fundó la Red Federal de Familias, con el objetivo de impedir el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.
En 2018, durante el debate parlamentario por el derecho al aborto, emergió la plataforma Unión PRO Vida, que llegó a nuclear más de 150 organizaciones en todo el país. Según precisa el informe, algunas cuentan con décadas de actividad, como la Fundación Gospa, encargada de coordinar la Marcha por la Vida, que se realiza cada 25 de marzo, el "Día del niño por nacer", efeméride instaurada por Carlos Saúl Menem durante su Gobierno.
Cabe remarcar que, antes de la sanción de la Ley 27.610 de Aborto Seguro, Legal y Gratuito, en Argentina el aborto no era punible por dos causales: peligro para la vida o la salud de la madre o violación o abuso sexual. Sin embargo, en este escenario legal, muchas organizaciones "pro-vida" fueron conocidas por impedir a mujeres y niñas acceder a un derecho, situaciones que continuaron registrando incluso después de 2020, cuando se sancionó la ley que contempla el derecho a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin establecer causales.
La Asociación Civil Amigos de Grávida, una organización católica con 69 sedes en Argentina que dice ofrecer asistencia a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, fue señalada por intervenir en distintos casos para evitar interrupciones legales del embarazo. En 2015, fue denunciada por la "Colectiva Feminista San Luis" por incentivar a jóvenes a continuar con embarazos no intencionales para luego dar al recién nacido en adopción.
En 2022, se reportó en la provincia de Santa Fe el caso de una niña de 12 años retenida por Grávida momentos antes de arribar a la cita médica para interrumpir un embarazo producido por una violación intrafamiliar. El Gobierno provincial presentó una denuncia contra la organización por obstaculización del acceso a la interrupción legal del embarazo.
En la misma línea, la ONG Teen STAR, de origen chileno pero con fuerte presencia en Argentina, es conocida por sus vínculos con el Opus Dei, así como otros sectores conservadores de Estados Unidos y Latinoamérica. Promueve la abstinencia como método de planificación y su presidenta, Pilar Vigil, fue relacionada con el sacerdote pedófilo Fernando Karadima en Chile. Esta organización fue protagonista de la polémica en octubre de 2024, cuando fue convocada por el Gobierno argentino a dictar un curso a docentes de todo el país en relación a la implementación de la ESI, marcando un enfoque contrario a la perspectiva de derechos que establece la ley. Aunque el Gobierno buscó desligarse de la contratación argumentando que invitaron a Teen STAR como "expositor", sus funcionarios han insistido en la idea de que la ESI es "ideología de género" y "adoctrinamiento", frenando su implementación y modificando sus contenidos.
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El informe presenta una amplia lista de organizaciones que operan de manera similar y comparten los mismos valores. En América Latina se pueden mencionar: Con Mis Hijos No Te Metas, Red Política de Valores, Vida Humana Internacional y Heartbeat International (de origen estadounidense pero con fuerte presencia en la región), CitizenGO, Red Provida Latinoamérica, Frente Nacional por la Familia, Human Life International, Congreso Evangélico Iberoamericano, Coalición Vida y Familia, La Coalición para Oportunidades y el Ordenamiento Social Contemporáneo, entre otros.
"Aún con profundas diferencias internas, estos sectores pueden coordinarse para boicotear y atrasar las conquistas sociales en materia de derechos humanos haciendo incidencia ante los gobiernos pero también ante los mecanismos de participación que tiene la Sociedad Civil para influir en Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Este patrón reactivo y de reapropiación discursiva será una constante en su accionar político, social y comunicacional en las décadas siguientes", subraya la investigación.
Por otro lado, casi todas se destacan por su vínculo con el Opus Dei, que tampoco ha estado exento de denuncias por trata de personas y explotación laboral, así como por relaciones directas con la Iglesia Católica, protagonista de miles de denuncias de abuso sexual a menores en todo el mundo.
Alianza estratégica con políticos
Parte de la influencia de estos grupos viene de su alianza con ciertos sectores políticos en la región. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha mostrado de manera explícita su afinidad con grupos antiaborto y en particular con una posición clara en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
Otras figuras destacadas mencionadas en el informe son Amalia Granata (diputada provincial por Santa Fe), Rocío Belén Bonacci (diputada nacional por Santa Fe), Nicolás Mayoraz (diputado por de Santa Fe), Cristina Fiore (fue senadora nacional y diputada nacional por Salta), Cynthia Hotton (exdiputada nacional y presidenta del partido Valores para mi País), Alfredo Olmedo (empresario y político argentino que fue diputado nacional por la provincia de Salta en dos periodos).
También se nombran figuras que tienen o tuvieron mayor jerarquía política como Victoria Villarruel (actual vicepresidenta), Mariano Cúneo Libarona (ministro de Seguridad), Esteban Bullrich (exdiputado nacional y exministro ministro de Educación de la Nación), Gabriela Michetti (miembro de Propuesta Republicana y del partido Cambiemos, fue vicejefa de Gobierno de Buenos Aires), María Eugenia Vidal (exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional) y Mauricio Macri (expresidente y líder del PRO).
Lejos de quedar fuera del debate, "las posturas de estos políticos y otros tantos influyen en la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva en sus respectivas jurisdicciones, así como en el debate nacional sobre estos temas".
Desinformación y amplificación del odio
En una coyuntura donde el debate público se produce esencialmente en los medios y las redes sociales, las organizaciones antiaborto han desarrollado una serie de estrategias comunicacionales para "maximizar su impacto y promover agendas conservadoras".
Entre estas estrategias, generalmente buscan "reenmarcar el debate", presentando el aborto y la ESI como amenazas a la "familia tradicional" y a los "valores morales", lo que corre el eje de los Derechos Humanos. En Argentina esto también implicó referirse a las políticas para garantizar la salud sexual y reproductiva como "corrupción y gasto superfluo".
Por otro lado, distintas organizaciones y figuras del espacio público se han dedicado a difundir desinformación o información sesgada sobre los efectos del aborto y la ESI, estrategia que "explota el miedo y la incertidumbre, que son catalizadores efectivos para la movilización social".
Algunas de estas entidades también se apropian de los términos asociados a los Derechos Humanos, refiriéndose a los "derechos del niño por nacer" o la "libertad de educación".
"En Argentina, el activismo católico antiabortista desarrolla discursos que combinan argumentos científicos y bioéticos para oponerse a la legalización del aborto", advierte el informe. Y como ya señaló, hacen uso del cabildeo y la presión política para incidir en la agenda legislativa.
Este panorama se traduce en la profundización de la vulnerabilidad de ciertos grupos, tanto en las calles como en los espacios digitales: "Las narrativas promovidas por estas organizaciones contribuyen a la marginalización de colectivos feministas, la comunidad LGBT y personas migrantes, fomentando discursos de odio y violencia en su contra. En Argentina, se observa cómo estas campañas buscan limitar los derechos de estos grupos, generando un clima de hostilidad y exclusión".
Durante el primer debate por el aborto legal en 2018, Aministía Internacional reportó un aumento en la cantidad de ataques en Internet y en las calles hacia las mujeres que se manifestaban a favor de la legalización y/o utilizaban pañuelo verde. El debate parlamentario suscitó la profundización de la violencia online contra mujeres y diversidades, una modalidad relativamente reciente que se ha instalado con fuerza en los últimos años.
En este sentido, las redes sociales son "terreno fértil para la promoción de figuras políticas alineadas con estos sectores. A través de campañas digitales coordinadas, se logra amplificar mensajes, instalar narrativas y conectar a distintos actores conservadores de la región. Esta estrategia no solo potencia su alcance, sino que también deja rastros que permiten evidenciar cómo operan, a quiénes responden y qué intereses defienden. Muchos de los ejecutores de las campañas digitales que impulsaron a Javier Milei en Argentina, a José Antonio Kast en Chile y a Eduardo Bolsonaro en Brasil también son fundadores de medios locales. Lo que los une es tejer campañas digitales que instalan candidatos y posturas políticas en la región".
De esta forma la investigación muestra la articulación entre medios digitales, financiamiento internacional y alianzas políticas regionales en la conformación de "una red poderosa que opera para imponer agendas regresivas en toda América Latina".
Destacan la construcción de una "ideología del odio, abanderada del colonialismo religioso, que impuso y sigue reproduciendo una visión eurocéntrica, racista y patriarcal del mundo, invisibilizando saberes ancestrales, prácticas espirituales diversas y culturas originarias". Y cuestionan la supuesta defensa de la vida de estos grupos, "mientras guardan silencio frente a violencias estructurales, guerras, pobreza o abusos dentro de la misma institución, e incluso mientras se comprueba la complicidad con delitos de lesa humanidad durante gobiernos antidemocráticos y dictaduras".
La ideología del odio de Javier Milei
La investigación se centra en Javier Milei, tal vez hoy una de las figuras políticas más visibles en la Argentina que de manera explícita se ha expresado en contra de los feminismos y las diversidades. Como era de esperar, su postura también se caracteriza por un desconocimiento profundo de los avances en materia de derechos en los últimos años, además de una posición negacionista en relación a las políticas ambientales y la creciente preocupación mundial por la cuestión climática. El mandatario profesa su devoción a otras figuras de la derecha en el mundo como Jair Bolsonaro o Donald Trump.
Sin embargo, no se trata solo de discurso, sino que desde que asumió la Presidencia se dedica a implementar un fuerte ajuste en áreas relacionadas al género, las diversidades y las infancias. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue apenas la punta del iceberg: a la fecha, se eliminaron programas, otros se modificaron y la mayoría fueron desfinanciados. En un país en el que una mujer es asesinada a manos de un varón violento aproximadamente cada 30 horas, el Gobierno libertario sostiene que los programas con perspectiva de género son "caprichos ideológicos".
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La llegada de Milei y su equipo a la Presidencia puso en alerta a los feminismos, que temieron por el retroceso de leyes clave como la ESI o la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Respecto a esta última, aunque el Presidente expresó en campaña que uno de sus objetivos era derogar la Ley a través de un plebiscito, a la fecha se mantiene vigente. En febrero de 2024, la diputada de la Libertad Avanza, Rocio Bonacci, presentó un proyecto para derogar la ley, sancionada en 2020, y proponiendo penas de hasta tres años para las mujeres que aborten. A pesar de que el vocero presidencial afirmó que se trataba de un proyecto individual y no impulsado por el Ejecutivo, no está lejos de las expresiones del círculo libertario.
El ajuste no solo se sintió en las áreas destinadas a la prevención y abordaje de las violencias, sino que tuvo un impacto directo en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Aunque Argentina cuenta con una ley que establece el aborto seguro, legal y voluntario hasta la semana 14, en los últimos dos años se ha experimentado un crecimiento de los obstáculos para acceder a este derecho: "En menos de un año se desabastecieron los hospitales de medicamentos para acceder a la anticoncepción, el aborto seguro, los tratamientos de reemplazo hormonal, la contención psicológica y equipos destinados a atender la salud integral y sexual de las comunidades. Incluso es difícil encontrar turnos en ginecología".
Milei es una figura ampliamente visible, pero hay alianzas y redes que no siempre están a la vista. El informe destaca la necesidad de actuar colectivamente y construir narrativas alternativas en un momento en el que los discursos de odio se multiplican.
Y concluye: "Muchos son varones, pero no actúan solos. Se valen de algunas funcionarias afines, de mujeres en roles públicos que reproducen la lógica patriarcal y se convierten en voceras del retroceso. En varios casos, estos actores son designados como referentes de áreas sensibles del Estado: niñez, educación, salud, desarrollo social. Desde ahí bloquean, demoran, vacían. No siempre necesitan una nueva ley: les basta con no aplicar las que ya existen. Lo más preocupante es su legitimidad institucional. Ya no son sólo lobbistas o movimientos periféricos. Hoy ocupan lugares de decisión y tienen la capacidad de disciplinar a profesionales, de censurar contenidos, de clausurar espacios. Y lo hacen. No son muchos, pero están donde se define todo".
"Muchos son varones, pero no actúan solos. Se valen de algunas funcionarias afines, de mujeres en roles públicos que reproducen la lógica patriarcal y se convierten en voceras del retroceso. No siempre necesitan una nueva ley: les basta con no aplicar las que ya existen. Lo más preocupante es su legitimidad institucional. Ya no son sólo lobbistas o movimientos periféricos. Hoy ocupan lugares de decisión y tienen la capacidad de disciplinar a profesionales, de censurar contenidos, de clausurar espacios", advierte una investigación reciente que mapea los grupos de antiderechos en Argentina, para dar a conocer quiénes son, cómo se financian y cómo se benefician quienes sostienen los discursos de odio. Desde hace años los feminismos advierten la paulatina consolidación de grupos de ultraderecha en toda la región, conformados por sectores políticos, empresariales y religiosos. La llegada de Javier Milei al poder implicó un retroceso en políticas de género, al tiempo que profundizó el escenario de violencia contra mujeres y diversidades. Lejos de actuar aislados, los grupos conservadores tienen fuertes vínculos con organizaciones internacionales, con la Iglesia Católica y figuras de alta jerarquía en la política nacional.
Desnudar a los responsables
"¿Quiénes son?" es el título de la investigación realizada por ADEM Resistencia Feminista y publicada recientemente que "desde una ética feminista, analiza discursos, estrategias, financiamiento y vínculos de poder" y enfatiza: "Saber quiénes son es clave para frenarlos". El trabajo mapea las distintas organizaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y su vínculo con esferas de la política y la religión, en un momento de embestida de los discursos conservadores y de derecha en América Latina.
El informe señala que "a través de estrategias organizadas y financiamiento proveniente de diversas fuentes, lograron instalar discursos anti-derechos y conservadores en la agenda pública, influir en las políticas gubernamentales y articularse con actores que promueven el retroceso de los derechos conquistados".
No obstante, "el alcance real de su influencia, sus estructuras de financiamiento y sus alianzas estratégicas aún no fueron completamente expuestas, lo que dificulta una respuesta efectiva desde las organizaciones feministas que defendemos los derechos sexuales y derechos reproductivos, en tanto derechos humanos. Pero también, permanecer en las sombras los posiciona como grupos decentes, que defienden la vida y persiguen lo que es justo ante la mirada social".
"¿Qué pasaría si el pueblo se enterara en verdad quiénes son? ¿Les seguirán creyendo? ¿Repetirían sus frases? ¿Comprarían sus discursos? La respuesta nos puede sorprender, porque hay importantes artículos, investigaciones y trabajos publicados sobre los impactos fundamentalistas que parece no afectarles. O en realidad, es difícil saber en cuánto les afecta porque avanzan muy rápido en regiones muy amplias de forma dispar. Dar seguimiento al impacto es una tarea engorrosa", cuestiona el informe.
El objetivo es mapear la mayor cantidad posible de organizaciones que lideran estas agendas en Argentina y la región, analizar sus estrategias comunicacionales e indagar en su financiamiento y vínculos con el poder político. En este sentido, busca comprender cómo estos grupos lograron consolidarse y ampliar su impacto, especialmente a partir de las victorias electorales. El caso de Javier Milei y su articulación con la ultraderecha latinoamericana y española representa un caso de especial interés en el análisis.
Discursos que no emergen espontáneamente
La respuesta reaccionaria contra los derechos sexuales y reproductivos en el país no es nueva. El informe las rastrea, al menos, a la última dictadura cívico-militar. En mayo de 1979, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la Argentina para constatar las violaciones a los derechos humanos, el entonces rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Octavio Derisi, desviaba el foco y convocaba a los emisarios de la OEA a "estudiar el problema del aborto en tanto violación de derechos".
Estos registros tempranos "permiten visibilizar que los discursos antiderechos no emergen de manera aislada ni espontánea, sino que responden a lógicas profundamente arraigadas y a intereses de poder". De los 80 a la actualidad los movimientos de mujeres y diversidades recorrieron un largo camino en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y aunque con distintas intensidades, los discursos de odio y los grupos de derecha han estado presentes en cada período buscando impedir el acceso a un derecho fundamental.
En 1994, en pleno proceso de reforma constitucional, el país discutía la definición de "vida" y si ésta iniciaba desde el momento de la concepción, un debate que volvió a las bancas legislativas y a las calles en 2018, cuando se debatió por primera vez en Diputados la Ley del aborto legal, seguro y voluntario.
Durante la reforma, la oposición feminista tomó fuerza, liderada por figuras como Martha Rosenberg, férrea defensora de los derechos sexuales y reproductivos. El informe identifica otros momentos "catalizadores de nuevas alianzas y plataformas conservadoras" como el 2010, año en que se discutió la Ley de Matrimonio Igualitario y la política de educación sexual, coincidiendo con el crecimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (creada en 2005). La arremetida conservadora volvió a unir fuerzas durante el debate de la Ley de Identidad de Género en 2012 y en las discusiones por el nuevo Código Civil en 2014.
Nota relacionada: Rosenberg y el aborto: "En la pandemia es más urgente la legalización; la política de Estado es la postergación"
Organizaciones antiderechos
La movilización social se venía gestando desde principios del siglo. La discusión parlamentaria tardó en llegar 13 años desde la creación de la Campaña. En el medio, se crearon distintos grupos conservadores, muchos con perfil religioso, que construyeron discursos a favor de las "familias tradicionales" y "la vida". En 2010, por ejemplo, se fundó la Red Federal de Familias, con el objetivo de impedir el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.
En 2018, durante el debate parlamentario por el derecho al aborto, emergió la plataforma Unión PRO Vida, que llegó a nuclear más de 150 organizaciones en todo el país. Según precisa el informe, algunas cuentan con décadas de actividad, como la Fundación Gospa, encargada de coordinar la Marcha por la Vida, que se realiza cada 25 de marzo, el "Día del niño por nacer", efeméride instaurada por Carlos Saúl Menem durante su Gobierno.
Cabe remarcar que, antes de la sanción de la Ley 27.610 de Aborto Seguro, Legal y Gratuito, en Argentina el aborto no era punible por dos causales: peligro para la vida o la salud de la madre o violación o abuso sexual. Sin embargo, en este escenario legal, muchas organizaciones "pro-vida" fueron conocidas por impedir a mujeres y niñas acceder a un derecho, situaciones que continuaron registrando incluso después de 2020, cuando se sancionó la ley que contempla el derecho a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin establecer causales.
La Asociación Civil Amigos de Grávida, una organización católica con 69 sedes en Argentina que dice ofrecer asistencia a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, fue señalada por intervenir en distintos casos para evitar interrupciones legales del embarazo. En 2015, fue denunciada por la "Colectiva Feminista San Luis" por incentivar a jóvenes a continuar con embarazos no intencionales para luego dar al recién nacido en adopción.
En 2022, se reportó en la provincia de Santa Fe el caso de una niña de 12 años retenida por Grávida momentos antes de arribar a la cita médica para interrumpir un embarazo producido por una violación intrafamiliar. El Gobierno provincial presentó una denuncia contra la organización por obstaculización del acceso a la interrupción legal del embarazo.
En la misma línea, la ONG Teen STAR, de origen chileno pero con fuerte presencia en Argentina, es conocida por sus vínculos con el Opus Dei, así como otros sectores conservadores de Estados Unidos y Latinoamérica. Promueve la abstinencia como método de planificación y su presidenta, Pilar Vigil, fue relacionada con el sacerdote pedófilo Fernando Karadima en Chile. Esta organización fue protagonista de la polémica en octubre de 2024, cuando fue convocada por el Gobierno argentino a dictar un curso a docentes de todo el país en relación a la implementación de la ESI, marcando un enfoque contrario a la perspectiva de derechos que establece la ley. Aunque el Gobierno buscó desligarse de la contratación argumentando que invitaron a Teen STAR como "expositor", sus funcionarios han insistido en la idea de que la ESI es "ideología de género" y "adoctrinamiento", frenando su implementación y modificando sus contenidos.
Nota relacionada: Maltz: "La Educación Emocional y la ESI no son sólo dos propuestas diferentes, plantean distintos proyectos de país"
El informe presenta una amplia lista de organizaciones que operan de manera similar y comparten los mismos valores. En América Latina se pueden mencionar: Con Mis Hijos No Te Metas, Red Política de Valores, Vida Humana Internacional y Heartbeat International (de origen estadounidense pero con fuerte presencia en la región), CitizenGO, Red Provida Latinoamérica, Frente Nacional por la Familia, Human Life International, Congreso Evangélico Iberoamericano, Coalición Vida y Familia, La Coalición para Oportunidades y el Ordenamiento Social Contemporáneo, entre otros.
"Aún con profundas diferencias internas, estos sectores pueden coordinarse para boicotear y atrasar las conquistas sociales en materia de derechos humanos haciendo incidencia ante los gobiernos pero también ante los mecanismos de participación que tiene la Sociedad Civil para influir en Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Este patrón reactivo y de reapropiación discursiva será una constante en su accionar político, social y comunicacional en las décadas siguientes", subraya la investigación.
Por otro lado, casi todas se destacan por su vínculo con el Opus Dei, que tampoco ha estado exento de denuncias por trata de personas y explotación laboral, así como por relaciones directas con la Iglesia Católica, protagonista de miles de denuncias de abuso sexual a menores en todo el mundo.
Alianza estratégica con políticos
Parte de la influencia de estos grupos viene de su alianza con ciertos sectores políticos en la región. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha mostrado de manera explícita su afinidad con grupos antiaborto y en particular con una posición clara en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
Otras figuras destacadas mencionadas en el informe son Amalia Granata (diputada provincial por Santa Fe), Rocío Belén Bonacci (diputada nacional por Santa Fe), Nicolás Mayoraz (diputado por de Santa Fe), Cristina Fiore (fue senadora nacional y diputada nacional por Salta), Cynthia Hotton (exdiputada nacional y presidenta del partido Valores para mi País), Alfredo Olmedo (empresario y político argentino que fue diputado nacional por la provincia de Salta en dos periodos).
También se nombran figuras que tienen o tuvieron mayor jerarquía política como Victoria Villarruel (actual vicepresidenta), Mariano Cúneo Libarona (ministro de Seguridad), Esteban Bullrich (exdiputado nacional y exministro ministro de Educación de la Nación), Gabriela Michetti (miembro de Propuesta Republicana y del partido Cambiemos, fue vicejefa de Gobierno de Buenos Aires), María Eugenia Vidal (exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional) y Mauricio Macri (expresidente y líder del PRO).
Lejos de quedar fuera del debate, "las posturas de estos políticos y otros tantos influyen en la formulación e implementación de políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva en sus respectivas jurisdicciones, así como en el debate nacional sobre estos temas".
Desinformación y amplificación del odio
En una coyuntura donde el debate público se produce esencialmente en los medios y las redes sociales, las organizaciones antiaborto han desarrollado una serie de estrategias comunicacionales para "maximizar su impacto y promover agendas conservadoras".
Entre estas estrategias, generalmente buscan "reenmarcar el debate", presentando el aborto y la ESI como amenazas a la "familia tradicional" y a los "valores morales", lo que corre el eje de los Derechos Humanos. En Argentina esto también implicó referirse a las políticas para garantizar la salud sexual y reproductiva como "corrupción y gasto superfluo".
Por otro lado, distintas organizaciones y figuras del espacio público se han dedicado a difundir desinformación o información sesgada sobre los efectos del aborto y la ESI, estrategia que "explota el miedo y la incertidumbre, que son catalizadores efectivos para la movilización social".
Algunas de estas entidades también se apropian de los términos asociados a los Derechos Humanos, refiriéndose a los "derechos del niño por nacer" o la "libertad de educación".
"En Argentina, el activismo católico antiabortista desarrolla discursos que combinan argumentos científicos y bioéticos para oponerse a la legalización del aborto", advierte el informe. Y como ya señaló, hacen uso del cabildeo y la presión política para incidir en la agenda legislativa.
Este panorama se traduce en la profundización de la vulnerabilidad de ciertos grupos, tanto en las calles como en los espacios digitales: "Las narrativas promovidas por estas organizaciones contribuyen a la marginalización de colectivos feministas, la comunidad LGBT y personas migrantes, fomentando discursos de odio y violencia en su contra. En Argentina, se observa cómo estas campañas buscan limitar los derechos de estos grupos, generando un clima de hostilidad y exclusión".
Durante el primer debate por el aborto legal en 2018, Aministía Internacional reportó un aumento en la cantidad de ataques en Internet y en las calles hacia las mujeres que se manifestaban a favor de la legalización y/o utilizaban pañuelo verde. El debate parlamentario suscitó la profundización de la violencia online contra mujeres y diversidades, una modalidad relativamente reciente que se ha instalado con fuerza en los últimos años.
En este sentido, las redes sociales son "terreno fértil para la promoción de figuras políticas alineadas con estos sectores. A través de campañas digitales coordinadas, se logra amplificar mensajes, instalar narrativas y conectar a distintos actores conservadores de la región. Esta estrategia no solo potencia su alcance, sino que también deja rastros que permiten evidenciar cómo operan, a quiénes responden y qué intereses defienden. Muchos de los ejecutores de las campañas digitales que impulsaron a Javier Milei en Argentina, a José Antonio Kast en Chile y a Eduardo Bolsonaro en Brasil también son fundadores de medios locales. Lo que los une es tejer campañas digitales que instalan candidatos y posturas políticas en la región".
De esta forma la investigación muestra la articulación entre medios digitales, financiamiento internacional y alianzas políticas regionales en la conformación de "una red poderosa que opera para imponer agendas regresivas en toda América Latina".
Destacan la construcción de una "ideología del odio, abanderada del colonialismo religioso, que impuso y sigue reproduciendo una visión eurocéntrica, racista y patriarcal del mundo, invisibilizando saberes ancestrales, prácticas espirituales diversas y culturas originarias". Y cuestionan la supuesta defensa de la vida de estos grupos, "mientras guardan silencio frente a violencias estructurales, guerras, pobreza o abusos dentro de la misma institución, e incluso mientras se comprueba la complicidad con delitos de lesa humanidad durante gobiernos antidemocráticos y dictaduras".
La ideología del odio de Javier Milei
La investigación se centra en Javier Milei, tal vez hoy una de las figuras políticas más visibles en la Argentina que de manera explícita se ha expresado en contra de los feminismos y las diversidades. Como era de esperar, su postura también se caracteriza por un desconocimiento profundo de los avances en materia de derechos en los últimos años, además de una posición negacionista en relación a las políticas ambientales y la creciente preocupación mundial por la cuestión climática. El mandatario profesa su devoción a otras figuras de la derecha en el mundo como Jair Bolsonaro o Donald Trump.
Sin embargo, no se trata solo de discurso, sino que desde que asumió la Presidencia se dedica a implementar un fuerte ajuste en áreas relacionadas al género, las diversidades y las infancias. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue apenas la punta del iceberg: a la fecha, se eliminaron programas, otros se modificaron y la mayoría fueron desfinanciados. En un país en el que una mujer es asesinada a manos de un varón violento aproximadamente cada 30 horas, el Gobierno libertario sostiene que los programas con perspectiva de género son "caprichos ideológicos".
Nota relacionada: La protección contra la violencia machista, un "capricho ideológico" para un gobierno que aborrece los géneros
La llegada de Milei y su equipo a la Presidencia puso en alerta a los feminismos, que temieron por el retroceso de leyes clave como la ESI o la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Respecto a esta última, aunque el Presidente expresó en campaña que uno de sus objetivos era derogar la Ley a través de un plebiscito, a la fecha se mantiene vigente. En febrero de 2024, la diputada de la Libertad Avanza, Rocio Bonacci, presentó un proyecto para derogar la ley, sancionada en 2020, y proponiendo penas de hasta tres años para las mujeres que aborten. A pesar de que el vocero presidencial afirmó que se trataba de un proyecto individual y no impulsado por el Ejecutivo, no está lejos de las expresiones del círculo libertario.
El ajuste no solo se sintió en las áreas destinadas a la prevención y abordaje de las violencias, sino que tuvo un impacto directo en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Aunque Argentina cuenta con una ley que establece el aborto seguro, legal y voluntario hasta la semana 14, en los últimos dos años se ha experimentado un crecimiento de los obstáculos para acceder a este derecho: "En menos de un año se desabastecieron los hospitales de medicamentos para acceder a la anticoncepción, el aborto seguro, los tratamientos de reemplazo hormonal, la contención psicológica y equipos destinados a atender la salud integral y sexual de las comunidades. Incluso es difícil encontrar turnos en ginecología".
Milei es una figura ampliamente visible, pero hay alianzas y redes que no siempre están a la vista. El informe destaca la necesidad de actuar colectivamente y construir narrativas alternativas en un momento en el que los discursos de odio se multiplican.
Y concluye: "Muchos son varones, pero no actúan solos. Se valen de algunas funcionarias afines, de mujeres en roles públicos que reproducen la lógica patriarcal y se convierten en voceras del retroceso. En varios casos, estos actores son designados como referentes de áreas sensibles del Estado: niñez, educación, salud, desarrollo social. Desde ahí bloquean, demoran, vacían. No siempre necesitan una nueva ley: les basta con no aplicar las que ya existen. Lo más preocupante es su legitimidad institucional. Ya no son sólo lobbistas o movimientos periféricos. Hoy ocupan lugares de decisión y tienen la capacidad de disciplinar a profesionales, de censurar contenidos, de clausurar espacios. Y lo hacen. No son muchos, pero están donde se define todo".