Los defensores de los acusados de fusilar a Tino John piden que el juicio se traslade a otra jurisdicción Los acusados de asesinar al vecino de Las Golondrinas en mayo de 2021 son los policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto. Serán juzgados en septiembre con la participación de un jurado popular. Sus abogados defensores plantean ahora que ese proceso no puede realizarse en Lago Puelo ya que quienes sean seleccionados como jurados están "influenciados" debido a la "mediatización" del caso. Este planteo, una nueva dilación de parte de los abogados, lo definirá este lunes el juez José Luis Ennis.
Este viernes 1 de agosto se llevó a cabo una nueva audiencia en las oficinas judiciales de Lago Puelo para sortear a los doce ciudadanos que integrarán el jurado popular. La jornada, sin embargo, acabó en un debate entre las partes ante un reclamo de los defensores de los acusados por la "mediatización" del caso, lo que obligó al juez a prolongar la audiencia hasta este lunes. El proceso judicial, que ya lleva más de cuatro años, estuvo cargado de irregularidades y dilaciones. Sin embargo, se espera que en los próximos meses, durante el juicio que tendrá lugar del 16 al 23 de septiembre, pueda haber definiciones en torno a la situación de los policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto, los tres imputados por el asesinato de Alejandro Tino John el 27 de mayo del 2021.
La lenta justicia
El juicio tendrá como eje discutir la legalidad del proceso que se llevó a cabo cuando efectivos del GEOP ingresaron al domicilio de Tino John -ubicado en el Paraje Las Golondrinas- en el marco de un allanamiento. A pesar de que sabían que el vecino estaba atravesando una crisis y debían esperar la llegada de personal médico, el grupo ingresó de manera violenta, maniató a Claudia Costa, pareja de John, y en menos de 15 minutos lo asesinaron de un disparo en la cabeza, alegando que fue una medida necesaria para preservar la vida tanto del personal policial como de terceros.
Costa, junto a las organizaciones de Derechos Humanos, insistió en la irregularidad del operativo, pese a la posición firme del primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, quien afirmó que los efectivos actuaron de acuerdo a los protocolos y que se trató de un "enfrentamiento" con un hombre "extremadamente peligroso". Esta versión fue avalada por el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien incluso ante los cuestionamientos de medios, ciudadanos y legisladores coincidió en que la legalidad del operativo estaba fuera de duda.
Lo cierto es que la forma de proceder del GEOP no tuvo en cuenta la situación de salud mental de John y los protocolos nacionales e internacionales en la materia que enfatizan la necesidad de implementar estrategias de contención para evitar el aumento de la ansiedad o el incremento de conductas agresivas mientras se espera la llegada de personal médico.
Por otro lado, en ese momento estaba vigente el protocolo impuesto por el propio Massoni, que indica que los agentes deben utilizar un disparo mortal como última alternativa si el agresor se acerca a menos de 6,4 metros. Tino John fue asesinado por un disparo en la cabeza sin haber agotado alternativas plausibles que hubieran protegido la vida.
Así lo entendió el nuevo fiscal, Martin Robertson, quien el año pasado amplió la imputación a Cristian Soto y Omar Martínez. Hasta ese momento el único imputado era Luis Américo Moggiano, responsable de efectuar el disparo mortal.
Mientras estuvo a cargo de Carlos Díaz Mayer, el caso sufrió múltiples dilaciones y estuvo a punto de ser cerrado. Díaz Mayer abrió la investigación un año y medio después de los hechos, muy cerca del vencimiento de los plazos, e insistió con el sobreseimiento de Moggiano. El cambio de fiscal permitió un importante avance en la causa: Robertson reconoció lo que Claudia, la familia y las organizaciones de Derechos Humanos sostenían desde el día uno. El fiscal de Esquel identificó al menos tres alternativas de actuación que hubiesen preservado la vida de John y de terceros.
Aunque la viuda de John sostuvo en reiteradas ocasiones que "hay una larga cadena de acción y omisión", los tres imputados ocuparon roles clave durante el operativo. Moggiano, autor material del disparo, está imputado por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial. Omar Martínez, comisario de El Hoyo, y Cristian Soto, jefe del Grupo Especial de Operaciones, están acusados de homicidio culposo por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1530 para los delitos de gravedad, se determinó la competencia de la causa para llevarse a cabo mediante un juicio por jurados, una modalidad implementada en Chubut en 2023. Por otro lado, se estableció un juicio unificado con el objetivo de evitar el escándalo por sentencias contradictorias.
Una nueva dilación
Este viernes 1 de agosto se llevó a cabo una nueva audiencia para sortear a los doce ciudadanos integrantes del jurado popular. Sin embargo, un planteo de la defensa frenó el proceso, lo que obligó al juez a pasar a un cuarto intermedio para reanudarla este lunes.
Las defensas de los tres imputados presentaron una solicitud conjunta invocando el artículo 61 del Código Procesal Penal de Chubut para que el juicio no se realice en Lago Puelo, argumentando que el caso es ampliamente mediático. Sostienen que la "conmoción social" y el "alto impacto público" podrían impedir garantizar la imparcialidad del jurado, por lo que piden que se traslade a otra jurisdicción.
Las querellas (integradas por Marcos Ponce y Alfredo Pérez Galimberti) junto al fiscal sostuvieron que este tipo de planteo no correspondía y que debería haberse realizado en las audiencias preliminares, ya que la causa tiene visibilidad mediática desde el inicio del proceso.
El juez José Luis Ennis decidió pasar a cuarto intermedio para revisar lo expuesto, por lo que la audiencia se reanudará este lunes por la mañana, jornada en la que se espera que pueda finalmente llevarse a cabo el sorteo de jurados. Allí también se conocerá si la causa se mantendrá en la justicia de Chubut o si será trasladada a otra jurisdicción.
No es la primera vez que una audiencia se dilata. Durante el proceso, los distintos planteos y solicitudes de las defensas, sumado a los tiempos judiciales y la burocracia, ralentizaron las jornadas en más de una ocasión.
Durante la audiencia preliminar donde se discutió elevación a juicio, que se llevó a cabo el 18 de abril, el fiscal apartado Carlos Díaz Mayer hizo una sorpresiva aparición para volver a solicitar el pedido de sobreseimiento de Moggiano. Aunque el defensor Marcos Ponce señaló que este pedido "procesalmente para estas partes no tiene procedencia ni asidero legal", el debate se extendió sobre este punto y ocupó las primeras dos horas de la jornada, que fue retomada en los días posteriores.
Entre problemas técnicos, feriados y planteos de la defensa, la audiencia preliminar para elevación a juicio tomó en total 3 sesiones en 10 días por los cuartos intermedios.
En las entrevistas que Claudia Costa concedió a este medio reiteró su confianza en la Justicia ahora que la causa está a cargo del fiscal Martín Robertson. Y sostuvo que "si siguen poniendo palos en la rueda", recurrirá a instancias en el exterior. Precisó que el expediente de Tino John llegó al Relator de la ONU, y hay amplio conocimiento del caso en otros países. Costa también ha hecho referencia al blindaje de los medios nacionales y la intención de la Justicia de cerrar el caso rápidamente: "Yo tendría que haberme quedado tranquila con el primer abogado y que a los dos meses se abriera la causa y en seis meses se elevara a juicio". A cuatro años de un crimen que sacudió a la provincia, el caso de Tino John hoy parece un poco más cerca de la justicia.
Los acusados de asesinar al vecino de Las Golondrinas en mayo de 2021 son los policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto. Serán juzgados en septiembre con la participación de un jurado popular. Sus abogados defensores plantean ahora que ese proceso no puede realizarse en Lago Puelo ya que quienes sean seleccionados como jurados están "influenciados" debido a la "mediatización" del caso. Este planteo, una nueva dilación de parte de los abogados, lo definirá este lunes el juez José Luis Ennis.
Este viernes 1 de agosto se llevó a cabo una nueva audiencia en las oficinas judiciales de Lago Puelo para sortear a los doce ciudadanos que integrarán el jurado popular. La jornada, sin embargo, acabó en un debate entre las partes ante un reclamo de los defensores de los acusados por la "mediatización" del caso, lo que obligó al juez a prolongar la audiencia hasta este lunes. El proceso judicial, que ya lleva más de cuatro años, estuvo cargado de irregularidades y dilaciones. Sin embargo, se espera que en los próximos meses, durante el juicio que tendrá lugar del 16 al 23 de septiembre, pueda haber definiciones en torno a la situación de los policías Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto, los tres imputados por el asesinato de Alejandro Tino John el 27 de mayo del 2021.
La lenta justicia
El juicio tendrá como eje discutir la legalidad del proceso que se llevó a cabo cuando efectivos del GEOP ingresaron al domicilio de Tino John -ubicado en el Paraje Las Golondrinas- en el marco de un allanamiento. A pesar de que sabían que el vecino estaba atravesando una crisis y debían esperar la llegada de personal médico, el grupo ingresó de manera violenta, maniató a Claudia Costa, pareja de John, y en menos de 15 minutos lo asesinaron de un disparo en la cabeza, alegando que fue una medida necesaria para preservar la vida tanto del personal policial como de terceros.
Costa, junto a las organizaciones de Derechos Humanos, insistió en la irregularidad del operativo, pese a la posición firme del primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, quien afirmó que los efectivos actuaron de acuerdo a los protocolos y que se trató de un "enfrentamiento" con un hombre "extremadamente peligroso". Esta versión fue avalada por el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien incluso ante los cuestionamientos de medios, ciudadanos y legisladores coincidió en que la legalidad del operativo estaba fuera de duda.
Lo cierto es que la forma de proceder del GEOP no tuvo en cuenta la situación de salud mental de John y los protocolos nacionales e internacionales en la materia que enfatizan la necesidad de implementar estrategias de contención para evitar el aumento de la ansiedad o el incremento de conductas agresivas mientras se espera la llegada de personal médico.
Por otro lado, en ese momento estaba vigente el protocolo impuesto por el propio Massoni, que indica que los agentes deben utilizar un disparo mortal como última alternativa si el agresor se acerca a menos de 6,4 metros. Tino John fue asesinado por un disparo en la cabeza sin haber agotado alternativas plausibles que hubieran protegido la vida.
Así lo entendió el nuevo fiscal, Martin Robertson, quien el año pasado amplió la imputación a Cristian Soto y Omar Martínez. Hasta ese momento el único imputado era Luis Américo Moggiano, responsable de efectuar el disparo mortal.
Mientras estuvo a cargo de Carlos Díaz Mayer, el caso sufrió múltiples dilaciones y estuvo a punto de ser cerrado. Díaz Mayer abrió la investigación un año y medio después de los hechos, muy cerca del vencimiento de los plazos, e insistió con el sobreseimiento de Moggiano. El cambio de fiscal permitió un importante avance en la causa: Robertson reconoció lo que Claudia, la familia y las organizaciones de Derechos Humanos sostenían desde el día uno. El fiscal de Esquel identificó al menos tres alternativas de actuación que hubiesen preservado la vida de John y de terceros.
Aunque la viuda de John sostuvo en reiteradas ocasiones que "hay una larga cadena de acción y omisión", los tres imputados ocuparon roles clave durante el operativo. Moggiano, autor material del disparo, está imputado por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial. Omar Martínez, comisario de El Hoyo, y Cristian Soto, jefe del Grupo Especial de Operaciones, están acusados de homicidio culposo por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1530 para los delitos de gravedad, se determinó la competencia de la causa para llevarse a cabo mediante un juicio por jurados, una modalidad implementada en Chubut en 2023. Por otro lado, se estableció un juicio unificado con el objetivo de evitar el escándalo por sentencias contradictorias.
Una nueva dilación
Este viernes 1 de agosto se llevó a cabo una nueva audiencia para sortear a los doce ciudadanos integrantes del jurado popular. Sin embargo, un planteo de la defensa frenó el proceso, lo que obligó al juez a pasar a un cuarto intermedio para reanudarla este lunes.
Las defensas de los tres imputados presentaron una solicitud conjunta invocando el artículo 61 del Código Procesal Penal de Chubut para que el juicio no se realice en Lago Puelo, argumentando que el caso es ampliamente mediático. Sostienen que la "conmoción social" y el "alto impacto público" podrían impedir garantizar la imparcialidad del jurado, por lo que piden que se traslade a otra jurisdicción.
Las querellas (integradas por Marcos Ponce y Alfredo Pérez Galimberti) junto al fiscal sostuvieron que este tipo de planteo no correspondía y que debería haberse realizado en las audiencias preliminares, ya que la causa tiene visibilidad mediática desde el inicio del proceso.
El juez José Luis Ennis decidió pasar a cuarto intermedio para revisar lo expuesto, por lo que la audiencia se reanudará este lunes por la mañana, jornada en la que se espera que pueda finalmente llevarse a cabo el sorteo de jurados. Allí también se conocerá si la causa se mantendrá en la justicia de Chubut o si será trasladada a otra jurisdicción.
No es la primera vez que una audiencia se dilata. Durante el proceso, los distintos planteos y solicitudes de las defensas, sumado a los tiempos judiciales y la burocracia, ralentizaron las jornadas en más de una ocasión.
Durante la audiencia preliminar donde se discutió elevación a juicio, que se llevó a cabo el 18 de abril, el fiscal apartado Carlos Díaz Mayer hizo una sorpresiva aparición para volver a solicitar el pedido de sobreseimiento de Moggiano. Aunque el defensor Marcos Ponce señaló que este pedido "procesalmente para estas partes no tiene procedencia ni asidero legal", el debate se extendió sobre este punto y ocupó las primeras dos horas de la jornada, que fue retomada en los días posteriores.
Entre problemas técnicos, feriados y planteos de la defensa, la audiencia preliminar para elevación a juicio tomó en total 3 sesiones en 10 días por los cuartos intermedios.
En las entrevistas que Claudia Costa concedió a este medio reiteró su confianza en la Justicia ahora que la causa está a cargo del fiscal Martín Robertson. Y sostuvo que "si siguen poniendo palos en la rueda", recurrirá a instancias en el exterior. Precisó que el expediente de Tino John llegó al Relator de la ONU, y hay amplio conocimiento del caso en otros países. Costa también ha hecho referencia al blindaje de los medios nacionales y la intención de la Justicia de cerrar el caso rápidamente: "Yo tendría que haberme quedado tranquila con el primer abogado y que a los dos meses se abriera la causa y en seis meses se elevara a juicio". A cuatro años de un crimen que sacudió a la provincia, el caso de Tino John hoy parece un poco más cerca de la justicia.