Los argentinos consideran que la inseguridad y la pobreza son las mayores amenazas para su vida cotidiana Por Daniel Cassola
Un nuevo estudio de la Universidad de Buenos Aires ofrece una radiografía sobre el ánimo social en los grandes centros urbanos del país. La investigación muestra que los ciudadanos perciben la inseguridad como el problema más urgente y, al mismo tiempo, ubican a la pobreza y a la falta de ingresos entre las principales dificultades que condicionan su día a día.
Se trata de la 12ª edición del Monitor de Inseguridad del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), que analiza desde hace más de una década las percepciones ciudadanas sobre delitos y vulnerabilidad social.
El informe, que alcanzó a casi dos mil personas y forma parte de una serie de encuestas con más de 30.000 casos acumulados, revela que casi la mitad de los consultados considera la situación de inseguridad como extremadamente o muy grave. Casi un 45% asegura que los hechos delictivos aumentaron durante el último año. Ese nivel de alarma no es nuevo: se mantiene estable desde 2020 y refleja una preocupación constante que atraviesa distintos contextos políticos y económicos.
El denominado "termómetro de inseguridad" arrojó un promedio de 7,3 puntos sobre 10, lo que implica un nivel elevado de percepción de riesgo. Los números más críticos se concentran en el Gran Rosario, el oeste y sur del conurbano bonaerense, así como en Mar del Plata. Según los investigadores, esta persistencia en el tiempo debería ser un llamado de atención tanto para el Gobierno nacional como para las administraciones provinciales, ya que la ciudadanía no observa cambios significativos en materia de prevención y respuesta frente al delito.
Impacto emocional
El impacto emocional de la inseguridad es uno de los puntos destacados del informe. Los sentimientos predominantes entre los encuestados son el miedo, la impotencia, la preocupación y la bronca, que terminan configurando una sensación de desamparo. Para los especialistas, esta carga emocional se traduce en problemas de salud mental, estrés sostenido y un deterioro notable de la calidad de vida. La consecuencia directa es la modificación de hábitos cotidianos: las personas cambian horarios, planifican recorridos alternativos o refuerzan medidas de seguridad en sus hogares para evitar exponerse a posibles ataques.
El relevamiento también pone en evidencia la desconfianza hacia el sistema judicial y policial. El 51% de los participantes o sus familiares sufrió algún delito en los últimos seis meses. De ese grupo, siete de cada diez realizaron una denuncia, pero quienes no lo hicieron señalaron como principal motivo la falta de fe en una respuesta concreta. El 63% considera que denunciar es una pérdida de tiempo, convencidos de que no habrá justicia. La falta de credibilidad alcanza su punto más alto cuando se observa que el 92% opina que los delitos graves no reciben castigos acordes o que las penas directamente no se cumplen.
El delito más frecuente continúa siendo el robo con armas en la vía pública, seguido por estafas y robos sin violencia. La sensación de vulnerabilidad se expande en paralelo con un malestar económico que, lejos de ceder, se profundiza. "Dinero" es la palabra que más aparece en las preocupaciones personales, junto con salarios, desempleo e ingresos. Por primera vez, los votantes del oficialismo libertario incorporan la pobreza y los bajos sueldos entre sus prioridades, un dato que evidencia cómo la inseguridad y la crisis social se entrelazan como parte de un mismo cuadro de angustia.
Visión pesimista
La brecha política también atraviesa las interpretaciones sobre las causas de la delincuencia. Los seguidores del presidente Javier Milei responsabilizan a jueces que califican de "garantistas", a los beneficios que recibirían los delincuentes y a la expansión del narcotráfico. Quienes apoyaron a Sergio Massa, en cambio, apuntan a la pobreza, la desigualdad y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. El informe advierte que esta divergencia de diagnósticos refleja la dificultad de construir consensos en torno a un problema que requiere políticas integrales y de largo plazo.
La visión de futuro es pesimista. Más de la mitad de los encuestados cree que la inseguridad se agravará en los próximos meses y seis de cada diez estiman que es muy probable o bastante probable ser víctimas de un delito en el corto plazo. Las evaluaciones sobre las gestiones de seguridad, tanto a nivel nacional como en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, son muy bajas: los promedios no superan los 4,5 puntos en una escala de 1 a 10.
Fuente: www.curarconopinion.com
Por Daniel Cassola
Un nuevo estudio de la Universidad de Buenos Aires ofrece una radiografía sobre el ánimo social en los grandes centros urbanos del país. La investigación muestra que los ciudadanos perciben la inseguridad como el problema más urgente y, al mismo tiempo, ubican a la pobreza y a la falta de ingresos entre las principales dificultades que condicionan su día a día.
Se trata de la 12ª edición del Monitor de Inseguridad del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), que analiza desde hace más de una década las percepciones ciudadanas sobre delitos y vulnerabilidad social.
El informe, que alcanzó a casi dos mil personas y forma parte de una serie de encuestas con más de 30.000 casos acumulados, revela que casi la mitad de los consultados considera la situación de inseguridad como extremadamente o muy grave. Casi un 45% asegura que los hechos delictivos aumentaron durante el último año. Ese nivel de alarma no es nuevo: se mantiene estable desde 2020 y refleja una preocupación constante que atraviesa distintos contextos políticos y económicos.
El denominado "termómetro de inseguridad" arrojó un promedio de 7,3 puntos sobre 10, lo que implica un nivel elevado de percepción de riesgo. Los números más críticos se concentran en el Gran Rosario, el oeste y sur del conurbano bonaerense, así como en Mar del Plata. Según los investigadores, esta persistencia en el tiempo debería ser un llamado de atención tanto para el Gobierno nacional como para las administraciones provinciales, ya que la ciudadanía no observa cambios significativos en materia de prevención y respuesta frente al delito.
Impacto emocional
El impacto emocional de la inseguridad es uno de los puntos destacados del informe. Los sentimientos predominantes entre los encuestados son el miedo, la impotencia, la preocupación y la bronca, que terminan configurando una sensación de desamparo. Para los especialistas, esta carga emocional se traduce en problemas de salud mental, estrés sostenido y un deterioro notable de la calidad de vida. La consecuencia directa es la modificación de hábitos cotidianos: las personas cambian horarios, planifican recorridos alternativos o refuerzan medidas de seguridad en sus hogares para evitar exponerse a posibles ataques.
El relevamiento también pone en evidencia la desconfianza hacia el sistema judicial y policial. El 51% de los participantes o sus familiares sufrió algún delito en los últimos seis meses. De ese grupo, siete de cada diez realizaron una denuncia, pero quienes no lo hicieron señalaron como principal motivo la falta de fe en una respuesta concreta. El 63% considera que denunciar es una pérdida de tiempo, convencidos de que no habrá justicia. La falta de credibilidad alcanza su punto más alto cuando se observa que el 92% opina que los delitos graves no reciben castigos acordes o que las penas directamente no se cumplen.
El delito más frecuente continúa siendo el robo con armas en la vía pública, seguido por estafas y robos sin violencia. La sensación de vulnerabilidad se expande en paralelo con un malestar económico que, lejos de ceder, se profundiza. "Dinero" es la palabra que más aparece en las preocupaciones personales, junto con salarios, desempleo e ingresos. Por primera vez, los votantes del oficialismo libertario incorporan la pobreza y los bajos sueldos entre sus prioridades, un dato que evidencia cómo la inseguridad y la crisis social se entrelazan como parte de un mismo cuadro de angustia.
Visión pesimista
La brecha política también atraviesa las interpretaciones sobre las causas de la delincuencia. Los seguidores del presidente Javier Milei responsabilizan a jueces que califican de "garantistas", a los beneficios que recibirían los delincuentes y a la expansión del narcotráfico. Quienes apoyaron a Sergio Massa, en cambio, apuntan a la pobreza, la desigualdad y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. El informe advierte que esta divergencia de diagnósticos refleja la dificultad de construir consensos en torno a un problema que requiere políticas integrales y de largo plazo.
La visión de futuro es pesimista. Más de la mitad de los encuestados cree que la inseguridad se agravará en los próximos meses y seis de cada diez estiman que es muy probable o bastante probable ser víctimas de un delito en el corto plazo. Las evaluaciones sobre las gestiones de seguridad, tanto a nivel nacional como en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, son muy bajas: los promedios no superan los 4,5 puntos en una escala de 1 a 10.
Fuente: www.curarconopinion.com