10 años del espionaje ilegal a vecinos de la Comarca Andina y un juicio oral que avanza en carretaEste 28 de agosto se cumplen diez años del llamado "espionaje minería Esquel", una causa que puso en evidencia prácticas de inteligencia ilegal contra vecinos y activistas del movimiento "No a la Mina" que resistían proyectos mineros en la región.
La investigación judicial buscó determinar responsabilidades por el seguimiento, la recopilación de datos y la intervención de comunicaciones de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, hechos que abrieron un debate público sobre los límites del accionar de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia en contextos de conflicto ambiental, la protección de las libertades civiles y la transparencia en el manejo de información sensible
Al respecto, Gustavo Macayo comentó: "Hoy, jueves, se cumplen 10 años desde el día en que aparecieron públicamente las fichas de espionaje que, en un principio, contenían a 26 personas, todas en contra de la mayoría. Eran de Esquel, Trevelin, Corcovado, Lago Puelo, El Maitén, Cholila y otras localidades de la Comarca Andina".
Y detalló: "En cada una de ellas había una foto y una reseña sobre la vida privada y pública de estas personas. Muchas eran conocidas en el ámbito de la salud, la educación y también periodistas. Fue un escándalo importante porque incluso muchas de las personas que estaban en esas fichas estaban presentes en la audiencia judicial donde se tramitaba una causa penal contra un grupo mapuche tehuelche que estaba recuperando tierras del Grupo Benetton".
Cuando se hizo público el espionaje a vecinos, el hecho fue repudiado desde los distintos ámbitos de la sociedad. Entre ellos, el Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Federación Judicial Argentina.
En contacto con EQSNotas, Macayo recordó que "el defensor público mostró las listas y se fueron viralizando. Eso llevó a que el MPF hiciera una denuncia en el Juzgado Federal".
La causa
En agosto de 2015, durante una audiencia por la causa de recuperación territorial mapuche en Vuelta del Río, Fernando Radziwilowski (de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública) exigió al Ministerio Público Fiscal de Esquel que la investigación sobre las denuncias del grupo Benetton se ajustara a derecho.
Radziwilowski reveló que en el expediente se habían incorporado fichas de "activistas" de la comarca andina, quienes estaban siendo investigados por su posible vínculo con lo que se denominó "supuestos actos de terrorismo".
Estas fichas contenían identificación fotográfica, actividades laborales, posicionamientos ideológicos y detalles de la vida privada de militantes de la Asamblea del No a la Mina, concejales, candidatos a intendentes y periodistas, destacándose el seguimiento a integrantes de la radio comunitaria Kalewche.
El espionaje a vecinos fue repudiado por diversos sectores de la sociedad, incluyendo el Sindicato de Prensa de Comodoro, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Federación Judicial Argentina.
Un mes después, en septiembre, la Fiscalía Federal impulsó una acción penal por espionaje ilegal. Los investigados fueron los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini, los jefes policiales Claudio Alfredo Rodríguez (encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel) y Adrián Alejandro Muñoz (jefe de la División Investigaciones de Esquel), y un agente de la AFI.
La Justicia Federal desprocesó en dos oportunidades a los fiscales y a los jefes policiales, quedando como únicos acusados los agentes de inteligencia. Durante la investigación se determinó que habían sido tres los agentes de inteligencia involucrados.
Al respecto, Gustavo Macayo señaló que "en este momento la causa irá a juicio oral y público, pero esa instancia está un poco parada". Cabe recordar que Macayo y Osvaldo González Salinas son abogados querellantes de la causa, representando a los vecinos espiados.
Fuente: EQS
Este 28 de agosto se cumplen diez años del llamado "espionaje minería Esquel", una causa que puso en evidencia prácticas de inteligencia ilegal contra vecinos y activistas del movimiento "No a la Mina" que resistían proyectos mineros en la región.
La investigación judicial buscó determinar responsabilidades por el seguimiento, la recopilación de datos y la intervención de comunicaciones de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, hechos que abrieron un debate público sobre los límites del accionar de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia en contextos de conflicto ambiental, la protección de las libertades civiles y la transparencia en el manejo de información sensible
Al respecto, Gustavo Macayo comentó: "Hoy, jueves, se cumplen 10 años desde el día en que aparecieron públicamente las fichas de espionaje que, en un principio, contenían a 26 personas, todas en contra de la mayoría. Eran de Esquel, Trevelin, Corcovado, Lago Puelo, El Maitén, Cholila y otras localidades de la Comarca Andina".
Y detalló: "En cada una de ellas había una foto y una reseña sobre la vida privada y pública de estas personas. Muchas eran conocidas en el ámbito de la salud, la educación y también periodistas. Fue un escándalo importante porque incluso muchas de las personas que estaban en esas fichas estaban presentes en la audiencia judicial donde se tramitaba una causa penal contra un grupo mapuche tehuelche que estaba recuperando tierras del Grupo Benetton".
Cuando se hizo público el espionaje a vecinos, el hecho fue repudiado desde los distintos ámbitos de la sociedad. Entre ellos, el Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Federación Judicial Argentina.
En contacto con EQSNotas, Macayo recordó que "el defensor público mostró las listas y se fueron viralizando. Eso llevó a que el MPF hiciera una denuncia en el Juzgado Federal".
La causa
En agosto de 2015, durante una audiencia por la causa de recuperación territorial mapuche en Vuelta del Río, Fernando Radziwilowski (de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública) exigió al Ministerio Público Fiscal de Esquel que la investigación sobre las denuncias del grupo Benetton se ajustara a derecho.
Radziwilowski reveló que en el expediente se habían incorporado fichas de "activistas" de la comarca andina, quienes estaban siendo investigados por su posible vínculo con lo que se denominó "supuestos actos de terrorismo".
Estas fichas contenían identificación fotográfica, actividades laborales, posicionamientos ideológicos y detalles de la vida privada de militantes de la Asamblea del No a la Mina, concejales, candidatos a intendentes y periodistas, destacándose el seguimiento a integrantes de la radio comunitaria Kalewche.
El espionaje a vecinos fue repudiado por diversos sectores de la sociedad, incluyendo el Sindicato de Prensa de Comodoro, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Federación Judicial Argentina.
Un mes después, en septiembre, la Fiscalía Federal impulsó una acción penal por espionaje ilegal. Los investigados fueron los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini, los jefes policiales Claudio Alfredo Rodríguez (encargado de la Sección Comarca Andina de la Brigada de Investigaciones de Esquel) y Adrián Alejandro Muñoz (jefe de la División Investigaciones de Esquel), y un agente de la AFI.
La Justicia Federal desprocesó en dos oportunidades a los fiscales y a los jefes policiales, quedando como únicos acusados los agentes de inteligencia. Durante la investigación se determinó que habían sido tres los agentes de inteligencia involucrados.
Al respecto, Gustavo Macayo señaló que "en este momento la causa irá a juicio oral y público, pero esa instancia está un poco parada". Cabe recordar que Macayo y Osvaldo González Salinas son abogados querellantes de la causa, representando a los vecinos espiados.
Fuente: EQS