Omar Garzonio, el juez federal de Chubut que negó justicia a víctimas de la dictadura avalando torturas y violaciones
(En colaboración con Susana Lara)
Omar Delfor Garzonio es uno de los principales protagonistas chubutense de una historia de colaboracionismo con las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar y se convirtió en la pata cívico judicial de un plan sistemático de secuestros, torturas, violaciones y desapariciones acontecidas entre los años 1975 y 1983. Casi todas las víctimas de la Causa 8008 que se juzga en Comodoro Rivadavia sufrieron el accionar del juez. El fiscal federal Norberto Bellver afirmó en la elevación a juicio que "Garzonio desestimó todas las denuncias de las víctimas sobre sus padecimientos anteriores, hizo caso omiso a sus pedidos de atención médica y colaboró en la presión ejercida sobre los detenidos para que firmaran declaraciones que ni siquiera habían leído". Garzonio fue nombrado como Defensor del Juzgado Federal de Chubut durante 1973 por el peronismo, Isabelita lo designó juez federal en el '75 y lo confirmó en el cargo Videla durante la dictadura. Tras los intentos para que continuara en su cargo durante el inicio la democracia en la gobernación del radical Atilio Viglione, debió enfrentar el rechazo de Hipólito Solario Yrigoyen y finalmente fue reemplazado por el juez Beltrán Mulhall. Durante casi diez años Garzonio fue el encargado de negarle a los detenidos la posibilidad de denunciar a sus torturadores y al mismo tiempo de dictarles sentencias con largos años de cárcel. El magistrado fallecido en el año 2002 aparece mencionado en decenas de denuncias por delitos de lesa humanidad, pero su figura perduró casi irreprochable y fue arropado por el establishment chubutense. Nunca fue condenado judicialmente por su accionar colaboracionista y tampoco sufrió una amplia condena social.
De Esquel a Trelew
Omar Garzonio es el mayor de tres hermanos (Héctor Oscar y Carlos Raúl) oriundos de la ciudad de Esquel. El hijo de Luis Esteban Garzonio (1896-1953) y Violeta Blanca Dolores Moré (1906-2001) nació el 1 de febrero de 1925 y falleció a los 77 años en la ciudad de Trelew, el 29 de noviembre del 2002.
Sus años de infancia y juventud los pasó en Esquel y el campo familiar cerca de la Cordillera. El historiador esquelense Jorge Oriola relató a El Extremo Sur que "en general los Garzonio son gente de clase media acomodada porque el padre (Héctor, hermano de Omar) tenía un campo interesante y con algunos animales sobre el Río Grande camino a Chile".
Oriola recordó que Héctor Garzonio "se transformó en un referente de la memoria popular de Esquel y tenía una memoria impresionante, vivió hasta los 90 y pico de años y tenía un programa radial donde contaba anécdotas de la zona".
Oriola, en su trabajo de reconstrucción histórica en Esquel, aportó un dato muy interesante para esta investigación sobre los vínculos familiares de los Garzonio. "Héctor, en las muchas charlas que tuvimos, nunca me lo mencionó a Omar ni me dijo que su hermano había sido juez federal en la dictadura. Se ve que había cosas que no se sabían o no se decían", relató.
Alejandro Garzonio, hijo de Héctor, hermano de Omar, supo ser ministro de Economía en las gestiones de Mario Das Neves y luego en la de Mariano Arcioni. También fue viceministro de Economía y presidente del Banco del Chubut en la gestión de Martín Buzzi. En Esquel fue secretario de Hacienda y concejal.
Los datos que se fueron recabando dan cuenta que Omar fue maestro en la localidad de Cholila, en la escuela fundada por Vicente Calderón, y que luego se fue a estudiar abogacía a la provincia de La Pampa.
Para finales de los años '50, Garzonio ya estaba instalado como abogado en el sistema judicial chubutense y durante 1957 fue integrante de la primera Comisión Directiva de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, desempeñando el cargo de Secretario y acompañando a Atilio Viglione que ocupó la Presidencia y como síndico suplente Jorge José Galina, quien también sería gobernador chubutense.
Su vínculo con la entidad de servicios trelewense permanecería en el tiempo y cuando en 1969 se conformó la tercera comisión directiva Omar Garzonio encabezó el proceso como presidente de la Cooperativa de Trelew.
Es por esos años que Garzonio también fue nombrado, en febrero de 1959, como integrante del Consejo Provincial de Educación de Chubut ingresando como representantes de "Padres de Familia". El gobernador que firmó el decreto fue el radical Jorge Galina (1958-1962), que se transformó en el primer mandatario provincial luego de la Gobernación Militar que se extendió hasta abril de 1958.
Desembarco en el Juzgado Federal en 1973
Durante toda esa primera etapa de Garzonio en Trelew aparece relacionado a referentes del radicalismo chubutense, tanto a Viglione como a Galina; más allá que sus orígenes familiares en Esquel fueron muy cercanos al peronismo cordillerano. Pero el joven abogado llegaría en tiempos del gobierno peronista de 1973 a quedarse con el cargo de Defensor del Juzgado Federal de Chubut.
El Decreto 1.081 del 10 de septiembre de 1973 nombró a Omar Delfor Garzonio como defensor federal de la provincia, durante la escueta presidencia de Raúl Alberto Lastiri -que se extendió desde el 13 de julio de 1973 hasta el 12 de octubre del mismo año- enlazando las presidencias de Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón; mientras que en Chubut la gobernación estaba a cargo del justicialista Benito Fernández (1973-1976).
Se mantuvo en ese rol hasta que el 5 marzo de 1975 cuando el Decreto 378 de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976) lo instaló como juez federal de Chubut en comisión para reemplazar al magistrado Alberto Godoy que se jubiló tras ser el juez que intervino en los acontecimientos de la "Masacre de Trelew" durante 1972.
Garzonio se convirtió en juez federal justo un mes después que "Isabelita" firmara el Decreto 261 de 1975 que encomendó al Comando General del Ejército "ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán" en el marco del operativo "Independencia".
El 27 de julio de 1976 el Decreto 1.525 de la dictadura confirmó a Garzonio en el cargo con la firma del general Jorge Rafael Videla (1977-1981), mientras que la provincia estaba bajo la intervención militar encabezada por el general del Ejército Julio Etchegoyen (1976-1978).
No deja de llamar la atención que Garzonio haya sido elegido en una gestión presidencial peronista, para la que indefectiblemente necesitaba estrechos relacionamientos con el PJ vernáculo y nacional; mientras mantenía fuertes lazos con sectores del radicalismo provincial.
Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Omar Garzonio se sintió como pez en el agua con la asunción de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea). También supo convivir con los interventores militares de facto impuestos en Chubut, desde el coronel del Ejército Rafael Benjamín de Piano (1976) y hasta el contraalmirante de la Armada Niceto Echauri Ayerra (1981-1983).
Garzonio -como se lo ve frente al micrófono en la imagen hablando en un acto en el museo histórico de Trelew en la antigua estación del Ferrocarril Central- no solamente perduró en el cargo del Juzgado Federal a lo largo de todo el "Proceso de Reorganización Nacional", sino que su desempeño fue clave como la arista civil y judicial para avalar y encubrir el plan sistemático de la dictadura en Chubut.
Por diferentes testimonios, el "Petiso" Garzonio -como se lo conocía en Trelew- volvería a estar relacionado a la educación como profesor de Historia a finales de la década del ´60 en el colegio Nacional de Trelew; pero su vínculo con la dictadura lo llevó a ser nombrado como profesor titular con dedicación semi-exclusiva con la tarea de "atender todo tipo de asuntos académicos y/o docentes relativos a los alumnos que recientemente pasaron de esta Universidad al Instituto Universitario de Trelew, y casos semejantes, informando a este Rectorado periódicamente".
El nombramiento -concretado el 5 de agosto de 1976 con la Resolución 294/76- estuvo a cargo del capitán de fragata Camilo Nabias, quien se desempeñaba como enviado por la Delegación Militar a cargo del Rectorado en la Universidad Nacional de a Patagonia.
La Masacre, Amaya y Solari Yrigoyen
Los contactos de los chubutenses detenidos ilegalmente no sólo se relacionan a los años de la dictadura, sino que tienen antecedentes previos que se trasladan a los tiempos del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) y los del accionar de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina); como así también a los años del isabelismo y "el brujo" López Rega.
Cuando en agosto de 1972 se produce la fuga del penal de Rawson de los detenidos del peronismo y la izquierda, que luego terminan siendo fusilados en la base naval Almirante Zar en lo que se conoció como la "Masacre de Trelew", el juez federal era Alejandro Godoy y el secretario era Omar Garzonio.
Hipólito Solari Yrigoyen venía ser la primera víctima de los atentados de la AAA, cuando el 21 de noviembre de 1973 estalló una bomba en su domicilio porteño mientras se desempeñaba como diputado nacional por la UCR de Chubut. En tanto que Mario Abel Amaya era abogado de organizaciones sindicales y en los años '70 se dedicó a defender a presos políticos en la zona del Valle de Chubut.
Ambos abogados fueron convocados por los protagonistas de la fuga del penal de Rawson como abogados para obtener la garantía para seguir vivos. Luego los presos políticos serían fusilados el 22 de agosto de 1972 en Trelew.
Con las detenciones de muchos de los integrantes de la comisión de solidaridad con los presos políticos, entre los que se encontraban Solari Yrigoyen, Amaya, Beltrán Mulhall y Elvio Angel Bel, se desataría el "Trelewazo" -un enorme proceso de movilización social y paros que se extendió por varios días- que exigió la libertad de todos los detenidos por el operativo "Vigilante".
Patricio Castillo Meisen, abogado de Puerto Madryn y estrecho colaborador del dirigente radical Solari Yrigoyen, relató a El Extremo Sur que "Hipólito cuenta que cuando estuvo detenido atravesó todo un proceso de desaparición y que por la presión internacional que hubo se fingió una liberación por parte de los militares que decían que estaba en manos de organizaciones terroristas. Simularon cerca de Viedma la liberación que la Policía hacía de Amaya e Hipólito, luego los ponen bajo el Poder Ejecutivo Nacional y los llevan a la U6".
En la imagen se observa la declaración de Solari Yrigoyen en el Juicio a las Juntas donde dejó de manifiesto la imposibilidad de denunciar todo lo acontecido en la U6 frente al juez Garzonio.
Meisen agregó que "Amaya tenía serios problemas asmáticos y estaban muy golpeados los dos. A Hipólito los llevan hasta el Juzgado de Garzonio y cuando lo recibe en su despacho lo hace con la puerta abierta y ahí estaba el torturador parado en la puerta de la oficina donde debía denunciar las torturas que había sufrido por esa misma persona en la U6. Por eso no hizo ninguna denuncia porque al volver a la cárcel volvería a ser víctima de las torturas como represalias. Cuando los torturadores fueron llevados a juicio años después en Rawson, los defensores alegaron que no había denuncia alguna y por eso ponían en duda los dichos de las víctimas".
Indicó que "en la Causa 500 el doctor Rhys declaró que el juez Garzonio visitó la cárcel de Devoto cuando había sido trasladado Amaya, se encontraba muy mal de salud y murió a los pocos días, y le dijo que lo habían visto tomando sol con pijama en el patio del Hospital de Devoto; lo que era imposible porque estaba en un estado de salud muy delicado".
Lápiz y papel, los habeas corpus de la U6
El músico y artista santacruceño Héctor "Gato" Ossés estuvo detenido en la U6 de Rawson, como delegado de Gas del Estado en Pico Truncado, por su militancia sindical y política en el peronismo.
Ossés recordó en diálogo con El Extremo Sur que se salvó del secuestro en los años de la dictadura porque, días antes del golpe, el referente del peronismo comodorense Mario Morejón les avisó a que integraban una lista para ser detenidos.
Tras entregarse en Río Gallegos fueron trasladados como detenidos bajo la órbita del PEN al penal de Rawson y allí supo del juez Garzonio. "Mientras yo estaba preso en Rawson (1976-1979) sabíamos que el juez federal era Garzonio, pero tenía una presencia espectral. Nosotros no teníamos ningún contacto con él y nunca intervino para nada, pero sí sabíamos que era quien se encargaba de esos asuntos", relató.
A manera de anécdota, Ossés (foto) contó que "en la U6 estaba prohibido escribir, los presos no teníamos material para escribir. Un día por semana la guardia entregaba una hoja de papel con una lapicera para escribir una carta de solamente una carilla, también nos daban un lápiz. Los compañeros se ingeniaron para ir haciendo una reserva y armar un lápiz que quedaba de forma secreta en el pabellón".
El dato más significativo surgió en los envío de habeas corpus al juez, que nunca fueron tenidos en cuenta. "Un día en los ocho pabellones cuando nos entregaron los papales para escribir las cartas todos los presos del penal del Rawson, creo que podría haber sido en el año '78 y me cuesta recordar en qué mes, escribieron el mismo recurso de habeas corpus dirigido al juez Garzonio. Fue el mismo texto escrito por todos los presos y las autoridades del penal quedaron asombrados porque no podían entender que se haya coordinado el mismo texto por los casi 300 presos que estábamos en el penal. Fue un golpe político que le dimos a las autoridades, pero no pasó absolutamente nada con los habeas corpus", recordó.
"Había una manera para burlar, muy ingeniosa, la terrible seguridad del penal; esas eran las vías secretas que teníamos los presos para comunicarnos en el papel sin tener papel o lapicera, pero nos la ingeniamos para contar con un lápiz y tener papel. Aunque yo no la voy a revelar porque quizás algún día se puede volver a necesitar", reveló.
Solari Yrigoyen vs Garzonio: Democracia y disputa por el Juzgado
Sobre el final de la dictadura cívico-militar Omar Garzonio se mantenía al frente del Juzgado Federal y había planes del establishment para que continuara en su cargo a pesar de todas las acciones que había protagonizado durante los años del proceso.
"Ha sido un personaje siniestro por su comportamiento y complicidad con las torturas en la Unidad Penal 6 de Rawson", aseveró Meisen; pero amplios sectores del poder provincial no parecían interpretar lo mismo.
El radical Atilio Viglione había ganado las elecciones de 1983 y Chubut se preparaba para vuelta de la democracia. El flamante gobierno electo no tenía entre sus planes reemplazar a Garzonio en el Juzgado Federal, mucho menos llevarlo a juicio por lo sucedido; por el contrario, fue el propio Viglione quien le propuso al presidente Raúl Alfonsín la continuidad del juez de la dictadura.
"Garzonio fue juez federal hasta que asume Alfonsín y ahí se da una especie pelea que encabeza el gobernador Atilio Viglione y un grupo de radicales de Chubut para que fuese confirmado en el cargo el juez Garzonio. Viglione gobernador radical fue uno de los que propició la continuidad de Garzonio. Hipólito se enteró de esa situación porque Alfonsín le contó de las gestiones de Viglione", rememoró Meisen.
En la imagen se observa (de derecha a izquierda) a Solari Yrigoyen, cuando declaró en la causa por la muerte de Amaya y sus torturas, Patricio Castillo Meisen y Juan Pedro Tunessi -ex diputado nacional de la UCR-.
El abogado madrynense recordó que "Viglione tuvo una amistad con Garzonio y no fue una persona muy comprometida o nada comprometida en la época del proceso. Viglione estuvo como médico cuando se examina a todos los guerrilleros (de la Masacre de Trelew en 1972) en el aeropuerto y lo tienen que ir a buscar a la casa, inclusive él mismo manifestó que fue contra su voluntad".
"Garzonio fue una persona que se insertó en la sociedad de Trelew y que ha tenido sus vinculaciones políticas, desconozco cuál fue su ideología. Por su designación pudo haber tenido seguramente vinculaciones con el peronismo provincial, en '73 no lo hubieran designado si no hubiese tenido simpatías por ese ese lado, en un gobierno como el de Benito Fernández que fue de lo más recalcitrante de la derecha peronista. Seguramente el aval del gobernador lo tuvo", agregó.
Garzonio venía de hacerse cargo del Juzgado de la mano del peronista Benito Fernández, se mantuvo como colaborador clave durante toda la dictadura y con la llegada del radicalismo al poder provincial estaba a punto de lograr su reciclaje para la conseguir la continuidad en el cargo.
"Alfonsín lo conocía a Garzonio y era una persona que siempre estuvo muy atenta de lo que sucedía en Chubut, de echo cuando lo matan a Amaya viajó a la provincia y fue uno de los oradores principales cuando se despiden los restos (foto)", resaltó.
Meisen describió que "Alfonsín sabía muy bien quién era Garzonio, pero Hipólito hace una gestión que dio resultado para que no se lo ratificara a Garzonio y se designó a Beltrán Mulhall que fue el primer juez designado en democracia, siendo el juez que activó todas estas causas por la muerte de Amaya, las torturas en la U6 y a Hipólito".
Vaya a saber si Viglione lo quiso ratificar por amistad o por los años compartidos en la Cooperativa de Trelew, pero lo cierto es que Garzonio podría haber seguido al frente del Juzgado Federal para tapar y ocultar todo lo sucedido en los tiempos dictatoriales en la provincia.
La continuidad de Garzonio se truncó por los rechazos surgidos desde un sector del radicalismo chubutense y en su reemplazo fue nominado por Alfonsín el juez Adolfo Beltrán Mulhall, quien asumió al principio de 1984 y había integrado la comisión de solidaridad con los presos políticos, detenido con su esposa en el "Trelewazo".
Su impronta fue fundamental para iniciar y darle impulso, al calor del Juicio a las Juntas y los reclamos de las víctimas de la dictadura, a las causas por delitos de lesa humanidad en Chubut.
La esposa del fallecido juez Mulhall, Encarnación Díaz de Mulhall -protagonista detenida en el "Trelewazo"-, recordó en diálogo con El Extremo Sur una anécdota sobre Garzonio que reflejó los últimos intentos en el ámbito político para seguir en democracia al frente del Juzgado Federal.
"Bety Santos -la trelewense que había sido encarcelada y torturada en Rawson, formando parte de la causa judicial por las detenciones ilegales en 1975- me comentó que apenas iniciada la democracia Garzonio quería quedarse a toda costa en el Juzgado Federal. Ella estaba trabajando con un diputado o senador nacional y me contó que se dio el gusto de ver a Garzonio sentado en el banco de un oscuro pasillo del Congreso y esperando en penumbras para pedir como pordiosero permanecer en el cargo. Cosa que no logró. Sé que realizó entrevistas con senadores para que le dieran la aprobación para su continuidad como juez y no lo consiguió, ahí fue cuando designaron a mi esposo", detalló con lujo de detalles y a sus 96 años.
El juez que negaba justicia: La Causas 8008 y 500
Garzonio tuvo un rol fundamental para negarle justicia y no permitir avanzar las denuncias de los detenidos ilegalmente que ahora forman parte del juicio oral y público que se desarrolla actualmente en Comodoro Rivadavia por la Causa 8008/08 "Chanfreau, Jorge Alberto y otros", donde se investigan los delitos de lesa humanidad producidos en "Las Casitas" del Regimiento de Infantería Mecanizada 8 (RI8) de Kilómetro 11. A esa causa se le acumularon las denuncias realizadas por Hugo Llamazares y Eloiso Quinteros.
A partir de las múltiples denuncias que se generaron en la U6 de Rawson por las torturas y malos tratos aplicados a los detenidos se inició en 1980 la Causa 500/80 "Steding, Jorge Osvaldo; Barck, Raúl; Abraham, Juan Carlos; García, Luis Eduardo sobre privación ilegal de la libertad"; iniciada como denunciante por Calos Kunkel y que contó como querellante a Luis Eduardo Franganillo.
De esa causa madre se desprendió la que involucra detenciones, torturas y violaciones durante la dictadura cívico-militar en Comodoro.
En la Causa 500 Garzonio aparece mencionado en 164 oportunidades, mientras que en la Causa 8008 su apellido es incorporado una veintena de veces.
El fiscal federal Norberto Bellver, en su pedido de elevación a juicio del año 2017 por los acontecimientos producidos en el RI8, le dedicó un apartado especial Garzonio señalando que "cuando (los detenidos) eran llevados ante el juez federal Omar Garzonio se les obligaba a firmar declaraciones que les habían sido extraídas mediante amenazas y/o torturas. Ello ocurría mucho tiempo después de haber entrado en el régimen torturante del propio Regimiento".
Bellver fue más allá afirmando que "Garzonio desestimó todas las denuncias de las víctimas sobre sus padecimientos anteriores, hizo caso omiso a sus pedidos de atención médica y colaboró en la presión ejercida sobre los detenidos para que firmaran declaraciones que ni siquiera habían leído".
En la misma sintonía, en la elevación a juicio de la Causa 500 el fiscal Fernando Gelvez señaló que "casi todos los detenidos, y sus familiares, denunciaron oportunamente sobre sus condiciones de detención al juez federal de Chubut, Omar Garzonio, quien visitaba el penal asiduamente. También, a otros jueces, a cuya disposición se encontraban. Sin embargo, todas las presentaciones fueron rechazadas, o ignoradas, y las condiciones de detención no se modificaron".
Las causas que vinculan a Garzonio con las detenciones ilegales y las torturas no se circunscriben sólo a los años de la dictadura, sino que antes del golpe y apenas asumido en el Juzgado Federal intervino en denuncias de presos políticos durante el gobierno de "Isabelita".
El 18 de enero de 1976 -dos meses antes del golpe- fueron detenidos Francisco Alberto Ledesma (obrero y delegado textil en Guilford), Olga Esther Pérez de Finkel (su concubina) y Jorge Armando Demitrio (obrero petrolero en Desser Atlas) en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly por efectivos militares de la IX Brigada del Ejército a los que se los acusaba de "delincuentes subversivos", encarcelados en la Prefectura, torturados en el RI8 y trasladados a la U6 de Rawson. El juez que intervino en la denuncia fue Garzonio, quien mantuvo las acusaciones y la detención.
Pero ese no fue el único caso de intervención del juez federal en detenciones ilegales previas al derrocamiento del orden constitucional. En la Causa 514/08 "Azcui, Juan Carlos y otros s/privación ilegal de la libertad" la denunciante Diana Pizá relató la detención sufrida en Trelew el 18 de noviembre de 1975 -cinco meses antes del golpe- junto a su marido Víctor Enrique Tomaselli, su padre Pablo Pizá y su suegro Víctor Manuel Tomaselli.
Cuando Diana estaba declarando frente a Garzonio llegó al despacho del juez una de las personas que la había torturado y habló con el juez fuera del recinto. Cuando el magistrado regresó ella le dijo que esa persona era quien la había torturado, a lo que Garzonio le respondió que "debía estar segura de lo que decía".
Finalmente, esa denuncia no prosperó tal como sucedió en muchos otros intentos; pero en el año 2008 se reinició el proceso judicial y en el 2023 fueron condenados a 15 años de prisión dos integrantes de la Policía Federal (Luis Horacio Coria y Jorge Norberto Lagunas) por las detenciones ilegales, torturas y vejámenes previos a la dictadura de las víctimas Diana Pizá, Tito Mario Barone, Eduardo Pedro Manchado, Beatriz Norma Santos, Patricio Emilio Torné, Estela Aída Cereseto, Silvia Asaro, Víctor Tomaselli y Luis Eduardo Franganillo.
Edita y Mirta: Las mujeres violadas a las que les exigió pruebas
El accionar de Garzonio al frente del Juzgado Federal de Chubut en tiempos de la dictadura llegó a su punto culmine en los casos de Edita Rubilar y Mirta Silveira, las dos mujeres detenidas, torturadas y violadas en el RI8 de Comodoro Rivadavia a mediados de 1976.
Sus casos, junto a la otra veintena de víctimas, está siendo tratado en el juicio oral público que se lleva a cabo el TOF de Comodoro por la Causa 8008/08 donde se investiga el accionar del Ejército, la Policía Federal y la Prefectura por las torturas en "Las Casitas" y la desaparición seguida de muerte de Guillermo "Pocho" Silveira.
Tanto Edita como Mirta fueron condenadas a largos años de prisión por el juez Garzonio, pero ambas denunciaron ante el magistrado que habían sido violadas y torturadas por sus captores en el RI8.
El testimonio de Edita Rubilar que consta en la elevación a juicio de la causa contiene la denuncia que efectuó a Garzonio por la violación y el juez le exigió "pruebas" de lo sucedido y que identificara a sus violadores, algo que indudablemente la víctima no pudo realizar porque siempre se encontró vendada durante todo su cautiverio.
Cuando en diálogo exclusivo con El Extremo Sur se le consultó a Rubilar sobre el tema, aseguró que había denunciado ante el juez las torturas y violaciones. "Por supuesto que tenía que tener pruebas y saber de las personas que me habían violado. ¿Cómo quería que sepas si yo no lo vi? ¿Y qué pruebas ibas a tener? Cuando yo denuncié la tortura, la picana eléctrica, la violación, los submarinos mojados, el submarino seco, todo tipo de tortura. Me dijo, ¿pero usted vio quién se lo hizo? ¿Puede denunciar a quien la violó? ¿Puede decirnos cómo era físicamente?'. Pero cómo iba a saber si yo estaba atada, esposada a una cama y me violaron; cómo querían que sepa yo quiénes habían sido", enfatizó.
Al mismo tiempo señaló sobre si le había tomado la denuncia sostuvo que "no, no me la tomó, menos me la iba a tomar imagínate en el '76. No, no, no me la tomó".
Mirta Silveira declaró el abuso violatorio sufrido y reveló a El Extremo Sur lo que significó tener que atravesar por esa experiencia junto a la tortura brutal: "Me pusieron una venda en toda la cabeza, cubriéndome toda la cabeza, como cuando a uno lo operan de la cabeza. La cuestión que esta era para aplicarme la picana en la cabeza. Antes me picaneaban las tetas, las axilas, la vagina; pero nunca me habían puesto la picana en la cabeza", relató.
Cuando se le consultó sobre si la violación había sido ese mismo día respondió que "no. Fue después... (largo silencio). Un día nos manguerearon a las dos desnudas (junto a Edita) y hablaban de nuestros cuerpos. Mirá la de las piernas largas, mira el culo que tiene la petisa', decían. Un día viene uno de la guardia y yo le digo que a mí me habían violado".
Mirta Silveira recordó el episodio con el juez Garzonio en Rawson y dio detalles a El Extremo Sur que no figuran en la elevación a juicio del año 2017. "Cuando lo veo yo le digo, mire a mí me torturaron y me violaron; pero él me dijo que yo no estaba para denunciar nada, porque era una subversiva. A mí no me encontraron nada, ni armas ni nada. Cuando le dije de la tortura y la violación no me dio bolilla, me dio cinco años de prisión y diez años de inhabilitación", aseveró.
Garzonio puso a ambas mujeres bajo el Poder Ejecutivo Nacional, les dictó cinco años de prisión y en el caso de Mirta la mandó a detener nuevamente en Comodoro Rivadavia durante el mes de agosto de 1980 -cuatro días después de haber dado a luz a su hijo-. El argumento del juez fue que no había cumplido con los cinco años de condena, quedó detenida en la Alcaldía de Trelew y recién logró recuperar su libertad cuatro meses más tarde, en diciembre de ese mismo año.
En consonancia con los múltiples testimonios y denuncias, Miguel Anchordoqui -que fue el primer detenido ilegalmente en el RI8- aseveró de manera exclusiva a El Extremo Sur que "Garzonio formaba parte de este proceso, incluso cuando estábamos frente a él y esperando para comentarle lo que sucedía dentro de la cárcel donde también éramos torturados, al lado de él había integrantes de la patota de la U6 de Rawson. Te imaginarás que hacer una denuncia significaba volver a ser torturado en la cárcel. La misión de Garzonio fue ocultar la represión y ocultarnos a nosotros".
Al consultarle si lo consideraba un juez colaboracionista, respondió: "Exactamente, como muchos otros civiles que fueron parte del golpe de estado cívico-militar que también incluyó eclesiásticos".
El próximo miércoles 24 y jueves 25 será el turno para que el Tribunal escuche los testimonios de Edita Rubilar y Mirta Silveira. Las víctimas se verán las caras con los imputados y se volverá a escuchar el relato sobre los vejámenes sufridos por las dos mujeres a las que el juez Garzonio les rechazó las acusaciones porque no tenían pruebas o porque las acusaba de subversivas y no tenían derecho a denunciar nada.
El fallecido Garzonio obviamente no se sentará en el banquillo de los acusados por estos hechos relatados, nunca fue imputado judicialmente en los últimos 50 años. El establishment, con la complementación del poder político y judicial, lo cobijó evitando enjuiciarlo y su imagen permaneció casi impoluta en Chubut.
La historia y la condena social son una pieza clave del rompecabezas de las que quizás no pueda escapar y su figura se inscriba más nítidamente entre la de los civiles colaboradores con los delitos protagonizados en los años anteriores y durante la última dictadura.