"En Paraguay hay un plan de exterminio contra la población indígena y campesina"Por Lucía Guadagno
Comunidades campesinas e indígenas de Paraguay se enfrentan, desde hace décadas, al avance del agronegocio, que se apropia de tierras a fuerza de títulos fraudulentos y desalojos. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, la violencia recrudeció: hubo al menos 16 desalojos, atropellos policiales o imputaciones arbitrarias que afectaron a 1.400 familias de once comunidades en los departamentos orientales de Canideyú, San Pedro, Caaguazú y Caazapá, según describe un informe de la organización Base Investigaciones Sociales (Base-IS).
En los últimos años, el Estado paraguayo avanzó con medidas que intensificaron la represión sobre la población rural. Una de ellas fue la modificación del Código Penal para incrementar las penas en los casos de "invasión de inmueble ajeno". Se hizo mediante la Ley Nº 6830, conocida como Ley Zavala-Riera (por los apellidos de los legisladores proponentes), durante la presidencia de Mario Abdo Benitez, en 2021. Las penas de hasta dos años de prisión aumentaron a seis y las de cinco años pasaron a diez.
La modificación del Código Penal fue repudiada no sólo por el campesinado -que realiza ocupaciones de tierras como forma de ejercer sus derechos- sino también por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y por la Iglesia Católica, que advirtió en especial sobre la criminalización y la violencia hacia los pueblos indígenas.
Con el cambio de gobierno y la asunción a la presidencia de Santiago Peña, Enrique Riera, se transformó en ministro del Interior. La política de persecución se intensificó a tal punto que las organizaciones campesinas e indígenas ya denuncian un "plan de exterminio" de sus comunidades. Una de ellas es la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), que, desde hace 25 años, lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras del campo. En junio pasado, la organización campesina alertó: "Es una política de Estado funcional al agronegocio, al narcotráfico y al capital transnacional, que necesita territorios deshabitados para expandir sus monocultivos, pistas clandestinas y emprendimientos extractivistas".
La Constitución Nacional de Paraguay reconoce el derecho de las familias campesinas a la tierra, en un capítulo completo destinado a la Reforma Agraria, así como la preexistencia de los pueblos indígenas y su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra. Sin embargo, desde la sanción de la Constitución, en 1992, la proporción de población del país que vive en el campo se redujo del 50 al 30 por ciento, según datos del Censo Nacional.
Perla Álvarez, militante de Conamuri y referente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), profundizó sobre el proceso de expulsión del campesinado, a través de violentos desalojos, y sobre la rearticulación de organizaciones y movimientos populares. "La cultura campesina no tiene ninguna posibilidad de supervivencia en la ciudad", advirtió en diálogo con Tierra Viva.
-Conamuri denuncia un "plan sistemático de despojo y exterminio" de las comunidades campesinas e indígenas en Paraguay. ¿Podría precisar cuál es la situación?
-Lo que venimos percibiendo es un plan de exterminio contra la población del campo para dejar las tierras libres al agronegocio. Y en la Región Oriental ocurre con una violencia brutal, dejando a cientos de familia sin nada. A veces te avisan un día antes o circulan la comunicación: "Va a haber un desalojo". Llegan con una orden de allanamiento o cateo, como le llaman; siempre buscan criminalizar a las familias. Están desalojando comunidades de entre diez y 30 años de asentamiento. Y todos estos asentamientos están en proceso de regularización de la tierra, que, por ineficiencia de la institución pública, no termina de resolverse. En algunos casos hay doble pago por esas tierras o superposición de títulos. Cuando se hace una orden de allanamiento se hace de manera indeterminada, no se establece cuál es la tierra en conflicto, sino que van y desalojan a la gente, así nomás.
-¿Y esto desde cuándo ocurre?
-Todo el tiempo fue así, desde hace muchísimo tiempo. Pero desde el año pasado, con el gobierno de Peña, se ha incrementado la intensidad, la frecuencia y el uso de la fuerza. Hay una exageración y hacen referencia a la Ley Zabala-Riera. A su vez, se aprobó otra ley: el Registro Unificado Nacional (RUN), que unifica tres instituciones: la Dirección Nacional de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Es un instrumento para blanquear las tierras malhabidas, que son tierras públicas que fueron entregadas como pago de favores por sostener la dictadura (de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989). Personeros de la dictadura, militares, comerciantes, políticos o empresarios leales al régimen fueron pagados con tierras públicas que estaban destinadas a la Reforma Agraria. Son cerca de ocho millones de hectáreas, que fueron registradas en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (en el Tomo IV del Informe se detalla que las tierras malhabidas entregadas entre 1954 y 2003 fueron 7.851.295 de hectáreas, lo que equivale al 19 por ciento del territorio nacional).
-¿En qué estado se encuentra el proceso de Reforma Agraria?
-La Reforma Agraria es un derecho constitucional pero su desarrollo ha sido muy ineficiente. La reglamentación tardó años. En la primera reglamentación no estaban incluidas las mujeres, eso se modificó en 2001. Y el límite al latifundio que estaba en la primera reglamentación, luego se modificó y ya no hay límite. Se pone un tope para el tamaño de la tierra campesina, pero no para los grandes. Al mismo tiempo, fuimos perdiendo nuestra interlocución con el Gobierno, no nos hacen partícipe. Cuando vas a hablar con ellos te dicen: "Esto es lo que hay, lo tomás o lo dejás". Así, brutalmente. Nosotros venimos advirtiendo que hay una oleada de juventudes en el campo que no tiene qué hacer ni a dónde ir. Entonces, ¿qué hacer? Ocupar la tierra. Estamos en un proceso de reorganización de la juventud sin tierra y con ganas de mantenerse en el campo, porque en la ciudad tampoco hay alternativa.
-¿Cómo es la situación actual de las organizaciones y movimientos campesinos e indígenas?
-Estamos en un proceso de rearticulación del movimiento campesino-indígena. Desde Conamuri estamos trabajando junto con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que tiene un grupo de trabajo de tierra, territorio y ambiente. Desde ahí acompañamos este proceso de rearticulación popular, de movimientos campesinos, indígenas y populares. El año pasado se constituyó un espacio que se llama Unidad Indígena, Campesina y Popular, con el objetivo de levantar una voz colectiva e impulsar procesos de encuentros territoriales para politizar la problemática de la tierra. Hay una nueva avalancha de interés sobre la tierra porque el agronegocio necesita expandirse. Pero, además, entra un nuevo elemento que es el tema narco.
Agronegocio, narcotráfico y monocultivos, el modelo que expulsa campesinos en Paraguay
-En relación al narcotráfico, lo que denuncian en su último comunicado recuerda, por momentos, a la historia reciente en Colombia...
-Bueno, nosotros veníamos hablando de la "colombianización" del Paraguay. Y ahora, dicho y hecho. Es un calco. Los clanes se disputan los territorios por donde transitar y donde producir marihuana. Para esa producción, la mano de obra es campesina. Ante la ausencia de políticas de promoción de la agricultura familiar y campesina, el narco es una salida riesgosa, pero más ventajosa económicamente.
-Del agronegocio, ¿cuáles son las actividades que más se expanden?
-La soja sigue expandiéndose, también el maíz, el trigo y el arroz. La producción de eucalipto crece de una manera exagerada, cantidades de hectáreas para la industria de la madera, la celulosa y también para biomasa. Los sojeros usan leña para secar los granos. Y la ganadería también sigue expandiéndose. Cuando asumió "Marito" (el ex presidente Mario Abdo Benítez) había 14 millones de vacas y en Paraguay somos menos de siete millones de habitantes. Su meta para el 2023 era llegar a 20 millones de cabezas: tres veces la población. Según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, a fines de 2024, la población bovina era de 13,5 millones de cabezas. Mientras crecen en estas actividades, tenemos la criminalización y la falta de políticas de apoyo a las familias campesinas.
-Mencionó que los desalojos más violentos se dan en la Región Oriental. ¿Cómo es la situación en la Región Occidental, en el Chaco paraguayo?
-El Chaco está prácticamente extranjerizado. Las tierras están en manos de empresarios brasileños, uruguayos, argentinos y menonitas. La población indígena, que es la población autóctona, y la población campesina están sometidas a trabajos semiesclavo, un régimen de esclavitud moderna, sin garantías laborales (en 2017, un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud advirtió sobre trabajo forzoso y servidumbre por deudas en en la región). En el Chaco, además, tenemos la construcción de la Ruta Bioceánica sin ningún tipo de cuidado, de protección ni consulta. El proyecto está destruyendo todo el patrimonio natural de los pueblos y generando división en las comunidades, porque ofrecen compensaciones a una parte de la comunidad, mientras que otra parte se niega a aceptar el proyecto. Entonces corrompen el tejido social. Además, sabemos que estas obras de gran envergadura vienen con un conjunto de otros impactos, como el tema de la prostitución, la trata de personas y otros efectos colaterales. El impacto sobre las comunidades es tremendo. Se desarrolla infraestructura para las empresas, para la ganadería, pero no para los pueblos.
-En este contexto, ¿cuánto queda de monte?
-Poquísimo monte. Y lo poco que queda está en los territorios indígenas, sobre todo. Por eso los indígenas "molestan". Capitales privados se quieren apropiar de los montes por la cuestión del mercado de carbono y para cumplir con la reserva forestal obligatoria (la Ley Nº 422/73 obliga a las propiedades rurales de más de 20 hectáreas en zonas forestales a mantener el 25 por ciento de zona de bosque o a reforestar). En lugar de no destruir en sus campos, usan la parte indígena para cumplir con la legislación y van presionando sobre el territorio indígena. O si no, el monte se usa para cultivar marihuana de manera ilegal.
*Esta entrevista forma parte de la cobertura colaborativa de la Agencia Tierra Viva y Huerquen Comunicación del Seminario "El futuro de nuestro alimento" realizado en Buenos Aires el 13 y 14 de junio de 2025 y organizado por la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena - Somos Tierra (MNCI-ST) y el Grupo ETC.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Por Lucía Guadagno
Comunidades campesinas e indígenas de Paraguay se enfrentan, desde hace décadas, al avance del agronegocio, que se apropia de tierras a fuerza de títulos fraudulentos y desalojos. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, la violencia recrudeció: hubo al menos 16 desalojos, atropellos policiales o imputaciones arbitrarias que afectaron a 1.400 familias de once comunidades en los departamentos orientales de Canideyú, San Pedro, Caaguazú y Caazapá, según describe un informe de la organización Base Investigaciones Sociales (Base-IS).
En los últimos años, el Estado paraguayo avanzó con medidas que intensificaron la represión sobre la población rural. Una de ellas fue la modificación del Código Penal para incrementar las penas en los casos de "invasión de inmueble ajeno". Se hizo mediante la Ley Nº 6830, conocida como Ley Zavala-Riera (por los apellidos de los legisladores proponentes), durante la presidencia de Mario Abdo Benitez, en 2021. Las penas de hasta dos años de prisión aumentaron a seis y las de cinco años pasaron a diez.
La modificación del Código Penal fue repudiada no sólo por el campesinado -que realiza ocupaciones de tierras como forma de ejercer sus derechos- sino también por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y por la Iglesia Católica, que advirtió en especial sobre la criminalización y la violencia hacia los pueblos indígenas.
Con el cambio de gobierno y la asunción a la presidencia de Santiago Peña, Enrique Riera, se transformó en ministro del Interior. La política de persecución se intensificó a tal punto que las organizaciones campesinas e indígenas ya denuncian un "plan de exterminio" de sus comunidades. Una de ellas es la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), que, desde hace 25 años, lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras del campo. En junio pasado, la organización campesina alertó: "Es una política de Estado funcional al agronegocio, al narcotráfico y al capital transnacional, que necesita territorios deshabitados para expandir sus monocultivos, pistas clandestinas y emprendimientos extractivistas".
La Constitución Nacional de Paraguay reconoce el derecho de las familias campesinas a la tierra, en un capítulo completo destinado a la Reforma Agraria, así como la preexistencia de los pueblos indígenas y su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra. Sin embargo, desde la sanción de la Constitución, en 1992, la proporción de población del país que vive en el campo se redujo del 50 al 30 por ciento, según datos del Censo Nacional.
Perla Álvarez, militante de Conamuri y referente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), profundizó sobre el proceso de expulsión del campesinado, a través de violentos desalojos, y sobre la rearticulación de organizaciones y movimientos populares. "La cultura campesina no tiene ninguna posibilidad de supervivencia en la ciudad", advirtió en diálogo con Tierra Viva.
-Conamuri denuncia un "plan sistemático de despojo y exterminio" de las comunidades campesinas e indígenas en Paraguay. ¿Podría precisar cuál es la situación?
-Lo que venimos percibiendo es un plan de exterminio contra la población del campo para dejar las tierras libres al agronegocio. Y en la Región Oriental ocurre con una violencia brutal, dejando a cientos de familia sin nada. A veces te avisan un día antes o circulan la comunicación: "Va a haber un desalojo". Llegan con una orden de allanamiento o cateo, como le llaman; siempre buscan criminalizar a las familias. Están desalojando comunidades de entre diez y 30 años de asentamiento. Y todos estos asentamientos están en proceso de regularización de la tierra, que, por ineficiencia de la institución pública, no termina de resolverse. En algunos casos hay doble pago por esas tierras o superposición de títulos. Cuando se hace una orden de allanamiento se hace de manera indeterminada, no se establece cuál es la tierra en conflicto, sino que van y desalojan a la gente, así nomás.
-¿Y esto desde cuándo ocurre?
-Todo el tiempo fue así, desde hace muchísimo tiempo. Pero desde el año pasado, con el gobierno de Peña, se ha incrementado la intensidad, la frecuencia y el uso de la fuerza. Hay una exageración y hacen referencia a la Ley Zabala-Riera. A su vez, se aprobó otra ley: el Registro Unificado Nacional (RUN), que unifica tres instituciones: la Dirección Nacional de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Es un instrumento para blanquear las tierras malhabidas, que son tierras públicas que fueron entregadas como pago de favores por sostener la dictadura (de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989). Personeros de la dictadura, militares, comerciantes, políticos o empresarios leales al régimen fueron pagados con tierras públicas que estaban destinadas a la Reforma Agraria. Son cerca de ocho millones de hectáreas, que fueron registradas en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (en el Tomo IV del Informe se detalla que las tierras malhabidas entregadas entre 1954 y 2003 fueron 7.851.295 de hectáreas, lo que equivale al 19 por ciento del territorio nacional).
-¿En qué estado se encuentra el proceso de Reforma Agraria?
-La Reforma Agraria es un derecho constitucional pero su desarrollo ha sido muy ineficiente. La reglamentación tardó años. En la primera reglamentación no estaban incluidas las mujeres, eso se modificó en 2001. Y el límite al latifundio que estaba en la primera reglamentación, luego se modificó y ya no hay límite. Se pone un tope para el tamaño de la tierra campesina, pero no para los grandes. Al mismo tiempo, fuimos perdiendo nuestra interlocución con el Gobierno, no nos hacen partícipe. Cuando vas a hablar con ellos te dicen: "Esto es lo que hay, lo tomás o lo dejás". Así, brutalmente. Nosotros venimos advirtiendo que hay una oleada de juventudes en el campo que no tiene qué hacer ni a dónde ir. Entonces, ¿qué hacer? Ocupar la tierra. Estamos en un proceso de reorganización de la juventud sin tierra y con ganas de mantenerse en el campo, porque en la ciudad tampoco hay alternativa.
-¿Cómo es la situación actual de las organizaciones y movimientos campesinos e indígenas?
-Estamos en un proceso de rearticulación del movimiento campesino-indígena. Desde Conamuri estamos trabajando junto con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que tiene un grupo de trabajo de tierra, territorio y ambiente. Desde ahí acompañamos este proceso de rearticulación popular, de movimientos campesinos, indígenas y populares. El año pasado se constituyó un espacio que se llama Unidad Indígena, Campesina y Popular, con el objetivo de levantar una voz colectiva e impulsar procesos de encuentros territoriales para politizar la problemática de la tierra. Hay una nueva avalancha de interés sobre la tierra porque el agronegocio necesita expandirse. Pero, además, entra un nuevo elemento que es el tema narco.
Agronegocio, narcotráfico y monocultivos, el modelo que expulsa campesinos en Paraguay
-En relación al narcotráfico, lo que denuncian en su último comunicado recuerda, por momentos, a la historia reciente en Colombia...
-Bueno, nosotros veníamos hablando de la "colombianización" del Paraguay. Y ahora, dicho y hecho. Es un calco. Los clanes se disputan los territorios por donde transitar y donde producir marihuana. Para esa producción, la mano de obra es campesina. Ante la ausencia de políticas de promoción de la agricultura familiar y campesina, el narco es una salida riesgosa, pero más ventajosa económicamente.
-Del agronegocio, ¿cuáles son las actividades que más se expanden?
-La soja sigue expandiéndose, también el maíz, el trigo y el arroz. La producción de eucalipto crece de una manera exagerada, cantidades de hectáreas para la industria de la madera, la celulosa y también para biomasa. Los sojeros usan leña para secar los granos. Y la ganadería también sigue expandiéndose. Cuando asumió "Marito" (el ex presidente Mario Abdo Benítez) había 14 millones de vacas y en Paraguay somos menos de siete millones de habitantes. Su meta para el 2023 era llegar a 20 millones de cabezas: tres veces la población. Según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, a fines de 2024, la población bovina era de 13,5 millones de cabezas. Mientras crecen en estas actividades, tenemos la criminalización y la falta de políticas de apoyo a las familias campesinas.
-Mencionó que los desalojos más violentos se dan en la Región Oriental. ¿Cómo es la situación en la Región Occidental, en el Chaco paraguayo?
-El Chaco está prácticamente extranjerizado. Las tierras están en manos de empresarios brasileños, uruguayos, argentinos y menonitas. La población indígena, que es la población autóctona, y la población campesina están sometidas a trabajos semiesclavo, un régimen de esclavitud moderna, sin garantías laborales (en 2017, un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud advirtió sobre trabajo forzoso y servidumbre por deudas en en la región). En el Chaco, además, tenemos la construcción de la Ruta Bioceánica sin ningún tipo de cuidado, de protección ni consulta. El proyecto está destruyendo todo el patrimonio natural de los pueblos y generando división en las comunidades, porque ofrecen compensaciones a una parte de la comunidad, mientras que otra parte se niega a aceptar el proyecto. Entonces corrompen el tejido social. Además, sabemos que estas obras de gran envergadura vienen con un conjunto de otros impactos, como el tema de la prostitución, la trata de personas y otros efectos colaterales. El impacto sobre las comunidades es tremendo. Se desarrolla infraestructura para las empresas, para la ganadería, pero no para los pueblos.
-En este contexto, ¿cuánto queda de monte?
-Poquísimo monte. Y lo poco que queda está en los territorios indígenas, sobre todo. Por eso los indígenas "molestan". Capitales privados se quieren apropiar de los montes por la cuestión del mercado de carbono y para cumplir con la reserva forestal obligatoria (la Ley Nº 422/73 obliga a las propiedades rurales de más de 20 hectáreas en zonas forestales a mantener el 25 por ciento de zona de bosque o a reforestar). En lugar de no destruir en sus campos, usan la parte indígena para cumplir con la legislación y van presionando sobre el territorio indígena. O si no, el monte se usa para cultivar marihuana de manera ilegal.
*Esta entrevista forma parte de la cobertura colaborativa de la Agencia Tierra Viva y Huerquen Comunicación del Seminario "El futuro de nuestro alimento" realizado en Buenos Aires el 13 y 14 de junio de 2025 y organizado por la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena - Somos Tierra (MNCI-ST) y el Grupo ETC.
Fuente: Agencia Tierra Viva