Ley de Glaciares cumple 15 años y es permanentemente amenazada por las minerasEspecialistas y asambleístas alertan sobre intentos de modificar la norma de protección ambiental las reservas hídricas estratégicas de Argentina, mientras denuncian incumplimientos sistemáticos y presión de corporaciones extractivas.
A 15 años de su sanción definitiva, la Ley de Glaciares (26.639) enfrenta nuevos desafíos en un contexto de crisis climática acelerada y fuertes presiones del sector minero para flexibilizar sus protecciones ambientales.
En un conversatorio con participantes históricos de esta lucha, se reveló que existe un borrador avanzado idéntico al filtrado en 2017 que busca eliminar la protección del ambiente periglacial, crucial para el suministro hídrico de comunidades cordilleranas.
La norma, sancionada en 2010 tras un veto presidencial en 2008, es considerada única en el mundo por su dedicación exclusiva a la protección glaciar. «Es una ley de la que tenemos que estar orgullosos. Porque es única en el mundo. Fue la primera ley de protección de glaciares«, destacó Adostina Rosicera, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
Una ley nacida de la lucha ciudadana para la protección ambiental
La sanción de la ley representó un hito democrático que atravesó todos los bloques políticos. Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, recordó: «Es una ley de las más democráticas que yo recuerdo. Son esas leyes que son horas y horas de debate en el Congreso«. La norma se logró gracias a «organizaciones ambientalistas, asambleas y comunidades, a la gente», según Rosicera.
El proceso legislativo fue intenso, con una victoria ajustada en el Senado durante una madrugada histórica. Viale rememoró: «Terminó sancionado en una madrugada, en el Senado. Que no sabías cómo iba a terminar. Se terminó ganando por dos votos». La presión minera, encabezada por Barrick Gold, fue constante desde el inicio, logrando incluso un veto presidencial en 2008.
Incumplimiento sistemático y manipulación del inventario
Uno de los puntos más críticos revelados es la sistemática omisión de glaciares menores a una hectárea en el Inventario Nacional de Glaciares, a pesar de que la ley protege explícitamente todos los cuerpos de hielo «cualquiera sea su forma y/o dimensión». Saúl Sebayos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, denunció: «Hay registrados 1.400 glaciares que se hicieron desaparecer del inventario«.
Esta manipulación tuvo consecuencias directas. Según Sebayos, «el juez Casanello, cuando elevó a juicio la causa, justamente por el incumplimiento de la ley de glaciares, manifestó al respecto que en esa provincia, haciendo referencia a San Juan, se hizo todo mal».
La investigación judicial demostró que desde fines de 2013 se podría haber publicado información crucial que se demoró hasta diciembre de 2015.
Proyectos mineros en conflicto con la protección ambiental
Los participantes identificaron al menos 44 proyectos mineros que violarían la ley si se aplicara correctamente. Entre ellos se destacan Los Azules y Vicuña (que combina José María y Filo del Sol), este último anunciado recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, como beneficiario del RIGI.
Pía Marquejiani, directora ejecutiva adjunta de FARN, alertó sobre el contexto regulatorio: «El RIGI tiene elementos que son justamente los más problemáticos: uno es el blindaje normativo y jurídico». Agregó que se suma «la disminución de cualquier capacidad del Estado» y «la criminalización de la protesta».
Impacto concreto en comunidades cordilleranas
Para las comunidades que dependen del agua glaciar, la ley representa una herramienta de supervivencia. Sebayos explicó: «Nosotros festejamos la sanción de la ley de glaciares porque es la protección del agua que nos llega a nosotros en nuestros pueblos cordilleranos«.
En Jáchal, donde el río trae apenas tres metros cúbicos por segundo, «los productores agropecuarios sufren desde hace 10 años el corte de suministro del agua para riego durante 110 a 120 días al año».
La conexión entre protección glaciar y crisis climática es directa. Rosicera señaló: «Los últimos 10 años tienen los años más calurosos de la historia, los glaciares en los últimos 3 años han presentado el retroceso histórico más grande». En los Andes desérticos, los glaciares han retrocedido un 8% en la última década.
Defensa firme ante nuevos intentos de modificación
Frente a los intentos de modificación, los participantes fueron contundentes. Viale advirtió: «Cualquier regresión ambiental, mucho más por decreto, es un golpe más fuerte para la democracia». Sebayos agregó: «Si se modifica la ley de glaciares en forma inconstitucional, vamos a dar la batalla judicialmente, no solo en Argentina sino a nivel internacional«.
La ley de Glaciares sigue siendo, después de 15 años, un bastión de protección ambiental que demuestra cómo la movilización ciudadana puede crear herramientas concretas para defender los bienes comunes, incluso frente a poderosos intereses económicos y políticos.
Fuente: Noticias Ambientales
Especialistas y asambleístas alertan sobre intentos de modificar la norma de protección ambiental las reservas hídricas estratégicas de Argentina, mientras denuncian incumplimientos sistemáticos y presión de corporaciones extractivas.
A 15 años de su sanción definitiva, la Ley de Glaciares (26.639) enfrenta nuevos desafíos en un contexto de crisis climática acelerada y fuertes presiones del sector minero para flexibilizar sus protecciones ambientales.
En un conversatorio con participantes históricos de esta lucha, se reveló que existe un borrador avanzado idéntico al filtrado en 2017 que busca eliminar la protección del ambiente periglacial, crucial para el suministro hídrico de comunidades cordilleranas.
La norma, sancionada en 2010 tras un veto presidencial en 2008, es considerada única en el mundo por su dedicación exclusiva a la protección glaciar. «Es una ley de la que tenemos que estar orgullosos. Porque es única en el mundo. Fue la primera ley de protección de glaciares«, destacó Adostina Rosicera, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
Una ley nacida de la lucha ciudadana para la protección ambiental
La sanción de la ley representó un hito democrático que atravesó todos los bloques políticos. Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, recordó: «Es una ley de las más democráticas que yo recuerdo. Son esas leyes que son horas y horas de debate en el Congreso«. La norma se logró gracias a «organizaciones ambientalistas, asambleas y comunidades, a la gente», según Rosicera.
El proceso legislativo fue intenso, con una victoria ajustada en el Senado durante una madrugada histórica. Viale rememoró: «Terminó sancionado en una madrugada, en el Senado. Que no sabías cómo iba a terminar. Se terminó ganando por dos votos». La presión minera, encabezada por Barrick Gold, fue constante desde el inicio, logrando incluso un veto presidencial en 2008.
Incumplimiento sistemático y manipulación del inventario
Uno de los puntos más críticos revelados es la sistemática omisión de glaciares menores a una hectárea en el Inventario Nacional de Glaciares, a pesar de que la ley protege explícitamente todos los cuerpos de hielo «cualquiera sea su forma y/o dimensión». Saúl Sebayos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, denunció: «Hay registrados 1.400 glaciares que se hicieron desaparecer del inventario«.
Esta manipulación tuvo consecuencias directas. Según Sebayos, «el juez Casanello, cuando elevó a juicio la causa, justamente por el incumplimiento de la ley de glaciares, manifestó al respecto que en esa provincia, haciendo referencia a San Juan, se hizo todo mal».
La investigación judicial demostró que desde fines de 2013 se podría haber publicado información crucial que se demoró hasta diciembre de 2015.
Proyectos mineros en conflicto con la protección ambiental
Los participantes identificaron al menos 44 proyectos mineros que violarían la ley si se aplicara correctamente. Entre ellos se destacan Los Azules y Vicuña (que combina José María y Filo del Sol), este último anunciado recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, como beneficiario del RIGI.
Pía Marquejiani, directora ejecutiva adjunta de FARN, alertó sobre el contexto regulatorio: «El RIGI tiene elementos que son justamente los más problemáticos: uno es el blindaje normativo y jurídico». Agregó que se suma «la disminución de cualquier capacidad del Estado» y «la criminalización de la protesta».
Impacto concreto en comunidades cordilleranas
Para las comunidades que dependen del agua glaciar, la ley representa una herramienta de supervivencia. Sebayos explicó: «Nosotros festejamos la sanción de la ley de glaciares porque es la protección del agua que nos llega a nosotros en nuestros pueblos cordilleranos«.
En Jáchal, donde el río trae apenas tres metros cúbicos por segundo, «los productores agropecuarios sufren desde hace 10 años el corte de suministro del agua para riego durante 110 a 120 días al año».
La conexión entre protección glaciar y crisis climática es directa. Rosicera señaló: «Los últimos 10 años tienen los años más calurosos de la historia, los glaciares en los últimos 3 años han presentado el retroceso histórico más grande». En los Andes desérticos, los glaciares han retrocedido un 8% en la última década.
Defensa firme ante nuevos intentos de modificación
Frente a los intentos de modificación, los participantes fueron contundentes. Viale advirtió: «Cualquier regresión ambiental, mucho más por decreto, es un golpe más fuerte para la democracia». Sebayos agregó: «Si se modifica la ley de glaciares en forma inconstitucional, vamos a dar la batalla judicialmente, no solo en Argentina sino a nivel internacional«.
La ley de Glaciares sigue siendo, después de 15 años, un bastión de protección ambiental que demuestra cómo la movilización ciudadana puede crear herramientas concretas para defender los bienes comunes, incluso frente a poderosos intereses económicos y políticos.
Fuente: Noticias Ambientales