El juicio por el asesinato de "Tino" John, sin juez: siguen las dilaciones pero el reclamo de justicia se mantiene vigente La comunidad sigue a la espera de justicia por Alejandro "Tino" John, después de que un recurso presentado por los abogados defensores de los tres policías acusados retrasara el juicio. El debate tenía como fecha de inicio el 16 de septiembre, donde se debatiría la participación de los efectivos Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto durante el operativo del GEOP en Las Golondrinas el 21 de mayo de 2021 que derivó en la muerte de John. Minutos antes del comienzo, las defensas de los imputados presentaron de manera conjunta una recusación al juez José Luis Ennis. En las últimas semanas se llevaron a cabo los distintos procedimientos para la selección de un nuevo juez, aunque por el momento no hay definiciones. A cuatro años del crimen de Tino John siguen primando las dilaciones.
Tras un proceso de más de cuatro años -no exento de retrasos, estrategias de dilación y reveses- en mayo de este año la Justicia confirmó que los tres policías imputados por el asesinato de Alejandro "Tino" John irían a juicio por jurados. Para esta decisión fue clave la postura del fiscal Martin Robertson, quién reconoció en un detallado análisis de los hechos las falencias de la actuación policial, en línea con lo que la familia, la viuda de Tino y las organizaciones de Derechos Humanos denuncian desde el primer día.
Nota relacionada: Después de cuatro años, van a juicio los responsables del fusilamiento de Tino John: la trama judicial y la responsabilidad política por su muerte
El primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, respaldaba la versión del grupo especializado, que afirmaba que se habían encontrado con un hombre "extremadamente peligroso" y que el disparo mortal había sido la única alternativa para "neutralizarlo". Distintas evidencias recogidas hasta la fecha prueban la negligencia del grupo policial -que no respetó los protocolos de Salud Mental- y la posibilidad de haber recurrido a estrategias de actuación que hubieran protegido la vida. Una pericia de Enrique Prueger indicó, incluso, que la escena había sido manipulada para simular un enfrentamiento.
La principal demanda contra Díaz Mayer fue su lentitud para la apertura de la causa, que estuvo muy cerca de quedar impune. El fiscal abrió la investigación un año y medio después de los hechos e insistió en el sobreseimiento del primer imputado, Luis Américo Moggiano, responsable de efectuar el disparo mortal. Díaz Mayer fue recusado y la causa logró avanzar después de que Robertson quedara a cargo. El nuevo fiscal admitió dos nuevas imputaciones -la de Cristian Soto y Omar Martínez- dejó firme la de Moggiano y avanzó en la preparación del juicio.
Tras sortear las distintas audiencias preliminares y de preparación del juicio, se esperaba que el 15 de septiembre se realizara el sorteo de jurados para dar inicio al debate el día 16 en Lago Puelo. Sin embargo, fue suspendido luego de que el Superior Tribunal de Justicia aceptara un recurso de las defensas para cambiar la jurisdicción.
El planteo ya se había realizado durante las audiencias de preparación del jurado -aludiendo a la amplia mediatización del caso y la posibilidad de que ello interfiriera en la imparcialidad de los ciudadanos- y fue rechazado por el juez Ennis. Las querellas argumentaron que el planteo debería haberse realizado en instancias previas -ya que la mediatización del caso no es nueva- y que la imparcialidad del jurado popular está garantizada por distintos procedimientos judiciales de selección.
Nota relacionada: La defensa de los policías logró otra dilación por el caso Tino John: cambian de ciudad el juicio y eligen nuevo jurado popular
Las defensas recurrieron al STJ, que finalmente dictó el cambio de jurisdicción una semana antes del inicio del juicio, amparándose en "la posibilidad de que la trascendencia del juicio afecte a la paz social de Lago Puelo o el equilibrio de ánimo del jurado, del juez y otros interesados en el caso". De esta forma, se determinó que el juicio tendría lugar en Esquel, lo que obligó a reiniciar el proceso de selección de jurados.
Las querellas lograron sortear los obstáculos y avanzar con el proceso judicial. A pesar de las demoras, se mantuvo el 16 de septiembre como fecha de inicio aunque con Esquel como sede. Se esperaba que esa semana pudiera sortearse un nuevo jurado en la localidad, pero veinte minutos antes de la audiencia las defensas solicitaron la recusación del juez José Luis Ennis, lo que produjo un nuevo retraso.
Los argumentos de las defensas señalan que Ennis no hizo lugar al pedido de cambio de jurisdicción -que sí fue aceptado por el STJ- y que las decisiones adoptadas hasta el momento habían sido "prácticamente todas contrarias" a los intereses de los acusados. Uno de los defensores se refirió además a un incidente personal del juez vinculado a una cuestión policial que podría comprometer su imparcialidad.
El juez aceptó la recusación, aunque cuestionó los argumentos utilizados por los abogados defensores. En su resolución sostuvo: "No existe en mi ánimo inclinación de ningún orden para perjudicar o beneficiar a los imputados en sentido alguno, pero la referencia de la decisión del Superior Tribunal (...) dota de un fundamento atendible al temor de parcialidad que objetivamente invocan los impugnantes".
Respecto al episodio policial señaló que "no condiciona en modo alguno mi ánimo respecto de los integrantes de la Policía de la Provincia del Chubut en general, y menos aún respecto de los imputados por su sola pertenencia a esa institución".
A la espera de un nuevo juez
A dos semanas del día en que debía iniciar el juicio, el proceso sigue paralizado y a la espera de definiciones respecto a quién quedará a cargo del caso. El viernes 19 de septiembre se nombró un nuevo juez, pero renunció el lunes siguiente. El día 25 se llevó adelante la audiencia para el sorteo de circunscripción de los jueces, ya que la magistrada esquelense que debía tomar la causa estaba de licencia.
En lo que resta del proceso, se deberá pedir una fecha tentativa de juicio a la Oficina Judicial de Esquel y posteriormente consultar a las distintas circunscripciones seleccionadas en el sorteo (Sarmiento, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn) hasta dar con un juez que reúna las condiciones para estar al frente del caso.
Mientras tanto, los imputados continúan en funciones, aunque con medidas coercitivas impuestas por la Justicia. La comunidad, por otro lado, sigue a la espera de una resolución para el episodio que marcó a la Comarca Andina y puso el foco en una problemática extendida en toda la provincia en relación a los protocolos policiales.
La viuda de John, Claudia Costa Basso, cuestionó la demora judicial y reivindicó su pedido de justicia, tal y como sostiene desde hace casi cinco años. No es la primera estrategia de dilación a la que apuestan las defensas: en los últimos cuatro años Costa se refirió a recursos presentados a último momento, argumentos fuera de lugar y problemas técnicos que hasta el día de la fecha continúan demorando el esperado juicio. A pesar de la pretendida impunidad y del "bloqueo mediático" al que alude la viuda de John, el caso logró seguir en pie. Considerando el tiempo que lleva vigente la causa y el riesgo de que puedan prescribir las imputaciones, las querellas insisten en que pueda dictarse una nueva fecha de juicio lo antes posible.
La comunidad sigue a la espera de justicia por Alejandro "Tino" John, después de que un recurso presentado por los abogados defensores de los tres policías acusados retrasara el juicio. El debate tenía como fecha de inicio el 16 de septiembre, donde se debatiría la participación de los efectivos Luis Américo Moggiano, Omar Martínez y Cristian Soto durante el operativo del GEOP en Las Golondrinas el 21 de mayo de 2021 que derivó en la muerte de John. Minutos antes del comienzo, las defensas de los imputados presentaron de manera conjunta una recusación al juez José Luis Ennis. En las últimas semanas se llevaron a cabo los distintos procedimientos para la selección de un nuevo juez, aunque por el momento no hay definiciones. A cuatro años del crimen de Tino John siguen primando las dilaciones.
Tras un proceso de más de cuatro años -no exento de retrasos, estrategias de dilación y reveses- en mayo de este año la Justicia confirmó que los tres policías imputados por el asesinato de Alejandro "Tino" John irían a juicio por jurados. Para esta decisión fue clave la postura del fiscal Martin Robertson, quién reconoció en un detallado análisis de los hechos las falencias de la actuación policial, en línea con lo que la familia, la viuda de Tino y las organizaciones de Derechos Humanos denuncian desde el primer día.
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El primer fiscal, Carlos Díaz Mayer, respaldaba la versión del grupo especializado, que afirmaba que se habían encontrado con un hombre "extremadamente peligroso" y que el disparo mortal había sido la única alternativa para "neutralizarlo". Distintas evidencias recogidas hasta la fecha prueban la negligencia del grupo policial -que no respetó los protocolos de Salud Mental- y la posibilidad de haber recurrido a estrategias de actuación que hubieran protegido la vida. Una pericia de Enrique Prueger indicó, incluso, que la escena había sido manipulada para simular un enfrentamiento.
La principal demanda contra Díaz Mayer fue su lentitud para la apertura de la causa, que estuvo muy cerca de quedar impune. El fiscal abrió la investigación un año y medio después de los hechos e insistió en el sobreseimiento del primer imputado, Luis Américo Moggiano, responsable de efectuar el disparo mortal. Díaz Mayer fue recusado y la causa logró avanzar después de que Robertson quedara a cargo. El nuevo fiscal admitió dos nuevas imputaciones -la de Cristian Soto y Omar Martínez- dejó firme la de Moggiano y avanzó en la preparación del juicio.
Tras sortear las distintas audiencias preliminares y de preparación del juicio, se esperaba que el 15 de septiembre se realizara el sorteo de jurados para dar inicio al debate el día 16 en Lago Puelo. Sin embargo, fue suspendido luego de que el Superior Tribunal de Justicia aceptara un recurso de las defensas para cambiar la jurisdicción.
El planteo ya se había realizado durante las audiencias de preparación del jurado -aludiendo a la amplia mediatización del caso y la posibilidad de que ello interfiriera en la imparcialidad de los ciudadanos- y fue rechazado por el juez Ennis. Las querellas argumentaron que el planteo debería haberse realizado en instancias previas -ya que la mediatización del caso no es nueva- y que la imparcialidad del jurado popular está garantizada por distintos procedimientos judiciales de selección.
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Las defensas recurrieron al STJ, que finalmente dictó el cambio de jurisdicción una semana antes del inicio del juicio, amparándose en "la posibilidad de que la trascendencia del juicio afecte a la paz social de Lago Puelo o el equilibrio de ánimo del jurado, del juez y otros interesados en el caso". De esta forma, se determinó que el juicio tendría lugar en Esquel, lo que obligó a reiniciar el proceso de selección de jurados.
Las querellas lograron sortear los obstáculos y avanzar con el proceso judicial. A pesar de las demoras, se mantuvo el 16 de septiembre como fecha de inicio aunque con Esquel como sede. Se esperaba que esa semana pudiera sortearse un nuevo jurado en la localidad, pero veinte minutos antes de la audiencia las defensas solicitaron la recusación del juez José Luis Ennis, lo que produjo un nuevo retraso.
Los argumentos de las defensas señalan que Ennis no hizo lugar al pedido de cambio de jurisdicción -que sí fue aceptado por el STJ- y que las decisiones adoptadas hasta el momento habían sido "prácticamente todas contrarias" a los intereses de los acusados. Uno de los defensores se refirió además a un incidente personal del juez vinculado a una cuestión policial que podría comprometer su imparcialidad.
El juez aceptó la recusación, aunque cuestionó los argumentos utilizados por los abogados defensores. En su resolución sostuvo: "No existe en mi ánimo inclinación de ningún orden para perjudicar o beneficiar a los imputados en sentido alguno, pero la referencia de la decisión del Superior Tribunal (...) dota de un fundamento atendible al temor de parcialidad que objetivamente invocan los impugnantes".
Respecto al episodio policial señaló que "no condiciona en modo alguno mi ánimo respecto de los integrantes de la Policía de la Provincia del Chubut en general, y menos aún respecto de los imputados por su sola pertenencia a esa institución".
A la espera de un nuevo juez
A dos semanas del día en que debía iniciar el juicio, el proceso sigue paralizado y a la espera de definiciones respecto a quién quedará a cargo del caso. El viernes 19 de septiembre se nombró un nuevo juez, pero renunció el lunes siguiente. El día 25 se llevó adelante la audiencia para el sorteo de circunscripción de los jueces, ya que la magistrada esquelense que debía tomar la causa estaba de licencia.
En lo que resta del proceso, se deberá pedir una fecha tentativa de juicio a la Oficina Judicial de Esquel y posteriormente consultar a las distintas circunscripciones seleccionadas en el sorteo (Sarmiento, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn) hasta dar con un juez que reúna las condiciones para estar al frente del caso.
Mientras tanto, los imputados continúan en funciones, aunque con medidas coercitivas impuestas por la Justicia. La comunidad, por otro lado, sigue a la espera de una resolución para el episodio que marcó a la Comarca Andina y puso el foco en una problemática extendida en toda la provincia en relación a los protocolos policiales.
La viuda de John, Claudia Costa Basso, cuestionó la demora judicial y reivindicó su pedido de justicia, tal y como sostiene desde hace casi cinco años. No es la primera estrategia de dilación a la que apuestan las defensas: en los últimos cuatro años Costa se refirió a recursos presentados a último momento, argumentos fuera de lugar y problemas técnicos que hasta el día de la fecha continúan demorando el esperado juicio. A pesar de la pretendida impunidad y del "bloqueo mediático" al que alude la viuda de John, el caso logró seguir en pie. Considerando el tiempo que lleva vigente la causa y el riesgo de que puedan prescribir las imputaciones, las querellas insisten en que pueda dictarse una nueva fecha de juicio lo antes posible.