Sin paritarias, con becas congeladas y presupuesto insuficiente, exigen que Milei promulgue la Ley de Financiamiento Universitario En línea con la lucha que se viene dando desde principios de año, esta semana los gremios universitarios convocaron a un paro de 24 horas. Apuntan contra la grave situación de los trabajadores y las consecuencias visibles del recorte presupuestario. Se estima que la inversión en educación universitaria es la más baja desde 1997, por lo que reclaman al Gobierno nacional que promulgue y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la normativa quedó firme y logró sortear el veto presidencial, la expectativa es que Javier Milei demore su aplicación, tal como lo está haciendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin la aplicación de la ley y de cara a un presupuesto 2026 -que contempla aumentos ínfimos en Educación- la situación de las universidades podría agravarse.
La comunidad universitaria encaró acciones de lucha de manera sostenida en los últimos dos años. El año pasado estuvo signado por un recorte brutal a raíz de la prórroga del presupuesto 2023, lo que derivó en congelamiento de becas, paralización de obra pública en las universidades, pérdida de poder adquisitivo de los salarios e incertidumbre sobre la continuidad funcional de las casas de estudio.
Milei veta y veta
El presupuesto anual ejecutado destinado a las universidades en 2024 fue un 25% inferior al de 2023 en términos reales. Para 2025 se registra una caída del 29%. En cuanto a los salarios de los docentes universitarios, denuncian una caída del 23,1% en 2024 que este año escala al 40%.
En relación a Ciencia y Técnica, para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación el presupuesto 2025 implica un recorte del 63%, escenario al que se suma el recorte de becas del CONICET y una notable baja de cupos para el ingreso a la Carrera de Investigador Científico. Según indica un informe de la Fundación DHI "la realidad presupuestaria universitaria se encuentra hoy en su punto más bajo desde 1997".
El informe subraya que los recortes se producen en un momento de importante crecimiento de la población estudiantil: en los últimos 10 años se registra un aumento del 39,2% en la matrícula y del 32% en los egresos. Además, se aprecia un aumento de las casas de estudio, sobre todo en regiones donde antes no había universidades públicas. Entre 2014 y 2023 se abrieron 12 universidades, lo que "redunda en más población preparada para ingresar al sistema científico".
Durante el 2024 se llevaron adelante dos marchas federales masivas que pusieron el reclamo universitario en el centro del debate. Este año se convocó a una nueva movilización en el marco de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. Las problemáticas no han cambiado de un año a otro, y en muchos casos se han profundizado.
La Ley de Financiamiento busca, en este sentido, asegurar el presupuesto para garantizar salarios de acuerdo a la inflación, fortalecer programas de bienestar estudiantil y reactivar obras de infraestructura universitaria.
El año pasado se presentó una normativa similar que fue vetada por el Presidente el mismo día que las universidades se movilizaban en las calles. La Oficina Presidencial argumentó que la ley atentaba contra el equilibrio fiscal. La estimación del gasto fiscal indicó que la aplicación de la ley implicaba $738.595 millones, el 0,14% del PBI.
Las universidades señalaron que la magnitud de ese gasto era igual e incluso menor al impacto fiscal de otras medidas aplicadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, en esa instancia el rechazo al vetó no logró reunir el respaldo necesario en las Cámaras.
Nota relacionada: Nadie se salva solo: claves del nuevo proyecto de financiamiento universitario y la lucha que se extiende en todo el país
De acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el proyecto presentado este año no atenta contra el equilibrio fiscal ni obliga a la creación de nuevos impuestos, al tiempo que permite garantizar las condiciones mínimas para el funcionamiento de las universidades. El actual proyecto, que fue respaldado por ambas Cámaras, afecta sólo el 0,2% del PBI, aunque establece que la inversión destinada a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, una participación del 1,5% del PBI presupuestado cada año.
Sin certezas para la Ley de Financiamiento
La secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, subrayó a El Extremo Sur que tras el rechazo del veto el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgar la Ley, plazo que se cumple el próximo lunes: "Si bien nos dio una alegría enorme que saliera la ley sabemos que no implica con este Gobierno que se vaya a cumplir ni que se vaya a cumplir enseguida".
Botto advierte que "de por sí es una ley compleja", por lo que "aún si hubiera una voluntad del Gobierno nacional de ponerla en práctica, no se sería una ley que se pone en funcionamiento de un día para el otro". A ello se suma la postura explícita del Gobierno, que ha expresado que no tiene voluntad de promulgar la normativa, aunque desde los gremios todavía no saben qué forma va a tomar el rechazo: "Creemos que va a ser algo similar a lo que se hizo con la Ley de Discapacidad, o sea, que la promulgan y después dicen que no la pueden aplicar".
A pesar de las críticas del Gobierno a la ley, el texto indica de dónde se sacarán los fondos para solventar el presupuesto universitario, por lo que los gremios no saben con certeza cuál será el argumento para dilatar su aplicación, "pero no hay dudas en que no la van a querer aplicar".
En paralelo, los trabajadores sostienen un reclamo en relación a la discusión paritaria que el Ejecutivo continúa incumpliendo. "Casi con seguridad podemos decir que se va a accionar judicialmente -adelantó Botto-, porque aunque no esté la ley podrían llamar a paritarias y darnos aumentos a cuenta de lo que corresponde".
La Ley de Financiamiento Universitario contempla la recomposición de los salarios docentes. No obstante, hasta que sea aplicada, los gremios exigen la apertura de paritarias. A la fecha, registran una pérdida del poder adquisitivo del 38,7%. Los aumentos otorgados por el Gobierno han sido escasos y establecidos de manera unilateral: en agosto el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, anunció un aumento del 7,5% para docentes y no docentes de las Universidades Nacionales entre septiembre y noviembre.
"Por un lado no tenemos paritaria, no tenemos llamado a reunión, porque en realidad con este Gobierno nunca hubo una paritaria, una paritaria supuestamente es un ámbito de discusión, y también hay otros temas para discutir dentro de las universidades", señala Botto y afirma que no tienen reuniones desde septiembre del año pasado.
"El aumento fue muy similar a lo que se dio a los otros estatales, en los últimos tres meses nos dijeron que nos daban un aumento de 1,3%, pero en esos meses igual ya estábamos un 2% abajo de la inflación. O sea, seguimos perdiendo. No solo que no recuperan lo que teníamos en diciembre del 2023, ni lo que perdimos con la gran devaluación que hizo este gobierno apenas asumió el poder, sino que todos los meses, inclusive aquellos en los cuales nos dieron un mínimo aumento, venimos perdiendo con la inflación", detalla la referente gremial.
Consecuencias del ajuste
A la par de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el recorte ha impactado en todas las áreas académicas. El reclamo también incluye la actualización de los montos de las becas estudiantiles, cuyos montos permanecen congelados a valores del 2023.
"Las becas son casi una burla en cuanto al aporte económico. Además han bajado la cantidad de becas, no solo el monto de cada beca, sino que hay menos becas", indica Botto. Agrega que el ajuste "también afecta a todo el funcionamiento de las universidades e, inclusive, si la ley no sale o no conseguimos que se aplique en su totalidad, el presupuesto que mandó el Gobierno para el año que viene recorta las universidades. Ni siquiera es el presupuesto que teníamos antes, hay un recorte ahí también".
El Presupuesto 2026 anunciado por el Gobierno el pasado 16 de septiembre no hace más que agravar la crisis presupuestaria del sistema universitario y científico. Las partidas destinadas a las casas de estudio nuevamente se ubican por debajo del 0,5% del PBI y no contemplan la recomposición de los gastos de funcionamiento, la actualización de becas ni la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
De 4,6 billones de pesos en 2025, el presupuesto universitario asciende apenas a 4,8 billones para el próximo año, una cifra muy lejos del número exigido por el CIN para este año, que se ubicaba en 7,2 billones.
En este sentido, desde el gremio consideran que las elecciones legislativas del 26 de octubre van a ser un "parteaguas": "En función de cómo salgan esas elecciones la postura del Gobierno puede ser una u otra y nuestra postura también como trabajadores puede llegar a variar, pero sí que va a ser más difícil después de eso, porque ninguno de los escenarios se muestra más benévolo".
"A la vez, el Gobierno está negociando con Estados Unidos, no sabemos qué, entonces esa negociación que se está haciendo que más allá de lo que ellos digan implica más deuda y compromisos, no sabemos cuáles. Eso también afectaría el presupuesto; el presupuesto que mandaron, además de recortado, no es real, los montos y los distintos incisos y las asignaciones no son reales porque no sabemos qué más va a haber que agregarle", advierte Botto.
Sostiene que el ajuste "afecta todos los aspectos de la vida universitaria": "No solo se paralizan obras, sino que vemos lo que habitualmente pasa en cualquier institución, hay cosas que se van desgastando, que se rompen y no hay fondos para eso tampoco".
En tanto se define la promulgación de la Ley, los gremios discuten cuáles serán las próximas medidas antes de las elecciones legislativas: "Mientras tanto tenemos la solicitud al Gobierno nacional de que reabra la paritaria porque además consideramos que si no nos da el aumento, si no llama la paritaria, está incumpliendo el contrato de trabajo, y tomaremos las medidas que nos parezcan adecuadas".
El paro de 24 horas que se llevó adelante el pasado martes está en línea con las acciones de lucha que continuarán encarando los gremios de no haber respuestas por parte del Gobierno nacional.
Lo que sí es certero es que las próximas decisiones del Ejecutivo en torno a la Ley de Financiamiento y el presupuesto afectarán las trayectorias educativas de los más de 2 millones de estudiantes que componen el sistema público.
En línea con la lucha que se viene dando desde principios de año, esta semana los gremios universitarios convocaron a un paro de 24 horas. Apuntan contra la grave situación de los trabajadores y las consecuencias visibles del recorte presupuestario. Se estima que la inversión en educación universitaria es la más baja desde 1997, por lo que reclaman al Gobierno nacional que promulgue y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la normativa quedó firme y logró sortear el veto presidencial, la expectativa es que Javier Milei demore su aplicación, tal como lo está haciendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin la aplicación de la ley y de cara a un presupuesto 2026 -que contempla aumentos ínfimos en Educación- la situación de las universidades podría agravarse.
La comunidad universitaria encaró acciones de lucha de manera sostenida en los últimos dos años. El año pasado estuvo signado por un recorte brutal a raíz de la prórroga del presupuesto 2023, lo que derivó en congelamiento de becas, paralización de obra pública en las universidades, pérdida de poder adquisitivo de los salarios e incertidumbre sobre la continuidad funcional de las casas de estudio.
Milei veta y veta
El presupuesto anual ejecutado destinado a las universidades en 2024 fue un 25% inferior al de 2023 en términos reales. Para 2025 se registra una caída del 29%. En cuanto a los salarios de los docentes universitarios, denuncian una caída del 23,1% en 2024 que este año escala al 40%.
En relación a Ciencia y Técnica, para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación el presupuesto 2025 implica un recorte del 63%, escenario al que se suma el recorte de becas del CONICET y una notable baja de cupos para el ingreso a la Carrera de Investigador Científico. Según indica un informe de la Fundación DHI "la realidad presupuestaria universitaria se encuentra hoy en su punto más bajo desde 1997".
El informe subraya que los recortes se producen en un momento de importante crecimiento de la población estudiantil: en los últimos 10 años se registra un aumento del 39,2% en la matrícula y del 32% en los egresos. Además, se aprecia un aumento de las casas de estudio, sobre todo en regiones donde antes no había universidades públicas. Entre 2014 y 2023 se abrieron 12 universidades, lo que "redunda en más población preparada para ingresar al sistema científico".
Durante el 2024 se llevaron adelante dos marchas federales masivas que pusieron el reclamo universitario en el centro del debate. Este año se convocó a una nueva movilización en el marco de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. Las problemáticas no han cambiado de un año a otro, y en muchos casos se han profundizado.
La Ley de Financiamiento busca, en este sentido, asegurar el presupuesto para garantizar salarios de acuerdo a la inflación, fortalecer programas de bienestar estudiantil y reactivar obras de infraestructura universitaria.
El año pasado se presentó una normativa similar que fue vetada por el Presidente el mismo día que las universidades se movilizaban en las calles. La Oficina Presidencial argumentó que la ley atentaba contra el equilibrio fiscal. La estimación del gasto fiscal indicó que la aplicación de la ley implicaba $738.595 millones, el 0,14% del PBI.
Las universidades señalaron que la magnitud de ese gasto era igual e incluso menor al impacto fiscal de otras medidas aplicadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, en esa instancia el rechazo al vetó no logró reunir el respaldo necesario en las Cámaras.
Nota relacionada: Nadie se salva solo: claves del nuevo proyecto de financiamiento universitario y la lucha que se extiende en todo el país
De acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el proyecto presentado este año no atenta contra el equilibrio fiscal ni obliga a la creación de nuevos impuestos, al tiempo que permite garantizar las condiciones mínimas para el funcionamiento de las universidades. El actual proyecto, que fue respaldado por ambas Cámaras, afecta sólo el 0,2% del PBI, aunque establece que la inversión destinada a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, una participación del 1,5% del PBI presupuestado cada año.
Sin certezas para la Ley de Financiamiento
La secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, subrayó a El Extremo Sur que tras el rechazo del veto el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgar la Ley, plazo que se cumple el próximo lunes: "Si bien nos dio una alegría enorme que saliera la ley sabemos que no implica con este Gobierno que se vaya a cumplir ni que se vaya a cumplir enseguida".
Botto advierte que "de por sí es una ley compleja", por lo que "aún si hubiera una voluntad del Gobierno nacional de ponerla en práctica, no se sería una ley que se pone en funcionamiento de un día para el otro". A ello se suma la postura explícita del Gobierno, que ha expresado que no tiene voluntad de promulgar la normativa, aunque desde los gremios todavía no saben qué forma va a tomar el rechazo: "Creemos que va a ser algo similar a lo que se hizo con la Ley de Discapacidad, o sea, que la promulgan y después dicen que no la pueden aplicar".
A pesar de las críticas del Gobierno a la ley, el texto indica de dónde se sacarán los fondos para solventar el presupuesto universitario, por lo que los gremios no saben con certeza cuál será el argumento para dilatar su aplicación, "pero no hay dudas en que no la van a querer aplicar".
En paralelo, los trabajadores sostienen un reclamo en relación a la discusión paritaria que el Ejecutivo continúa incumpliendo. "Casi con seguridad podemos decir que se va a accionar judicialmente -adelantó Botto-, porque aunque no esté la ley podrían llamar a paritarias y darnos aumentos a cuenta de lo que corresponde".
La Ley de Financiamiento Universitario contempla la recomposición de los salarios docentes. No obstante, hasta que sea aplicada, los gremios exigen la apertura de paritarias. A la fecha, registran una pérdida del poder adquisitivo del 38,7%. Los aumentos otorgados por el Gobierno han sido escasos y establecidos de manera unilateral: en agosto el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, anunció un aumento del 7,5% para docentes y no docentes de las Universidades Nacionales entre septiembre y noviembre.
"Por un lado no tenemos paritaria, no tenemos llamado a reunión, porque en realidad con este Gobierno nunca hubo una paritaria, una paritaria supuestamente es un ámbito de discusión, y también hay otros temas para discutir dentro de las universidades", señala Botto y afirma que no tienen reuniones desde septiembre del año pasado.
"El aumento fue muy similar a lo que se dio a los otros estatales, en los últimos tres meses nos dijeron que nos daban un aumento de 1,3%, pero en esos meses igual ya estábamos un 2% abajo de la inflación. O sea, seguimos perdiendo. No solo que no recuperan lo que teníamos en diciembre del 2023, ni lo que perdimos con la gran devaluación que hizo este gobierno apenas asumió el poder, sino que todos los meses, inclusive aquellos en los cuales nos dieron un mínimo aumento, venimos perdiendo con la inflación", detalla la referente gremial.
Consecuencias del ajuste
A la par de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el recorte ha impactado en todas las áreas académicas. El reclamo también incluye la actualización de los montos de las becas estudiantiles, cuyos montos permanecen congelados a valores del 2023.
"Las becas son casi una burla en cuanto al aporte económico. Además han bajado la cantidad de becas, no solo el monto de cada beca, sino que hay menos becas", indica Botto. Agrega que el ajuste "también afecta a todo el funcionamiento de las universidades e, inclusive, si la ley no sale o no conseguimos que se aplique en su totalidad, el presupuesto que mandó el Gobierno para el año que viene recorta las universidades. Ni siquiera es el presupuesto que teníamos antes, hay un recorte ahí también".
El Presupuesto 2026 anunciado por el Gobierno el pasado 16 de septiembre no hace más que agravar la crisis presupuestaria del sistema universitario y científico. Las partidas destinadas a las casas de estudio nuevamente se ubican por debajo del 0,5% del PBI y no contemplan la recomposición de los gastos de funcionamiento, la actualización de becas ni la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
De 4,6 billones de pesos en 2025, el presupuesto universitario asciende apenas a 4,8 billones para el próximo año, una cifra muy lejos del número exigido por el CIN para este año, que se ubicaba en 7,2 billones.
En este sentido, desde el gremio consideran que las elecciones legislativas del 26 de octubre van a ser un "parteaguas": "En función de cómo salgan esas elecciones la postura del Gobierno puede ser una u otra y nuestra postura también como trabajadores puede llegar a variar, pero sí que va a ser más difícil después de eso, porque ninguno de los escenarios se muestra más benévolo".
"A la vez, el Gobierno está negociando con Estados Unidos, no sabemos qué, entonces esa negociación que se está haciendo que más allá de lo que ellos digan implica más deuda y compromisos, no sabemos cuáles. Eso también afectaría el presupuesto; el presupuesto que mandaron, además de recortado, no es real, los montos y los distintos incisos y las asignaciones no son reales porque no sabemos qué más va a haber que agregarle", advierte Botto.
Sostiene que el ajuste "afecta todos los aspectos de la vida universitaria": "No solo se paralizan obras, sino que vemos lo que habitualmente pasa en cualquier institución, hay cosas que se van desgastando, que se rompen y no hay fondos para eso tampoco".
En tanto se define la promulgación de la Ley, los gremios discuten cuáles serán las próximas medidas antes de las elecciones legislativas: "Mientras tanto tenemos la solicitud al Gobierno nacional de que reabra la paritaria porque además consideramos que si no nos da el aumento, si no llama la paritaria, está incumpliendo el contrato de trabajo, y tomaremos las medidas que nos parezcan adecuadas".
El paro de 24 horas que se llevó adelante el pasado martes está en línea con las acciones de lucha que continuarán encarando los gremios de no haber respuestas por parte del Gobierno nacional.
Lo que sí es certero es que las próximas decisiones del Ejecutivo en torno a la Ley de Financiamiento y el presupuesto afectarán las trayectorias educativas de los más de 2 millones de estudiantes que componen el sistema público.