Era Milei: Un secretario de DDHH negacionistaPor Ricardo Ragendorfer
Había que ver a ese sujeto obeso, sudoroso y desaliñado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, al catalogar de "irreal" la lectura que se hace en cuanto a la aplicación del terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura.
Se trataba nada menos que del subsecretario de Derechos Humanos del régimen libertario, Alberto Baños.
Lo cierto es que su intervención fue memorable. Porque no sólo puso en tela de juicio el número de víctimas -un clásico en la materia- sino que, además, se permitió argumentar que dicha contabilidad fue adulterada para así facilitar los subsidios económicos a quienes no les correspondía este beneficio.
Por momentos, sus palabras provocaron risas en el auditorio. ¿Se habría dado cuenta de que estaba consumando un papelón histórico?
Sin embargo, no son pocos los que piensan como él. De modo que bien vale abordar el fenómeno del "negacionismo" nacional.
De hecho, su antecesor macrista, Claudio Avruj, supo desbarrancar en una tentación semejante, al establecer que, en tal período, hubo 7010 desaparecidos. Ni uno más.
En rigor, él había incurrido en una interpretación algo antojadiza de las estadísticas elaboradas por un área de su Secretaría, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, cuya base de datos solo incluye legajos de la CONADEP, denuncias previas a 1987 y un listado de los hábeas corpus. Pero no vaciló en difundirlas, a sabiendas de su carácter parcial y, por lo tanto, inhábil para toda conclusión cuantitativa.
Tanto entonces como ahora, el regateo contable del horror es una política pública que se practica con un fervor casi militante.
¿Acaso su objetivo es instalar un debate aritmético al respecto? Un debate que, por su sola realización, extendería un manto de sospecha sobre la ética de los organismos abocados a la lucha por los derechos humanos. Así funcionan las leyes del negacionismo. Sin embargo, entre su lógica y la realidad se impone el inapelable valor documental de un viejo paper de inteligencia.
Esa hoja -enviada desde Buenos Aires el 4 de julio de 1978 al cuartel general de la DINA, la policía secreta de Pinochet- fue escrita con mayúsculas, como si ello acentuara su urgencia. Y consignaba: "Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha".
Era el saldo -calculado por el Ejército- de la represión en Argentina cuando aún faltaban cinco años y medio para el fin del ciclo militar. De hecho, en otro párrafo quedó asentado que ese dato "se pudo conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia". Al pie del informe resalta un nombre de fantasía: "Luis Felipe Alamparte Díaz".
Así se hacía llamar Enrique Arancibia Clavel. Y aquel documento, junto al resto de su archivo -compuesto por otros 400 informes repartidos en más de 1500 páginas-, salió a la luz en medio de circunstancias fronterizas entre el drama y la comedia.
Este individuo era el delegado local de la DINA. Y oficiaba como enlace entre aquella agencia y el Batallón 601 en la coordinación del Plan Cóndor. Sus propios jefes lo consideraban un embajador en la sombras y, para los jerarcas de la inteligencia local, ese muchacho de 28 años era el "espía oficial" de Chile en la Argentina. Pero una azarosa encrucijada geopolítica sería su pasaporte hacia la desgracia. El 24 de noviembre de 1978, cuando Argentina y Chile estaban a punto de entrar en guerra por el control de tres islotes en el canal de Beagle, él trastabilló por una obviedad: ser un espía chileno.
Arancibia Clavel fue secuestrado por la SIDE en su casa, donde vivía en pareja con un bailarín que trabajaba con Susana Giménez. Su famoso archivo fue hallado en el doble fondo de un placard. Se trataba de capetas agrupadas de manera correlativa, con detalles exactos de tareas hechas por la inteligencia pinochetista en territorio argentino. También había una copia completa de sus informes enviados a Santiago. Y cada una de las respuestas e instrucciones de su jefe, el mayor Raúl Iturriaga Neumann.
En 1981 recuperó la libertad. Pero sin sus papeles. Y éstos recién fueron descubiertos un lustro después por la periodista chilena Mónica González en un sótano del Palacio de Tribunales, durante su exhaustiva investigación acerca del asesinato en Buenos Aires del general allendista, Carlos Prats.
Por ese tema, Arancibia fue otra vez tras las rejas en 1996. Y su archivo resultó una prueba en su contra. En el 2000 recibió una condena a perpetuidad. No obstante, a mediados de 2007 -por una caprichosa interpretación del "dos por uno"- le fue otorgada la libertad condicional.
En base a sus datos, el diario La Nación publicó el 24 de marzo de 2006 el detalle numérico de las víctimas en cuestión. Aquel artículo lleva la firma de Hugo Alconada Mon. Y su título es: "El Ejército reconoció 22 mil crímenes".
De Arancibia poco se supo hasta el 28 de abril de 2011. Al clarear aquel jueves, fue despanzurrado a puñaladas en su casa porteña por un taxi boy. Pero su archivo, a modo de legado, lo sobrevivió.
Lo mismo ocurrió con el negacionismo.
Esta conducta se refiere a comportamientos y discursos que apuntan hacia la omisión deliberada de hechos históricos atravesados por un grado extremo de crueldad. Claro que si bien este término ha sido acuñado en referencia a la Shoá, su concepto se extiende al acto de invisibilizar toda clase de genocidios.
En el caso argentino, sin considerar los dichos de los verdugos ni los de sus epígonos, una de las principales negacionistas fue -valga la paradoja- nada menos que la madre de un desaparecido: Graciela Fernández Meijide, quien, a mediados de 2009, soltó su teoría sobre las ocho mil víctimas, basándose -al igual que Avruj- en listados obsoletos y, por lo tanto, parciales.
En esa ocasión, el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, le pasó el lampazo al aclararle que el único registro fehaciente sobre la cantidad de víctimas "está en poder de los asesinos". Y que, por tal motivo, tomar las estadísticas públicas como totales "resulta tan falaz como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de mil".
También le explicó que la estimación de 30 mil -convertida en consigna- no es de ninguna manera arbitraria, dado que -según sus palabras- responde a "diversas variables". Entre otras, al hecho de que la cifra tentativa de cautivos en los tres principales centros de exterminio -La ESMA, Campo de Mayo y La Perla- ya de por sí supera los censos de la CONADEP, en un esquema donde existieron otras 497 mazmorras clandestinas debidamente identificadas. Y un plantel de 150 mil represores. Además, no se privó de refrescarle el informe de Arancibia, el cual -a diferencia de Avruj- Duhalde sí conocía de cabo a rabo.
Desde entonces ya transcurrieron más de tres lustros. Pero esta cuestión suele resucitar como el Ave Fénix.
Tanto es así que, en la actualidad, para ciertos personajillos marginales de la política el negacionismo es su plataforma de lanzamiento hacia espacios claves de la política y del Estado. Ese es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el del diputado electo Alejandro Fargosi, entre los más conspicuos, ya que esta jauría es cada vez más profusa.
La cría del "Proceso" está otra vez entre nosotros.
Fuente: Tiempo Argentino
Por Ricardo Ragendorfer
Había que ver a ese sujeto obeso, sudoroso y desaliñado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, al catalogar de "irreal" la lectura que se hace en cuanto a la aplicación del terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura.
Se trataba nada menos que del subsecretario de Derechos Humanos del régimen libertario, Alberto Baños.
Lo cierto es que su intervención fue memorable. Porque no sólo puso en tela de juicio el número de víctimas -un clásico en la materia- sino que, además, se permitió argumentar que dicha contabilidad fue adulterada para así facilitar los subsidios económicos a quienes no les correspondía este beneficio.
Por momentos, sus palabras provocaron risas en el auditorio. ¿Se habría dado cuenta de que estaba consumando un papelón histórico?
Sin embargo, no son pocos los que piensan como él. De modo que bien vale abordar el fenómeno del "negacionismo" nacional.
De hecho, su antecesor macrista, Claudio Avruj, supo desbarrancar en una tentación semejante, al establecer que, en tal período, hubo 7010 desaparecidos. Ni uno más.
En rigor, él había incurrido en una interpretación algo antojadiza de las estadísticas elaboradas por un área de su Secretaría, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, cuya base de datos solo incluye legajos de la CONADEP, denuncias previas a 1987 y un listado de los hábeas corpus. Pero no vaciló en difundirlas, a sabiendas de su carácter parcial y, por lo tanto, inhábil para toda conclusión cuantitativa.
Tanto entonces como ahora, el regateo contable del horror es una política pública que se practica con un fervor casi militante.
¿Acaso su objetivo es instalar un debate aritmético al respecto? Un debate que, por su sola realización, extendería un manto de sospecha sobre la ética de los organismos abocados a la lucha por los derechos humanos. Así funcionan las leyes del negacionismo. Sin embargo, entre su lógica y la realidad se impone el inapelable valor documental de un viejo paper de inteligencia.
Esa hoja -enviada desde Buenos Aires el 4 de julio de 1978 al cuartel general de la DINA, la policía secreta de Pinochet- fue escrita con mayúsculas, como si ello acentuara su urgencia. Y consignaba: "Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha".
Era el saldo -calculado por el Ejército- de la represión en Argentina cuando aún faltaban cinco años y medio para el fin del ciclo militar. De hecho, en otro párrafo quedó asentado que ese dato "se pudo conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia". Al pie del informe resalta un nombre de fantasía: "Luis Felipe Alamparte Díaz".
Así se hacía llamar Enrique Arancibia Clavel. Y aquel documento, junto al resto de su archivo -compuesto por otros 400 informes repartidos en más de 1500 páginas-, salió a la luz en medio de circunstancias fronterizas entre el drama y la comedia.
Este individuo era el delegado local de la DINA. Y oficiaba como enlace entre aquella agencia y el Batallón 601 en la coordinación del Plan Cóndor. Sus propios jefes lo consideraban un embajador en la sombras y, para los jerarcas de la inteligencia local, ese muchacho de 28 años era el "espía oficial" de Chile en la Argentina. Pero una azarosa encrucijada geopolítica sería su pasaporte hacia la desgracia. El 24 de noviembre de 1978, cuando Argentina y Chile estaban a punto de entrar en guerra por el control de tres islotes en el canal de Beagle, él trastabilló por una obviedad: ser un espía chileno.
Arancibia Clavel fue secuestrado por la SIDE en su casa, donde vivía en pareja con un bailarín que trabajaba con Susana Giménez. Su famoso archivo fue hallado en el doble fondo de un placard. Se trataba de capetas agrupadas de manera correlativa, con detalles exactos de tareas hechas por la inteligencia pinochetista en territorio argentino. También había una copia completa de sus informes enviados a Santiago. Y cada una de las respuestas e instrucciones de su jefe, el mayor Raúl Iturriaga Neumann.
En 1981 recuperó la libertad. Pero sin sus papeles. Y éstos recién fueron descubiertos un lustro después por la periodista chilena Mónica González en un sótano del Palacio de Tribunales, durante su exhaustiva investigación acerca del asesinato en Buenos Aires del general allendista, Carlos Prats.
Por ese tema, Arancibia fue otra vez tras las rejas en 1996. Y su archivo resultó una prueba en su contra. En el 2000 recibió una condena a perpetuidad. No obstante, a mediados de 2007 -por una caprichosa interpretación del "dos por uno"- le fue otorgada la libertad condicional.
En base a sus datos, el diario La Nación publicó el 24 de marzo de 2006 el detalle numérico de las víctimas en cuestión. Aquel artículo lleva la firma de Hugo Alconada Mon. Y su título es: "El Ejército reconoció 22 mil crímenes".
De Arancibia poco se supo hasta el 28 de abril de 2011. Al clarear aquel jueves, fue despanzurrado a puñaladas en su casa porteña por un taxi boy. Pero su archivo, a modo de legado, lo sobrevivió.
Lo mismo ocurrió con el negacionismo.
Esta conducta se refiere a comportamientos y discursos que apuntan hacia la omisión deliberada de hechos históricos atravesados por un grado extremo de crueldad. Claro que si bien este término ha sido acuñado en referencia a la Shoá, su concepto se extiende al acto de invisibilizar toda clase de genocidios.
En el caso argentino, sin considerar los dichos de los verdugos ni los de sus epígonos, una de las principales negacionistas fue -valga la paradoja- nada menos que la madre de un desaparecido: Graciela Fernández Meijide, quien, a mediados de 2009, soltó su teoría sobre las ocho mil víctimas, basándose -al igual que Avruj- en listados obsoletos y, por lo tanto, parciales.
En esa ocasión, el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, le pasó el lampazo al aclararle que el único registro fehaciente sobre la cantidad de víctimas "está en poder de los asesinos". Y que, por tal motivo, tomar las estadísticas públicas como totales "resulta tan falaz como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de mil".
También le explicó que la estimación de 30 mil -convertida en consigna- no es de ninguna manera arbitraria, dado que -según sus palabras- responde a "diversas variables". Entre otras, al hecho de que la cifra tentativa de cautivos en los tres principales centros de exterminio -La ESMA, Campo de Mayo y La Perla- ya de por sí supera los censos de la CONADEP, en un esquema donde existieron otras 497 mazmorras clandestinas debidamente identificadas. Y un plantel de 150 mil represores. Además, no se privó de refrescarle el informe de Arancibia, el cual -a diferencia de Avruj- Duhalde sí conocía de cabo a rabo.
Desde entonces ya transcurrieron más de tres lustros. Pero esta cuestión suele resucitar como el Ave Fénix.
Tanto es así que, en la actualidad, para ciertos personajillos marginales de la política el negacionismo es su plataforma de lanzamiento hacia espacios claves de la política y del Estado. Ese es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el del diputado electo Alejandro Fargosi, entre los más conspicuos, ya que esta jauría es cada vez más profusa.
La cría del "Proceso" está otra vez entre nosotros.
Fuente: Tiempo Argentino