El panorama de Comodoro en el Día contra el abuso sexual infantil: "Hay pocos profesionales para la cantidad de situaciones que se detectan" El 19 de noviembre está instituido como el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, una problemática creciente a nivel mundial que aún demanda enfoques adecuados. Las cifras, aunque son alarmantes, no reflejan las realidades de las infancias, que no siempre son escuchadas cuando relatan experiencias de abuso. Se suman grandes obstáculos institucionales y un contexto de ajuste sobre las políticas para niños y niñas que agrava la vulnerabilidad frente a este delito. El Extremo Sur dialogó con Natalia Castro, quien es parte de la Mesa Intersectorial para el abordaje de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que busca garantizar mecanismos más inmediatos en la articulación institucional para que "el abordaje sea lo menos revictimizante posible". La especialista señaló que la Mesa lleva adelante tareas de prevención y promoción como un primer paso, aunque la etapa posterior de atención en organismos públicos se complejiza debido a la falta de profesionales capacitados y la saturación del sistema.
El delito más impune
La fecha fue instituida en el año 2000 por la Cumbre Mundial de la Mujer, con estatus consultivo de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la lucha contra las violencias sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Se trata de un fenómeno global que ha ganado visibilidad en las últimas décadas, aunque todavía persisten grandes obstáculos para garantizar los derechos de las víctimas.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2017 y 2022 se registraron 14.424 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Seis de cada diez víctimas eran niñas y en el 58% de los casos el agresor era una persona cercana a la víctima.
No obstante, se trata de un delito subregistrado. Es decir, la cantidad real de delitos cometidos es mayor a la que aparece en estadísticas oficiales. En este caso, se debe a la dificultad de las infancias para relatar situaciones de abuso y en muchas ocasiones la falta de marcos de escucha por parte de los adultos responsables y las instituciones.
El informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU correspondiente al 2024 advierte que Argentina tiene deficiencias sistémicas que han conducido a "altos niveles de violencia y abuso sexual en la niñez". Insta al Estado argentino a facilitar y promocionar la obligatoriedad de la denuncia, a crear mecanismos de denuncia para víctimas menores de edad y a establecer una base de datos centralizada que incluya estadísticas sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
El Comité señala también su preocupación ante las decisiones del Gobierno nacional vinculadas al cierre o desjerarquización de instituciones que "reducen el alcance de las políticas públicas relacionadas con los derechos del niño o promueven la derogación de normas que garantizan esos derechos". Subraya como una de las problemáticas centrales la falta de coordinación entre las diferentes instituciones y organismos responsables de la protección de la infancia a nivel provincial y municipal, "lo que puede dar lugar a la duplicación de esfuerzos, deficiencias en la cobertura y falta de continuidad en la atención a los niños en situación de riesgo".
Sebastián Cuattromo, fundador de la Asociación Adultxs por los Derechos de la Infancia, ha señalado en diálogo con medios que se trata de un delito fuertemente impune: en promedio, de cada 1000 casos de abuso sexual contra niños, 999 quedan impunes. "Hay un contraste entre esta enorme masividad e histórica presencia de este delito, y la presencia que tiene como tema en la agenda pública, en las políticas de Estado, en la sociedad", señalan desde la Asociación. El tabú que rodea al tema y la frecuencia con la que se produce en ámbitos intrafamiliares dificulta que estas experiencias puedan ser relatadas.
Una de las principales demandas de las organizaciones de sobrevivientes está ligada a los marcos legales de denuncia. Argentina ha atravesado un largo camino normativo en relación a la prescripción, lo que permitió que muchas víctimas denuncien a sus abusadores aun cuando ya pasaron años de lo sucedido.
Antes de 2011, el abuso sexual era tratado como cualquier otro delito y prescribía después de 12 años. Tras la adopción de la Ley Piazza (N° 26.705 del Código Penal) el tiempo de prescripción comenzó a computarse a partir de que la víctima alcanza la mayoría de edad. La última actualización se realizó en 2015, a través de la Ley 27.206, que suspende la prescripción de 12 años hasta que la víctima decida efectuar su denuncia siendo mayor de edad.
Argentina, sin embargo, sigue por detrás de varios países de América Latina que han derogado por completo la prescripción del abuso sexual, como El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y México. En 2023, la asociación civil ARALMA presentó un proyecto para eliminar la prescripción. La denominada "Ley sin plazo para la verdad" considera que las víctimas suelen atravesar una etapa inicial en la que bloquean el episodio o no son conscientes de que han sufrido un ataque sexual. "Reconocer y asumir que se ha sido víctima de un delito de esa naturaleza a veces demanda años; la gravedad de estos delitos, su notable incremento y la brutalidad de las secuelas que dejan en las víctimas requieren de un tiempo extra para su elaboración en comparación con otros", explicó la directora de ARALMA, Sonia Almada.
Más allá del cambio de paradigma de la infancia que transita Argentina y la región, se vuelve necesaria la implementación de políticas efectivas y el robustecimiento del recurso humano para garantizar la protección de las víctimas de abuso sexual infantil.
El panorama en Comodoro
El Extremo Sur dialogó con Natalia Castro -directora de la Oficina de Derechos y Garantías y miembro de la Mesa Intersectorial para el abordaje de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes- para conocer el panorama a nivel local. La Mesa Intersectorial funciona desde 2022 y busca articular acciones de prevención y promoción con distintos organismos que funcionan en la ciudad. Castro indica que buscan llevar adelante "mecanismos que impactan y que ayudan a descomprimir después todo lo que es el abordaje posterior".
La especialista señala que hoy en Comodoro Rivadavia "se hace como un cuello de botella porque se generan estas acciones de prevención y promoción, referimos que hay que denunciar, dónde, cómo, todas estas cuestiones como muy puntuales y después nos pasa que no hay un sistema que pueda dar cobertura a toda esta atención". Indica que más allá de las acciones concretas, lo central es priorizar a los niños y niñas.
"Cuando no tenemos un sistema que esté preparado para dar respuesta a todas esas denuncias, a todas esas situaciones que se empiezan a detectar, ahí lo que necesitamos es más profesionales que puedan abordar la temática, más profesionales que estén capacitados en relación al abordaje de esta temática. Entonces vamos como moviendo las líneas en función a lo que se está necesitando en Comodoro", detalla. La necesidad concreta es un número mayor de profesionales capacitados "y que estén dentro de los espacios públicos para que puedan dar respuesta".
Consultada sobre las estadísticas en Comodoro, indicó que es difícil cuantificar, precisamente por tratarse de un delito subregistrado: "Tal vez nosotros empezamos a abordar una situación de deserción escolar, y cuando empezás a ampliar un poco más la problemática, surge alguna cuestión de violencia sexual no denunciada; lo que sucede también es que muchos lo denuncian posteriormente, por eso es la necesidad de la prevención y la promoción".
"Porque la violencia sexual tiene un montón de formas de manifestarse y muchas veces antes no se tenía en cuenta de esta manera", explica. El rol de la Oficina de Garantías, por ejemplo, es orientar y articular de manera inmediata con los organismos que deben intervenir. "Siempre, obviamente, se orienta para la denuncia, pero priorizando de que ese niño o niña tenga una red afectiva de resguardo, porque muchas veces, la mayoría de las situaciones son intrafamiliares, entonces tenemos una familia que no protege, no cuida. Y ante la detección, muchas veces también retroceden porque son parte de esta problemática", agrega, como una de las capas de complejidad que atraviesa la violencia sexual contra las infancias.
La Mesa Intersectorial surge ante la necesidad de agilizar los mecanismos de abordaje: "antes pasaba una situación, por ejemplo, de que un niño o niña en situación de violencia sexual esperaba cinco horas en el Hospital Regional". Castro indica que hoy sigue habiendo situaciones de espera "porque hay un desborde del sistema". Pero remarca que antes se marcaba más la revictimización: "Entraba la policía, la parte judicial, le hacía preguntas. Todas estas cuestiones, estas desprolijidades que eran propias de la falta de comunicación entre los distintos actores que componen el sistema de protección se fueron puliendo".
"Hoy tenemos un protocolo, hoy tenemos una red dentro de esta Mesa Intersectorial compuesta por la Justicia, por el Hospital, por los centros comunitarios, los CPBs, distintos organismos que más allá de esto, la prevención, la promoción e informar concretamente en relación a la temática, hacen que artesanalmente generemos mecanismos más inmediatos, sobre todo para que el abordaje sea lo menos revictimizante posible", agrega.
"Entonces en esa línea se han mejorado y se ha trabajado un montón. Y otra cosa positiva que tiene la mesa es la articulación horizontal, porque si bien todos los organismos tienen distintas dependencias y tienen obviamente sus jerarquías, en relación a la temática pudimos sentarnos en una mesa y decir esto está pasando en Comodoro, necesitamos dar respuestas acordes'", sostiene.
Pocos profesionales, alta demanda
El panorama local no es ajeno al escenario de desjerarquización de organismos y ajuste presupuestario a nivel nacional. Castro advierte que "a la fecha, y haciendo un balance, considero que lo que se está sosteniendo en relación al abordaje de esta temática es por voluntad de los actores que componen el sistema, porque la realidad es que desde Hospital Regional, por ejemplo, tenemos muy pocos profesionales que puedan hacer el acompañamiento a los dispositivos infantojuvenil".
"Más allá de las acciones de prevención y promoción que nosotros hacemos llevando esta información, después son pocos profesionales para la cantidad de situaciones que se van detectando", indica, al tiempo que asegura que es necesario "volver a fortalecer el sistema de protección". "Seguimos solicitando que doten de más recursos profesionales, sobre todo el Hospital Regional que es quien después hace los mecanismos con lo que es el proceso judicial penal", agrega.
Parte del cambio de paradigma de las infancias implicó superar paulatinamente el tabú en torno al abuso sexual: "Esto se hizo problematizando, por eso tenemos tantas situaciones de detección, por ejemplo en las escuelas, ante manifestaciones de situaciones que han vivenciado se puede detectar que fue un hecho de violencia sexual", indica Castro. En este sentido, ha sido clave la implementación de la Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150, sancionada en 2006). Sin embargo, su aplicación no siempre se garantiza en los términos que propone la ley. Por otro lado, los fondos destinados a los programas de ESI han sufrido una importante reducción: en 2024 se produjo un recorte del 68% y el Proyecto para el 2025 ni siquiera destinaba partidas.
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Castro se refiere también a la necesidad de formación profesional y de garantizar marcos de escucha adecuados: "¿Qué pasa cuando un docente no habilita la palabra, no acompaña ese proceso, no está preparado para la detección en ese relato inmediato, que es sumamente valioso? Ahí es donde el sistema falla y donde los profesionales tenemos que estar actualizados en relación a la temática, qué decir, qué no decir, porque esas primeras palabras ante un niño o niña que relata el hecho son fundamentales para el acompañamiento, el yo sí te creo', el no pienso que estás mintiendo', porque muchas veces hay un montón de mitos en relación a la temática, lo que genera contradicción de los propios adultos que acompañan".
Por otro lado, visualiza la forma en que las narrativas sociales se han ido modificando en relación al acompañamiento. "Tuvimos épocas, hasta hace un año tuvimos épocas donde se fueron actualizando estos relatos, se fue acompañando y discursivamente en la práctica realmente se apropiaba el acompañamiento a las niñeces, sobre todo en situación de vulnerabilidad", indica.
Sin embargo, advierte que "de un año para adelante, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación la prioridad es dar clase. Entonces, ante todas estas situaciones, yo pongo en cuestión si realmente se están acompañando o no, más allá de que hay de todo dentro del sistema".
"Pero no tenemos que correr de eje de todo lo que se fue conquistando y practicando, sobre todo en el acompañamiento de la niñez en situación de vulnerabilidad, se habilita la palabra, hoy se juzga a quien juzga a la víctima. Pero persisten todavía algunos discursos donde se culpabiliza o se cree que el niño o la niña está mintiendo, todavía existe -enfatiza-; por eso las acciones de prevención y promoción son tan importantes".
El ajuste y los discursos de odio
Más allá de los recursos concretos en la prevención y abordaje de las violencias contra las infancias, otros elementos del contexto social inciden profundamente en la capacidad del sistema y de las familias de dar respuesta. Castro se refiere a "una situación a nivel macro que impacta directamente en cada una de las familias" vinculada al "desborde de salud mental, la vigencia de un discurso estigmatizante, de odio, que vemos permanentemente, en redes sociales, en la televisión, y hoy es parte de la cotidianidad. No hay que verlo como algo ajeno".
Comodoro cuenta con la particularidad de atravesar hoy una crisis en la industria petrolera que ha provocado despidos y reconfiguraciones en el ámbito laboral: "Todas estas problemáticas hacen al combo de la complejidad que hoy está atravesando Comodoro y que no es ajeno a lo que pasa a nivel provincial y a nivel nacional". Lo que sí advierte Castro es "un corrimiento del Estado a nivel provincial y nacional en función a dar una respuesta a las situaciones que se van dando dentro de la sociedad", por lo cual "difícilmente la comunidad local pueda dar respuesta a tanta complejidad".
A esta capa de complejidades se suma el abordaje de las violencias en el ámbito digital, una esfera que recientemente ha cobrado protagonismo por constituirse como un nuevo escenario donde se producen delitos contra las infancias.
"La postura de todas las instituciones es que sabemos que hoy el celular es parte de nuestra cotidianeidad. No nos tenemos que correr de nuestros roles de responsables; a partir de ahí empezamos a trabajar distintas acciones puntuales para no ser restrictivos, para acompañar a esas niñeces y no dejarlas solas -explica Castro-: a un niño de tres años no lo dejamos solo en la plaza, nos vamos y volvemos a la media hora. ¿Por qué le damos un celular sin saber dónde está navegando?".
Puntualizó que, según datos de UNICEF, en la actualidad los niños y niñas cuentan con teléfono celular propio aproximadamente a los nueve años, "y no es que accediera al celular a esa edad, al celular accedió a los tres años". Señala que "si bien hay plataformas interactivas, juegos y cosas lúdicas, también empieza a generar un montón de complicaciones, no solo a nivel de salud, de desarrollo cognitivo, de cuestiones posturales y de todo lo que conlleva la salud de ese niño o niña, sino toda la red de de inseguridad que está detrás de esa plataforma".
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"Tenemos hechos de pedofilia, tenemos el cruce de información, de fotos y toda esta complejidad está y Comodoro no es exento a eso, esa otra complejidad a todo la desigualdad social que transitamos cotidianamente", concluye Castro.
El 19 de noviembre se plantea como una fecha para revisar las aristas de un tema que en los últimos años fue corriéndose del tabú para instalarse en el debate público. La deuda con las infancias persiste: todavía se registran vulneraciones, obstáculos en la justicia y fallas institucionales. A pesar de las voluntades individuales, todavía es necesario fortalecer los recursos concretos para garantizar la protección de las víctimas. La problemática no es ajena al clima social de la ciudad, a las crisis económicas y políticas a nivel nacional: está atravesada por un paradigma adultocéntrico que hoy se cuestiona para reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
El 19 de noviembre está instituido como el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, una problemática creciente a nivel mundial que aún demanda enfoques adecuados. Las cifras, aunque son alarmantes, no reflejan las realidades de las infancias, que no siempre son escuchadas cuando relatan experiencias de abuso. Se suman grandes obstáculos institucionales y un contexto de ajuste sobre las políticas para niños y niñas que agrava la vulnerabilidad frente a este delito. El Extremo Sur dialogó con Natalia Castro, quien es parte de la Mesa Intersectorial para el abordaje de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que busca garantizar mecanismos más inmediatos en la articulación institucional para que "el abordaje sea lo menos revictimizante posible". La especialista señaló que la Mesa lleva adelante tareas de prevención y promoción como un primer paso, aunque la etapa posterior de atención en organismos públicos se complejiza debido a la falta de profesionales capacitados y la saturación del sistema.
El delito más impune
La fecha fue instituida en el año 2000 por la Cumbre Mundial de la Mujer, con estatus consultivo de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la lucha contra las violencias sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Se trata de un fenómeno global que ha ganado visibilidad en las últimas décadas, aunque todavía persisten grandes obstáculos para garantizar los derechos de las víctimas.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2017 y 2022 se registraron 14.424 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Seis de cada diez víctimas eran niñas y en el 58% de los casos el agresor era una persona cercana a la víctima.
No obstante, se trata de un delito subregistrado. Es decir, la cantidad real de delitos cometidos es mayor a la que aparece en estadísticas oficiales. En este caso, se debe a la dificultad de las infancias para relatar situaciones de abuso y en muchas ocasiones la falta de marcos de escucha por parte de los adultos responsables y las instituciones.
El informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU correspondiente al 2024 advierte que Argentina tiene deficiencias sistémicas que han conducido a "altos niveles de violencia y abuso sexual en la niñez". Insta al Estado argentino a facilitar y promocionar la obligatoriedad de la denuncia, a crear mecanismos de denuncia para víctimas menores de edad y a establecer una base de datos centralizada que incluya estadísticas sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
El Comité señala también su preocupación ante las decisiones del Gobierno nacional vinculadas al cierre o desjerarquización de instituciones que "reducen el alcance de las políticas públicas relacionadas con los derechos del niño o promueven la derogación de normas que garantizan esos derechos". Subraya como una de las problemáticas centrales la falta de coordinación entre las diferentes instituciones y organismos responsables de la protección de la infancia a nivel provincial y municipal, "lo que puede dar lugar a la duplicación de esfuerzos, deficiencias en la cobertura y falta de continuidad en la atención a los niños en situación de riesgo".
Sebastián Cuattromo, fundador de la Asociación Adultxs por los Derechos de la Infancia, ha señalado en diálogo con medios que se trata de un delito fuertemente impune: en promedio, de cada 1000 casos de abuso sexual contra niños, 999 quedan impunes. "Hay un contraste entre esta enorme masividad e histórica presencia de este delito, y la presencia que tiene como tema en la agenda pública, en las políticas de Estado, en la sociedad", señalan desde la Asociación. El tabú que rodea al tema y la frecuencia con la que se produce en ámbitos intrafamiliares dificulta que estas experiencias puedan ser relatadas.
Una de las principales demandas de las organizaciones de sobrevivientes está ligada a los marcos legales de denuncia. Argentina ha atravesado un largo camino normativo en relación a la prescripción, lo que permitió que muchas víctimas denuncien a sus abusadores aun cuando ya pasaron años de lo sucedido.
Antes de 2011, el abuso sexual era tratado como cualquier otro delito y prescribía después de 12 años. Tras la adopción de la Ley Piazza (N° 26.705 del Código Penal) el tiempo de prescripción comenzó a computarse a partir de que la víctima alcanza la mayoría de edad. La última actualización se realizó en 2015, a través de la Ley 27.206, que suspende la prescripción de 12 años hasta que la víctima decida efectuar su denuncia siendo mayor de edad.
Argentina, sin embargo, sigue por detrás de varios países de América Latina que han derogado por completo la prescripción del abuso sexual, como El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y México. En 2023, la asociación civil ARALMA presentó un proyecto para eliminar la prescripción. La denominada "Ley sin plazo para la verdad" considera que las víctimas suelen atravesar una etapa inicial en la que bloquean el episodio o no son conscientes de que han sufrido un ataque sexual. "Reconocer y asumir que se ha sido víctima de un delito de esa naturaleza a veces demanda años; la gravedad de estos delitos, su notable incremento y la brutalidad de las secuelas que dejan en las víctimas requieren de un tiempo extra para su elaboración en comparación con otros", explicó la directora de ARALMA, Sonia Almada.
Más allá del cambio de paradigma de la infancia que transita Argentina y la región, se vuelve necesaria la implementación de políticas efectivas y el robustecimiento del recurso humano para garantizar la protección de las víctimas de abuso sexual infantil.
El panorama en Comodoro
El Extremo Sur dialogó con Natalia Castro -directora de la Oficina de Derechos y Garantías y miembro de la Mesa Intersectorial para el abordaje de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes- para conocer el panorama a nivel local. La Mesa Intersectorial funciona desde 2022 y busca articular acciones de prevención y promoción con distintos organismos que funcionan en la ciudad. Castro indica que buscan llevar adelante "mecanismos que impactan y que ayudan a descomprimir después todo lo que es el abordaje posterior".
La especialista señala que hoy en Comodoro Rivadavia "se hace como un cuello de botella porque se generan estas acciones de prevención y promoción, referimos que hay que denunciar, dónde, cómo, todas estas cuestiones como muy puntuales y después nos pasa que no hay un sistema que pueda dar cobertura a toda esta atención". Indica que más allá de las acciones concretas, lo central es priorizar a los niños y niñas.
"Cuando no tenemos un sistema que esté preparado para dar respuesta a todas esas denuncias, a todas esas situaciones que se empiezan a detectar, ahí lo que necesitamos es más profesionales que puedan abordar la temática, más profesionales que estén capacitados en relación al abordaje de esta temática. Entonces vamos como moviendo las líneas en función a lo que se está necesitando en Comodoro", detalla. La necesidad concreta es un número mayor de profesionales capacitados "y que estén dentro de los espacios públicos para que puedan dar respuesta".
Consultada sobre las estadísticas en Comodoro, indicó que es difícil cuantificar, precisamente por tratarse de un delito subregistrado: "Tal vez nosotros empezamos a abordar una situación de deserción escolar, y cuando empezás a ampliar un poco más la problemática, surge alguna cuestión de violencia sexual no denunciada; lo que sucede también es que muchos lo denuncian posteriormente, por eso es la necesidad de la prevención y la promoción".
"Porque la violencia sexual tiene un montón de formas de manifestarse y muchas veces antes no se tenía en cuenta de esta manera", explica. El rol de la Oficina de Garantías, por ejemplo, es orientar y articular de manera inmediata con los organismos que deben intervenir. "Siempre, obviamente, se orienta para la denuncia, pero priorizando de que ese niño o niña tenga una red afectiva de resguardo, porque muchas veces, la mayoría de las situaciones son intrafamiliares, entonces tenemos una familia que no protege, no cuida. Y ante la detección, muchas veces también retroceden porque son parte de esta problemática", agrega, como una de las capas de complejidad que atraviesa la violencia sexual contra las infancias.
La Mesa Intersectorial surge ante la necesidad de agilizar los mecanismos de abordaje: "antes pasaba una situación, por ejemplo, de que un niño o niña en situación de violencia sexual esperaba cinco horas en el Hospital Regional". Castro indica que hoy sigue habiendo situaciones de espera "porque hay un desborde del sistema". Pero remarca que antes se marcaba más la revictimización: "Entraba la policía, la parte judicial, le hacía preguntas. Todas estas cuestiones, estas desprolijidades que eran propias de la falta de comunicación entre los distintos actores que componen el sistema de protección se fueron puliendo".
"Hoy tenemos un protocolo, hoy tenemos una red dentro de esta Mesa Intersectorial compuesta por la Justicia, por el Hospital, por los centros comunitarios, los CPBs, distintos organismos que más allá de esto, la prevención, la promoción e informar concretamente en relación a la temática, hacen que artesanalmente generemos mecanismos más inmediatos, sobre todo para que el abordaje sea lo menos revictimizante posible", agrega.
"Entonces en esa línea se han mejorado y se ha trabajado un montón. Y otra cosa positiva que tiene la mesa es la articulación horizontal, porque si bien todos los organismos tienen distintas dependencias y tienen obviamente sus jerarquías, en relación a la temática pudimos sentarnos en una mesa y decir esto está pasando en Comodoro, necesitamos dar respuestas acordes'", sostiene.
Pocos profesionales, alta demanda
El panorama local no es ajeno al escenario de desjerarquización de organismos y ajuste presupuestario a nivel nacional. Castro advierte que "a la fecha, y haciendo un balance, considero que lo que se está sosteniendo en relación al abordaje de esta temática es por voluntad de los actores que componen el sistema, porque la realidad es que desde Hospital Regional, por ejemplo, tenemos muy pocos profesionales que puedan hacer el acompañamiento a los dispositivos infantojuvenil".
"Más allá de las acciones de prevención y promoción que nosotros hacemos llevando esta información, después son pocos profesionales para la cantidad de situaciones que se van detectando", indica, al tiempo que asegura que es necesario "volver a fortalecer el sistema de protección". "Seguimos solicitando que doten de más recursos profesionales, sobre todo el Hospital Regional que es quien después hace los mecanismos con lo que es el proceso judicial penal", agrega.
Parte del cambio de paradigma de las infancias implicó superar paulatinamente el tabú en torno al abuso sexual: "Esto se hizo problematizando, por eso tenemos tantas situaciones de detección, por ejemplo en las escuelas, ante manifestaciones de situaciones que han vivenciado se puede detectar que fue un hecho de violencia sexual", indica Castro. En este sentido, ha sido clave la implementación de la Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150, sancionada en 2006). Sin embargo, su aplicación no siempre se garantiza en los términos que propone la ley. Por otro lado, los fondos destinados a los programas de ESI han sufrido una importante reducción: en 2024 se produjo un recorte del 68% y el Proyecto para el 2025 ni siquiera destinaba partidas.
Nota relacionada: Maltz: "La Educación Emocional y la ESI no son sólo dos propuestas diferentes, plantean distintos proyectos de país"
Castro se refiere también a la necesidad de formación profesional y de garantizar marcos de escucha adecuados: "¿Qué pasa cuando un docente no habilita la palabra, no acompaña ese proceso, no está preparado para la detección en ese relato inmediato, que es sumamente valioso? Ahí es donde el sistema falla y donde los profesionales tenemos que estar actualizados en relación a la temática, qué decir, qué no decir, porque esas primeras palabras ante un niño o niña que relata el hecho son fundamentales para el acompañamiento, el yo sí te creo', el no pienso que estás mintiendo', porque muchas veces hay un montón de mitos en relación a la temática, lo que genera contradicción de los propios adultos que acompañan".
Por otro lado, visualiza la forma en que las narrativas sociales se han ido modificando en relación al acompañamiento. "Tuvimos épocas, hasta hace un año tuvimos épocas donde se fueron actualizando estos relatos, se fue acompañando y discursivamente en la práctica realmente se apropiaba el acompañamiento a las niñeces, sobre todo en situación de vulnerabilidad", indica.
Sin embargo, advierte que "de un año para adelante, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación la prioridad es dar clase. Entonces, ante todas estas situaciones, yo pongo en cuestión si realmente se están acompañando o no, más allá de que hay de todo dentro del sistema".
"Pero no tenemos que correr de eje de todo lo que se fue conquistando y practicando, sobre todo en el acompañamiento de la niñez en situación de vulnerabilidad, se habilita la palabra, hoy se juzga a quien juzga a la víctima. Pero persisten todavía algunos discursos donde se culpabiliza o se cree que el niño o la niña está mintiendo, todavía existe -enfatiza-; por eso las acciones de prevención y promoción son tan importantes".
El ajuste y los discursos de odio
Más allá de los recursos concretos en la prevención y abordaje de las violencias contra las infancias, otros elementos del contexto social inciden profundamente en la capacidad del sistema y de las familias de dar respuesta. Castro se refiere a "una situación a nivel macro que impacta directamente en cada una de las familias" vinculada al "desborde de salud mental, la vigencia de un discurso estigmatizante, de odio, que vemos permanentemente, en redes sociales, en la televisión, y hoy es parte de la cotidianidad. No hay que verlo como algo ajeno".
Comodoro cuenta con la particularidad de atravesar hoy una crisis en la industria petrolera que ha provocado despidos y reconfiguraciones en el ámbito laboral: "Todas estas problemáticas hacen al combo de la complejidad que hoy está atravesando Comodoro y que no es ajeno a lo que pasa a nivel provincial y a nivel nacional". Lo que sí advierte Castro es "un corrimiento del Estado a nivel provincial y nacional en función a dar una respuesta a las situaciones que se van dando dentro de la sociedad", por lo cual "difícilmente la comunidad local pueda dar respuesta a tanta complejidad".
A esta capa de complejidades se suma el abordaje de las violencias en el ámbito digital, una esfera que recientemente ha cobrado protagonismo por constituirse como un nuevo escenario donde se producen delitos contra las infancias.
"La postura de todas las instituciones es que sabemos que hoy el celular es parte de nuestra cotidianeidad. No nos tenemos que correr de nuestros roles de responsables; a partir de ahí empezamos a trabajar distintas acciones puntuales para no ser restrictivos, para acompañar a esas niñeces y no dejarlas solas -explica Castro-: a un niño de tres años no lo dejamos solo en la plaza, nos vamos y volvemos a la media hora. ¿Por qué le damos un celular sin saber dónde está navegando?".
Puntualizó que, según datos de UNICEF, en la actualidad los niños y niñas cuentan con teléfono celular propio aproximadamente a los nueve años, "y no es que accediera al celular a esa edad, al celular accedió a los tres años". Señala que "si bien hay plataformas interactivas, juegos y cosas lúdicas, también empieza a generar un montón de complicaciones, no solo a nivel de salud, de desarrollo cognitivo, de cuestiones posturales y de todo lo que conlleva la salud de ese niño o niña, sino toda la red de de inseguridad que está detrás de esa plataforma".
Nota relacionada: Muchos casos, pocas condenas y ley obsoleta: la vulnerabilidad de las infancias frente al grooming y violencias de la esfera digital
"Tenemos hechos de pedofilia, tenemos el cruce de información, de fotos y toda esta complejidad está y Comodoro no es exento a eso, esa otra complejidad a todo la desigualdad social que transitamos cotidianamente", concluye Castro.
El 19 de noviembre se plantea como una fecha para revisar las aristas de un tema que en los últimos años fue corriéndose del tabú para instalarse en el debate público. La deuda con las infancias persiste: todavía se registran vulneraciones, obstáculos en la justicia y fallas institucionales. A pesar de las voluntades individuales, todavía es necesario fortalecer los recursos concretos para garantizar la protección de las víctimas. La problemática no es ajena al clima social de la ciudad, a las crisis económicas y políticas a nivel nacional: está atravesada por un paradigma adultocéntrico que hoy se cuestiona para reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.