La crisis que atraviesa el sector nuclear previo a la privatizaciónDesde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de este año implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.
La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.
"Este incipiente proceso de privatización parcial implicaría que una porción significativa de un activo estratégico, que ha sido desarrollado con recursos públicos durante más de 60 años, pasase a manos privadas, por un valor menor a lo que ha gastado el BCRA en intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios en las semanas preelectorales", señala un informe elaborador por el Instituto Argentina Grande (IAG) -que agrupa a equipos técnicos liderados por Gabriel Katopodis- y la Asociación de técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El informe concluye que la venta parcial de NA-SA está cargada de un fuerte componente ideológico agravando la desinversión en el sector nuclear. Esto perjudicaría la soberanía energética y la capacidad del Estado para planificar e invertir en el sector. Como consecuencia, durante este año la Argentina acumula un déficit de generación eléctrica de U$S 828 millones.
"En un área en la que el país ha sido históricamente deficitario, el Gobierno propone privatizar una empresa que justamente contribuye a reducir ese déficit", señala agrega el informe.
Además, el IAG denuncia la fuga de personal técnico especializado, vital para el desarrollo de proyectos que hoy se encuentran paralizados como el reactor CAREM-25, el cual permitiría abastecer a más población de luz eléctrica.
Y cita como ejemplo que un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que en septiembre de 2025 ganó un sueldo neto de $698.388, en proporción en noviembre de 2023 recibia $1.074.342. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del 35%.
En septiembre, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis "Toto" Caputo, difundió un comunicado sobre el avance de la privatización parcial. El 20 de noviembre, se anunció en el Boletín Oficial la convocatoria por la Licitación Pública de Nucleoeléctrica Argentina.
Nucleoeléctrica es la empresa estatal responsable de operar y administrar las centrales nucleares del país: Atucha I (Presidente Juan Domingo Perón, 1968), la primera central nuclear de potencia de América Latina que luego de 50 años en funcionamiento, en septiembre de 2024, entró en estado de Extensión de Vida. Atucha II (Néstor Kirchner, 1980), es la más grande del país y cuenta con una potencia de 745 MW eléctricos. Y Embalse (1973) es la segunda planta nuclear construida en Argentina.
En 1950, Juan Domingo Perón (1946-1952) creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el propósito de promover el estudio, desarrollo y aplicación pacífica de la energía nuclear. El sector nuclear fue concebido bajo un principio de soberanía tecnológica: utilizar uranio natural de producción nacional y mantener el control local del ciclo de combustible. En 1990, el expresidente Carlos Menem impulsó reformas estructurales en conveniencia de transferir funciones esenciales a empresas privadas bajo el proceso de "modernización institucional". Así, en 1994 se constituyó Nucleoeléctrica Argentina S.A, empresa que comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía producida por sus plantas y administra futuros proyectos como el desarrollo del reactor CAREM-25, el cual fue pensado para abastecer a más población de luz eléctrica.
Fuente: elDiarioAr
Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de este año implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.
La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.
"Este incipiente proceso de privatización parcial implicaría que una porción significativa de un activo estratégico, que ha sido desarrollado con recursos públicos durante más de 60 años, pasase a manos privadas, por un valor menor a lo que ha gastado el BCRA en intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios en las semanas preelectorales", señala un informe elaborador por el Instituto Argentina Grande (IAG) -que agrupa a equipos técnicos liderados por Gabriel Katopodis- y la Asociación de técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El informe concluye que la venta parcial de NA-SA está cargada de un fuerte componente ideológico agravando la desinversión en el sector nuclear. Esto perjudicaría la soberanía energética y la capacidad del Estado para planificar e invertir en el sector. Como consecuencia, durante este año la Argentina acumula un déficit de generación eléctrica de U$S 828 millones.
"En un área en la que el país ha sido históricamente deficitario, el Gobierno propone privatizar una empresa que justamente contribuye a reducir ese déficit", señala agrega el informe.
Además, el IAG denuncia la fuga de personal técnico especializado, vital para el desarrollo de proyectos que hoy se encuentran paralizados como el reactor CAREM-25, el cual permitiría abastecer a más población de luz eléctrica.
Y cita como ejemplo que un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que en septiembre de 2025 ganó un sueldo neto de $698.388, en proporción en noviembre de 2023 recibia $1.074.342. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del 35%.
En septiembre, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis "Toto" Caputo, difundió un comunicado sobre el avance de la privatización parcial. El 20 de noviembre, se anunció en el Boletín Oficial la convocatoria por la Licitación Pública de Nucleoeléctrica Argentina.
Nucleoeléctrica es la empresa estatal responsable de operar y administrar las centrales nucleares del país: Atucha I (Presidente Juan Domingo Perón, 1968), la primera central nuclear de potencia de América Latina que luego de 50 años en funcionamiento, en septiembre de 2024, entró en estado de Extensión de Vida. Atucha II (Néstor Kirchner, 1980), es la más grande del país y cuenta con una potencia de 745 MW eléctricos. Y Embalse (1973) es la segunda planta nuclear construida en Argentina.
En 1950, Juan Domingo Perón (1946-1952) creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el propósito de promover el estudio, desarrollo y aplicación pacífica de la energía nuclear. El sector nuclear fue concebido bajo un principio de soberanía tecnológica: utilizar uranio natural de producción nacional y mantener el control local del ciclo de combustible. En 1990, el expresidente Carlos Menem impulsó reformas estructurales en conveniencia de transferir funciones esenciales a empresas privadas bajo el proceso de "modernización institucional". Así, en 1994 se constituyó Nucleoeléctrica Argentina S.A, empresa que comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía producida por sus plantas y administra futuros proyectos como el desarrollo del reactor CAREM-25, el cual fue pensado para abastecer a más población de luz eléctrica.
Fuente: elDiarioAr