Vaca Muerta: comunidad mapuche denuncia contaminación y la Justicia ordena terminar con la protestaEn Vaca Muerta vuelve a quedar expuesto lo que los gobiernos y las petroleras intentan bloquear, la disputa abierta por el territorio mapuche, la defensa del ambiente ante décadas de contaminación y un aparato judicial que se pliega, una y otra vez, a los intereses del negocio del fracking. En las últimas semanas, la movilización de la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ sacudió al poder político y empresarial al frenar el avance de YPF en Loma La Lata, en un territorio históricamente habitado por la comunidad y devastado por más de treinta años de explotación.
Lejos de escuchar los reclamos por contaminación, el gobierno de Neuquén y la Justicia federal respondieron con intimidación, amenazas y causas armadas. La reciente orden judicial que exige a la comunidad levantar un supuesto "bloqueo" en la planta de YPF, publicada por medios nacionales como si se tratara de un delito flagrante, es parte de la misma historia: criminalización y negación de derechos.
Ante la situación, la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ respondió de manera contundente mediante un comunicado que volvió a poner en el centro del debate la profundidad de sus derechos y la legitimidad de su lucha: "la movilización en Vaca Muerta saca a la luz derechos que Figueroa se empeña en negar. Su única respuesta es criminalizar", denunciaron.
Recordaron que una semana completa de acciones en su propio territorio demostró la fortaleza del Lof al marcarle límites a YPF S.A. y al gobernador Rolando Figueroa, responsables políticos de un modelo extractivo que actúa como si el territorio mapuche fuera "tierra de nadie". Señalaron, además, que mientras las fiscalías amenazan y Gendarmería se despliega para proteger a la empresa estatal, la Justicia federal sigue otorgando amparos y medidas cautelares a favor de YPF, ignorando por completo las denuncias de desastre ecológico acumuladas durante tres décadas de explotación convencional.
Las autoridades provinciales y federales insisten en un absurdo jurídico que ya no se sostiene: pretenden desalojar a una comunidad de su propio territorio.
El comunicado del Lof enumera ejemplos recientes que exponen la fragilidad del andamiaje legal que pretende desconocer derechos indígenas básicos. Entre ellos, la intimación de los jueces Reinal y Muñoz al Gobierno de Neuquén para que entregue expedientes por contaminación; el reconocimiento del Fiscal de Delitos Ambientales sobre la gravedad institucional derivada de las firmas irregulares del funcionario Juan de Dios Lucheli, quien había sido absuelto por el TSJ bajo el argumento de que no tenía competencia para otorgar concesiones ni autorizaciones de explotación; la ratificación del decreto 1727/23, por el cual el propio gobierno reconoce el territorio comunitario y ordena iniciar la mensura para avanzar hacia la escrituración; y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, aunque recomienda al gobernador rechazar la impugnación del Lof a los decretos extractivos de Figueroa, insiste en que debe realizarse la Consulta Previa, Libre e Informada como requisito de seguridad jurídica. "Decime que no sirve luchar por nuestros derechos", cierra el comunicado, reafirmando la dignidad de un pueblo que no se resigna frente a los atropellos del poder.
Mientras el Estado insiste en perseguir a quienes defienden el territorio, la otra cara de Vaca Muerta queda expuesta en un avance judicial pocas veces visto contra el corazón del modelo fósil. La Justicia autorizó el allanamiento de la planta de COMARSA en el Parque Industrial Neuquén Oeste, una de las principales denuncias históricas de vecinos, organizaciones socioambientales y comunidades.
El procedimiento, impulsado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales, busca establecer los límites reales del predio y determinar su expansión ilegal. Años de documentación muestran que COMARSA no solo operó en terrenos cedidos a precio irrisorio por el Municipio y el Concejo Deliberante, sino que extendió su actividad sobre tierras públicas que nunca le fueron otorgadas. Allí acumuló a cielo abierto enormes cantidades de residuos petroleros tóxicos, montañas de desechos impregnadas de hidrocarburos cuya filtración afecta el aire, el suelo, las napas y la salud de quienes viven cerca: el paisaje típico del extractivismo en Neuquén.
El allanamiento apunta a probar los delitos de usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa. Para la querella, no se trata de una simple irregularidad administrativa sino de un engranaje central del negocio petrolero: un basurero clandestino al servicio de las operadoras de Vaca Muerta. Esta causa podría abrir el camino para que se identifique a los responsables empresariales y estatales, y para exigir reparación en territorios devastados durante años por vapores tóxicos, derrames, camiones sin control y un Estado siempre dispuesto a mirar hacia otro lado.
La disputa por Vaca Muerta es, al mismo tiempo, una disputa por la justicia ambiental y por el derecho de las comunidades mapuche a vivir en sus territorios sin ser criminalizadas. Mientras Figueroa y las petroleras se escudan en el discurso del "desarrollo energético", la resistencia de Kaxipayiñ deja en claro que la defensa del territorio no solo tiene legitimidad histórica, sino también sustento jurídico. Y que la contaminación, presentada como un costo inevitable del progreso, es en realidad una violación concreta a derechos básicos.
Fuente: ANRed
En Vaca Muerta vuelve a quedar expuesto lo que los gobiernos y las petroleras intentan bloquear, la disputa abierta por el territorio mapuche, la defensa del ambiente ante décadas de contaminación y un aparato judicial que se pliega, una y otra vez, a los intereses del negocio del fracking. En las últimas semanas, la movilización de la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ sacudió al poder político y empresarial al frenar el avance de YPF en Loma La Lata, en un territorio históricamente habitado por la comunidad y devastado por más de treinta años de explotación.
Lejos de escuchar los reclamos por contaminación, el gobierno de Neuquén y la Justicia federal respondieron con intimidación, amenazas y causas armadas. La reciente orden judicial que exige a la comunidad levantar un supuesto "bloqueo" en la planta de YPF, publicada por medios nacionales como si se tratara de un delito flagrante, es parte de la misma historia: criminalización y negación de derechos.
Ante la situación, la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ respondió de manera contundente mediante un comunicado que volvió a poner en el centro del debate la profundidad de sus derechos y la legitimidad de su lucha: "la movilización en Vaca Muerta saca a la luz derechos que Figueroa se empeña en negar. Su única respuesta es criminalizar", denunciaron.
Recordaron que una semana completa de acciones en su propio territorio demostró la fortaleza del Lof al marcarle límites a YPF S.A. y al gobernador Rolando Figueroa, responsables políticos de un modelo extractivo que actúa como si el territorio mapuche fuera "tierra de nadie". Señalaron, además, que mientras las fiscalías amenazan y Gendarmería se despliega para proteger a la empresa estatal, la Justicia federal sigue otorgando amparos y medidas cautelares a favor de YPF, ignorando por completo las denuncias de desastre ecológico acumuladas durante tres décadas de explotación convencional.
Las autoridades provinciales y federales insisten en un absurdo jurídico que ya no se sostiene: pretenden desalojar a una comunidad de su propio territorio.
El comunicado del Lof enumera ejemplos recientes que exponen la fragilidad del andamiaje legal que pretende desconocer derechos indígenas básicos. Entre ellos, la intimación de los jueces Reinal y Muñoz al Gobierno de Neuquén para que entregue expedientes por contaminación; el reconocimiento del Fiscal de Delitos Ambientales sobre la gravedad institucional derivada de las firmas irregulares del funcionario Juan de Dios Lucheli, quien había sido absuelto por el TSJ bajo el argumento de que no tenía competencia para otorgar concesiones ni autorizaciones de explotación; la ratificación del decreto 1727/23, por el cual el propio gobierno reconoce el territorio comunitario y ordena iniciar la mensura para avanzar hacia la escrituración; y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, aunque recomienda al gobernador rechazar la impugnación del Lof a los decretos extractivos de Figueroa, insiste en que debe realizarse la Consulta Previa, Libre e Informada como requisito de seguridad jurídica. "Decime que no sirve luchar por nuestros derechos", cierra el comunicado, reafirmando la dignidad de un pueblo que no se resigna frente a los atropellos del poder.
Mientras el Estado insiste en perseguir a quienes defienden el territorio, la otra cara de Vaca Muerta queda expuesta en un avance judicial pocas veces visto contra el corazón del modelo fósil. La Justicia autorizó el allanamiento de la planta de COMARSA en el Parque Industrial Neuquén Oeste, una de las principales denuncias históricas de vecinos, organizaciones socioambientales y comunidades.
El procedimiento, impulsado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales, busca establecer los límites reales del predio y determinar su expansión ilegal. Años de documentación muestran que COMARSA no solo operó en terrenos cedidos a precio irrisorio por el Municipio y el Concejo Deliberante, sino que extendió su actividad sobre tierras públicas que nunca le fueron otorgadas. Allí acumuló a cielo abierto enormes cantidades de residuos petroleros tóxicos, montañas de desechos impregnadas de hidrocarburos cuya filtración afecta el aire, el suelo, las napas y la salud de quienes viven cerca: el paisaje típico del extractivismo en Neuquén.
El allanamiento apunta a probar los delitos de usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa. Para la querella, no se trata de una simple irregularidad administrativa sino de un engranaje central del negocio petrolero: un basurero clandestino al servicio de las operadoras de Vaca Muerta. Esta causa podría abrir el camino para que se identifique a los responsables empresariales y estatales, y para exigir reparación en territorios devastados durante años por vapores tóxicos, derrames, camiones sin control y un Estado siempre dispuesto a mirar hacia otro lado.
La disputa por Vaca Muerta es, al mismo tiempo, una disputa por la justicia ambiental y por el derecho de las comunidades mapuche a vivir en sus territorios sin ser criminalizadas. Mientras Figueroa y las petroleras se escudan en el discurso del "desarrollo energético", la resistencia de Kaxipayiñ deja en claro que la defensa del territorio no solo tiene legitimidad histórica, sino también sustento jurídico. Y que la contaminación, presentada como un costo inevitable del progreso, es en realidad una violación concreta a derechos básicos.
Fuente: ANRed