Desregular la naturaleza: Milei convierte los Parques Nacionales en zona liberadaPor Ariana Díaz
En marzo, publicamos una nota en La Izquierda Diario sobre la desregulación en Parques Nacionales, alertábamos que el gobierno de Milei pretendía abrir la puerta al uso comercial irrestricto de áreas protegidas. Hoy, esa advertencia se confirma con la entrada en vigencia de la Resolución 62/2025 de la Administración de Parques Nacionales, una norma que reconfigura por completo el régimen de permisos turísticos y pone a los parques al servicio de la lógica de mercado. Alcanza con presentar un trámite digital por TAD y se habilita automáticamente el uso del territorio para actividades comerciales.
La resolución también elimina la obligación de contar con guías habilitados, excepto en actividades consideradas de "alto riesgo", reduce drásticamente los requisitos para construir infraestructura turística y deja sin efecto la presentación de estudios de impacto ambiental en gran parte de los casos. Es decir: se baja la vara de control justo en los lugares que deberían estar más protegidos.
Los funcionarios celebran esta reforma como un gesto de "libertad", una cruzada contra la burocracia estatal y las "rentas monopólicas" que según dicen, existían en los parques. Pero el problema de fondo no era la falta de libertad, sino la falta de planificación, de acceso popular real y de una política de conservación pensada desde abajo. Lejos de resolver eso, lo que se impone ahora es una lógica de mercado donde manda quien tenga más recursos para expandirse, no quien cuide el ambiente ni quien viva en el territorio.
Las consecuencias no se van a hacer esperar. Sin guías formados, sin estudios de impacto ambiental y con habilitaciones exprés, el aumento de actividades turísticas industriales va a poner una presión brutal sobre ecosistemas que ya están en riesgo. Ya con los incendios de principio de año en El Bolsón, los trabajadores denunciaron el vaciamiento en políticas de prevención, la falta de personal adecuado y de planificación para la cantidad de turistas habilitados. No hay actividad de "bajo impacto" cuando se multiplican prestadores sin fiscalización.
La flora, la fauna, los suelos, los cursos de agua, los corredores biológicos... todo eso que tarda años o décadas en restaurarse puede arruinarse en una temporada si el único criterio es la rentabilidad. Y mientras tanto, quienes sostienen día a día el trabajo en los parques como los trabajadores del Estado, brigadistas, guías, comunidades locales quedan marginados, precarizados o directamente expulsados por una "competencia" que no es tal, es una invitación abierta a que ganen siempre los mismos.
Esta reforma no es una rareza. Es parte de un modelo que recorta en ciencia, en salud, en educación y en políticas ambientales, mientras libera todas las barreras para que el capital avance. Un modelo que habla de eficiencia pero destruye con tal de lo que no puede facturar. Que habla de libertad mientras deja sin derecho al descanso y al ocio.
Frente a esto, no alcanza con defender lo que había. También es necesario cuestionar un modelo de gestión de los Parques que, con el tiempo, también naturalizó concesiones eternas, zonas privatizadas de hecho y acceso limitado para la mayoría. La salida no está en volver atrás, sino en ir por más: por una política ambiental donde los Parques Nacionales sean espacios de conservación y uso popular real, con participación activa de quienes habitan y trabajan en el territorio, donde el turismo no sea un privilegio ni una mercancía, sino parte de una vida digna, accesible y sostenible.
Defender los parques hoy no es quedarse quietos. Es organizarnos contra quienes los quieren entregar. Es plantear que la naturaleza no se vende ni se explota, se cuida.Y que lo común, si no se defiende, desaparece.
Fuente: La Izquierda Diario
Por Ariana Díaz
En marzo, publicamos una nota en La Izquierda Diario sobre la desregulación en Parques Nacionales, alertábamos que el gobierno de Milei pretendía abrir la puerta al uso comercial irrestricto de áreas protegidas. Hoy, esa advertencia se confirma con la entrada en vigencia de la Resolución 62/2025 de la Administración de Parques Nacionales, una norma que reconfigura por completo el régimen de permisos turísticos y pone a los parques al servicio de la lógica de mercado. Alcanza con presentar un trámite digital por TAD y se habilita automáticamente el uso del territorio para actividades comerciales.
La resolución también elimina la obligación de contar con guías habilitados, excepto en actividades consideradas de "alto riesgo", reduce drásticamente los requisitos para construir infraestructura turística y deja sin efecto la presentación de estudios de impacto ambiental en gran parte de los casos. Es decir: se baja la vara de control justo en los lugares que deberían estar más protegidos.
Los funcionarios celebran esta reforma como un gesto de "libertad", una cruzada contra la burocracia estatal y las "rentas monopólicas" que según dicen, existían en los parques. Pero el problema de fondo no era la falta de libertad, sino la falta de planificación, de acceso popular real y de una política de conservación pensada desde abajo. Lejos de resolver eso, lo que se impone ahora es una lógica de mercado donde manda quien tenga más recursos para expandirse, no quien cuide el ambiente ni quien viva en el territorio.
Las consecuencias no se van a hacer esperar. Sin guías formados, sin estudios de impacto ambiental y con habilitaciones exprés, el aumento de actividades turísticas industriales va a poner una presión brutal sobre ecosistemas que ya están en riesgo. Ya con los incendios de principio de año en El Bolsón, los trabajadores denunciaron el vaciamiento en políticas de prevención, la falta de personal adecuado y de planificación para la cantidad de turistas habilitados. No hay actividad de "bajo impacto" cuando se multiplican prestadores sin fiscalización.
La flora, la fauna, los suelos, los cursos de agua, los corredores biológicos... todo eso que tarda años o décadas en restaurarse puede arruinarse en una temporada si el único criterio es la rentabilidad. Y mientras tanto, quienes sostienen día a día el trabajo en los parques como los trabajadores del Estado, brigadistas, guías, comunidades locales quedan marginados, precarizados o directamente expulsados por una "competencia" que no es tal, es una invitación abierta a que ganen siempre los mismos.
Esta reforma no es una rareza. Es parte de un modelo que recorta en ciencia, en salud, en educación y en políticas ambientales, mientras libera todas las barreras para que el capital avance. Un modelo que habla de eficiencia pero destruye con tal de lo que no puede facturar. Que habla de libertad mientras deja sin derecho al descanso y al ocio.
Frente a esto, no alcanza con defender lo que había. También es necesario cuestionar un modelo de gestión de los Parques que, con el tiempo, también naturalizó concesiones eternas, zonas privatizadas de hecho y acceso limitado para la mayoría. La salida no está en volver atrás, sino en ir por más: por una política ambiental donde los Parques Nacionales sean espacios de conservación y uso popular real, con participación activa de quienes habitan y trabajan en el territorio, donde el turismo no sea un privilegio ni una mercancía, sino parte de una vida digna, accesible y sostenible.
Defender los parques hoy no es quedarse quietos. Es organizarnos contra quienes los quieren entregar. Es plantear que la naturaleza no se vende ni se explota, se cuida.Y que lo común, si no se defiende, desaparece.
Fuente: La Izquierda Diario