Milei y la tortura: el voto en la ONU y la crisis en las cárceles Por Gabriel Sued
El Gobierno Nacional tuvo más de un motivo para votar la semana pasada en contra de la resolución contra la tortura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Además del alineamiento automático con los Estados Unidos e Israel, los únicos otros dos países que se opusieron al pronunciamiento, pudieron haber pesado cuestiones internas. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los casos de torturas y tratos crueles en las cárceles de todo el país crecieron por encima del promedio histórico, lo que motivó un durísimo informe del Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura (CNPT) ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.
El organismo internacional dará a conocer este viernes 28 de noviembre su evaluación final con recomendaciones dirigidas al Estado argentino. Será dos semanas después de la audiencia en la que el subsecretario de Derechos Humanos argentino, Alberto Baños, rechazó las denuncias contenidas en el informe de la CNPT, el organismo local encargado del cumplimiento en nuestro país de la Convención contra la Tortura, que tiene rango constitucional. El informe de la CNPT, que preside el ex senador peronista Juan Manuel Irrazábal, apuntó también contra el protocolo antipiquetes y las detenciones arbitrarias producidas en contexto de protesta social.
El documento, enfocado en 2024 y primer semestre de 2025, señala que la Argentina registra la tasa de encarcelamiento más alta de su historia, con 286 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, con una situación de deterioro creciente de las condiciones de detención. Ese diagnóstico coincide con los datos del último informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA.
En 2024, primer año de la presidencia de Milei, se registró un total de 4745 hechos de torturas y malos tratos, que afectaron a 1198 víctimas, en 138 unidades de detención, alcaidías e institutos de menores de los ámbitos federal-nacional y de la provincia de Buenos Aires. La cifra supera al promedio registrado desde 2011, cuando empezó a hacerse el relevamiento. Entre 2011 y 2024, se produjeron en promedio 4140 hechos de tortura penitenciaria, con 1148 víctimas. Esto implica que la cifra de 2024 está un 15% por encima del promedio anual en cantidad de hechos y un 4% en cantidad de víctimas.
En el ámbito federal/nacional se registraron en 2024, según Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos, 1465 hechos y 646 víctimas. La mayoría de los casos corresponde a dos unidades, el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, con 271 casos, y el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján Cuyo, en Mendoza, con 109.
El informe de la CNPT, en tanto, aporta datos cualitativos sobre las torturas y prácticas denigrantes que se llevan adelante en las cárceles, como el "ritual de la bienvenida", que consiste en "golpizas, tortura psicológica, stress postural y prácticas humillantes al ingreso a espacios de encierro penitenciario"; las sujeciones y medicalización forzada como método para anular la personalidad; y el uso abusivo de armas menos letales ante conflictos intracarcelarios y protestas colectivas, entre otras.
Buena parte de las torturas se produce, detalla el informe de la CNPT, cuando los detenidos reclaman por el acceso a derechos. "Quienes insisten con sus pedidos son llevados violentamente a lugares apartados y, entre varios/as agentes, son esposados y golpeados con puños y patadas", advierte el informe, y detalla: "Las formas de sujeción más usuales para realizar estos traslados se conocen el criqueo' (esposa miento con los brazos atrás y elevados de forma anti-natural más allá de la altura de la cabeza, ocasionando dolor) la llave' o mataleón' (compresión del cuello, con el antebrazo, disminuyendo el flujo de oxígeno al cerebro con el objetivo de vencer la resistencia) y el uso de barquito' (postura posicional que refiere a atar o esposar las extremidades entre sí, hacia atrás, y colocar a la persona en posición boca abajo).
En la audiencia ante la CAT, en Ginebra, el gobierno argentino reconoció una sobrepoblación del 5% en el Servicio Penitenciario Federal, pero dijo que se trabaja en la construcción de cárceles para resolver el problema. Ante la avalancha de testimonios sobre torturas en las cárceles federales, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, aprovechó para hacer un homenaje a los agentes penitenciarios y sostuvo: "Se deben respetar los derechos de los internos, pero el ámbito penitenciario es complejo".
Fuente: El Destape
Por Gabriel Sued
El Gobierno Nacional tuvo más de un motivo para votar la semana pasada en contra de la resolución contra la tortura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Además del alineamiento automático con los Estados Unidos e Israel, los únicos otros dos países que se opusieron al pronunciamiento, pudieron haber pesado cuestiones internas. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los casos de torturas y tratos crueles en las cárceles de todo el país crecieron por encima del promedio histórico, lo que motivó un durísimo informe del Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura (CNPT) ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.
El organismo internacional dará a conocer este viernes 28 de noviembre su evaluación final con recomendaciones dirigidas al Estado argentino. Será dos semanas después de la audiencia en la que el subsecretario de Derechos Humanos argentino, Alberto Baños, rechazó las denuncias contenidas en el informe de la CNPT, el organismo local encargado del cumplimiento en nuestro país de la Convención contra la Tortura, que tiene rango constitucional. El informe de la CNPT, que preside el ex senador peronista Juan Manuel Irrazábal, apuntó también contra el protocolo antipiquetes y las detenciones arbitrarias producidas en contexto de protesta social.
El documento, enfocado en 2024 y primer semestre de 2025, señala que la Argentina registra la tasa de encarcelamiento más alta de su historia, con 286 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, con una situación de deterioro creciente de las condiciones de detención. Ese diagnóstico coincide con los datos del último informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA.
En 2024, primer año de la presidencia de Milei, se registró un total de 4745 hechos de torturas y malos tratos, que afectaron a 1198 víctimas, en 138 unidades de detención, alcaidías e institutos de menores de los ámbitos federal-nacional y de la provincia de Buenos Aires. La cifra supera al promedio registrado desde 2011, cuando empezó a hacerse el relevamiento. Entre 2011 y 2024, se produjeron en promedio 4140 hechos de tortura penitenciaria, con 1148 víctimas. Esto implica que la cifra de 2024 está un 15% por encima del promedio anual en cantidad de hechos y un 4% en cantidad de víctimas.
En el ámbito federal/nacional se registraron en 2024, según Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos, 1465 hechos y 646 víctimas. La mayoría de los casos corresponde a dos unidades, el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, con 271 casos, y el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján Cuyo, en Mendoza, con 109.
El informe de la CNPT, en tanto, aporta datos cualitativos sobre las torturas y prácticas denigrantes que se llevan adelante en las cárceles, como el "ritual de la bienvenida", que consiste en "golpizas, tortura psicológica, stress postural y prácticas humillantes al ingreso a espacios de encierro penitenciario"; las sujeciones y medicalización forzada como método para anular la personalidad; y el uso abusivo de armas menos letales ante conflictos intracarcelarios y protestas colectivas, entre otras.
Buena parte de las torturas se produce, detalla el informe de la CNPT, cuando los detenidos reclaman por el acceso a derechos. "Quienes insisten con sus pedidos son llevados violentamente a lugares apartados y, entre varios/as agentes, son esposados y golpeados con puños y patadas", advierte el informe, y detalla: "Las formas de sujeción más usuales para realizar estos traslados se conocen el criqueo' (esposa miento con los brazos atrás y elevados de forma anti-natural más allá de la altura de la cabeza, ocasionando dolor) la llave' o mataleón' (compresión del cuello, con el antebrazo, disminuyendo el flujo de oxígeno al cerebro con el objetivo de vencer la resistencia) y el uso de barquito' (postura posicional que refiere a atar o esposar las extremidades entre sí, hacia atrás, y colocar a la persona en posición boca abajo).
En la audiencia ante la CAT, en Ginebra, el gobierno argentino reconoció una sobrepoblación del 5% en el Servicio Penitenciario Federal, pero dijo que se trabaja en la construcción de cárceles para resolver el problema. Ante la avalancha de testimonios sobre torturas en las cárceles federales, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, aprovechó para hacer un homenaje a los agentes penitenciarios y sostuvo: "Se deben respetar los derechos de los internos, pero el ámbito penitenciario es complejo".
Fuente: El Destape