Comodoro combate el odio con orgullo: "Desde el comienzo de este Gobierno vimos un panorama cambiante; frente a los recortes hay mucha más demanda"
En Argentina la Marcha del Orgullo se realiza de manera ininterrumpida desde 1992. En Comodoro, desde hace 13 años el activismo local acompaña la movilización nacional, y volverá a manifestarse este sábado desde las 15 en el playón del Museo Ferroportuario. Este año la convocatoria se produce en medio de un momento crítico para el colectivo LGBT+, que viene sufriendo un crecimiento de los crímenes de odio. Las organizaciones vinculan este escenario con la postura violenta del Gobierno nacional, que en dos años de gestión ha llevado a cabo recortes presupuestarios y modificación de programas destinados a las disidencias. Sostiene que Javier Milei "impulsó una construcción sistemática del colectivo LGBT+ como enemigo social". En el ámbito local, este panorama se traduce en un aumento de la demanda de los espacios municipales así como la profundización de violencias cotidianas y menos visibilizadas.
Aumento de la violencia
La primera Marcha del Orgullo a nivel mundial se realizó el 28 de junio de 1970 en la ciudad de Nueva York para conmemorar el primer aniversario de los disturbios de Stonewall. En Argentina se realiza de forma ininterrumpida desde 1992. De los 90 en adelante, los colectivos locales han ido organizando sus propias movilizaciones con demandas propias del territorio. En Comodoro Rivadavia se lleva a cabo desde 2012. Este año está signado por el retroceso en materia de derechos y por un aumento visible de la violencia -en todas sus formas- contra el colectivo LGBT.
Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellas. La cifra implica un incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían registrado 60 casos.
La población más afectada fueron las mujeres trans, que representan el 70,6% de los casos (72); luego le siguen los varones gay cis con el 16,7 % (17) de los casos; las lesbianas con el 6,9 % (7); los varones trans con el 4,9 % (5); y personas no binaries con el 1% de los casos. Por otro lado, el informe señala que el 16,7% de los casos (17) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural, que el informe describe como "decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes". El 83,3 % restante de los casos (85) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia física que no terminaron en muerte, que incluyen los intentos de suicidio.
Desde el Observatorio manifestaron una "extrema preocupación por la alarmante cantidad de muertes y ataques registrados durante el primer semestre de 2025": "En tan solo seis meses, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física en ataques motivados por ese mismo odio. Esta cifra refleja una escalada alarmante de violencia extrema que debe ser abordada con urgencia como una crisis de derechos humanos, y cuya responsabilidad política e institucional no puede ser soslayada".
El organismo advierte que las cifras no pueden leerse fuera del contexto político y discursivo en el que se produce, al tiempo que señaló que durante 2024 y 2025 el presidente Javier Milei "impulsó una construcción sistemática del colectivo LGBT+ como enemigo social". Recordó las distintas expresiones que utilizó Milei en foros internacionales y redes sociales donde se refirió a los feminismos como "ideología de género", como "virus mentales" y amenazas a la civilización occidental.
Los discursos de odio se materializaron en políticas concretas contra el colectivo LGBT+, como el cierre del INADI, la eliminación de políticas de inclusión, la modificación regresiva de la Ley de Identidad de Género y la promoción de acciones que niegan la existencia de infancias y adolescencias trans.
"En este escenario, el aumento de los crímenes de odio no puede ser leído como un fenómeno aislado ni como una suma de hechos individuales. Es la manifestación más brutal de una política de exclusión. La responsabilidad del Estado en este proceso es ineludible. Cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, cuando niega sus derechos y sus existencias, cuando ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia. Y esa violencia encuentra muchas veces su expresión más feroz en las propias instituciones del Estado", señalan desde el Observatorio.
La Federación Argentina LGBT (FALGBT) se expresó en el mismo sentido y exigió implementar una Ley Nacional contra la Discriminación. Por otro lado, señaló las falencias de la Justicia a la hora de encuadrar los delitos de odio como tal, una problemática ya señalada en los informes previos del Observatorio, donde advertían que las cifras podrían no reflejar la realidad de las disidencias ya que muchos crímenes no se registran bajo la figura del delito de odio.
El crecimiento exponencial de los ataques contra las disidencias y su vínculo con los discursos de odio se vio reflejado a mediados del año pasado con el crimen contra la pareja de lesbianas en Barracas, cuya vivienda fue incendiada por una bomba molotov. A este hecho rápidamente le siguieron otros similares contra mujeres lesbianas. La posición del Gobierno se afianzó tanto en el plano discursivo como en las modificaciones concretas a las políticas públicas para la diversidad. En julio el oficialismo presentó un proyecto -impulsado por Gustavo Milman y firmado por Leila Lemoine- para modificar los principales aspectos de la Ley de Género, sobre todo para limitar el rol estatal y eliminar el financiamiento público a tratamientos hormonales.
En Comodoro y las leyes vigentes en Chubut
El responsable de Prensa de la Dirección de Diversidad y Nuevas Mayorías de Comodoro Rivadavia, Alex Loyola, dialogó con El Extremo Sur sobre el panorama que se vive en la ciudad a partir del aumento de discursos de odio y el ajuste presupuestario. Señaló que "desde el comienzo de este Gobierno vimos un panorama que cambiaba, un cambio muy abismal. Después fuimos viendo cómo empeoraba a medida que fueron pasando los meses, estos dos años fue mucho peor".
La coyuntura nacional "se reflejó en el trabajo cotidiano, y en contraposición a los recortes también hay mucha más demanda. Al no encontrarse alojadas las personas en otros lugares como que la demanda también crece, entonces de alguna manera también estamos viendo cómo sostener todas estas cosas". "Creció la demanda como también creció el odio", resumió.
Explicó que el Ministerio de las Mujeres, donde se nuclearon muchas de las políticas destinadas a las disidencias, brindaba más alternativas: "Cuando vimos que ya no existía más este Ministerio, entre otros, se notó un montón". Afirmó, además, que hoy la principal demanda en la ciudad tiene que ver con generar más espacios para las juventudes.
Consultado sobre los crímenes de odio, detalló que en Comodoro no hay registros recientes de casos de violencia extrema pero que "la violencia sigue existiendo, eso no se fue realmente. Por ahí no está tan visibilizada, pero existen casos de violencias que son más cotidianas, entonces tal vez no tienen tanta relevancia en los medios".
Loyola advirtió que la apertura de la sociedad a las problemáticas de las disidencias hoy se confronta con mayores resistencias: "Se habla más, pero al hablarse más hay más resistencias también, esto de que está, de alguna manera, avalado, ya no está tan mal decir lo que pensas, si pensas que la diversidad no está bien, las personas lo dicen y sin tapujos, antes por ahí no lo decían. A viva voz y te lo dicen en la cara, eso sucede también".
Por otro lado, en relación a los reiterados avances del Gobierno nacional para modificar y eliminar la Ley de Identidad de Género, sostuvo que "se pretende derogar leyes en las que se trabajaron un montón de años, que tienen más de 10 años, y quienes modificarlas con justificaciones sin ponerse a ver todo lo que hay detrás". Se refirió, por ejemplo, al Decreto 62/2025 publicado en febrero que limitó los tratamientos de hormonización a menos de 18 años.
En Chubut, sin embargo, siguen vigentes normativas provinciales en materia de diversidad, como la Ley de Cupo Laboral Trans y el Plan de Acceso a la Vivienda para Personas Transgénero, Transexuales y Travestis. La primera, que se promulgó en 2018, establece un cupo mínimo del 0.5% de la planta de personal del Estado provincial para personas travestis, transexuales y transgénero que cumplan con los requisitos de idoneidad para el cargo. La normativa busca garantizar el acceso al empleo formal y digno para el colectivo, que históricamente ha sufrido discriminación laboral.
El Plan de Acceso a la Vivienda se aprobó en 2023 a través de la Ley XXV N° 65, que establece un cupo mínimo del 3% para beneficiarios travestis, transexuales y transgénero en todos los planes de vivienda llevados adelante por el Gobierno de Chubut. Ambos proyectos tienen como objetivo dar respuesta a la vulneración de derechos que sufre la población travesti-trans, uno de los grupos que más sufre el desempleo, la precarización y el acceso a una vivienda digna. Loyola aseguró que su implementación sigue vigente.
En este escenario, la Dirección de Diversidad convoca a la Marcha N°13, bajo la consigna "Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad": "La idea es estar más unidxs en el orgullo frente a este auge del odio y la violencia". Será este sábado 29 de noviembre a partir de las 15 en el playón del Museo Ferroportuario. "Más allá de que cambiamos la consigna, el lema es el orgullo de ser quien cada uno es", concluye Loyola.