Arremetida judicial ordenó el inmediato desalojo de la comunidad mapuche Paicil Antriao en La AngosturaLa decisión la informó un juez civil de la localidad cordillerana, que otorgó un plazo de cinco días hábiles para cumplirla. La causa es por un terreno en disputa hace más de una década cerca del lago Nahuel Huapi.
El juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Paicil Antriao de un predio ubicado en la zona de Puerto Elma, a orillas del lago Nahuel Huapi.
El conflicto lleva más de una década vigente e involucra a dos privados que reclaman la tenencia de las tierras ahora ocupadas por la comunidad, identificados como Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Luis Angel Mattana Besozzi.
Un fallo en primera instancia les había dado la razón, pero una segunda resolución de la Cámara de San Martín de los Andes lo revocó a favor de la comunidad.
En desacuerdo, los denunciantes llevaron el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anuló el fallo de la Cámara de San Martín y dejó firme lo dispuesto en primera instancia, ordenando la restitución del inmueble.
El lote en cuestión se encuentra en una zona con varios conflictos que involucran a Paicil Antriao. Sus referentes argumentan en la mayoría de los casos haber obtenido el reconocimiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que la incluyó en su relevamiento.
Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad, indicó que ese documento «ya está finalizado, porque así nos lo dijo la Provincia», aunque todavía no se entregó. «El cambio de gobierno a nivel nacional frenó el proceso», agregó.
El letrado precisó que luego de la última decisión del máximo tribunal de la provincia, se presentó un Recurso Extraordinario Federal (REF) que también fue rechazado por el TSJ. Sin más instancias disponibles, recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aclaró, de todas formas, que esa presentación no suspende la ejecución de la sentencia vigente, que es la que se dictó en la órbita provincial y establece la restitución del predio a los privados. «Es por eso que avanzó la orden de desalojo», explicó.
Para frenar esa decisión, Sánchez indicó que inició una acción declarativa de certeza y solicitó una medida cautelar.
El abogado dijo que pese a todo mantienen expectativas por una resolución favorable en la Corte y puso como ejemplo el dictamen del procurador general de la Nación en un caso similar de la zona.
En una publicación difundida por Facebook, se invitó a comunidades, gremios, organizaciones sociales y ambientalistas. Además, hubo críticas contra la Justicia de Neuquén, a la que acusaron de querer «desalojarnos de nuestro sagrado territorio».
El juez Bonorino también fue motivo de cuestionamientos, porque consideraron que sus acciones «responden a empresas inmobiliarias».
Desde Paicil Antriao llamaron a «organizarse» y «poner en resguardo territorial este espacio en amenaza» a partir de las 19 de este lunes.
La orden de desalojo, según pudo conocer este medio, fue dictada el viernes 21 de noviembre y estableció un plazo de cinco días hábiles para cumplirse, por lo que vencería este lunes 1 de diciembre.
Fuente: Río Negro
La decisión la informó un juez civil de la localidad cordillerana, que otorgó un plazo de cinco días hábiles para cumplirla. La causa es por un terreno en disputa hace más de una década cerca del lago Nahuel Huapi.
El juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Paicil Antriao de un predio ubicado en la zona de Puerto Elma, a orillas del lago Nahuel Huapi.
El conflicto lleva más de una década vigente e involucra a dos privados que reclaman la tenencia de las tierras ahora ocupadas por la comunidad, identificados como Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Luis Angel Mattana Besozzi.
Un fallo en primera instancia les había dado la razón, pero una segunda resolución de la Cámara de San Martín de los Andes lo revocó a favor de la comunidad.
En desacuerdo, los denunciantes llevaron el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anuló el fallo de la Cámara de San Martín y dejó firme lo dispuesto en primera instancia, ordenando la restitución del inmueble.
El lote en cuestión se encuentra en una zona con varios conflictos que involucran a Paicil Antriao. Sus referentes argumentan en la mayoría de los casos haber obtenido el reconocimiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que la incluyó en su relevamiento.
Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad, indicó que ese documento «ya está finalizado, porque así nos lo dijo la Provincia», aunque todavía no se entregó. «El cambio de gobierno a nivel nacional frenó el proceso», agregó.
El letrado precisó que luego de la última decisión del máximo tribunal de la provincia, se presentó un Recurso Extraordinario Federal (REF) que también fue rechazado por el TSJ. Sin más instancias disponibles, recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aclaró, de todas formas, que esa presentación no suspende la ejecución de la sentencia vigente, que es la que se dictó en la órbita provincial y establece la restitución del predio a los privados. «Es por eso que avanzó la orden de desalojo», explicó.
Para frenar esa decisión, Sánchez indicó que inició una acción declarativa de certeza y solicitó una medida cautelar.
El abogado dijo que pese a todo mantienen expectativas por una resolución favorable en la Corte y puso como ejemplo el dictamen del procurador general de la Nación en un caso similar de la zona.
En una publicación difundida por Facebook, se invitó a comunidades, gremios, organizaciones sociales y ambientalistas. Además, hubo críticas contra la Justicia de Neuquén, a la que acusaron de querer «desalojarnos de nuestro sagrado territorio».
El juez Bonorino también fue motivo de cuestionamientos, porque consideraron que sus acciones «responden a empresas inmobiliarias».
Desde Paicil Antriao llamaron a «organizarse» y «poner en resguardo territorial este espacio en amenaza» a partir de las 19 de este lunes.
La orden de desalojo, según pudo conocer este medio, fue dictada el viernes 21 de noviembre y estableció un plazo de cinco días hábiles para cumplirse, por lo que vencería este lunes 1 de diciembre.
Fuente: Río Negro