Los planes de The Metals Company para extraer minerales del fondo del mar Por Juan F. Samaniego
La empresa minera canadiense busca la autorización de la administración Trump para empezar a explorar y minar unos 200.000 km² de suelo en aguas internacionales. El pasado abril, Climática' publicaba la noticia basándose en la escasa información que había facilitado la compañía. Hoy, tenemos los detalles.
The Metals Company ha solicitado tres licencias ante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, un organismo que aúna funciones de ministerio de medioambiente, instituto oceanográfico y agencia meteorológica, según ha podido comprobar Climática. Dos de las licencias son de exploración y la otra de explotación comercial que, de aprobarse, sería la primera de su tipo en todo el mundo. Lo ha hecho, además, bajo una ley de 1980, que sigue en vigor, y aprovechando que Estados Unidos no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a pesar de que los permisos solicitados son para fondos marinos que no están bajo la jurisdicción de EE. UU.
Dichas solicitudes contemplan un pago único por licencia de 100.000 dólares, una mínima parte de los miles de millones de beneficios que espera obtener The Metals Company. Además, ignoran las advertencias científicas sobre los potenciales impactos ecológicos; y tampoco establecen ningún mecanismo de monitorización efectivo de los daños a corto, medio ni largo plazo, medidas imprescindibles para explotaciones de este tipo, según los expertos consultados por Climática.
La compañía ya anunció en abril la presentación de una petición formal a la NOAA para acelerar el despliegue de sus operaciones. Sin embargo, este atajo significa en realidad un retraso en los planes de la compañía minera.
Durante más de una década, The Metals Company desarrolló varios proyectos de exploración de minería submarina bajo el paraguas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), gracias a contratos patrocinados por Nauru y Tonga en la zona de Clarion-Clipperton (en medio del Pacífico). A partir de 2021, aumentaron las presiones para que la ISA adoptase un código para permitir la explotación comercial de los recursos submarinos, pero hasta ahora no se ha logrado debido a la falta de consenso dentro de la autoridad y al aumento de la oposición internacional a este proceso (más de 40 países se oponen formalmente). Ante la ausencia de un marco operativo claro, The Metals Company decidió abrir una vía alternativa a principios de este año.
Objetivo: empezar a minar el fondo del mar en 2035
Según ha podido saber este medio, la compañía busca establecer una nueva hoja de ruta para extraer minerales del fondo oceánico hasta, al menos, 2065. Lo hace amparándose en la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, una ley de 1980 que autoriza a la NOAA a regular la minería submarina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.
La compañía ha solicitado permiso para explorar una superficie de más de 78.000 kilómetros cuadrados en la zona de Clarion-Clipperton, en el Pacífico central, cubriendo las áreas donde The Metals Company ya ha llevado a cabo trabajos de exploración durante los últimos años bajo un permiso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés).
Además, también ha pedido autorización para explotar comercialmente una parte de la zona anterior, de unos 25.000 kilómetros cuadrados, aunque The Metals Company no planea empezar las operaciones comerciales de extracción hasta al menos 2035, según ha podido saber Climática. Esto supone un retraso importante en los planes iniciales de la compañía minera, que esperaba empezar sus operaciones comerciales en 2025 con el visto bueno de la ISA. La solicitud de licencia comercial presentada ante la NOAA se extendería hasta el agotamiento de los recursos, es decir, unos 20 años o hasta 2055.
La zona contiene unos recursos estimados de 363 millones de toneladas de nódulos polimetálicos, pequeñas acumulaciones de metales muy abundantes en las profundidades oceánicas. Según las estimaciones incluidas en los estudios previos de The Metals Company en la zona, estos nódulos podrían contener unos 80 millones de toneladas de manganeso, más de 3,5 millones de toneladas de níquel, cerca de 3 millones de toneladas de cobre y unas 300.000 toneladas de cobalto. La compañía espera extraer 1,5 millones de toneladas de nódulos en los primeros años e ir escalando las operaciones hasta alcanzar una producción estable de 10,5 millones de toneladas anuales.
Las solicitudes también contemplan que, de forma paralela, se vayan llevando a cabo tareas de exploración en varias zonas aún no desarrolladas, con una superficie total de casi 122.000 kilómetros cuadrados. En este caso, la compañía espera que los tests sean menos exhaustivos (ya que para entonces contaría con experiencia operativa real) y que puedan servir para conseguir una nueva licencia comercial más allá de 2055.
Estas áreas están bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Por ello, si la NOAA concediera licencias para explotarlas, estaría desafiando los acuerdos multilaterales firmados por 169 países que declaran que los recursos naturales de estas zonas son patrimonio común de la humanidad y que, como tal, su estatus debe ser regido por la ISA. Así lo señala Sandor Mulsow, profesor de geología marina de la Universidad Austral de Chile y ex director de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la ISA.
"Ahora, a nivel legal, no existen impedimentos. Estados Unidos no ha ratificado el tratado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ni es miembro de la ISA. Y tampoco hay ningún país que les vaya a impedir que lo hagan. Es el mismo abuso colonialista de siempre", añade Mulsow.
La NOAA tiene ahora un máximo de dos años para valorar las solicitudes, aunque, teniendo en cuenta el impulso estratégico que la Administración Trump quiere darle a la minería submarina (especificado en el decreto Unleashing America's Offshore Critical Minerals and Resources), es probable que el trabajo de revisión concluya antes. Desde Climática, hemos intentado hablar con la NOAA para obtener más detalles sobre el estado del proceso, pero no nos han facilitado la información aludiendo a la confidencialidad del mismo. De forma similar, hemos intentado contactar con The Metals Company en seis ocasiones con el objetivo de contrastar la información y conocer el punto de vista de la compañía, pero no hemos obtenido respuesta.
¿Pueden un país y una empresa saltarse el orden internacional?
De producirse la autorización, podría sentar un precedente que entraría en conflicto con decisiones futuras de la ISA. Es decir, supondría que un país no firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, bajo su propia regulación, puede autorizar la extracción de recursos que no están en su territorio, lo que abriría la puerta a que otros Estados hiciesen lo mismo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser necesariamente así, y las acciones unilaterales plantean más dudas que certezas, de acuerdo con los expertos consultados por Climática.
"El hecho de que la ISA y los Estados miembros hayan respondido con firmeza a la amenaza de una posible operación unilateral de minería submarina demuestra que el espíritu del multilateralismo se mantiene intacto y sólido", señala Pradeep Singh, Senior Project Manager de la Fundación Océano Azul y experto en gobernanza oceánica. "Es probable que los primeros intentos de minar el fondo del mar fracasen, especialmente si la oposición social persiste y la mayoría de los gobiernos y los mercados no aceptan minerales obtenidos en contravención del derecho internacional", vaticina.
Este último es, precisamente, uno de los aspectos que plantea más dudas. Y es que, si finalmente la operación comercial sale adelante, puede que The Metals Company no tenga un mercado en el que vender sus minerales. "La Convención sobre el Derecho del Mar establece que los Estados que la han firmado no pueden permitir que ninguna de sus personas, empresas o entidades nacionales participe en actividades de minería submarina que se realicen fuera del marco que establece la Convención", explica Emma Wilson, Policy Officer de la Deep Seabed Conservation Coalition. Es decir, The Metals Company podría quedar en una situación difícil, ya que podría tener acceso al mercado estadounidense con sus minerales, pero no al resto del mundo.
Esto provocaría, además, otros conflictos que pondrían a la compañía minera canadiense en una situación delicada. Por ejemplo, la empresa que proporciona el barco de The Metals Company es Allseas, una compañía suiza. "Si Suiza respeta sus obligaciones legales en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar, en algún momento tendrá que decirle a Allseas que no puede continuar su relación comercial con The Metals Company", recalca Wilson. Un conflicto similar podría suceder con Japón, también firmante de la Convención, donde se ubica la empresa que inicialmente va a procesar los nódulos polimetálicos recogidos en el fondo del mar.
Los riesgos legales y geopolíticos también aparecen señalados en un informe elaborado por Caitlin Keating-Bitonti, del Congressional Research Service, para el Congreso de Estados Unidos, publicado el pasado mes de julio. Entre otras cosas, el informe señala que es la ISA la que tiene competencia sobre la zona que se pretende explotar y que, aunque no se haya desarrollado todavía la normativa internacional necesaria para estas operaciones, autorizar la extracción de minerales de forma unilateral podría plantear importantes conflictos legales en el futuro.
Además, el informe plantea qué pasaría si nadie respetase el orden global y los países más poderosos hiciesen todo por su cuenta, lo que podría sentar "un precedente peligroso que podría desestabilizar todo el sistema de gobernanza global de los océanos".
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), por su parte, muestra también su preocupación por la posible autorización de la NOAA a The Metals Company. Reconoce que, como ente, no tiene poder de decisión sobre las actuaciones que se producen al margen de la Convención sobre el Derecho del Mar (Estados Unidos no forma parte de dicha Convención). Pero los Estados que la conforman sí pueden acordar acciones legales y políticas para asegurar que la normativa internacional se cumpla.
"La posición de la mayoría de los Estados miembros de la ISA durante los últimos encuentros, mostrando un apoyo claro a la ISA y a la necesidad de respetar la gobernanza oceánica global, indica que habrá una respuesta clara para las acciones unilaterales", explican fuentes de la entidad. "Y estas acciones de respuesta pueden resultar en riesgos políticos, diplomáticos, de reputación o de inversión para las operaciones mineras".
Un proyecto con beneficios milmillonarios
Las tres solicitudes de The Metals Company están totalmente adaptadas al marco discursivo y político del gobierno de Donald Trump. La compañía presenta su proyecto como esencial para la seguridad de la industria y los puestos de trabajo estadounidenses, recalca que más del 60% de su capital es estadounidense, así como la mayoría de sus directivos (lo que la legitima como US citizen, una condición clave para pedir las licencias bajo la normativa del país), y se compromete a registrar su barco principal de operaciones bajo bandera estadounidense. Incluso llega a referirse al golfo de México como golfo de América.
Sin embargo, The Metals Company no desplegará una industria 100% estadounidense. La empresa reconoce que durante un periodo inicial (de mínimo 5 años) los nódulos polimetálicos extraídos en la operación comercial deberán ser procesados en Japón, donde tiene un acuerdo con la metalúrgica Pacific Metals. Entre sus planes está estudiar el desarrollo de una planta en el continente americano, aunque probablemente esta se establezca en México.
Con estas condiciones sobre la mesa, The Metals Company solicita las tres licencias bajo la normativa estadounidense a cambio de un pago único de 100.000 dólares por cada una, según ha podido comprobar Climática. La cantidad palidece al lado de los supuestos beneficios que estima la empresa: unos 3.500 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales generaría alrededor de 2.000 millones en ganancias. Es decir, al cabo de 20 años, estaríamos hablando de más de 40.000 millones de dólares de beneficios (antes de impuestos) a cambio de 300.000 dólares en licencias. No solo eso, sino que esas licencias se estarían pagando a Estados Unidos por unos recursos que están en aguas internacionales.
"A largo plazo, el océano y sus funciones vitales seguirán sufriendo una degradación sin precedentes y será la humanidad en su conjunto la que pague las consecuencias", advierte el experto en gobernanza oceánica Pradeep Singh. La gran pregunta es si, mientras Estados Unidos avanza de forma unilateral, la ISA será capaz de desarrollar las regulaciones adecuadas para afrontar, con garantías, los riesgos que podría suponer una operación de minería submarina a gran escala.
"El marco actual es débil. Y yo diría que la legislación estadounidense al respecto es todavía más débil. Además, no solo tenemos que hablar de las leyes, sino también de cómo vamos a conseguir que se respeten. Estamos hablando de una actividad en alta mar que va a ser muy difícil de controlar, una actividad que no se ha hecho nunca y de la que desconocemos todas las consecuencias", señala Emma Wilson.
¿Y los impactos ambientales?
En las solicitudes presentadas ante la NOAA, The Metals Company incluye los datos sobre impacto ambiental recabados durante su proyecto de exploración y pruebas de minería efectuado dentro del marco de la ISA. Estos, según ha podido comprobar Climática, proceden de más de un centenar de estudios que contaron con la participación de 20 instituciones científicas. Sin embargo, la mayoría de riesgos medioambientales, derivados en gran medida del desconocimiento que existe sobre los ecosistemas del fondo oceánico, sigue sin resolverse.
"La sedimentación en las profundidades funciona a otro ritmo. Si retiras una capa de sedimentos de 10 centímetros estás eliminando 10.000 años de historia de un plumazo. Si retiras 30, pues 30.000 años. Esto significa que estás exponiendo a todos los seres vivos que utilizan ese medio a un sustrato que nada tiene que ver, a nivel químico o geológico, con el que están acostumbrados", explica Sandor Mulsow. Además, tal como señala la evidencia científica recogida por la Deep Sea Conservation Coalition o los informes de JPI Oceans, apenas sabemos nada de lo que ocurre en el fondo del mar y los impactos reales de la minería a gran escala son desconocidos.
Por otra parte, lo que sí sabemos tampoco invita al optimismo. La perturbación de los sedimentos a esas profundidades alteraría un ecosistema en el que las cosas suceden a un ritmo muy diferente del de la superficie, lo que podría causar la extinción de especies. Además, los nódulos polimetálicos son un hábitat en sí mismo. Las columnas de sedimentos en suspensión podrían tener un impacto importante en toda la biodiversidad marina, desde las profundidades hasta la superficie, alterando la composición del medio submarino y la concentración de nutrientes. También se desconocen los posibles impactos por contaminación acústica y lumínica, así como las consecuencias que alterar el fondo oceánico puede tener en el almacenamiento de carbono a largo plazo.
Por último, tampoco está claro cómo se van a monitorizar los impactos de la actividad minera en caso de que finalmente se iniciase. The Metals Company propone un sistema de control a nivel interno o con un equipo contratado por la propia compañía, lo que deja dudas sobre su independencia. Además, aunque ofrece la posibilidad de que personal de la NOAA acompañe estas misiones, tampoco está claro hasta qué punto la administración oceánica (bajo mínimos presupuestarios tras los recortes del último año) y mucho menos la ISA tienen recursos para ejercer un control efectivo de la actividad minera.
Por ahora, y según ha podido comprobar Climática, The Metals Company parece más que dispuesta a apostarlo todo al unilateralismo después de que sus planes con la ISA no saliesen adelante. Sin embargo, la mayoría de incertidumbres medioambientales, legales y geopolíticas de la minería submarina persisten, sea cual sea el veredicto final de la administración de Estados Unidos.
Fuente: Climática
Por Juan F. Samaniego
La empresa minera canadiense busca la autorización de la administración Trump para empezar a explorar y minar unos 200.000 km² de suelo en aguas internacionales. El pasado abril, Climática' publicaba la noticia basándose en la escasa información que había facilitado la compañía. Hoy, tenemos los detalles.
The Metals Company ha solicitado tres licencias ante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, un organismo que aúna funciones de ministerio de medioambiente, instituto oceanográfico y agencia meteorológica, según ha podido comprobar Climática. Dos de las licencias son de exploración y la otra de explotación comercial que, de aprobarse, sería la primera de su tipo en todo el mundo. Lo ha hecho, además, bajo una ley de 1980, que sigue en vigor, y aprovechando que Estados Unidos no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a pesar de que los permisos solicitados son para fondos marinos que no están bajo la jurisdicción de EE. UU.
Dichas solicitudes contemplan un pago único por licencia de 100.000 dólares, una mínima parte de los miles de millones de beneficios que espera obtener The Metals Company. Además, ignoran las advertencias científicas sobre los potenciales impactos ecológicos; y tampoco establecen ningún mecanismo de monitorización efectivo de los daños a corto, medio ni largo plazo, medidas imprescindibles para explotaciones de este tipo, según los expertos consultados por Climática.
La compañía ya anunció en abril la presentación de una petición formal a la NOAA para acelerar el despliegue de sus operaciones. Sin embargo, este atajo significa en realidad un retraso en los planes de la compañía minera.
Durante más de una década, The Metals Company desarrolló varios proyectos de exploración de minería submarina bajo el paraguas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), gracias a contratos patrocinados por Nauru y Tonga en la zona de Clarion-Clipperton (en medio del Pacífico). A partir de 2021, aumentaron las presiones para que la ISA adoptase un código para permitir la explotación comercial de los recursos submarinos, pero hasta ahora no se ha logrado debido a la falta de consenso dentro de la autoridad y al aumento de la oposición internacional a este proceso (más de 40 países se oponen formalmente). Ante la ausencia de un marco operativo claro, The Metals Company decidió abrir una vía alternativa a principios de este año.
Objetivo: empezar a minar el fondo del mar en 2035
Según ha podido saber este medio, la compañía busca establecer una nueva hoja de ruta para extraer minerales del fondo oceánico hasta, al menos, 2065. Lo hace amparándose en la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, una ley de 1980 que autoriza a la NOAA a regular la minería submarina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.
La compañía ha solicitado permiso para explorar una superficie de más de 78.000 kilómetros cuadrados en la zona de Clarion-Clipperton, en el Pacífico central, cubriendo las áreas donde The Metals Company ya ha llevado a cabo trabajos de exploración durante los últimos años bajo un permiso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés).
Además, también ha pedido autorización para explotar comercialmente una parte de la zona anterior, de unos 25.000 kilómetros cuadrados, aunque The Metals Company no planea empezar las operaciones comerciales de extracción hasta al menos 2035, según ha podido saber Climática. Esto supone un retraso importante en los planes iniciales de la compañía minera, que esperaba empezar sus operaciones comerciales en 2025 con el visto bueno de la ISA. La solicitud de licencia comercial presentada ante la NOAA se extendería hasta el agotamiento de los recursos, es decir, unos 20 años o hasta 2055.
La zona contiene unos recursos estimados de 363 millones de toneladas de nódulos polimetálicos, pequeñas acumulaciones de metales muy abundantes en las profundidades oceánicas. Según las estimaciones incluidas en los estudios previos de The Metals Company en la zona, estos nódulos podrían contener unos 80 millones de toneladas de manganeso, más de 3,5 millones de toneladas de níquel, cerca de 3 millones de toneladas de cobre y unas 300.000 toneladas de cobalto. La compañía espera extraer 1,5 millones de toneladas de nódulos en los primeros años e ir escalando las operaciones hasta alcanzar una producción estable de 10,5 millones de toneladas anuales.
Las solicitudes también contemplan que, de forma paralela, se vayan llevando a cabo tareas de exploración en varias zonas aún no desarrolladas, con una superficie total de casi 122.000 kilómetros cuadrados. En este caso, la compañía espera que los tests sean menos exhaustivos (ya que para entonces contaría con experiencia operativa real) y que puedan servir para conseguir una nueva licencia comercial más allá de 2055.
Estas áreas están bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Por ello, si la NOAA concediera licencias para explotarlas, estaría desafiando los acuerdos multilaterales firmados por 169 países que declaran que los recursos naturales de estas zonas son patrimonio común de la humanidad y que, como tal, su estatus debe ser regido por la ISA. Así lo señala Sandor Mulsow, profesor de geología marina de la Universidad Austral de Chile y ex director de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la ISA.
"Ahora, a nivel legal, no existen impedimentos. Estados Unidos no ha ratificado el tratado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ni es miembro de la ISA. Y tampoco hay ningún país que les vaya a impedir que lo hagan. Es el mismo abuso colonialista de siempre", añade Mulsow.
La NOAA tiene ahora un máximo de dos años para valorar las solicitudes, aunque, teniendo en cuenta el impulso estratégico que la Administración Trump quiere darle a la minería submarina (especificado en el decreto Unleashing America's Offshore Critical Minerals and Resources), es probable que el trabajo de revisión concluya antes. Desde Climática, hemos intentado hablar con la NOAA para obtener más detalles sobre el estado del proceso, pero no nos han facilitado la información aludiendo a la confidencialidad del mismo. De forma similar, hemos intentado contactar con The Metals Company en seis ocasiones con el objetivo de contrastar la información y conocer el punto de vista de la compañía, pero no hemos obtenido respuesta.
¿Pueden un país y una empresa saltarse el orden internacional?
De producirse la autorización, podría sentar un precedente que entraría en conflicto con decisiones futuras de la ISA. Es decir, supondría que un país no firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, bajo su propia regulación, puede autorizar la extracción de recursos que no están en su territorio, lo que abriría la puerta a que otros Estados hiciesen lo mismo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser necesariamente así, y las acciones unilaterales plantean más dudas que certezas, de acuerdo con los expertos consultados por Climática.
"El hecho de que la ISA y los Estados miembros hayan respondido con firmeza a la amenaza de una posible operación unilateral de minería submarina demuestra que el espíritu del multilateralismo se mantiene intacto y sólido", señala Pradeep Singh, Senior Project Manager de la Fundación Océano Azul y experto en gobernanza oceánica. "Es probable que los primeros intentos de minar el fondo del mar fracasen, especialmente si la oposición social persiste y la mayoría de los gobiernos y los mercados no aceptan minerales obtenidos en contravención del derecho internacional", vaticina.
Este último es, precisamente, uno de los aspectos que plantea más dudas. Y es que, si finalmente la operación comercial sale adelante, puede que The Metals Company no tenga un mercado en el que vender sus minerales. "La Convención sobre el Derecho del Mar establece que los Estados que la han firmado no pueden permitir que ninguna de sus personas, empresas o entidades nacionales participe en actividades de minería submarina que se realicen fuera del marco que establece la Convención", explica Emma Wilson, Policy Officer de la Deep Seabed Conservation Coalition. Es decir, The Metals Company podría quedar en una situación difícil, ya que podría tener acceso al mercado estadounidense con sus minerales, pero no al resto del mundo.
Esto provocaría, además, otros conflictos que pondrían a la compañía minera canadiense en una situación delicada. Por ejemplo, la empresa que proporciona el barco de The Metals Company es Allseas, una compañía suiza. "Si Suiza respeta sus obligaciones legales en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar, en algún momento tendrá que decirle a Allseas que no puede continuar su relación comercial con The Metals Company", recalca Wilson. Un conflicto similar podría suceder con Japón, también firmante de la Convención, donde se ubica la empresa que inicialmente va a procesar los nódulos polimetálicos recogidos en el fondo del mar.
Los riesgos legales y geopolíticos también aparecen señalados en un informe elaborado por Caitlin Keating-Bitonti, del Congressional Research Service, para el Congreso de Estados Unidos, publicado el pasado mes de julio. Entre otras cosas, el informe señala que es la ISA la que tiene competencia sobre la zona que se pretende explotar y que, aunque no se haya desarrollado todavía la normativa internacional necesaria para estas operaciones, autorizar la extracción de minerales de forma unilateral podría plantear importantes conflictos legales en el futuro.
Además, el informe plantea qué pasaría si nadie respetase el orden global y los países más poderosos hiciesen todo por su cuenta, lo que podría sentar "un precedente peligroso que podría desestabilizar todo el sistema de gobernanza global de los océanos".
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), por su parte, muestra también su preocupación por la posible autorización de la NOAA a The Metals Company. Reconoce que, como ente, no tiene poder de decisión sobre las actuaciones que se producen al margen de la Convención sobre el Derecho del Mar (Estados Unidos no forma parte de dicha Convención). Pero los Estados que la conforman sí pueden acordar acciones legales y políticas para asegurar que la normativa internacional se cumpla.
"La posición de la mayoría de los Estados miembros de la ISA durante los últimos encuentros, mostrando un apoyo claro a la ISA y a la necesidad de respetar la gobernanza oceánica global, indica que habrá una respuesta clara para las acciones unilaterales", explican fuentes de la entidad. "Y estas acciones de respuesta pueden resultar en riesgos políticos, diplomáticos, de reputación o de inversión para las operaciones mineras".
Un proyecto con beneficios milmillonarios
Las tres solicitudes de The Metals Company están totalmente adaptadas al marco discursivo y político del gobierno de Donald Trump. La compañía presenta su proyecto como esencial para la seguridad de la industria y los puestos de trabajo estadounidenses, recalca que más del 60% de su capital es estadounidense, así como la mayoría de sus directivos (lo que la legitima como US citizen, una condición clave para pedir las licencias bajo la normativa del país), y se compromete a registrar su barco principal de operaciones bajo bandera estadounidense. Incluso llega a referirse al golfo de México como golfo de América.
Sin embargo, The Metals Company no desplegará una industria 100% estadounidense. La empresa reconoce que durante un periodo inicial (de mínimo 5 años) los nódulos polimetálicos extraídos en la operación comercial deberán ser procesados en Japón, donde tiene un acuerdo con la metalúrgica Pacific Metals. Entre sus planes está estudiar el desarrollo de una planta en el continente americano, aunque probablemente esta se establezca en México.
Con estas condiciones sobre la mesa, The Metals Company solicita las tres licencias bajo la normativa estadounidense a cambio de un pago único de 100.000 dólares por cada una, según ha podido comprobar Climática. La cantidad palidece al lado de los supuestos beneficios que estima la empresa: unos 3.500 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales generaría alrededor de 2.000 millones en ganancias. Es decir, al cabo de 20 años, estaríamos hablando de más de 40.000 millones de dólares de beneficios (antes de impuestos) a cambio de 300.000 dólares en licencias. No solo eso, sino que esas licencias se estarían pagando a Estados Unidos por unos recursos que están en aguas internacionales.
"A largo plazo, el océano y sus funciones vitales seguirán sufriendo una degradación sin precedentes y será la humanidad en su conjunto la que pague las consecuencias", advierte el experto en gobernanza oceánica Pradeep Singh. La gran pregunta es si, mientras Estados Unidos avanza de forma unilateral, la ISA será capaz de desarrollar las regulaciones adecuadas para afrontar, con garantías, los riesgos que podría suponer una operación de minería submarina a gran escala.
"El marco actual es débil. Y yo diría que la legislación estadounidense al respecto es todavía más débil. Además, no solo tenemos que hablar de las leyes, sino también de cómo vamos a conseguir que se respeten. Estamos hablando de una actividad en alta mar que va a ser muy difícil de controlar, una actividad que no se ha hecho nunca y de la que desconocemos todas las consecuencias", señala Emma Wilson.
¿Y los impactos ambientales?
En las solicitudes presentadas ante la NOAA, The Metals Company incluye los datos sobre impacto ambiental recabados durante su proyecto de exploración y pruebas de minería efectuado dentro del marco de la ISA. Estos, según ha podido comprobar Climática, proceden de más de un centenar de estudios que contaron con la participación de 20 instituciones científicas. Sin embargo, la mayoría de riesgos medioambientales, derivados en gran medida del desconocimiento que existe sobre los ecosistemas del fondo oceánico, sigue sin resolverse.
"La sedimentación en las profundidades funciona a otro ritmo. Si retiras una capa de sedimentos de 10 centímetros estás eliminando 10.000 años de historia de un plumazo. Si retiras 30, pues 30.000 años. Esto significa que estás exponiendo a todos los seres vivos que utilizan ese medio a un sustrato que nada tiene que ver, a nivel químico o geológico, con el que están acostumbrados", explica Sandor Mulsow. Además, tal como señala la evidencia científica recogida por la Deep Sea Conservation Coalition o los informes de JPI Oceans, apenas sabemos nada de lo que ocurre en el fondo del mar y los impactos reales de la minería a gran escala son desconocidos.
Por otra parte, lo que sí sabemos tampoco invita al optimismo. La perturbación de los sedimentos a esas profundidades alteraría un ecosistema en el que las cosas suceden a un ritmo muy diferente del de la superficie, lo que podría causar la extinción de especies. Además, los nódulos polimetálicos son un hábitat en sí mismo. Las columnas de sedimentos en suspensión podrían tener un impacto importante en toda la biodiversidad marina, desde las profundidades hasta la superficie, alterando la composición del medio submarino y la concentración de nutrientes. También se desconocen los posibles impactos por contaminación acústica y lumínica, así como las consecuencias que alterar el fondo oceánico puede tener en el almacenamiento de carbono a largo plazo.
Por último, tampoco está claro cómo se van a monitorizar los impactos de la actividad minera en caso de que finalmente se iniciase. The Metals Company propone un sistema de control a nivel interno o con un equipo contratado por la propia compañía, lo que deja dudas sobre su independencia. Además, aunque ofrece la posibilidad de que personal de la NOAA acompañe estas misiones, tampoco está claro hasta qué punto la administración oceánica (bajo mínimos presupuestarios tras los recortes del último año) y mucho menos la ISA tienen recursos para ejercer un control efectivo de la actividad minera.
Por ahora, y según ha podido comprobar Climática, The Metals Company parece más que dispuesta a apostarlo todo al unilateralismo después de que sus planes con la ISA no saliesen adelante. Sin embargo, la mayoría de incertidumbres medioambientales, legales y geopolíticas de la minería submarina persisten, sea cual sea el veredicto final de la administración de Estados Unidos.
Fuente: Climática