Verdad histórica vs. negacionismo en Patagonia: La Causa 8008 abrió el camino para reconstruir la memoria y condenar el terrorismo de Estado
El fallo condenatorio en la Causa 8008 por delitos de lesa humanidad producidos en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 plantó un mojón en la historia de la Patagonia Austral y la recuperación de la memoria histórica. Si bien el sentimiento, frente a la cantidad de condenados, los años de prisión impuestos por la sentencia y los 50 años de demora, es contradictorio y en ocasiones tiene gusto a poco. No menos significativo es, y quizás allí radique su importancia, que con el fallo se estableció que en la ciudad y la región se cometieron crímenes de lesa humanidad, que los mismos son imprescriptibles y que se consolidó judicialmente que en la Unidad Militar de Kilómetro 11 -específicamente en "Las Casitas" del Regimiento de Infantería 8- existió un Centro Clandestino de Detención. Los protagonistas del juicio, desde el fiscal Teodoro Nürnberg hasta las víctimas y sus familiares, coincidieron en valorar el fallo y su importancia simbólica en una sociedad como la comodorense -con fuertes aristas castrenses- donde se instaló la idea colectiva que "no pasó nada" durante la dictadura cívico-militar.
Rompiendo el silencio
Aunque tardío, porque llegó casi 50 años más tardes desde que se produjeran los hechos, el juicio por la Causa 8008 posibilitó sentar en el banquillo a una porción de los acusados por terrorismo de Estado en Comodoro Rivadavia y la Patagonia sur.
La investigación judicial dio sus primeros pasos en el año 1985 con la intervención del juez federal Adolfo Beltrán Mulhall, en base a las denuncias efectuada por presos políticos alojados en la U6 de Rawson. Este hecho dio origen a la Causa 500 del año 1980, y convocó al detenido y torturado Ramón Torres Molina para concretar una inspección presencial en el edificio 40 del RI8 que por aquel entonces no había sido destruido por orden del Ejército.
Pasaron 40 años desde aquel reconocimiento y aunque con letanía impuesta por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los posteriores indultos, el proceso avanzó hasta llegar a una condena que no solamente sentenció a cinco militares y efectivos policiales santacruceños por delitos de lesa humanidad, sino que también reconoció como Centro Clandestino de Detención a toda la Unidad Militar localizada en la zona norte de Comodoro, especialmente en "Las Casitas" del RI8.
La Fiscalía a cargo de Teodoro Nürnberg, en base a las investigaciones efectuadas junto al equipo de la Unidad Fiscal -conformado por Analía Ruíz, Florencia Monella y Andrea Whitty- fue más allá y agregó que "desde enero de 1976 existieron en Comodoro Rivadavia, no un CCD sino varios CCD utilizados bajo el control operacional militar. A saber: la sede de la Policía Federal Argentina sobre calle Rivadavia casi Chacabuco; la delegación local de la Prefectura Naval Argentina; el Regimiento 8 de Infantería; el Batallón Logístico IX; la Compañía de Mantenimiento 181; y las comisarías locales que prestaban colaboración para una detención provisoria de las personas detenidas ilegalmente".
Cuando se produjo el requerimiento de elevación a juicio de la causa en cuestión, en abril del 2014 -situación que finalmente terminó concretándose en julio del año 2017- el Ministerio Público Fiscal detalló a los 16 acusados por los delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia, incluyendo a miembros del Ejército Argentino, de la Prefectura Naval Argentina y oficiales de la Policía de Santa Cruz.
La lista de los acusados estaba conformada por: Alvarez, Eduardo Andrés: Bartolomé, René; Blumetti, Roberto Francisco; Chanfreau, Jorge Alberto; Cruz, Raúl Pantaleón; Gómez Coll, Carlos María; Lisseri, Alfredo Pablo; Manuelides, Rafael Augusto; Moreno, Carlos Daniel; Muñoz, José Mercedes; Pasquini, Italo César; Pedernera, Fernando Julio; Pérez, Mario Enrique; Rodríguez, Eduardo Alberto; Seguel, Carlos Alberto y Sevilla, Francisco Olegario.
El paso del tiempo otorgó impunidad biológica a Jorge Alberto Chanfreau (Ejército), Roberto Francisco Blumetti (Policía de Santa Cruz), Carlos Daniel Moreno (Policía Federal), José Mercedes Muñoz (Policía de Santa Cruz) y Carlos Alberto Seguel Páez (Policía de Santa Cruz).
En total, de los 16 imputados en los papeles, solo 7 estuvieron en condiciones de transitar el juicio oral en su contra y llegaron a escuchar la conclusión del TOF: los militares Raúl Pantaleón Cruz, Eduardo Rodríguez y Fernando Pedernera; los policías de Santa Cruz Mario Pérez, Francisco Sevilla, y Rafael Manuelides; y el prefecto Alfredo Lisseri.
Las condenas se basaron en los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Fueron bastante más bajas que las solicitadas por la Fiscalía para cinco acusados: Pantaleón Cruz, que se desempeñó en Inteligencia del Ejército en Comodoro Rivadavia, fue condenado a 11 años de cárcel, la pena más elevada de la sentencia; el policía Francisco Sevilla recibió 6 años de cárcel; su colega Mario Pérez, 7 años por el agravante de aplicación de vejámenes. Al prefecto retirado Alfredo Lisseri y al militar retirado Eduardo Rodríguez, se los condenó a 3 años y 6 meses.
Deudas pendientes
Este primer juicio y la primera condena en la región sur planta un mojón histórico para reconstruir la memoria histórica y debe dar paso a nuevas causa e investigaciones que posibiliten ir armando el rompecabezas integral de lo sucedido durante los años dictatoriales.
Una arista abierta y completamente inconclusa queda por resolver hacia el futuro para que Comodoro y la Patagonia puedan rearmar su "memoria, verdad y justicia".
"Hay personas que todavía no fueron traídas a juicio. Este Expediente 35 contiene los nombres de personas que no fueron investigadas y de víctimas que no tuvieron la oportunidad de contar lo que sucedió, otros sus declaraciones fueron incorporadas por lectura porque ya habían fallecido. No nos es indiferente el paso del tiempo", indicó el fiscal Nürnberg en su alegato.
Una de las mayores deudas de la Justicia con la verdad, las víctimas, los familiares y la sociedad en su conjunto es avanzar en investigar y desentrañar qué sucedió con el desaparecido Guillermo "Pocho" Silveira.
Guillermo "Pocho" Silveira
"Pocho" fue detenido en la ciudad de La Plata mientras estudiaba en la Facultad de Ingeniería y los testimonios dan cuenta que fue trasladado a Comodoro Rivadavia, lugar del que era oriundo, para ser torturado en la Casita 40 del RI8.
Los testimonios de varios testigos que pasaron en diferentes momentos por la Causa 8008 indicaron haber escuchado a Silveira en el centro clandestino de detención del RI8 y que allí habría recibido sesiones de tortura que terminaron con su muerte.
Algunas de las víctimas alojadas en el RI8 aseguran haberlo escuchado decir que sus hermanos, (Mirta y Adolfo) también detenidos, no tenían nada que ver y exigía que los dejaran ir; mientras que otros protagonistas no lo escucharon, pero sí oyeron gritar a los carceleros o a los torturadores que se les "iba".
Ese "irse" puede referirse a dos situaciones. Una estrictamente vinculada a las sesiones de tortura donde el exceso de picana y golpes pusieron al borde la muerte al joven. La otra explicitada por los carceleros indicaba que había intentado escapar y fue recapturado.
Su hermana Mirta relató que durante el episodio acontecido en el cautiverio los captores le manifestaron que lo habían herido al pretender huir y que luego habría sido trasladado al Hospital Regional por las heridas provocadas.
El cadáver de "Pocho" no fue encontrado entre los NN de los cementerios locales, ni tampoco en el lugar de su detención platense. Mirta especula que el cuerpo de su hermano pudo haber sido tirado al mar, en un por ahora no comprobado vuelo de la muerte comodorense.
Un párrafo especial amerita el accionar del juez federal de Rawson Omar Delfor Garzonio (ya fallecido), quien estuvo a cargo del juzgado desde antes del golpe militar y transitó todo el período dictatorial al frente del mismo hasta que retorno la democracia en 1983.
Garzonio fue una clave para la concreción de las detenciones ilegales y el ocultamiento de los vejámenes que se habían producido con decenas de víctimas relacionadas a esta Causa 8008, pero también con las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la Unidad Penal 6 de Rawson, donde eran alojados los detenidos tras ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Juez federal Omar Delfor Garzonio
La exhaustiva investigación realizada por El Extremo Sur dio claras muestras del desempeño de Garzonio en todos estos casos que se ventilaron en el juicio. Su figura se mantuvo casi impoluta a lo largo del tiempo e inclusive logró reconocimiento social en el norte chubutense, pero en la actualidad dicho castillo de naipes de derrumbó quedando al descubierto su rol de juez "colaboracionista" con la dictadura.
"La inoperancia de los remedios legales como el hábeas corpus o el amparo, la ominosa tolerancia judicial de los interrogatorios bajo tortura. Garzonio, ominosa tolerancia. Iban y le decían a Garzonio que fueron torturados y Garzonio les preguntaba ¿tiene pruebas?', no', entonces no lo voy a asentar'", resumió contundente el fiscal Nürnberg, quien no dudó en considerar que el fallecido "Garzonio debería dejar de llamarse juez".
Tras la sentencia, el responsable de la Fiscalía Federal retomó el tema y dijo que "hicimos un hincapié muy especial de esa persona (el juez federal Omar Delfor Garzonio) y justamente cuando abordamos la labor de la Justicia en ese momento fuimos muy críticos, entendiendo que eran parte integral de esos hechos. Si uno era detenido e iba ante un juez y le decía que había sido torturado, el juez le pedía pruebas para dejarlo asentado; sobran los adjetivos para decir que eso ni siquiera era algo similar a la Justicia".
El fallo en Comodoro Rivadavia se planta frente a la ola negacionista y pro dictadura que busca liberar a los condenados, otorgales prisiones VIP y desmantelar la construcción de la memoria colectiva sobre el plan sistemático de extermino que dejó 30.000 desaparecidos en la Argentina.
Más allá de este enorme paso simbólico, la Justicia tiene todavía mucho que investigar y enjuiciar en la Patagonia Austral; pero también romper con la tendencia biológica que guarece en la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar.
La historia de la región todavía está inconclusa y avanzar hacia su reconstrucción es una tarea que especialmente las juventudes de la región deben tomar en sus manos para que, a pesar del paso del tiempo, haya "memoria, verdad y justicia".
Sensaciones y conclusiones
Teodoro Nürnberg, fiscal federal en la Causa 8008
"Antes que nada, quiero dar las gracias por haber seguido las instancias de este juicio a lo largo de todos estos meses, estando siempre al pie del cañón buscando información para poder visibilizar este juicio oral que terminó con el resultado que ya todos conocemos.
"Mi primera impresión es la finalización de una etapa importante, sin perjuicio del análisis que hagamos cuando conozcamos los fundamentos del fallo el próximo 13 de febrero, con la satisfacción de haber trabajado en equipo con toda la Unidad Fiscal de Transición (conformado por Andrea Whitty, Analía Ruiz y Florencia Monella) tratando de hacer el trabajo más serio y profesional posible.
"Entendemos que dimos una respuesta a las víctimas y sus familiares, en principio lo recogimos por parte de algunas de las personas que estaban en la sala.
"Nos parece destacable de parte del Tribunal que se haya establecido que estamos frente a hechos comprendidos dentro de la categoría de lesa humanidad, que son imprescriptibles y que afectan a toda la sociedad en el concepto de humanidad permitiendo entender su alcance.
"Como parte del dispositivo, donde se encuentran cada uno de los puntos donde se condena, absuelve o se establecen determinadas cosas por intermedio del Tribunal, se ha establecido que los sitios donde están ubicados los lugares de la memoria en las afueras del Regimiento 8 es un sitio que debe ser preservado porque hay disposiciones legales que así lo establecen.
"Estas son las primeras impresiones que estamos teniendo y esperaremos los fundamentos del fallo, pero en principio tengo la satisfacción personal y de todo el equipo de haber podido aportar un granito de arena en la reconstrucción, la preservación de la memoria y que las víctimas puedan tener un poco de paz".
Ramón Torres Molina, víctima y ex presidente del Archivo Nacional de la Memoria (2007-2015)
"En un contexto negacionista el fallo es una continuidad de las políticas de derechos humanos que se mantuvieron en las últimas décadas y que tuvieron el apoyo de la sociedad. Eso hay que resaltarlo.
"Tiene un elemento muy positivo como es el reconocimiento del centro ilegal Las Casitas, que se intentó hacer desaparecer, como sitio de la memoria.
"El fallo es fundamentalmente una condena a la inteligencia militar. La mayoría de los principales imputados murieron antes de ser juzgados.
"No puedo opinar en lo relacionado con las condenas y absoluciones a policías de Santa Cruz porque no es un tema que haya seguido.
"En síntesis, es un fallo muy positivo".
Mirta Silveira, víctima y hermana del desaparecido Guillermo "Pocho" Silveira
"Sigo pensando que esto es para cerrar una etapa, como lo dije cuando fui como testigo al juicio; y quiero saber qué pasó con mi hermano, dónde está, quién lo llevó al Hospital (Regional) y quién lo atendió ahí. Eso quiero saber. Nadie dice nada, como siempre.
"Lo importante para mí es que se difundió bastante que en Comodoro Rivadavia hubo detenciones, torturas y violaciones de los derechos humanos.
"Y bueno, siempre pienso en que debe haber verdad y justicia. Esto tiene que seguir, ni olvido ni perdón".
Edita Rubilar, víctima violada en el RI8
"Estoy conforme por un lado y disconforme por el otro. Algunos quedaron con pocas penas y otros sin condena, pero dentro de todo y después de 50 años por lo menos tuvieron una condena y lo que más me interesa es la condena social.
"Si bien no estoy muy conforme con las penas, pero teniendo en cuenta los tiempos que vivimos y en el país en el que estamos no creo que este tan mal. Siento que tiene sus pro y sus contra.
"Me sentí un poco mejor con el fallo y lo que más me alegra es que Comodoro y en Chubut se hizo bastante público todo este tema que no se conocía mucho.
"Más de esta Justicia no podemos esperar, condenas de 11 años y 6 años después de lo que hicieron me parece poco, pero por lo menos tienen condena. Detenidos no van a ir y con suerte quedarán con arresto domiciliario.
"Después de 50 años haber conseguido esto es un logro, si esto hubiera pasado en los años '90 por lo menos algunos de estos tipos habrían ido a la cárcel.
"Lo que más me satisface es que por lo menos públicamente se dio a conocer. Se supo que no es que en Comodoro nunca pasó nada, sino que también existieron violaciones a los derechos humanos".
Alberto Marucco, víctima y ex secretario de Derechos Humanos en Santa Cruz
"Han pasado más de 50 años y ya han muerto la mayoría de los victimarios y sus víctimas, es importante decir que es preferible una justicia tardía que una impunidad eterna.
"No deja de ser una caricia o un consuelo con las condenas, especialmente porque una hace referencia a lo sucedido en Santa Cruz con los que tenían carnet de buenos policías y quedó expuesto en el juicio de lo morboso y lo despiadado que fueron ellos también.
"Esto de la memoria, yo desde lo particular he tratado de dar testimonio desde ahí, y tras 50 años de esperar y desaliento esto nos revitaliza. Nos trae a la memoria a aquellos compañeros que estuvieron todo este tiempo esperando que haya Justicia.
"A nosotros nos tocó transitar este juicio y ver las condenas, que más allá de los años no dejan de ser condenas en el marco de los delitos de lesa humanidad y que se preserve el sitio de la memoria.
"Uno pretende para las futuras generaciones, y para los Justicia también, que esos crímenes no deben quedar y no quedarán impunes de aquí en adelante en la Argentina. Con esa esperanza uno ha testimoniado y ha tratado de colaborar.
"Ayer pudimos hablar con algunos compañeros para abrazarnos en esta sentencia y nos acordamos de los compañeros Luis Porciel, César Vivar y Jorge Demitrio que han pasado por ahí y nos ha tenido la oportunidad de escuchar las condenas".
Graciela Mura de Stoyanoff, esposa de la víctima Osvaldo Stoyanoff
"Estoy muy tranquila y contenta, primero y fundamental escuchar que habían declarado que se trató de delitos de lesa humanidad me hizo bajar una tensión tremenda y me dio mucha serenidad para esperar el veredicto.
"En segundo lugar, que les haya denegado a las defensas declarar inimputables a los acusados me dio mucha alegría.
"Realmente el fiscal hizo un trabajo impecable desde nuestro punto de vista y no había forma de tirar abajo las pruebas que fue presentando, y sin bien podría decir que eran circunstanciales no lo eran y quedaron absolutamente demostradas por los damnificados.
"Todavía estoy muy conmocionada por lo del fallo, pero nos pareció muy positivo llegar donde se llegó. No es moco de pavo llegar en esta ciudad, que es absolutamente afín a una sociedad muy militarizada y negacionista como la de Comodoro, siento que fue la mayor condena posible en este contexto. Hemos logrado esta sentencia y ahora recibimos llamados de mucha gente acompañándonos y aceptando esta decisión.
"Después de casi 50 años, escuchar este veredicto para nosotros fue un bálsamo".
Nicolás Stoyanoff, hijo de la víctima Osvaldo Stoyanoff
"Después de 50 años reclamando justicia, se llega a un proceso y a este grupo de personas se los juzga y se los condena por delitos de lesa humanidad.
"No importa si fueron uno o 50 años. Lo cierto es que esta manga de secuestradores, torturadores y violadores, mala gente, el día que se mueran tendrán en su lápida escrito que se murieron siendo convictos, torturadores, asesinos y violadores como lo reconoció la ley.
"A mis dos años ocurrió el secuestro de mi padre y desde ese entonces estoy involucrado en esto, son 50 años de espera y me sirve haber escuchado a mi viejo decir que lo habían secuestrado, que no había sido detenido.
"Hemos llegado a este día donde se los condena por delitos de lesa humanidad, con eso me voy tranquilo".
Héctor "Gato" Osses, sindicalista detenido ilegalmente y alojado en la U6 de Rawson
"Una mezcla de satisfacción, de afecto por los compañeros que denunciaron y declararon, pero también una pena por nuestros compañeros que ya no están".