Reforma laboral de Milei: ¿cuáles son los verdaderos objetivos?Aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Pretende arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos: disciplinar a trabajadores, desarmar el poder sindical, fragmentar el mundo del trabajo y recomponer la tasa de rentabilidad empresaria.
Por Alfredo Zaiat
La CGT convocó a una masiva movilización para repudiar la reforma laboral que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores.
La reforma laboral de Milei no tiene el objetivo de ordenar el mercado de trabajo ni de crear empleo, sino que aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Se postergó el debate en el Congreso para febrero. Tiempo suficiente para que diputados y senadores profundicen en el análisis del proyecto que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos:
Disciplinar a los trabajadores.
Desarmar el poder sindical.
Fragmentar el mundo del trabajo.
Recomponer la tasa de rentabilidad empresarial con una gigantesca transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital.
Cada uno de estos pilares aparece en artículos, incisos y definiciones que, leídas en conjunto, cambian la relación de fuerzas entre capital y trabajo.
La evidencia empírica es contundente: una reforma laboral no crea empleo por sí sola; el principal determinante del incremento del empleo es la actividad económica. En este sentido, el experimento económico liberal-libertario puede mostrar un resultado desastroso: según datos oficiales, el 2025 será el único año, desde la recuperación de la democracia en 1983, que con crecimiento económico no se creó ni un solo puesto de trabajo formal adicional; por el contrario, hubo destrucción neta.
La experiencia internacional muestra, además, que las reformas flexibilizadoras no generan una mejora de la productividad ni más empleo, pero sí aumentan la desigualdad. Por eso, cuando el Gobierno promete "más empleo" con menos derechos, vende una ilusión. Lo que realmente busca es disciplinar.
Un reciente informe de C-P Consultora explica que "no existe evidencia de que la flexibilización de las condiciones de trabajo genere mejoras en los niveles de empleo". En Argentina, el período de mayor creación de empleo fue 2002-2007, con recuperación del marco de protección laboral e incluso con la norma de doble indemnización, y en términos generales el ciclo político del kirchnerismo hasta el 2015 tuvo un saldo muy positivo en la expansión del mercado de trabajo. Las reformas flexibilizadoras de los noventa, en cambio, convivieron con más desempleo e informalidad.
En una entrevista reciente en La Tecl@, el investigador Luis Campos identifica que la reforma de Milei se inscribe como una tercera fase de un proceso regresivo iniciado en la dictadura, seguido por los noventa, y que ahora busca completar la demolición de derechos individuales y colectivos.
El informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), de la Universidad de San Martín, indica que "se necesita una reforma laboral, pero no esta reforma laboral". Apunta que, bajo el argumento de "modernizar" las leyes para crear empleo formal, el proyecto del gobierno habilita un mayor deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo, desarticula derechos laborales y sindicales, debilita la negociación colectiva y desfinancia la seguridad social.
Explica que no hay ningún elemento en esta iniciativa mileísta que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo.; y concluye que su aprobación implica una serie de efectos regresivos, que sintetiza en diez puntos principales:
Perfora los pisos salariales y de condiciones de trabajo que se encuentran muy deteriorados.
Conduce a que el Estado financie el costo de los despidos.
Restringe los recursos de los sindicatos y limita la acción gremial.
Institucionaliza la autoridad del Estado para fijar techo a las paritarias.
Legaliza el fraude laboral y la desprotección de un amplio universo de trabajadores.
Convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Amplía las facultades de los empleadores para organizar y flexibilizar los tiempos de trabajo.
Afecta distintos derechos individuales.
Elimina conceptos centrales de la normativa que buscan reducir las asimetrías entre los trabajadores y los empleadores.
Insiste en mecanismos de formalización laboral que no tuvieron efectos positivos en el pasado.
Disciplinamiento de los trabajadores
El proyecto no sólo recorta derechos: reconfigura la relación trabajador-empleador para que el primero negocie en soledad y con menos herramientas para disputar salario y condiciones laborales. La clave de esta estrategia empresarial es el control del tiempo del trabajador: se habilita el banco de horas y la jornada extendida. La disciplina se construye por tres vías: tiempo, descanso y estabilidad.
El empleador puede administrar la duración diaria, estirar jornadas (hasta 12 horas en la práctica) y compensar después, con el resultado obvio de licuar horas extra y volver borrosa la frontera entre vida laboral y vida personal. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lo resume del siguiente modo: "Jornada extendida y banco de horas: el fin de las horas extra".
El mismo patrón de disciplinamiento aparece en el fraccionamiento de vacaciones: se legitima dividir el descanso en tramos no menores a una semana, bajo el eufemismo de acuerdo individual. En una relación asimétrica, esto es una imposición. El descanso deja de ser un derecho planificable y pasa a ser una variable de ajuste de la producción.
La disciplina también avanza con precariedad estructural. El texto habilita modalidades de jornada parcial y contratos temporales, quebrando la preferencia por el contrato de jornada completa e incentivando el pluriempleo. Es un esquema de salarios insuficientes que se "resuelve" con más fragmentación laboral. C-P Consultora describe este enfoque como una política deliberada de mayor rotación y de una mayor individualización de las relaciones laborales.
Desarticular la organización gremial
El objetivo no es ordenar el funcionamiento de los sindicatos, sino debilitar su capacidad material de existir y política de intervenir en la disputa por la distribución del ingreso. No se trata solo de cercenar la negociación paritaria. Los sindicatos, en Argentina, son instituciones sociales: discuten salario y condiciones de trabajo, pero también sostienen obras sociales de cobertura de la salud de los afiliados, hoteles, farmacias, turismo, útiles escolares, guardapolvos, kits para recién nacidos, sepelios. Esta red es poder real porque organiza la comunidad. Lo que busca el proyecto oficialista es destruir esta base de solidaridad y protección general del trabajador y su familia.
Una vía para lograrlo es asfixiar el financiamiento y complicar la recaudación. Según el análisis del CETyD, se limita la retención automática de contribuciones vinculadas a sindicatos, se prohíbe al empleador retener aportes salvo "consentimiento expreso" del trabajador, y se habilita que las empresas dejen de ser agentes de retención, afectando cuotas de afiliación y mecanismos solidarios. En los hechos, es una forma de individualizar la pertenencia gremial y convertirla en un trámite atomizado, controlable y frágil. Otra vía es recortar la ultraactividad de cláusulas obligacionales de convenios (cuotas solidarias, formación, seguros, paz social), de modo que caigan si no hay nuevo acuerdo. En un contexto de correlación de fuerzas desfavorable, lo que vence casi nunca se recompone a favor del trabajador.
A esto se suma el golpe a las obras sociales: se reduce la alícuota patronal destinada a su financiamiento del 6% al 5%. La consecuencia es directa: menos financiamiento, peores prestaciones, más copagos, más deterioro, y una presión adicional sobre familias que ya vienen con ingresos castigados.
Aquí aparece el sueño húmedo del establishment: como se sabe, la mayoría de los sindicatos tiene un origen y una historia vinculada al peronismo; entonces, su desarticulación sería también una forma de neutralizar hasta dispersar al peronismo como opción política.
La reforma de Milei se inscribe como una tercera fase de un proceso regresivo iniciado en la dictadura, seguido por los noventa, y que ahora busca completar la demolición de derechos individuales y colectivos.
Fragmentar el mundo del trabajo
Acá el proyecto revela su dimensión política más profunda. Un trabajador aislado es más disciplinable. Una clase trabajadora fragmentada, con baja densidad sindical, con alta informalidad y con contratos discontinuos, pierde capacidad de disputar no solo salario, sino el rumbo económico y el poder político. En este sentido, la reforma laboral no es solo una ley: es una pieza clave del proyecto de irreversibilidad de las transformaciones regresivas que desea -y financia- el poder económico. Si el sindicalismo queda como símbolo y no como fuerza, el péndulo económico queda trabado en el extremo del capital. Se obtura el regreso de un proyecto de desarrollo nacional y popular.
La herramienta fundamental para la fragmentación de los sindicatos y los trabajadores organizados es la descentralización de la negociación colectiva: promover convenios de empresa o provinciales con capacidad de perforar pisos por rama. El CETyD advierte que esto habilita salarios inferiores y peores condiciones que las pactadas sectorialmente. Es decir, la competencia entre trabajadores se vuelve institucional: la misma tarea, distintos derechos, según tamaño de la empresa.
La misión política del articulado aparece también en la restricción del derecho a huelga. El proyecto amplía el universo de "servicios esenciales" y "actividades de importancia trascendental" con exigencias de cobertura del 75% y 50%, respectivamente, una vara que en los hechos convierte casi todo en "esencial". Un informe técnico estima que se pasaría de 7% a 43% de trabajadores alcanzados por esas restricciones (de unos 470 mil a 2,9 millones).
Devaluación fiscal para mejorar la tasa de rentabilidad
En este punto, el proyecto se enlaza con la política económica de la dupla Milei-Caputo: ajuste, apertura comercial, destrucción del mercado interno, desindustrialización y caída del consumo. Este combo reduce ventas, achica escala y presiona márgenes de ganancias. La respuesta de las empresas no es invertir para producir más, sino bajar el costo laboral, estatizar riesgos y transferir recursos desde la seguridad social hacia el capital.
Esto último se propone con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): un mecanismo que se apropia de 3 puntos porcentuales de las contribuciones patronales al sistema previsional para financiar un fondo para cubrir despidos. Es una de las propuestas más disparatadas de la reforma laboral: el Estado deja de percibir recursos previsionales para destinar ese dinero a pagar indemnizaciones que deberían estar a cargo de las empresas.
El documento del CETyD calcula que esto implica una reducción del 16% de la recaudación por contribuciones patronales, con un costo fiscal equivalente a unos 2.500 millones de dólares anuales. Esta iniciativa no solo abarata despidos, sino que diseña un circuito de fondeo para la especulación del mercado financiero con recursos que deberían destinarse a jubilaciones, el PAMI y asignaciones familiares.
Este paquete fiscal-laboral funciona, de este modo, como una "devaluación fiscal": mejora la ecuación empresaria sin mover el tipo de cambio nominal, trasladando el ajuste hacia el trabajo y la seguridad social. No es una estrategia novedosa: Domingo Cavallo, en los noventa en el gobierno de Menem, lo intentó en la convertibilidad para compensar el atraso cambiario con rebajas de los aportes patronales.
La disputa política en la calle y en el Congreso es por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y por un modelo de desarrollo centrado en la generación de empleo de calidad.
La reforma no es técnica, es política
Detallar estos cuatro pilares estructurales político-sindicales derivados de la reforma laboral de Milei permite identificar cuál es su objetivo estructural: modificar de raíz la relación de fuerzas en el mundo del trabajo para garantizar un orden social desigual y menos democrático en el conflicto. Por eso ataca simultáneamente organización gremial, negociación paritaria y derecho a huelga. Esto se combina con el otro vector imprescindible del proyecto: la desindustrialización, que debilita a la fracción más organizada del trabajo y empuja la economía hacia sectores con menor densidad sindical, más tercerización y mayor precariedad.
La misión del poder económico es la irreversibilidad de reformas que pretenden una economía primarizada y desigual. Una donde el trabajador ya no negocia; obedece. Donde el sindicato ya no protege. Donde el empleo flexible significa trabajador, ingresos, derechos y salud flexibles. Y donde el capital recompone la rentabilidad no con mayor producción, sino pagando menos aportes para financiar despidos con recursos públicos.
El CETyD explica que los problemas del mercado de trabajo no se resuelven con más desregulación. Para abordar este desafío, es preciso diseñar e implementar un entramado de políticas económicas, productivas y laborales que tengan como principal prioridad la generación de empleo de calidad. Y si bien ninguna reforma laboral podrá resolver por sí sola los problemas del mundo del trabajo, sí es necesario promover una actualización que contribuya a impulsar la productividad y la innovación tecnológica a través de la protección a los trabajadores y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y que acompañe un modelo de desarrollo centrado en la generación de empleo de calidad.
Fuente: El Destape
Aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Pretende arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos: disciplinar a trabajadores, desarmar el poder sindical, fragmentar el mundo del trabajo y recomponer la tasa de rentabilidad empresaria.
Por Alfredo Zaiat
La CGT convocó a una masiva movilización para repudiar la reforma laboral que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores.
La reforma laboral de Milei no tiene el objetivo de ordenar el mercado de trabajo ni de crear empleo, sino que aspira a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Se postergó el debate en el Congreso para febrero. Tiempo suficiente para que diputados y senadores profundicen en el análisis del proyecto que pretende, con una ingeniería legal, arrasar con derechos históricos de los trabajadores e intervenir sobre cuatro pilares políticos:
Disciplinar a los trabajadores.
Desarmar el poder sindical.
Fragmentar el mundo del trabajo.
Recomponer la tasa de rentabilidad empresarial con una gigantesca transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital.
Cada uno de estos pilares aparece en artículos, incisos y definiciones que, leídas en conjunto, cambian la relación de fuerzas entre capital y trabajo.
La evidencia empírica es contundente: una reforma laboral no crea empleo por sí sola; el principal determinante del incremento del empleo es la actividad económica. En este sentido, el experimento económico liberal-libertario puede mostrar un resultado desastroso: según datos oficiales, el 2025 será el único año, desde la recuperación de la democracia en 1983, que con crecimiento económico no se creó ni un solo puesto de trabajo formal adicional; por el contrario, hubo destrucción neta.
La experiencia internacional muestra, además, que las reformas flexibilizadoras no generan una mejora de la productividad ni más empleo, pero sí aumentan la desigualdad. Por eso, cuando el Gobierno promete "más empleo" con menos derechos, vende una ilusión. Lo que realmente busca es disciplinar.
Un reciente informe de C-P Consultora explica que "no existe evidencia de que la flexibilización de las condiciones de trabajo genere mejoras en los niveles de empleo". En Argentina, el período de mayor creación de empleo fue 2002-2007, con recuperación del marco de protección laboral e incluso con la norma de doble indemnización, y en términos generales el ciclo político del kirchnerismo hasta el 2015 tuvo un saldo muy positivo en la expansión del mercado de trabajo. Las reformas flexibilizadoras de los noventa, en cambio, convivieron con más desempleo e informalidad.
En una entrevista reciente en La Tecl@, el investigador Luis Campos identifica que la reforma de Milei se inscribe como una tercera fase de un proceso regresivo iniciado en la dictadura, seguido por los noventa, y que ahora busca completar la demolición de derechos individuales y colectivos.
El informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), de la Universidad de San Martín, indica que "se necesita una reforma laboral, pero no esta reforma laboral". Apunta que, bajo el argumento de "modernizar" las leyes para crear empleo formal, el proyecto del gobierno habilita un mayor deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo, desarticula derechos laborales y sindicales, debilita la negociación colectiva y desfinancia la seguridad social.
Explica que no hay ningún elemento en esta iniciativa mileísta que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo.; y concluye que su aprobación implica una serie de efectos regresivos, que sintetiza en diez puntos principales:
Perfora los pisos salariales y de condiciones de trabajo que se encuentran muy deteriorados.
Conduce a que el Estado financie el costo de los despidos.
Restringe los recursos de los sindicatos y limita la acción gremial.
Institucionaliza la autoridad del Estado para fijar techo a las paritarias.
Legaliza el fraude laboral y la desprotección de un amplio universo de trabajadores.
Convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Amplía las facultades de los empleadores para organizar y flexibilizar los tiempos de trabajo.
Afecta distintos derechos individuales.
Elimina conceptos centrales de la normativa que buscan reducir las asimetrías entre los trabajadores y los empleadores.
Insiste en mecanismos de formalización laboral que no tuvieron efectos positivos en el pasado.
Disciplinamiento de los trabajadores
El proyecto no sólo recorta derechos: reconfigura la relación trabajador-empleador para que el primero negocie en soledad y con menos herramientas para disputar salario y condiciones laborales. La clave de esta estrategia empresarial es el control del tiempo del trabajador: se habilita el banco de horas y la jornada extendida. La disciplina se construye por tres vías: tiempo, descanso y estabilidad.
El empleador puede administrar la duración diaria, estirar jornadas (hasta 12 horas en la práctica) y compensar después, con el resultado obvio de licuar horas extra y volver borrosa la frontera entre vida laboral y vida personal. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lo resume del siguiente modo: "Jornada extendida y banco de horas: el fin de las horas extra".
El mismo patrón de disciplinamiento aparece en el fraccionamiento de vacaciones: se legitima dividir el descanso en tramos no menores a una semana, bajo el eufemismo de acuerdo individual. En una relación asimétrica, esto es una imposición. El descanso deja de ser un derecho planificable y pasa a ser una variable de ajuste de la producción.
La disciplina también avanza con precariedad estructural. El texto habilita modalidades de jornada parcial y contratos temporales, quebrando la preferencia por el contrato de jornada completa e incentivando el pluriempleo. Es un esquema de salarios insuficientes que se "resuelve" con más fragmentación laboral. C-P Consultora describe este enfoque como una política deliberada de mayor rotación y de una mayor individualización de las relaciones laborales.
Desarticular la organización gremial
El objetivo no es ordenar el funcionamiento de los sindicatos, sino debilitar su capacidad material de existir y política de intervenir en la disputa por la distribución del ingreso. No se trata solo de cercenar la negociación paritaria. Los sindicatos, en Argentina, son instituciones sociales: discuten salario y condiciones de trabajo, pero también sostienen obras sociales de cobertura de la salud de los afiliados, hoteles, farmacias, turismo, útiles escolares, guardapolvos, kits para recién nacidos, sepelios. Esta red es poder real porque organiza la comunidad. Lo que busca el proyecto oficialista es destruir esta base de solidaridad y protección general del trabajador y su familia.
Una vía para lograrlo es asfixiar el financiamiento y complicar la recaudación. Según el análisis del CETyD, se limita la retención automática de contribuciones vinculadas a sindicatos, se prohíbe al empleador retener aportes salvo "consentimiento expreso" del trabajador, y se habilita que las empresas dejen de ser agentes de retención, afectando cuotas de afiliación y mecanismos solidarios. En los hechos, es una forma de individualizar la pertenencia gremial y convertirla en un trámite atomizado, controlable y frágil. Otra vía es recortar la ultraactividad de cláusulas obligacionales de convenios (cuotas solidarias, formación, seguros, paz social), de modo que caigan si no hay nuevo acuerdo. En un contexto de correlación de fuerzas desfavorable, lo que vence casi nunca se recompone a favor del trabajador.
A esto se suma el golpe a las obras sociales: se reduce la alícuota patronal destinada a su financiamiento del 6% al 5%. La consecuencia es directa: menos financiamiento, peores prestaciones, más copagos, más deterioro, y una presión adicional sobre familias que ya vienen con ingresos castigados.
Aquí aparece el sueño húmedo del establishment: como se sabe, la mayoría de los sindicatos tiene un origen y una historia vinculada al peronismo; entonces, su desarticulación sería también una forma de neutralizar hasta dispersar al peronismo como opción política.
La reforma de Milei se inscribe como una tercera fase de un proceso regresivo iniciado en la dictadura, seguido por los noventa, y que ahora busca completar la demolición de derechos individuales y colectivos.
Fragmentar el mundo del trabajo
Acá el proyecto revela su dimensión política más profunda. Un trabajador aislado es más disciplinable. Una clase trabajadora fragmentada, con baja densidad sindical, con alta informalidad y con contratos discontinuos, pierde capacidad de disputar no solo salario, sino el rumbo económico y el poder político. En este sentido, la reforma laboral no es solo una ley: es una pieza clave del proyecto de irreversibilidad de las transformaciones regresivas que desea -y financia- el poder económico. Si el sindicalismo queda como símbolo y no como fuerza, el péndulo económico queda trabado en el extremo del capital. Se obtura el regreso de un proyecto de desarrollo nacional y popular.
La herramienta fundamental para la fragmentación de los sindicatos y los trabajadores organizados es la descentralización de la negociación colectiva: promover convenios de empresa o provinciales con capacidad de perforar pisos por rama. El CETyD advierte que esto habilita salarios inferiores y peores condiciones que las pactadas sectorialmente. Es decir, la competencia entre trabajadores se vuelve institucional: la misma tarea, distintos derechos, según tamaño de la empresa.
La misión política del articulado aparece también en la restricción del derecho a huelga. El proyecto amplía el universo de "servicios esenciales" y "actividades de importancia trascendental" con exigencias de cobertura del 75% y 50%, respectivamente, una vara que en los hechos convierte casi todo en "esencial". Un informe técnico estima que se pasaría de 7% a 43% de trabajadores alcanzados por esas restricciones (de unos 470 mil a 2,9 millones).
Devaluación fiscal para mejorar la tasa de rentabilidad
En este punto, el proyecto se enlaza con la política económica de la dupla Milei-Caputo: ajuste, apertura comercial, destrucción del mercado interno, desindustrialización y caída del consumo. Este combo reduce ventas, achica escala y presiona márgenes de ganancias. La respuesta de las empresas no es invertir para producir más, sino bajar el costo laboral, estatizar riesgos y transferir recursos desde la seguridad social hacia el capital.
Esto último se propone con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): un mecanismo que se apropia de 3 puntos porcentuales de las contribuciones patronales al sistema previsional para financiar un fondo para cubrir despidos. Es una de las propuestas más disparatadas de la reforma laboral: el Estado deja de percibir recursos previsionales para destinar ese dinero a pagar indemnizaciones que deberían estar a cargo de las empresas.
El documento del CETyD calcula que esto implica una reducción del 16% de la recaudación por contribuciones patronales, con un costo fiscal equivalente a unos 2.500 millones de dólares anuales. Esta iniciativa no solo abarata despidos, sino que diseña un circuito de fondeo para la especulación del mercado financiero con recursos que deberían destinarse a jubilaciones, el PAMI y asignaciones familiares.
Este paquete fiscal-laboral funciona, de este modo, como una "devaluación fiscal": mejora la ecuación empresaria sin mover el tipo de cambio nominal, trasladando el ajuste hacia el trabajo y la seguridad social. No es una estrategia novedosa: Domingo Cavallo, en los noventa en el gobierno de Menem, lo intentó en la convertibilidad para compensar el atraso cambiario con rebajas de los aportes patronales.
La disputa política en la calle y en el Congreso es por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y por un modelo de desarrollo centrado en la generación de empleo de calidad.
La reforma no es técnica, es política
Detallar estos cuatro pilares estructurales político-sindicales derivados de la reforma laboral de Milei permite identificar cuál es su objetivo estructural: modificar de raíz la relación de fuerzas en el mundo del trabajo para garantizar un orden social desigual y menos democrático en el conflicto. Por eso ataca simultáneamente organización gremial, negociación paritaria y derecho a huelga. Esto se combina con el otro vector imprescindible del proyecto: la desindustrialización, que debilita a la fracción más organizada del trabajo y empuja la economía hacia sectores con menor densidad sindical, más tercerización y mayor precariedad.
La misión del poder económico es la irreversibilidad de reformas que pretenden una economía primarizada y desigual. Una donde el trabajador ya no negocia; obedece. Donde el sindicato ya no protege. Donde el empleo flexible significa trabajador, ingresos, derechos y salud flexibles. Y donde el capital recompone la rentabilidad no con mayor producción, sino pagando menos aportes para financiar despidos con recursos públicos.
El CETyD explica que los problemas del mercado de trabajo no se resuelven con más desregulación. Para abordar este desafío, es preciso diseñar e implementar un entramado de políticas económicas, productivas y laborales que tengan como principal prioridad la generación de empleo de calidad. Y si bien ninguna reforma laboral podrá resolver por sí sola los problemas del mundo del trabajo, sí es necesario promover una actualización que contribuya a impulsar la productividad y la innovación tecnológica a través de la protección a los trabajadores y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y que acompañe un modelo de desarrollo centrado en la generación de empleo de calidad.
Fuente: El Destape