Trump interceptó otro buque petrolero y Venezuela lo acusó de acto de pirateríaLa tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este domingo tras reportes de una nueva "intercepción" y confiscación de un buque petrolero en el mar Caribe, en el marco del bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump a las exportaciones de crudo del país sudamericano. Se trata del tercer petrolero abordado en menos de dos semanas por fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, una sucesión de operativos que Caracas calificó como actos de "piratería" y que motivaron denuncias ante organismos internacionales.
Según confirmaron fuentes oficiales estadounidenses a EFE, fuerzas de la Guardia Costera y del Ejército de Estados Unidos mantuvieron una "persecución activa" para interceptar un petrolero en aguas del Caribe, cuyo estado y carga aún "no habían sido detallados oficialmente". Aunque la captura no fue confirmada oficialmente, reportes de medios estadounidenses citan a fuentes cercanas al ejército estadounidense que dan cuenta del fin del operativo.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo que las incautaciones forman parte de una "campaña de agresión" impulsada desde Washington y describió los abordajes como "piratería de corsarios", al afirmar que se trata de asaltos a embarcaciones privadas en aguas internacionales. En un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, el mandatario aseguró que su Gobierno lleva meses denunciando este tipo de acciones y ratificó que Venezuela ejercerá "todas las acciones correspondientes" para que los hechos no queden impunes.
Política de intercepción
La intercepción de este navío, el "Bella 1, se suma a las realizadas contra los buques "Skipper" y "Centuries", también abordados en aguas internacionales desde septiembre. El primero fue abordado el pasado 10 de diciembre y figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
El segundo, de bandera panameña, fue incautado sobre la medianoche del sábado, aunque no aparecía formalmente en el listado de navíos sancionados, lo que dio lugar a cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el "Centuries" transportaba petróleo de la estatal PDVSA, empresa sancionada por Estados Unidos, y que operaba como parte de lo que Washington denomina la "flota fantasma" venezolana, utilizada para eludir sanciones y financiar al Gobierno de Maduro. La funcionaria sostuvo que se trataba de un buque con "bandera falsa" y defendió la legalidad de la intervención.
Sin embargo, medios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post informaron que el Centuries pertenecería a una empresa con sede en China dedicada al transporte de crudo venezolano hacia refinerías asiáticas, y señalaron que la tripulación estaría compuesta mayoritariamente por ciudadanos chinos.
De acuerdo con esas versiones, los guardacostas estadounidenses no contaban con una orden judicial específica para el abordaje, lo que habría llevado a invocar el llamado "derecho de visita", una figura del derecho marítimo internacional que contempla detener y registrar buques extranjeros en alta mar o aguas internacionales sin una orden. Según la vocera, el buque estaría investigado por actividades de piratería, pero no se suministraron pruebas de estos presuntos vínculos.
El Gobierno venezolano rechazó de plano estas explicaciones. En un comunicado difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Caracas denunció el "robo y secuestro" de un buque privado y la "desaparición forzada" de su tripulación, y calificó el operativo como una "grosera violación" del derecho internacional. El texto advierte que se trataría de una infracción a la Carta de las Naciones Unidas y a convenciones internacionales sobre la navegación en alta mar.
Rodríguez aseguró además que estas acciones no afectarán la producción petrolera del país y afirmó que el país continuará desarrollando su industria de hidrocarburos de manera "independiente y soberana", pese al endurecimiento de las sanciones y al despliegue militar estadounidense en la región.
Condena internacional
La escalada también tuvo repercusiones diplomáticas. El canciller venezolano, Yván Gil, informó que Irán expresó su apoyo a Venezuela frente a las incautaciones de petroleros y ofreció cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar lo describe como actos de piratería y terrorismo internacional. Teherán confirmó la conversación entre ambos ministros, aunque evitó emplear los términos utilizados por el Gobierno venezolano y no detalló medidas concretas.
China, otro aliado estratégico de Caracas, reiteró su rechazo a las sanciones unilaterales y a la denominada "jurisdicción de brazo largo" de Estados Unidos, al señalar que carecen de respaldo en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
El endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela se produce en paralelo a un amplio despliegue militar en el Caribe, que Washington presenta como parte de una campaña contra el "narcoterrorismo" en la región. Desde agosto, fuerzas estadounidenses informaron la destrucción de unas 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y reportaron más de un centenar de muertes en esas operaciones, aunque la ausencia de pruebas sobre las conexiones de las embarcaciones con el tráfico generaron cuestionamientos de organismos de derechos humanos y legisladores estadounidenses.
En este contexto, el presidente Trump decretó un bloqueo "total" a la entrada y salida de buques petroleros sancionados que operen con Venezuela y acusó al Gobierno de Maduro de liderar un supuesto cartel de tráfico de drogas, el "Cartel de los Soles". Caracas rechazó esas acusaciones y denunció que las medidas buscan asfixiar económicamente al país y forzar un cambio de régimen.
Mientras continúan los operativos navales y las denuncias cruzadas, el conflicto escala en el plano diplomático y jurídico, con Venezuela anunciando presentaciones ante organismos internacionales y Estados Unidos defendiendo sus acciones como parte de la aplicación de su régimen de sanciones.
En las últimas semanas, la Casa Blanca también elevó el tono discursivo. El propio Trump se negó a descartar una eventual intervención militar y aseguró que los "días están contados" para el gobierno venezolano, mientras funcionarios de su entorno admitieron que la estrategia apunta a sostener la presión hasta provocar un quiebre político en el país. Desde Caracas subrayan que "el modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano".
Este domingo, en el marco del comienzo de las festividades navideñas, Maduro envió un "mensaje de esperanza" al pueblo en este momento de creciente tensión. "No es la primera vez que nos toca una Navidad donde hay que compartir la lucha de calle, la lucha en defensa de nuestros derechos, la lucha en defensa de la democracia y la paz", aseveró el mandatario.
Fuente: Página 12
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este domingo tras reportes de una nueva "intercepción" y confiscación de un buque petrolero en el mar Caribe, en el marco del bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump a las exportaciones de crudo del país sudamericano. Se trata del tercer petrolero abordado en menos de dos semanas por fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, una sucesión de operativos que Caracas calificó como actos de "piratería" y que motivaron denuncias ante organismos internacionales.
Según confirmaron fuentes oficiales estadounidenses a EFE, fuerzas de la Guardia Costera y del Ejército de Estados Unidos mantuvieron una "persecución activa" para interceptar un petrolero en aguas del Caribe, cuyo estado y carga aún "no habían sido detallados oficialmente". Aunque la captura no fue confirmada oficialmente, reportes de medios estadounidenses citan a fuentes cercanas al ejército estadounidense que dan cuenta del fin del operativo.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo que las incautaciones forman parte de una "campaña de agresión" impulsada desde Washington y describió los abordajes como "piratería de corsarios", al afirmar que se trata de asaltos a embarcaciones privadas en aguas internacionales. En un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, el mandatario aseguró que su Gobierno lleva meses denunciando este tipo de acciones y ratificó que Venezuela ejercerá "todas las acciones correspondientes" para que los hechos no queden impunes.
Política de intercepción
La intercepción de este navío, el "Bella 1, se suma a las realizadas contra los buques "Skipper" y "Centuries", también abordados en aguas internacionales desde septiembre. El primero fue abordado el pasado 10 de diciembre y figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
El segundo, de bandera panameña, fue incautado sobre la medianoche del sábado, aunque no aparecía formalmente en el listado de navíos sancionados, lo que dio lugar a cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el "Centuries" transportaba petróleo de la estatal PDVSA, empresa sancionada por Estados Unidos, y que operaba como parte de lo que Washington denomina la "flota fantasma" venezolana, utilizada para eludir sanciones y financiar al Gobierno de Maduro. La funcionaria sostuvo que se trataba de un buque con "bandera falsa" y defendió la legalidad de la intervención.
Sin embargo, medios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post informaron que el Centuries pertenecería a una empresa con sede en China dedicada al transporte de crudo venezolano hacia refinerías asiáticas, y señalaron que la tripulación estaría compuesta mayoritariamente por ciudadanos chinos.
De acuerdo con esas versiones, los guardacostas estadounidenses no contaban con una orden judicial específica para el abordaje, lo que habría llevado a invocar el llamado "derecho de visita", una figura del derecho marítimo internacional que contempla detener y registrar buques extranjeros en alta mar o aguas internacionales sin una orden. Según la vocera, el buque estaría investigado por actividades de piratería, pero no se suministraron pruebas de estos presuntos vínculos.
El Gobierno venezolano rechazó de plano estas explicaciones. En un comunicado difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Caracas denunció el "robo y secuestro" de un buque privado y la "desaparición forzada" de su tripulación, y calificó el operativo como una "grosera violación" del derecho internacional. El texto advierte que se trataría de una infracción a la Carta de las Naciones Unidas y a convenciones internacionales sobre la navegación en alta mar.
Rodríguez aseguró además que estas acciones no afectarán la producción petrolera del país y afirmó que el país continuará desarrollando su industria de hidrocarburos de manera "independiente y soberana", pese al endurecimiento de las sanciones y al despliegue militar estadounidense en la región.
Condena internacional
La escalada también tuvo repercusiones diplomáticas. El canciller venezolano, Yván Gil, informó que Irán expresó su apoyo a Venezuela frente a las incautaciones de petroleros y ofreció cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar lo describe como actos de piratería y terrorismo internacional. Teherán confirmó la conversación entre ambos ministros, aunque evitó emplear los términos utilizados por el Gobierno venezolano y no detalló medidas concretas.
China, otro aliado estratégico de Caracas, reiteró su rechazo a las sanciones unilaterales y a la denominada "jurisdicción de brazo largo" de Estados Unidos, al señalar que carecen de respaldo en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
El endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela se produce en paralelo a un amplio despliegue militar en el Caribe, que Washington presenta como parte de una campaña contra el "narcoterrorismo" en la región. Desde agosto, fuerzas estadounidenses informaron la destrucción de unas 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y reportaron más de un centenar de muertes en esas operaciones, aunque la ausencia de pruebas sobre las conexiones de las embarcaciones con el tráfico generaron cuestionamientos de organismos de derechos humanos y legisladores estadounidenses.
En este contexto, el presidente Trump decretó un bloqueo "total" a la entrada y salida de buques petroleros sancionados que operen con Venezuela y acusó al Gobierno de Maduro de liderar un supuesto cartel de tráfico de drogas, el "Cartel de los Soles". Caracas rechazó esas acusaciones y denunció que las medidas buscan asfixiar económicamente al país y forzar un cambio de régimen.
Mientras continúan los operativos navales y las denuncias cruzadas, el conflicto escala en el plano diplomático y jurídico, con Venezuela anunciando presentaciones ante organismos internacionales y Estados Unidos defendiendo sus acciones como parte de la aplicación de su régimen de sanciones.
En las últimas semanas, la Casa Blanca también elevó el tono discursivo. El propio Trump se negó a descartar una eventual intervención militar y aseguró que los "días están contados" para el gobierno venezolano, mientras funcionarios de su entorno admitieron que la estrategia apunta a sostener la presión hasta provocar un quiebre político en el país. Desde Caracas subrayan que "el modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano".
Este domingo, en el marco del comienzo de las festividades navideñas, Maduro envió un "mensaje de esperanza" al pueblo en este momento de creciente tensión. "No es la primera vez que nos toca una Navidad donde hay que compartir la lucha de calle, la lucha en defensa de nuestros derechos, la lucha en defensa de la democracia y la paz", aseveró el mandatario.
Fuente: Página 12