Presupuesto 2026: El futuro de las universidades pende de un hilo Por Pablo Esteban
A fuerza de marchas masivas y acompañadas por la sociedad, en estos dos años de gobierno libertario --y a pesar de la asfixia presupuestaria y las continuas difamaciones del oficialismo--, las universidades lograron conservar su capital simbólico. Básicamente, la sociedad las sigue percibiendo como instituciones fundamentales de la vida democrática. Pero hacia 2026 algo queda claro: el Ejecutivo no dará el brazo a torcer y, en efecto, el ajuste se profundizará a partir de la sanción del Presupuesto nacional, que recorta en un 34 por ciento los fondos a las universidades con respecto a 2023. Desde las Universidades advierten además que lo votado en el Senado atenta contra su autonomía, porque el envío de los recursos queda ahora supeditado al arbitrio del Gobierno. Los gremios, por su parte, advierten: si nada cambia para las casas de estudio, si no mejoran los salarios de docentes y del personal administrativo, si tampoco se actualizan los fondos para becas y demás actividades esenciales, las clases podrían no arrancar. "Está en juego el presente de nuestros trabajos y el futuro de nuestros hijos", subrayan.
En ese contexto, la Justicia parece haber escuchado el reclamo de los universitarios y pone en juego sus herramientas institucionales para hacer valer la Ley de financiamiento que garantiza la subsistencia del sector.
Más allá de eso, este viernes el Senado sancionó la Ley del Presupuesto para 2026 y los fondos destinados a universidades tendrán una caída real del 7,2 por ciento en relación a 2025 y de 34 por ciento frente a lo que se había ejecutado en 2023. Básicamente, las universidades reclamaban 7,2 billones y el gobierno otorgará 4,8.
Asimismo, la Secretaría de Educación tendrá la potestad de manejar con discrecionalidad el envío de fondos a universidades, incluso habilitando el congelamiento de partidas si considera inadecuado su uso. Este punto es conflictivo porque podría atentar contra la autonomía de las casas de estudio, que terminarán supeditadas a que el Gobierno abra o cierre el grifo de recursos según le plazca. Entre otros aspectos, la Ley de Presupuesto eliminó el piso del 6 por ciento del PBI para educación, las metas de inversión progresiva en ciencia y tecnología (garantizadas también por una ley previa sancionada en 2021), el fondo para las escuelas técnicas y las partidas destinadas al sistema de defensa nacional.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica: "El presupuesto nacional está aprobado y al mismo tiempo la Ley de Financiamiento Universitario no fue anulada, sino que está vigente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es implementarla ya. Es una norma que se aprobó cuatro veces, cuyo veto fue rechazado en el Congreso. Durante el debate del presupuesto se rechazó su derogación en Diputados y el viernes el Senado confirmó el proyecto de presupuesto que venía de Diputados". En concreto: el financiamiento universitario está vigente y fue legitimado en el parlamento en múltiples ocasiones.
Después, Durán apunta a la contradicción entre una ley que financia a las universidades y el presupuesto sancionado, que las desfinancia: "Efectivamente, hay una contradicción entre el presupuesto nacional, que habla de 4,8 billones de pesos para universidades, y la Ley de Financiamiento, que fijaba ese valor en 7,2 billones. Entiendo que estando vigente la norma de financiamiento universitario, el Gobierno debería aplicar el reajuste. Un impacto sobre los salarios y los gastos de funcionamiento que se traduciría en un aumento nominal del 50 por ciento".
La Ley de Financiamiento Universitario, como explica el decano, había sido sancionada y vetada en dos ocasiones. El segundo veto fue rechazado por el Congreso y Milei se vio obligado a promulgarla en octubre pasado, aunque la dejó suspendida "hasta que hubiera fondos". Una inaplicación encubierta, que se justifica con el pretexto del déficit cero. Una semana atrás, en medio del debate por la Ley de Presupuesto para 2026, la Cámara de Diputados logró quitar del proyecto el capítulo que derogaba, entre otras normas, la Ley de Financiamiento para lasuniversidades.
Cautelar de la esperanza
Días atrás se conoció la cautelar del juez Martín Cormick que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 hizo lugar al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional para que se cumplan específicamente los artículos 5° y 6°. Ambos apartados, precisamente, se refieren a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y el monto de becas estudiantiles.
Oscar Alpa, titular del Consejo Interuniversitario Nacional, vaticina: "Entre las fiestas y la feria, la cautelar no va a tener ningún resultado. Habrá que esperar hasta febrero. El Gobierno insistirá con alguna modificación de la Ley de Financiamiento, porque sabe que desde lo judicial lo lógico es que deba ejecutarla. Pienso que se abrirá un marco de negociación, porque el presupuesto 2026 no nos beneficia en nada".
Luego Alpa enfatiza: "Si el Gobierno no cumple la ley y no hay ninguna mejora en cuanto a salarios, el funcionamiento, las becas y los demás reclamos, va a estar muy difícil el comienzo de año".
Ni tiempo para brindar queda
De todas las instituciones públicas, las universidades nacionales, probablemente, hayan sido las más perjudicadas en estos dos años de gestión libertaria. Hicieron de sparrings, al recibir golpes materiales y simbólicos vía difamaciones e inventos varios. Algo similar a la relación que el propio Trump estableció desde su asunción con Harvard y otras universidades de prestigio. Probablemente, las vean como usinas de "wokismo", de progresismo; territorios de pensamiento crítico.
Desde diciembre de 2023, ante el desfinanciamiento constante, los gremios que representan a los trabajadores de las universidades nacionales en Argentina amenazan con mantener las aulas cerradas. En paralelo a las movilizaciones y a otras manifestaciones de fuerza, confían en la eficacia de esta alternativa. Una de las que se pusieron firmes al respecto fue la UTN, cuyos docentes agrupados confirmaron que, si el Gobierno decide no cumplir con la Ley, el primer cuatrimestre de 2026 no comenzará.
Clara Chevalier, secretaria General de Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), comenta: "Que las universidades puedan funcionar el año que viene es responsabilidad del gobierno nacional. Con esta negativa a implementar la Ley de Financiamiento vigente, está poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de 2 millones de estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional". Y completa: "Con un recorte que ya se acerca al 50 por ciento, con docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo. Y ese conflicto tiene una explicación: está en juego la existencia de universidades públicas gratuitas y de calidad en nuestro país, el presente de nuestros trabajos y el futuro de nuestros hijos".
Sin embargo, las opiniones en cuanto a la metodología de resistencia están divididas. Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, advierte: "Hay una realidad: si no hay clases en la primaria, hay un quilombo familiar, porque no hay dónde dejar a los chicos. Si no hay clases en la universidad, no hay tal quilombo. El problema con eso es hasta dónde se termina siendo funcional a lo que al Gobierno le interesa". Y al Gobierno le interesan las aulas cerradas.
Después Aliaga sigue con su reflexión: "Me parece que la herramienta más útil es que el Gobierno sienta que esta es una causa que le genera un costo político porque la sociedad valora a las universidades. Han tratado de deslegitimarlas con distintos artilugios y la gente, sin embargo, sigue confiando. De hecho, el Gobierno debió cambiar el discurso que las describían como espacios de corrupción, al notar que la sociedad valora el trabajo que se hace en las universidades como un sitio de transformación".
Limosnas apenas
El 23 de diciembre, cuando todos estaban más preocupados por garantizarse el pan dulce y organizar el brindis de Navidad, el Ejecutivo redefinió la asignación de recursos. Se dispuso una "ampliación de los fondos con el objetivo de tender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes" de las universidades nacionales. Parte de la comunidad universitaria se entusiasmó con la novedad, pero bastó con hacer clic en los anexos de la resolución para observar de qué monto se trataba.
En concreto, representan apenas 53 mil millones de pesos adicionales para las instituciones de educación superior. Como comprender cifras en el aire es imposible, Aliaga pone el contexto: "Esto es apenas un puchito, un refuerzo que no implica nada ni resuelve ni por asomo la diferencia salarial que reclaman las universidades. Requeriría, por el contrario, un aumento presupuestario inmenso. Por la pérdida salarial que hubo estamos hablando del orden de billones de pesos. Un paquete de guita muy grande".
Después continúa y enhebra una comparación: "Siempre trato de aclarar lo mismo: el desastre que el Gobierno hizo en ciencia y técnica, desfinanciando a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y a la Secretaría del área es otro orden de magnitud comparado con el conflicto universitario. Si en ciencia pusieran 150 mil millones de pesos la cosa comenzaría a arrancar nuevamente".
Es otro orden de magnitud, como dice Aliaga, porque las universidades nacionales necesitan más fondos. Como contaba Durán, mientras los rectores estipulan que para sostener el funcionamiento se necesitan 7,2 billones de pesos, el oficialismo solo concederá 4,8 billones y de forma arbitraria.
Ya viene, ya llega, ya se palpita un 2026 a puro conflicto.
Fuente: Página 12
Por Pablo Esteban
A fuerza de marchas masivas y acompañadas por la sociedad, en estos dos años de gobierno libertario --y a pesar de la asfixia presupuestaria y las continuas difamaciones del oficialismo--, las universidades lograron conservar su capital simbólico. Básicamente, la sociedad las sigue percibiendo como instituciones fundamentales de la vida democrática. Pero hacia 2026 algo queda claro: el Ejecutivo no dará el brazo a torcer y, en efecto, el ajuste se profundizará a partir de la sanción del Presupuesto nacional, que recorta en un 34 por ciento los fondos a las universidades con respecto a 2023. Desde las Universidades advierten además que lo votado en el Senado atenta contra su autonomía, porque el envío de los recursos queda ahora supeditado al arbitrio del Gobierno. Los gremios, por su parte, advierten: si nada cambia para las casas de estudio, si no mejoran los salarios de docentes y del personal administrativo, si tampoco se actualizan los fondos para becas y demás actividades esenciales, las clases podrían no arrancar. "Está en juego el presente de nuestros trabajos y el futuro de nuestros hijos", subrayan.
En ese contexto, la Justicia parece haber escuchado el reclamo de los universitarios y pone en juego sus herramientas institucionales para hacer valer la Ley de financiamiento que garantiza la subsistencia del sector.
Más allá de eso, este viernes el Senado sancionó la Ley del Presupuesto para 2026 y los fondos destinados a universidades tendrán una caída real del 7,2 por ciento en relación a 2025 y de 34 por ciento frente a lo que se había ejecutado en 2023. Básicamente, las universidades reclamaban 7,2 billones y el gobierno otorgará 4,8.
Asimismo, la Secretaría de Educación tendrá la potestad de manejar con discrecionalidad el envío de fondos a universidades, incluso habilitando el congelamiento de partidas si considera inadecuado su uso. Este punto es conflictivo porque podría atentar contra la autonomía de las casas de estudio, que terminarán supeditadas a que el Gobierno abra o cierre el grifo de recursos según le plazca. Entre otros aspectos, la Ley de Presupuesto eliminó el piso del 6 por ciento del PBI para educación, las metas de inversión progresiva en ciencia y tecnología (garantizadas también por una ley previa sancionada en 2021), el fondo para las escuelas técnicas y las partidas destinadas al sistema de defensa nacional.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica: "El presupuesto nacional está aprobado y al mismo tiempo la Ley de Financiamiento Universitario no fue anulada, sino que está vigente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es implementarla ya. Es una norma que se aprobó cuatro veces, cuyo veto fue rechazado en el Congreso. Durante el debate del presupuesto se rechazó su derogación en Diputados y el viernes el Senado confirmó el proyecto de presupuesto que venía de Diputados". En concreto: el financiamiento universitario está vigente y fue legitimado en el parlamento en múltiples ocasiones.
Después, Durán apunta a la contradicción entre una ley que financia a las universidades y el presupuesto sancionado, que las desfinancia: "Efectivamente, hay una contradicción entre el presupuesto nacional, que habla de 4,8 billones de pesos para universidades, y la Ley de Financiamiento, que fijaba ese valor en 7,2 billones. Entiendo que estando vigente la norma de financiamiento universitario, el Gobierno debería aplicar el reajuste. Un impacto sobre los salarios y los gastos de funcionamiento que se traduciría en un aumento nominal del 50 por ciento".
La Ley de Financiamiento Universitario, como explica el decano, había sido sancionada y vetada en dos ocasiones. El segundo veto fue rechazado por el Congreso y Milei se vio obligado a promulgarla en octubre pasado, aunque la dejó suspendida "hasta que hubiera fondos". Una inaplicación encubierta, que se justifica con el pretexto del déficit cero. Una semana atrás, en medio del debate por la Ley de Presupuesto para 2026, la Cámara de Diputados logró quitar del proyecto el capítulo que derogaba, entre otras normas, la Ley de Financiamiento para lasuniversidades.
Cautelar de la esperanza
Días atrás se conoció la cautelar del juez Martín Cormick que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 hizo lugar al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional para que se cumplan específicamente los artículos 5° y 6°. Ambos apartados, precisamente, se refieren a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y el monto de becas estudiantiles.
Oscar Alpa, titular del Consejo Interuniversitario Nacional, vaticina: "Entre las fiestas y la feria, la cautelar no va a tener ningún resultado. Habrá que esperar hasta febrero. El Gobierno insistirá con alguna modificación de la Ley de Financiamiento, porque sabe que desde lo judicial lo lógico es que deba ejecutarla. Pienso que se abrirá un marco de negociación, porque el presupuesto 2026 no nos beneficia en nada".
Luego Alpa enfatiza: "Si el Gobierno no cumple la ley y no hay ninguna mejora en cuanto a salarios, el funcionamiento, las becas y los demás reclamos, va a estar muy difícil el comienzo de año".
Ni tiempo para brindar queda
De todas las instituciones públicas, las universidades nacionales, probablemente, hayan sido las más perjudicadas en estos dos años de gestión libertaria. Hicieron de sparrings, al recibir golpes materiales y simbólicos vía difamaciones e inventos varios. Algo similar a la relación que el propio Trump estableció desde su asunción con Harvard y otras universidades de prestigio. Probablemente, las vean como usinas de "wokismo", de progresismo; territorios de pensamiento crítico.
Desde diciembre de 2023, ante el desfinanciamiento constante, los gremios que representan a los trabajadores de las universidades nacionales en Argentina amenazan con mantener las aulas cerradas. En paralelo a las movilizaciones y a otras manifestaciones de fuerza, confían en la eficacia de esta alternativa. Una de las que se pusieron firmes al respecto fue la UTN, cuyos docentes agrupados confirmaron que, si el Gobierno decide no cumplir con la Ley, el primer cuatrimestre de 2026 no comenzará.
Clara Chevalier, secretaria General de Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), comenta: "Que las universidades puedan funcionar el año que viene es responsabilidad del gobierno nacional. Con esta negativa a implementar la Ley de Financiamiento vigente, está poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de 2 millones de estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional". Y completa: "Con un recorte que ya se acerca al 50 por ciento, con docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo. Y ese conflicto tiene una explicación: está en juego la existencia de universidades públicas gratuitas y de calidad en nuestro país, el presente de nuestros trabajos y el futuro de nuestros hijos".
Sin embargo, las opiniones en cuanto a la metodología de resistencia están divididas. Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, advierte: "Hay una realidad: si no hay clases en la primaria, hay un quilombo familiar, porque no hay dónde dejar a los chicos. Si no hay clases en la universidad, no hay tal quilombo. El problema con eso es hasta dónde se termina siendo funcional a lo que al Gobierno le interesa". Y al Gobierno le interesan las aulas cerradas.
Después Aliaga sigue con su reflexión: "Me parece que la herramienta más útil es que el Gobierno sienta que esta es una causa que le genera un costo político porque la sociedad valora a las universidades. Han tratado de deslegitimarlas con distintos artilugios y la gente, sin embargo, sigue confiando. De hecho, el Gobierno debió cambiar el discurso que las describían como espacios de corrupción, al notar que la sociedad valora el trabajo que se hace en las universidades como un sitio de transformación".
Limosnas apenas
El 23 de diciembre, cuando todos estaban más preocupados por garantizarse el pan dulce y organizar el brindis de Navidad, el Ejecutivo redefinió la asignación de recursos. Se dispuso una "ampliación de los fondos con el objetivo de tender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes" de las universidades nacionales. Parte de la comunidad universitaria se entusiasmó con la novedad, pero bastó con hacer clic en los anexos de la resolución para observar de qué monto se trataba.
En concreto, representan apenas 53 mil millones de pesos adicionales para las instituciones de educación superior. Como comprender cifras en el aire es imposible, Aliaga pone el contexto: "Esto es apenas un puchito, un refuerzo que no implica nada ni resuelve ni por asomo la diferencia salarial que reclaman las universidades. Requeriría, por el contrario, un aumento presupuestario inmenso. Por la pérdida salarial que hubo estamos hablando del orden de billones de pesos. Un paquete de guita muy grande".
Después continúa y enhebra una comparación: "Siempre trato de aclarar lo mismo: el desastre que el Gobierno hizo en ciencia y técnica, desfinanciando a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y a la Secretaría del área es otro orden de magnitud comparado con el conflicto universitario. Si en ciencia pusieran 150 mil millones de pesos la cosa comenzaría a arrancar nuevamente".
Es otro orden de magnitud, como dice Aliaga, porque las universidades nacionales necesitan más fondos. Como contaba Durán, mientras los rectores estipulan que para sostener el funcionamiento se necesitan 7,2 billones de pesos, el oficialismo solo concederá 4,8 billones y de forma arbitraria.
Ya viene, ya llega, ya se palpita un 2026 a puro conflicto.
Fuente: Página 12