Un ajuste que agranda la brecha: mientras la violencia machista crece, el Gobierno desfinancia las políticas de género por tercer año consecutivo
Al retroceso en las políticas de género y diversidad en la era Milei se suma un nuevo capítulo con el Presupuesto 2026 recientemente aprobado, que no hace más que profundizar el ajuste de los últimos dos años. De la mano del desfinanciamiento de programas de prevención y abordaje de las violencias, se viene construyendo una retórica de desprestigio contra estas políticas, consideradas "caprichos ideológicos". Lo cierto es que las cifras de violencia no paran de crecer y las decisiones del Gobierno nacional mostraron un impacto concreto en la vida de las mujeres, limitando los recursos para las víctimas y amplificando los discursos de odio. El 2025 estuvo signado por el ajuste y la incertidumbre, consolidando así el proceso de desguace. Programas fundamentales como la Línea 144 y el Acompañar -que en años anteriores tuvieron un amplio alcance- fueron achicados. La ausencia del Estado nacional se terminó traduciendo en un mayor peso para las provincias, que no siempre pueden -o quieren- sostener la lucha contra la violencia machista.
Del hito institucional al desguace
El 2024 fue un año decisivo para las políticas de género, que habían alcanzado un alto grado de institucionalización en los últimos años. La eliminación del Ministerio de las Mujeres fue apenas el primer paso de la desmantelación protagonizada por el Gobierno de Javier Milei. En los últimos dos años, distintos programas fueron descontinuados, reducidos o eliminados. En este escenario, las cifras de violencia machista experimentaron un paulatino crecimiento.
En 2019 Argentina tuvo, por primera vez, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Se trata de una decisión histórica que, aún con sus falencias, extendió ampliamente la capacidad de respuesta del Estado nacional y las provincias para dar respuesta a la violencia de género y alcanzar metas de equidad. El proceso estuvo acompañado por una paulatina institucionalización de las áreas de género en todo el territorio, generando así una red de actores y programas en todo el país para consolidar una política federal.
La prevención y abordaje de la violencia machista era uno de los objetivos del Ministerio, aunque no se agotaba allí: la cartera llevó adelante acciones de promoción de derechos, fortalecimiento del acceso de las mujeres y diversidades a distintos ámbitos de la sociedad, capacitación de la ciudadanía y los poderes del Estado y campañas de concientización en la sociedad.
La eliminación del Ministerio fue una de las promesas centrales de la campaña de Milei y una de las primeras acciones que encaró al asumir la Presidencia. La transición estuvo signada por la incertidumbre para las autoridades de las áreas de género en cada provincia y localidad, a quienes no se les informó con precisión el destino de los proyectos y fondos a cargo de esa cartera.
En este sentido, todos los programas quedaron bajo el presupuesto de Capital Humano. Si bien el presupuesto 2024 general fue prorrogado, la baja en la ejecución de fondos estuvo muy marcada en los programas de género y diversidad, observándose caídas superiores al 50% y un ajuste más profundo que el que sufrieron otras áreas.
Esta decisión tuvo un impacto federal: la degradación del Ministerio junto al cambio simultáneo de autoridades ejecutivas en las provincias cambió radicalmente el mapa de las políticas de género en Argentina.
Algunas provincias, que habían jerarquizado sus áreas de género en gestiones previas, modificaron la estructura de estos espacios. Es el caso de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. En Chubut el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud se dividió en dos: la Subsecretaría de Derechos Humanos y Géneros; y la Dirección General de Políticas de Géneros y Diversidad. En otras provincias, como Chaco, Catamarca, Río Negro, San Luis y Tierra del fuego se desjerarquizaron las áreas existentes.
Las únicas áreas que mantuvieron el nivel jerárquico ministerial son el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades de la provincia de Jujuy. El resto de las provincias mantuvo el mismo rango institucional preexistente con jerarquías inferiores a los ministerios. Es el caso de Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Salta y Tucumán.
El ajuste nacional, sin embargo, afectó las transferencias presupuestarias a estas áreas y el sostenimiento de programas de alcance federal como el Acompañar. Así lo evidenció el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en su informe "Más allá de los números": "Como en tantos otros aspectos que hacen al funcionamiento de un país, contar con un organismo con jerarquía nacional permite promover que ciertas políticas y lineamientos de intervención sean la base mínima sobre la que se trabajará en todo el territorio argentino. Cada provincia tiene su responsabilidad y debe asumir el rol que le corresponde en reducir las brechas de género, pero es el Gobierno nacional quien debe guiar los esfuerzos para garantizar que, sin importar en qué lugar se encuentre la persona, su derecho a una vida digna y libre de violencia esté asegurado".
El documento señala que "a pesar de los esfuerzos que muchas provincias están desplegando -y que vienen en muchos casos realizando desde hace tiempo-, cuando el Estado nacional abandona sus responsabilidades, el impacto negativo sobre los territorios provinciales es ineludible".
El reordenamiento ministerial también cambió las prioridades: con la gestión de Milei el paradigma de las políticas de género se redujo a la lucha contra la violencia machista y dejó de lado aspectos vinculados a la promoción de derechos y la capacitación.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades se redujo así a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Sin embargo, el organismo estuvo acéfalo hasta el 19 de febrero de 2024, fecha en que fue designada la abogada Claudia Barcia como titular. La escasa actividad de la Secretaria se produjo en un momento crítico en el que combatir la violencia era una de las últimas prioridades del Gobierno.
En mayo se trasladó la Subsecretaría al Ministerio de Justicia por "razones de gestión" y en junio se concretó su cierre oficial. De esta manera, el Estado ya no cuenta con un área formal que coordine políticas destinadas a mujeres y diversidades ni tampoco una transversalización de la perspectiva de género en la estructura de la Administración Nacional, retrocediendo en el camino de institucionalización que se venía construyendo hace décadas.
Sin fondos para combatir la violencia
El 2025 profundizó el desguace, sobre todo en programas clave para la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, en un momento crucial de aumento de las cifras de femicidio. La mayoría de las partidas destinadas a políticas de género no tuvieron una línea presupuestaria específica, por lo que no es posible medir con exactitud el alcance del recorte. Sí fue evidente la merma en los fondos asignados para prevención así como el cierre paulatino de programas.
La Línea 144 fue una de las afectadas. Se trata de una línea telefónica que ofrece información, contención y asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario, con atención las 24 horas y los 365 días del año. Su capacidad se redujo en los últimos años en la medida en que se recortaron fondos y personal.
El 2024 experimentó una reducción del 64% en su presupuesto y en 2025, por primera vez en años, el Estado no asignó un presupuesto específico a su funcionamiento. Durante el primer trimestre la plata de trabajadoras se redujo en un 41%, lo que limita la capacidad de atención, la rapidez y el seguimiento.
En la misma línea, se eliminó la línea presupuestaria específica del Programa Acompañar, una herramienta central de acompañamiento para las víctimas de violencia por motivos de género. Su objetivo es ofrecer asistencia integral a mujeres y diversidades en situación de violencia, brindando un apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y acompañamiento psicosocial, legal y de fortalecimiento de habilidades para promover la autonomía y la reinserción laboral. El programa alcanzó a unas 361.868 beneficiarias desde su creación en septiembre de 2020 hasta diciembre de 2023.
Su presupuesto se redujo en un 90% para 2024 y la cantidad de beneficiarias cayó a 98,72$. Por otro lado, el Gobierno dispuso modificaciones en la duración de la asistencia, que pasó de 6 a 3 meses, y estableció como requisito obligatorio la presentación de una denuncia judicial o policial para acceder al beneficio. En 2025 dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web está desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja.
En mayo, se consolidó el retroceso con la eliminación de 13 programas dependientes del ex Ministerio de las Mujeres. A través de los Decretos 291/2025 y 292/2025 el Ministerio de Justicia resolvió el cierre definitivo de programas destinados a prevenir las violencias y a reducir las desigualdades estructurales.
De esos 13 programas, algunos estaban directamente orientados a atender situaciones de violencia de género. Entre ellos, los Dispositivos territoriales de protección integral, que brindaban asistencia directa a personas en situación de violencia, y el programa de Apoyo urgente ante violencias extremas, orientado a casos extremos como intentos de femicidio o travesticidio. Otros programas cumplían una función de prevención, como las Escuelas populares Macachas y Remedios' y la red de promotoras territoriales.
La decisión no sorprende, a juzgar por las expresiones del círculo libertario. En medio del proceso de desguace, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en en X: "Se terminó la agenda cultural de izquierda y la ideología de género que se usaron para enmascarar curros que dejaron a la mitad de los argentinos en la pobreza. Desde esta administración no vamos a gastar más dinero público en caprichos ideológicos sin sentido, nuestra prioridad es atender las necesidades reales de los argentinos".
En este contexto, en 2024 ELA presentó una demanda al Ministerio de Justicia frente al desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de género y el anuncio del cierre o reorganización de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). El objetivo era que el Estado brinde certezas sobre cómo garantizará el cumplimiento de sus obligaciones legales e internacionales para prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género, tomando como referencia la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Violencias, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
En septiembre del 2025 el Ministerio respondió negando los recortes presupuestarios, la reducción de recursos humanos y la eliminación de políticas y programas. Además, niega que la reorganización institucional "haya causado efectos negativos específicos en la protección de derechos de las mujeres" y que "hayan empeorado indicadores de efectividad de políticas de género". Sin embargo, no detalla de qué manera cumplirá las obligaciones en materia de género, por lo que el panorama sigue siendo de profunda incertidumbre.
El 2026 sin perspectiva de género
Recientemente, el Congreso aprobó el Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo. Es la primera vez durante la gestión de Milei que no se prorroga un presupuesto de años anteriores. Sin embargo, el panorama no muestra mejoras para las políticas de género. Muchos de los programas siguen sin partida presupuestaria específica y se eliminan herramientas consolidadas desde hace años para medir y garantizar la igualdad.
El Programa Acompañar, que ya sufrió una importante merma de presupuesto y beneficiarias, aún no cuenta con partida específica. Lo mismo sucede con la Línea 144, por lo que no es posible conocer cuántos recursos se asignan y ejecutan. Según el análisis de ACIJ y ELA, para 2026 la meta oficial se reduce a 60.000 asistencias, apenas un tercio de las personas atendidas en 2023.
Por otro lado, se elimina de manera definitiva el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), una herramienta creada en 2020 con el objetivo de visibilizar las líneas presupuestarias con perspectiva de género transversales a toda la Administración Nacional. Su eliminación engrosa el escenario de opacidad en la asignación de fondos para ese tipo de políticas.
Otra actividad que proyecta cambios sustanciales es la Protección de Víctimas de Violencia, perteneciente al programa Afianzamiento de la Justicia del Ministerio de Justicia. Si bien muestra un aumento significativo en 2026, desde ELA advierten que "no es posible estimar qué porcentaje de esta partida se destina a proteger a víctimas de violencia por razones de género porque la
formulación de la política se plantea un alcance más amplio, haciendo hincapié en
delitos contra la integridad sexual y violencia familiar'". El cambio de enfoque se refleja, por ejemplo, en el aumento de la meta de personas capacitadas en "Abordaje y prevención de la violencia sexual y familiar" que pasa de 5.000 en 2025 a 113.334 en 2026.
En materia de salud sexual y educación sexual integral, también se observan caídas: el Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) se reduce un 85% respecto a 2025, lo que representa menos del 3% de lo invertido en 2023. El presupuesto para la Educación Sexual Integral es de $239 millones, lo que equivale al 2% de lo ejecutado en 2023. Además, en 2026 no se prevé capacitar a ningún docente ni asistir a ninguna provincia, consolidando así el vaciamiento total del programa.
Por otro lado, el proyecto para 2026 incluye modificaciones en políticas sociales y previsionales que afectan a un centenar de mujeres. En principio, deroga el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), lo que implica que podrían perder su valor frente a la inflación. A ello se suma el fin de las moratorias previsionales que obligan a las mujeres a esperar cinco años más para acceder a una jubilación, con haberes más bajos y sin reconocimiento de aportes.
El informe elaborado por ACIJ y ELA concluye que, en conjunto, las principales políticas destinadas a prevenir la violencia y promover la igualdad de género perdieron el 89 % de su presupuesto y las partidas para 2026 reflejan "el mayor retroceso en políticas de igualdad de los últimos años".
Las políticas de género, lejos de ser un "capricho ideológico", se vuelven una necesidad frente a las cifras crecientes de violencia y las barreras de las víctimas para acceder a la justicia. El retroceso no se agota en la caída de las partidas, sino que también reviste una discusión simbólica sobre la manera en que el Estado se posiciona frente a la violencia. La gestión de Milei se caracterizó por un corrimiento radical de la perspectiva de género, postura que se vio reflejada en las múltiples declaraciones en contra de la "agenda woke" y que podrían trasladarse al plano legal. De hecho, en enero del 2025 se debatió la posibilidad de eliminar la figura de femicidio como agravante, un planteo que el Gobierno no descarta en el marco de la presentación de la reforma del Código Penal.
"Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre", había afirmado Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico de Davos.
En medio de estos debates, las cifras de femicidios siguen creciendo: del 1° de enero al 30 de noviembre se registraron 231 femicidios, transfemicidios, travesticidios e instigaciones al suicidio en Argentina, según el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven. "En un país donde el Estado se retira y los discursos de odio se vuelven política, una mujer o persona trans es asesinada cada 35 horas. No se trata de hechos aislados: Los discursos de Milei, Bullrich y Cúneo Libarona alientan la violencia machista. Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución internacional contra la violencia hacia las mujeres, y el gobierno amenaza con eliminar la figura de femicidio del Código Penal", señalan desde el Observatorio.
El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, por su parte, contabilizó 271 femicidios y transfemicidios, 243 tentativas de femicidios y 153 infancias huérfanas por femicidios en 2025, en lo que denomina "el año del negacionismo de Estado".
"Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública", advierten desde la organización. Subrayan que más allá de la cifra hay otros femicidios que "han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio".
Si bien los años anteriores se registraron estadísticas similares, las organizaciones feministas advierten que hoy las víctimas cuentan con menos herramientas y espacios institucionales que puedan abordar las situaciones de violencia, mientras se recrudece el discurso anti derechos.
Más allá de las posturas partidarias, desde ELA expresan que prevenir y combatir la violencia de género es una responsabilidad legal del Estado, obligación que viene incumpliendo: "A dos años de gestión, el gobierno nacional sigue sin presentar un Plan Nacional de Acción para prevenir, abordar y erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres, evitando dar cumplimiento a la Ley nacional 26.485". Sin el cumplimiento de las leyes vigentes y la ausencia de un plan integral, las mujeres, niñas y adolescentes expuestas a la violencia quedan "libradas a su suerte". El lema feminista que en la última década recorre las calles, "la deuda es con nosotras", hoy está más vigente que nunca.