Represión ilegal y Centro Clandestino en la Patagonia Austral: Demoledores argumentos de la Justicia en el fallo por la Causa 8008
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia -conformado por los jueces Ana María D'Alessio (Tierra del Fuego), Enrique Baronetto (Comodoro Rivadavia) y Alejandro Cabral (Neuquén)- dio a conocer este viernes los argumentos con los cuales dictó la sentencia a cinco imputados por la Causa 8008, denominada "Chanfreau, Jorge Alberto y otros", donde se investigaron los actos de terrorismo de Estado producidos en la Patagonia Austral desde principios de 1976 y hasta entrada la dictadura militar. En las 325 páginas de la sentencia analizada minuciosamente por El Extremo Sur se destacan los argumentos del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Teodoro Nürnberg; el rol colaboracionista del fallecido juez federal Omar Garzonio; las inspecciones presenciales que se efectuaron las víctimas a la unidad militar de Kilómetro 11; el panorama regional en Chubut y Santa Cruz; la importancia de las detenciones de Francisco Ledesma y Jorge Demitrio tres meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo; la ejecución de un plan sistemático que incluía detenciones ilegales, torturas y vejámenes de todo tipo contra militantes políticos y población en general; las violaciones de Mirta Silveira y Edita Rubilar; la desaparición de Guillermo "Pocho" Silveira; la detención de policías santacruceños acusados de comunistas por tener un cuadro y un libro del "Che" Guevara; el organigrama y mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que intervinieron; y las argumentaciones por las cuales se decidieron las condenas y absoluciones en un fallo emblemático que marca un antes y un después para la historia y la reconstrucción de la memoria en Comodoro Rivadavia y todo el extremo sur de la Patagonia.
Los antecedentes de la Causa 8008
Pocos años después de la recuperación de la democracia en 1983 comenzaron a rodar las denuncias y pruebas que fueron dando cuerpo a lo que se transformaría en la Causa 8008.
El fiscal federal Teodoro Nürnberg, tomando como punto de partida las pruebas reunidas por su antecesor en el cargo Norberto Bellver, fundamentó sus acusaciones en el alegato contra los uniformados imputados y describió con lujo de detalles los mecanismos utilizados.
Garzonio: la pata colaboracionista civil y judicial
Párrafo especial ameritó el rol cumplido por el fallecido juez federal Omar Delfor Garzonio que facilitó el desarrollo del terrorismo de Estado y negó Justicia a las víctimas que denunciaron ante su investidura las torturas y vejámenes que habían padecido.
El Tribunal aseveró que "su compromiso con el gobierno militar provocó la inoperancia de los remedios legales como el habeas corpus; su tolerancia a los interrogatorios bajo tortura completaron el panorama de la región y endurecieron su aplicación en los hechos que nos involucran".
Plan de extermino: Detenciones de Ledesma, Demitrio y marco regional
Los jueces realizaron un marco conceptual de lo que sucedía en los meses previos al golpe de Estado y la situación que se vivía en la región de Chubut y Santa Cruz durante los años de plomo de la última dictadura militar.
A la hora describir el panorama imperante por aquellas épocas no dudaron en calificarla como la "planificación del terror" que se impuso sobre el conjunto de la población y particularmente sobre las víctimas.
No dejaron de resaltar que la lejanía de la Patagonia favoreció la clandestinidad en la aplicación del plan sistemático de los militares.
Un rol preponderante le otorgaron a las detenciones ilegales en Comodoro de Francisco Ledesma y Jorge Demitrio a mediados de enero de 1976 y que luego fueron trasladados para ser nuevamente torturados en junio de ese mismo año.
Señalización de los sitios de tortura
Muchas de las 325 páginas de las argumentaciones están dedicadas al proceso de ubicación del Centro Clandestino de Detención denominado "Las Casitas" en inmediaciones del RI8, aunque también se concluyó que toda la Unidad Militar que lo contiene estuvo involucrada en la ejecución del terrorismo de Estado.
Los jueces le dedicaron un apartado especial a las penurias y declaraciones de Mirta Silveira, incluyendo por primera vez el tema de la violencia sexual sobre la que se extenderían con más profundidad más adelante.
En el mismo sentido tomaron en cuenta los dichos de Edita Rubilar, detenida el día posterior al de Mirta y también ultrajada por sus torturadores.
La desaparición de "Pocho" Silveira
El TOF hizo especial análisis probatorio de la detención y posterior desaparición de Guillermo David Silveira, hermano de Mirta y de Adolfo que fueron secuestrados en Comodoro.
En base a las pruebas y los testimonios de Rubilar y de Guido Ñancupel llegaron a conclusión que "Pocho" Silveira fue detenido en la ciudad de La Plata y fue trasladado al CCD de Comodoro donde fue torturado.
Esta es una aseveración clave por parte del Tribunal y que seguramente abrirá una nueva página judicial en la búsqueda de dilucidar la verdad de lo que pasó con "Pocho" y cuál fue el destino de su cuerpo.
"Comunistas": El cuadro acusador del "Che" Guevara
Una de las páginas tragicómicas del juicio estuvo vinculada a la detención del policía santacruceños Eloiso Quintero al que se lo acusó de "comunista" por tener en su casa un cuadro del "Che" Guevara y bibliografía del argentino que protagonizó la revolución cubana.
Pero no sólo Quintero fue detenido y torturado en 1976, sino que también cayó en la volteada Raúl Oreste Gallardo, otro oficial santacruceño que había sido quien pintó el cuadro que le secuestraron a Eloiso.
Torres Molina: El "subversivo" al que fusilaron varias veces
El tránsito de Ramón Torres Molina por el CCD del RI8 fue un verdadero calvario, aunque lo superó con entereza sin darle a los torturadores ni una sola información que pretendían obtener.
Su trayectoria militante -fue uno de los cinco argentinos entrenados en Cuba para sumarse a la guerrilla del "Che" Guevara en Bolivia, fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y parte de la Columna La Plata de la Guerrilla Ejército del Libertador (GEL)- y su alto grado de inserción política -asesor y luego fiscal de Estado designado por Jorge Cepernic en 1973- lo transformó un blanco predilecto del terrorismo de Estado.
Su testimonio fue una pieza fundamental desde principios de la democracia para ubicar del CCD del RI8 y sus denuncias desde 1981 permitieron el desarrollo de causas como la 8008 y la 500 sobre las condiciones carcelarias en la Unidad Penal 6 de Rawson.
Más de un CCD en Comodoro
Las investigaciones efectuadas por la Justicia en base a los testimonios de las víctimas fueron posibilitando la confirmación del Centro Clandestino de Detención "Las Casitas" -edificios 39 y 40- en el RI8, pero también ampliaron el espectro a las instalaciones del Fortín Chacabuco, todas las demás unidades militares existentes en Kilómetro 11, a la sede de la Prefectura Naval Argentina y el edificio de la Policía Federal.
Los reconocimientos concretados desde principios de los años '80 y los que se fueron sumando con el desarrollo de la Causa 8008, junto a croquis aportados por algunas víctimas y las conclusiones de la ONG Memoria Abierta, facilitaron la localización los campos de concentración en Comodoro Rivadavia.
Tanto es así que la propia Justicia determinó que "estamos en condiciones de tener por cierto que el sitio de cautiverio en condiciones inhumanas y de sometimiento de tormentos, no puede limitarse a uno solo, coincidente con las viviendas denominadas 39 y 40. Ese sitio formó parte un conjunto de inmuebles que, según necesidad, fueron utilizados para la LCS (Lucha Contra la Subversión) dentro del Fortín".
No menos significativa fue la carta que dejó postmorten el coronel Ricardo García Del Hoyo. Le había solicitado a su hija que tras su fallecimiento le entregara al teniente coronel Jorge Alberto Chanfreau una misiva donde aseguraba que "...quiero expresar que alrededor del mes de mayo de 1976, el comandante de la Novena Brigada de Infantería, General Corbeta, me ordenó entregarle para su uso exclusivo, al Jefe del Destacamento de Inteligencia 183 de Comodoro Rivadavia, Pozzi, un edificio del cuartel del Batallón Logístico 9, ubicado en el sector de los talleres de automotores... Resulta probable que dicho edificio haya sido utilizado como lugar de reunión de detenidos".
Los nombres del terrorismo de Estado
El TOF se encargó en su argumentación de mencionar uno por uno, más allá que muchos se encuentran fallecidos o incapacitados, a los jefes militares, de las Fuerza de Seguridad y de la Policía santacruceña que ocupan lugares destacados en los años investigados.
Violencia sexual contra las víctimas
En una época de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de lucha contra la violencia de género, el Tribunal hizo especial hincapié en la violencia sexual sufrida por las dos mujeres que denunciaron violaciones en el campo de concentración.
Los testimonios de Edita Rubilar y Mirta Silveira fueron elementos fundamentales para que la Justicia afirme que ellas "relataron que durante el encierro clandestino sufrieron violaciones reiteradas y desnudez. Por lo que a las numerosas condiciones de vulnerabilidad a las que se vieron expuestas, se sumaba no sólo que eran mujeres, sino también que tenían 24 y 20 años respectivamente. Estos ataques sexuales, en el contexto descripto a lo largo de este fallo, formaron parte del cúmulo de prácticas degradantes que tuvieron lugar. Esto también ocurrió en el año 1976 en las dependencias del Ejército Argentino, en la ciudad de Comodoro Rivadavia".
Dicho reconocimiento y su inclusión en los argumentos del fallo cobra una relevancia especial y adquiere un tenor reivindicativo que va más allá de los elementos políticos que padecieron Rubilar y Silveira con el accionar de la represión ilegal; sino que las pondera en su rol de mujeres y realza la doble violación de derechos humanos, tanto por las detenciones como por las vejaciones de los uniformados involucrados.
Los condenados
El cierre de las 325 páginas de las argumentaciones del fallo que condenó a cinco acusados concluye con el detalle de los delitos cometidos por cada uno de ellos y las penas que le corresponden por haber detenido, privado ilegalmente de la libertad, torturado y violado a las víctimas de la Causa 8008.
Los jueces decidieron condenar a Raúl Pantaleón Cruz (Ejército) a la pena de 11 años de prisión por delito de privación ilegítima de la libertad agravada por imposición de tormentos contra 15 víctimas en las que se incluyen a Edita Rubilar, Mirta Silveira, Luis Porciel, Adolfo Silveira, Guido Ñancupel, César Vivar, Miguel Anchordoqui, Alberto Marucco, Osvaldo Stoyanoff, Francisco Ledesma, Jorge Demitrio, Jorge Morgavi, Ramón Torres Molina, Héctor López y Hugo Lorenzi.
Falló contra Francisco Olegario Sevilla (Policía Santa Cruz) con una pena de 6 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, agravada por la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales, en perjuicio de Eloiso Quintero, Jesús Casas, Hugo Llamazares, Raúl Gallardo y Luis Noya.
Condenó a Mario Enrique Pérez (Policía Santa Cruz) a 7 años de prisión por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, agravada por vejaciones, contra Eloiso Quintero, Jorge Morgavi, Valentín Casas, Hugo Llamazares, Héctor Quintero, Raúl Gallardo, Luis Noya y César Vivar.
Sentenció a Alfredo Pablo Lisseri (Prefectura) a la pena de 3 años y 6 meses por los delitos de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, agravado por haber sido cometida mediante el uso de violencia, contra Francisco Ledesma y Jorge Demitrio.
Condenó a Eduardo Alberto Rodríguez (Ejército) a 3 años y 6 meses, como partícipe secundario, en la privación ilegítima de la libertad contra Francisco Ledesma y Jorge Demitrio.
El juicio y condena por los delitos de lesa humanidad cometidos en Comodoro Rivadavia y la Patagonia Austral durante la última dictadura militar son punto de inflexión en la historia de la región y posibilitan la reconstrucción de la memoria histórica ocultada y negada por 50 años; dando paso quizás a nuevas causa e investigaciones que posibiliten determinar dónde están los restos de Guillermo Silveira y armar el rompecabezas integral de lo sucedido durante los años dictatoriales.
El fallo en Comodoro Rivadavia se planta frente a la ola negacionista y pro dictadura que busca liberar a los condenados, otorgarles prisiones VIP y desmantelar la construcción de la memoria colectiva sobre el plan sistemático de extermino que dejó 30.000 desaparecidos en la Argentina.
La historia de la región todavía está inconclusa y avanzar hacia su reconstrucción es una tarea que especialmente las juventudes de la región deben tomar en sus manos para que, a pesar del paso del tiempo, haya "memoria, verdad y justicia".