Bajar la edad de imputabilidad, la discusión que sortea los argumentos punitivistas: "Esta ley profundiza la estigmatización" De cara al debate que se desarrollaría este viernes en el Senado para aprobar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, las infancias y adolescencias vuelven a estar en el centro de la discusión. Algunas figuras públicas desempolvan retóricas punitivistas y omiten el ajuste cada vez más visible de las políticas para la niñez. Pese a la amplificación de ciertos casos, lo cierto es que en los últimos años los delitos cometidos por menores representan una minoría. En Chubut no superan el 4% y de hecho registran un leve descenso. Natalia Castro, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez de Comodoro Rivadavia, apuntó a "un debate más complejo" y a una revisión de las políticas de prevención: "Esta ley profundiza la estigmatización de las adolescencias y un sistema carcelario que no reinserta, al contrario, que está instala lo punitivo desde esa erosión de las trayectorias de cuidado que nosotros estamos planteando desde los organismos de protección".
Las cifras en Chubut
La edad de punibilidad está fijada en los 16 años a través de la Ley 22.278. Aquellos menores de esa edad que hayan cometido un delito no pueden ser procesados ni recibir penas. Sin embargo, la Justicia puede ampliar medidas de protección como la internación o alojamiento en institutos y la asistencia médica o psicológica.
Con el régimen vigente, los adolescentes de entre 16 y 18 años son imputables si el delito que cometieron tiene una pena superior a los 2 años de prisión. Pueden ser juzgados, condenados o cumplir penas privativas de libertad.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil que el pasado 11 de febrero logró dictamen de mayoría en Diputados y que este viernes se debatirá en el Senado plantea bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa combina distintos proyectos previamente presentados en la Cámara baja. Busca derogar las leyes 22.278 y 22.803 y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
El nuevo régimen establece que un adolescente puede ser imputado penalmente desde los 14 años. Si es condenado por un delito que contempla penas de hasta 3 años, no habrá prisión efectiva. Si la pena supera los 3 años y es de hasta 10, los tribunales podrán reemplazar la prisión por penas alternativas como tareas comunitarias, reparación integral del daño a la víctima, prohibición para salir del país, programas educativos o monitoreo electrónico, siempre y cuando el hecho no haya implicado muerte, violencia física o psíquica grave o cuando el adolescente no tenga condenas previas ni otros procesos firmes en trámite. El proyecto además prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de condena.
Los cinco diputados nacionales por Chubut mostraron posiciones variadas en la votación de la Cámara baja. Desde Unión por la Patria, José Glinski y Juan Pablo Luque votaron en contra. Los diputados de la Libertad Avanza, César Treffinger y Maira Frías, votaron afirmativamente, al igual que Jorge "Loma" Avila, perteneciente a Encuentro Federal.
Un proyecto similar se discutió el año pasado y de hecho es un debate que se reedita cada cierto tiempo, sobre todo frente a casos ampliamente mediáticos. Este año el tema volvió a estar en agenda por el crimen de Jeremías Monzón, en Santa Fe. El joven fue asesinado en diciembre de 2025 y los principales acusados son dos adolescentes de 14 y 15 años. Meses antes, el debate ya había estado en la agenda política tras el crimen de Kim Gómez, por cuya muerte hay un menor detenido.
Nota relacionada: Miradas sobre el caso Kim: "La respuesta nunca es la baja de la edad de la imputabilidad, los sistemas penitenciarios son de castigo"
Comodoro Rivadavia, por su parte, se sumó al debate y la conmoción tras el asesinato de Gonzalo Huenchur, a mediados de 2024, sobre todo después de conocerse que el sospechoso no sería acusado penalmente por ser menor de 16 años. En ese contexto, figuras del ámbito político como Ignacio Torres, Gustavo Sastre y César Treffinger se expresaron a favor de la baja de edad de imputabilidad.
Más allá de los casos mediatizados, las cifras muestran una participación minoritaria de los jóvenes en la consumación de delitos. Según datos oficiales del Poder Judicial, en 2021 se iniciaron 62 causas con menores de edad involucrados: la mayoría fueron cometidos por adolescentes de 16 y 17 años y un 75% de las causas fueron por delitos contra la propiedad.
Para el 2022 disminuyeron en un 30% las causas penales con niños o adolescentes involucrados y los datos mostraron además una baja en la reiterancia delictiva.
En los últimos años, el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes es de aproximadamente el 3% respecto al total de las causas penales iniciadas en la provincia, en línea con las estadísticas nacionales. Los delitos contra la propiedad tienden a ser mayoría. En delitos graves contra la vida o la integridad sexual, el porcentaje es mínimo.
Respecto a las detenciones, entre abril de 2024 y marzo de 2025, se registraron 301 casos totales de niños, niñas y adolescentes en Chubut, según un informe del Ministerio de la Defensa Pública. La cifra representa 129 detenciones menos que en 2023 y 189 menos que en 2022.
Cabe recordar que en Chubut está vigente la Ley III N° 21 (Antes N° 4347) que establece los derechos y garantías de las infancias. En sus artículos 17 y 19 fija los parámetros de actuación frente a los adolescentes en conflicto con la ley. En el art. 17 subraya que "la privación de libertad de un niño o un adolescente en un establecimiento debe ser siempre una medida de último recurso, por el mínimo período necesario y a efectos de brindar al mismo un tratamiento acorde con su problemática".
Dispone además que los niños y adolescentes privados de libertad "requieren especial atención y protección, debiendo garantizarse sus derechos y bienestar durante ese período y con posterioridad a él" y exhorta a los establecimientos de detención a aplicar la normativa de las Naciones Unidas para la protección de menores.
Comodoro: el impacto de las crisis en las infancias
Natalia Castro, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez de Comodoro Rivadavia, dialogó con El Extremo Sur sobre los discursos que hoy circulan en torno a la responsabilidad penal de los adolescentes. Lejos de un enfoque punitivista, enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas de salud y educación para brindar una respuesta más integral.
Subrayó que "el debate es necesario" pero "no estamos de acuerdo con la perspectiva o la impronta que se está tiñendo a la culpabilización y la criminalización de las adolescencias". "Sí es necesario que debatamos las violencias y las violencias a tempranas edades que están sucediendo, pero desde un enfoque de derechos donde los adultos o el Estado se hagan responsables de qué es lo que pasa para que estas adolescencias cometan estos estos crímenes", remarcó.
Para Castro, es central reorientar la pregunta hacia "qué se hizo en la primera infancia, cómo acompañamos a esas niñeces o adolescencias". Indicó que el panorama local está signado por un aumento en los casos de consumo problemático y los episodios de salud mental, lo cual "es reflejo del contexto actual. Entonces, no es que las adolescencias solamente cometen hechos delictivos, sino que fueron vulneradas previamente", agregó.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en el desfinanciamiento a nivel nacional de las políticas para las infancias: "El Gobierno nacional con esta postura lo que está haciendo es justamente culpabilizar y no responsabilizarse de que está omitiendo fortalecimiento en salud, en educación, en abordaje de consumo problemático, en protección, esta co-responsabilidad hoy no está. Lo que hace es culpabilizar a los adolescentes, como si salieran de un día para el otro sin una familia que acompañe, sin un Estado presente, sin unas instituciones que pudieran acompañar y dar alguna prevención de calidad".
Las vulneraciones se profundizan en un contexto de extrema fragilidad social y económica de la ciudad: Castro habló de un escenario económico que "repercute directamente en esas niñeces y adolescencias" y un "vaciamiento de los espacios institucionales". También se refirió al corrimiento de un rol nacional "que antes estaba con las distintas propuestas, si se quiere, hasta de prespuesto, en relación a las tareas de cuidado, porque pensemos que una asignación universal o una pensión por discapacidad no es solamente el dinero, es el poder respirar de una familia que no está teniendo para comer".
"Ante esa ausencia, hoy las alternativas familiares cada vez son menos y lo económico impacta directamente en el vínculo familiar, en ese papá que no está pudiendo darle de comer todos los días a su hijo, en ese consumo problemático que está dentro de la casa y que no hay una institución que pueda dar respuestas", apunta, "las instituciones están fragilizadas y muchas veces los actores sociales están haciendo lo que se puede, paliativamente, porque sabemos que la respuesta de foco, la propuesta integral que muchas veces las leyes traen no se están garantizando".
La referente institucional subraya el peso de la situación económica en el cambio de la calidad de vida de las familias: "Hay situaciones que hoy atendemos en la Oficina de personas que tenían una calidad de vida por encima de las necesidades básicas. Nos comentaba, por ejemplo, un papá que trabajaba en el petróleo y que cada vez que salía al centro siempre le compraba algo a su hijo y hoy no tiene para comer".
"Ese cambio drástico no solamente genera el no poder alimentarse, sino también el cambio de vida a nivel inmediato tiene un impacto que genera violencia, que genera una disconformidad, que genera un montón de vulneraciones de derechos que muchas veces no somos conscientes, pareciera que lo social y lo económico van por lados distintos y están totalmente intercomunicados", explica.
"Y hoy lo estamos viendo en este consumo problemático, lo estamos viendo en esas violencias, en la violencia de género también, son esas cuestiones ante una frustración y una ausencia de poder satisfacer otras necesidades que eran antes paliativamente satisfechas desde el consumismo", sintetiza.
La óptica punitiva y la "erosión de las trayectorias de cuidado"
La baja de edad de imputabilidad suscita el mismo debate desde hace años, con posturas que apelan a retóricas punitivistas y otras que hacen foco en la necesidad de fortalecer un acompañamiento integral a las infancias. Para organizaciones y especialistas en derechos de niños, niñas y adolescentes, las reformas penales de este tipo no resuelven el problema de fondo de las vulneraciones de derechos.
En el documento "Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil', UNICEF advierte: "En Argentina la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad". La recomendación internacional del organismo es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años pero que sea lo más cercana posible a los 18.
El Reporte de Monitoreo Adolescentes y el régimen penal juvenil en Argentina elaborado por Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, indica que "resulta útil repensar ciertos argumentos simplificadores y falaces que se presentan en el debate público, como respuesta a la demanda social de mayor seguridad". Remarca que, según datos recopilados por UNICEF, no hay una relación directa ni lineal entre la baja de edad de responsabilidad penal y las tasas de homicidio en los países de América Latina. Al contrario, se evidencia una relación inversa entre ambas variables, contraria a los argumentos más punitivistas: "las edades más bajas de responsabilidad penal tienden a coincidir con aquellos países que presentan las tasas más altas de homicidios".
"Yo creo que el debate de la baja de imputabilidad nos merece hacernos cargo de decir bueno, ¿qué acciones de prevención estamos realizando?' Pero si un Gobierno nacional lo que plantea es un presupuesto para cárceles, lo que estamos sentenciando es una adolescencia que a los 19 años, ya ha transitado el sistema penitenciario que sabemos que muchas veces no genera una reinserción, sino al contrario, genera un aprendizaje de otros mecanismos a los cuales nosotros estamos combatiendo", opinó Castro.
Sostuvo que el proyecto a debatirse en el Senado "profundiza esta estigmatización de las adolescencias y un sistema carcelario que no reinserta, al contrario, que está instala lo punitivo desde esa erosión de las trayectorias de cuidado que nosotros estamos planteando desde los organismos de protección".
"Hoy un adolescente que ha transitado distintas situaciones en su vida de vulneración de derechos es víctima, no es culpable. Y en el caso de que sea responsable de algún tipo de hecho, ¿qué hicimos antes? ¿Y qué propuesta damos para mejorar a los 14 años? En lugar de que a los 19 salga con otro tipo de tránsito del cual después es justamente lo que no queremos para nuestra sociedad", cuestiona.
"Creo que el debate es no profundizar en la omisión del Estado y en la ausencia que vemos en este Gobierno nacional de todas las políticas públicas que justamente acompañaban y no es gasto, es inversión, eso es el debate. Es la inversión en las tareas de cuidado, en las pensiones, las asignaciones o distintas propuestas de acompañamiento", expresa.
Respecto a los abordajes de los adolescentes que cometen delitos desde una perspectiva de derechos, enfatizó que debe existir una noción de responsabilidad pero la propuesta debe estar orientada a fortalecer el trabajo y la perspectiva a futuro: "Volver sobre todo al oficio, que pensamos que es necesario no solamente para estar ocupado, para pensar en un plan de vida futuro, sino también porque es la herramienta que el día de mañana puede dar oportunidades. A una persona que la encerramos y que la dejamos ociosa, no le estamos generando más pensamientos nocivos. Sabemos que la persona cuando está ocupada, cuando está aprendiendo, cuando tiene esas posibilidades y esas herramientas para ser autónomo y para fortalecer su misma trayectoria, genera otro tipo de impacto".
"Entonces, la propuesta tiene que ser, en lugar del encierro, el aprendizaje; y no lo digo como premio, sino desde el lugar de la responsabilidad y desde entender que un oficio o un trabajo dignifica", agrega.
Por otro lado, Castro se refirió al peso de los medios de comunicación en la amplificación de casos concretos que suscitan el debate público: "Colectivamente impacta más un adolescente que comete algún tipo de hecho delictivo que un adulto que lo tenemos cotidianamente, sabemos que el juego justamente es ese, el impacto que tiene, pensar que las adolescencias están perdidas".
"El debate sí es responsabilizar a estas adolescencias, pero previo a responsabilizarlas, también tenemos que hacernos cargo los adultos, las instituciones y el Estado de cómo estuvimos ausentes", insiste.
"Hoy en Comodoro, por ejemplo, tenemos consumo problemático a los 8 años o episodios de salud mental graves, complejos, que no le estamos dando la respuesta que merecen, que estamos haciendo lo que podemos, las instituciones y los organismos como se puede, pero sabemos que a la larga son parches, si no hay una propuesta de calidad y de prevención consolidada", agrega.
En esta línea, sostiene que el debate "tiene que ser mucho más complejo" y que "los medios de comunicación hacen su punto porque la sociedad busca un culpable y el adolescente es lo más fácil. Es incómodo hacernos cargo como adulto de las cosas que no hicimos".
Se trata, en síntesis, de una discusión que vuelve a estar en el centro del debate público y que a pesar de los argumentos reduccionistas o los casos de alto impacto, reviste una pregunta más profunda respecto a las múltiples y sucesivas violencias que atraviesan hoy las infancias, en un contexto social cada vez más desafiante.
De cara al debate que se desarrollaría este viernes en el Senado para aprobar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, las infancias y adolescencias vuelven a estar en el centro de la discusión. Algunas figuras públicas desempolvan retóricas punitivistas y omiten el ajuste cada vez más visible de las políticas para la niñez. Pese a la amplificación de ciertos casos, lo cierto es que en los últimos años los delitos cometidos por menores representan una minoría. En Chubut no superan el 4% y de hecho registran un leve descenso. Natalia Castro, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez de Comodoro Rivadavia, apuntó a "un debate más complejo" y a una revisión de las políticas de prevención: "Esta ley profundiza la estigmatización de las adolescencias y un sistema carcelario que no reinserta, al contrario, que está instala lo punitivo desde esa erosión de las trayectorias de cuidado que nosotros estamos planteando desde los organismos de protección".
Las cifras en Chubut
La edad de punibilidad está fijada en los 16 años a través de la Ley 22.278. Aquellos menores de esa edad que hayan cometido un delito no pueden ser procesados ni recibir penas. Sin embargo, la Justicia puede ampliar medidas de protección como la internación o alojamiento en institutos y la asistencia médica o psicológica.
Con el régimen vigente, los adolescentes de entre 16 y 18 años son imputables si el delito que cometieron tiene una pena superior a los 2 años de prisión. Pueden ser juzgados, condenados o cumplir penas privativas de libertad.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil que el pasado 11 de febrero logró dictamen de mayoría en Diputados y que este viernes se debatirá en el Senado plantea bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa combina distintos proyectos previamente presentados en la Cámara baja. Busca derogar las leyes 22.278 y 22.803 y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
El nuevo régimen establece que un adolescente puede ser imputado penalmente desde los 14 años. Si es condenado por un delito que contempla penas de hasta 3 años, no habrá prisión efectiva. Si la pena supera los 3 años y es de hasta 10, los tribunales podrán reemplazar la prisión por penas alternativas como tareas comunitarias, reparación integral del daño a la víctima, prohibición para salir del país, programas educativos o monitoreo electrónico, siempre y cuando el hecho no haya implicado muerte, violencia física o psíquica grave o cuando el adolescente no tenga condenas previas ni otros procesos firmes en trámite. El proyecto además prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de condena.
Los cinco diputados nacionales por Chubut mostraron posiciones variadas en la votación de la Cámara baja. Desde Unión por la Patria, José Glinski y Juan Pablo Luque votaron en contra. Los diputados de la Libertad Avanza, César Treffinger y Maira Frías, votaron afirmativamente, al igual que Jorge "Loma" Avila, perteneciente a Encuentro Federal.
Un proyecto similar se discutió el año pasado y de hecho es un debate que se reedita cada cierto tiempo, sobre todo frente a casos ampliamente mediáticos. Este año el tema volvió a estar en agenda por el crimen de Jeremías Monzón, en Santa Fe. El joven fue asesinado en diciembre de 2025 y los principales acusados son dos adolescentes de 14 y 15 años. Meses antes, el debate ya había estado en la agenda política tras el crimen de Kim Gómez, por cuya muerte hay un menor detenido.
Nota relacionada: Miradas sobre el caso Kim: "La respuesta nunca es la baja de la edad de la imputabilidad, los sistemas penitenciarios son de castigo"
Comodoro Rivadavia, por su parte, se sumó al debate y la conmoción tras el asesinato de Gonzalo Huenchur, a mediados de 2024, sobre todo después de conocerse que el sospechoso no sería acusado penalmente por ser menor de 16 años. En ese contexto, figuras del ámbito político como Ignacio Torres, Gustavo Sastre y César Treffinger se expresaron a favor de la baja de edad de imputabilidad.
Más allá de los casos mediatizados, las cifras muestran una participación minoritaria de los jóvenes en la consumación de delitos. Según datos oficiales del Poder Judicial, en 2021 se iniciaron 62 causas con menores de edad involucrados: la mayoría fueron cometidos por adolescentes de 16 y 17 años y un 75% de las causas fueron por delitos contra la propiedad.
Para el 2022 disminuyeron en un 30% las causas penales con niños o adolescentes involucrados y los datos mostraron además una baja en la reiterancia delictiva.
En los últimos años, el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes es de aproximadamente el 3% respecto al total de las causas penales iniciadas en la provincia, en línea con las estadísticas nacionales. Los delitos contra la propiedad tienden a ser mayoría. En delitos graves contra la vida o la integridad sexual, el porcentaje es mínimo.
Respecto a las detenciones, entre abril de 2024 y marzo de 2025, se registraron 301 casos totales de niños, niñas y adolescentes en Chubut, según un informe del Ministerio de la Defensa Pública. La cifra representa 129 detenciones menos que en 2023 y 189 menos que en 2022.
Cabe recordar que en Chubut está vigente la Ley III N° 21 (Antes N° 4347) que establece los derechos y garantías de las infancias. En sus artículos 17 y 19 fija los parámetros de actuación frente a los adolescentes en conflicto con la ley. En el art. 17 subraya que "la privación de libertad de un niño o un adolescente en un establecimiento debe ser siempre una medida de último recurso, por el mínimo período necesario y a efectos de brindar al mismo un tratamiento acorde con su problemática".
Dispone además que los niños y adolescentes privados de libertad "requieren especial atención y protección, debiendo garantizarse sus derechos y bienestar durante ese período y con posterioridad a él" y exhorta a los establecimientos de detención a aplicar la normativa de las Naciones Unidas para la protección de menores.
Comodoro: el impacto de las crisis en las infancias
Natalia Castro, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez de Comodoro Rivadavia, dialogó con El Extremo Sur sobre los discursos que hoy circulan en torno a la responsabilidad penal de los adolescentes. Lejos de un enfoque punitivista, enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas de salud y educación para brindar una respuesta más integral.
Subrayó que "el debate es necesario" pero "no estamos de acuerdo con la perspectiva o la impronta que se está tiñendo a la culpabilización y la criminalización de las adolescencias". "Sí es necesario que debatamos las violencias y las violencias a tempranas edades que están sucediendo, pero desde un enfoque de derechos donde los adultos o el Estado se hagan responsables de qué es lo que pasa para que estas adolescencias cometan estos estos crímenes", remarcó.
Para Castro, es central reorientar la pregunta hacia "qué se hizo en la primera infancia, cómo acompañamos a esas niñeces o adolescencias". Indicó que el panorama local está signado por un aumento en los casos de consumo problemático y los episodios de salud mental, lo cual "es reflejo del contexto actual. Entonces, no es que las adolescencias solamente cometen hechos delictivos, sino que fueron vulneradas previamente", agregó.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en el desfinanciamiento a nivel nacional de las políticas para las infancias: "El Gobierno nacional con esta postura lo que está haciendo es justamente culpabilizar y no responsabilizarse de que está omitiendo fortalecimiento en salud, en educación, en abordaje de consumo problemático, en protección, esta co-responsabilidad hoy no está. Lo que hace es culpabilizar a los adolescentes, como si salieran de un día para el otro sin una familia que acompañe, sin un Estado presente, sin unas instituciones que pudieran acompañar y dar alguna prevención de calidad".
Las vulneraciones se profundizan en un contexto de extrema fragilidad social y económica de la ciudad: Castro habló de un escenario económico que "repercute directamente en esas niñeces y adolescencias" y un "vaciamiento de los espacios institucionales". También se refirió al corrimiento de un rol nacional "que antes estaba con las distintas propuestas, si se quiere, hasta de prespuesto, en relación a las tareas de cuidado, porque pensemos que una asignación universal o una pensión por discapacidad no es solamente el dinero, es el poder respirar de una familia que no está teniendo para comer".
"Ante esa ausencia, hoy las alternativas familiares cada vez son menos y lo económico impacta directamente en el vínculo familiar, en ese papá que no está pudiendo darle de comer todos los días a su hijo, en ese consumo problemático que está dentro de la casa y que no hay una institución que pueda dar respuestas", apunta, "las instituciones están fragilizadas y muchas veces los actores sociales están haciendo lo que se puede, paliativamente, porque sabemos que la respuesta de foco, la propuesta integral que muchas veces las leyes traen no se están garantizando".
La referente institucional subraya el peso de la situación económica en el cambio de la calidad de vida de las familias: "Hay situaciones que hoy atendemos en la Oficina de personas que tenían una calidad de vida por encima de las necesidades básicas. Nos comentaba, por ejemplo, un papá que trabajaba en el petróleo y que cada vez que salía al centro siempre le compraba algo a su hijo y hoy no tiene para comer".
"Ese cambio drástico no solamente genera el no poder alimentarse, sino también el cambio de vida a nivel inmediato tiene un impacto que genera violencia, que genera una disconformidad, que genera un montón de vulneraciones de derechos que muchas veces no somos conscientes, pareciera que lo social y lo económico van por lados distintos y están totalmente intercomunicados", explica.
"Y hoy lo estamos viendo en este consumo problemático, lo estamos viendo en esas violencias, en la violencia de género también, son esas cuestiones ante una frustración y una ausencia de poder satisfacer otras necesidades que eran antes paliativamente satisfechas desde el consumismo", sintetiza.
La óptica punitiva y la "erosión de las trayectorias de cuidado"
La baja de edad de imputabilidad suscita el mismo debate desde hace años, con posturas que apelan a retóricas punitivistas y otras que hacen foco en la necesidad de fortalecer un acompañamiento integral a las infancias. Para organizaciones y especialistas en derechos de niños, niñas y adolescentes, las reformas penales de este tipo no resuelven el problema de fondo de las vulneraciones de derechos.
En el documento "Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil', UNICEF advierte: "En Argentina la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad". La recomendación internacional del organismo es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años pero que sea lo más cercana posible a los 18.
El Reporte de Monitoreo Adolescentes y el régimen penal juvenil en Argentina elaborado por Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, indica que "resulta útil repensar ciertos argumentos simplificadores y falaces que se presentan en el debate público, como respuesta a la demanda social de mayor seguridad". Remarca que, según datos recopilados por UNICEF, no hay una relación directa ni lineal entre la baja de edad de responsabilidad penal y las tasas de homicidio en los países de América Latina. Al contrario, se evidencia una relación inversa entre ambas variables, contraria a los argumentos más punitivistas: "las edades más bajas de responsabilidad penal tienden a coincidir con aquellos países que presentan las tasas más altas de homicidios".
"Yo creo que el debate de la baja de imputabilidad nos merece hacernos cargo de decir bueno, ¿qué acciones de prevención estamos realizando?' Pero si un Gobierno nacional lo que plantea es un presupuesto para cárceles, lo que estamos sentenciando es una adolescencia que a los 19 años, ya ha transitado el sistema penitenciario que sabemos que muchas veces no genera una reinserción, sino al contrario, genera un aprendizaje de otros mecanismos a los cuales nosotros estamos combatiendo", opinó Castro.
Sostuvo que el proyecto a debatirse en el Senado "profundiza esta estigmatización de las adolescencias y un sistema carcelario que no reinserta, al contrario, que está instala lo punitivo desde esa erosión de las trayectorias de cuidado que nosotros estamos planteando desde los organismos de protección".
"Hoy un adolescente que ha transitado distintas situaciones en su vida de vulneración de derechos es víctima, no es culpable. Y en el caso de que sea responsable de algún tipo de hecho, ¿qué hicimos antes? ¿Y qué propuesta damos para mejorar a los 14 años? En lugar de que a los 19 salga con otro tipo de tránsito del cual después es justamente lo que no queremos para nuestra sociedad", cuestiona.
"Creo que el debate es no profundizar en la omisión del Estado y en la ausencia que vemos en este Gobierno nacional de todas las políticas públicas que justamente acompañaban y no es gasto, es inversión, eso es el debate. Es la inversión en las tareas de cuidado, en las pensiones, las asignaciones o distintas propuestas de acompañamiento", expresa.
Respecto a los abordajes de los adolescentes que cometen delitos desde una perspectiva de derechos, enfatizó que debe existir una noción de responsabilidad pero la propuesta debe estar orientada a fortalecer el trabajo y la perspectiva a futuro: "Volver sobre todo al oficio, que pensamos que es necesario no solamente para estar ocupado, para pensar en un plan de vida futuro, sino también porque es la herramienta que el día de mañana puede dar oportunidades. A una persona que la encerramos y que la dejamos ociosa, no le estamos generando más pensamientos nocivos. Sabemos que la persona cuando está ocupada, cuando está aprendiendo, cuando tiene esas posibilidades y esas herramientas para ser autónomo y para fortalecer su misma trayectoria, genera otro tipo de impacto".
"Entonces, la propuesta tiene que ser, en lugar del encierro, el aprendizaje; y no lo digo como premio, sino desde el lugar de la responsabilidad y desde entender que un oficio o un trabajo dignifica", agrega.
Por otro lado, Castro se refirió al peso de los medios de comunicación en la amplificación de casos concretos que suscitan el debate público: "Colectivamente impacta más un adolescente que comete algún tipo de hecho delictivo que un adulto que lo tenemos cotidianamente, sabemos que el juego justamente es ese, el impacto que tiene, pensar que las adolescencias están perdidas".
"El debate sí es responsabilizar a estas adolescencias, pero previo a responsabilizarlas, también tenemos que hacernos cargo los adultos, las instituciones y el Estado de cómo estuvimos ausentes", insiste.
"Hoy en Comodoro, por ejemplo, tenemos consumo problemático a los 8 años o episodios de salud mental graves, complejos, que no le estamos dando la respuesta que merecen, que estamos haciendo lo que podemos, las instituciones y los organismos como se puede, pero sabemos que a la larga son parches, si no hay una propuesta de calidad y de prevención consolidada", agrega.
En esta línea, sostiene que el debate "tiene que ser mucho más complejo" y que "los medios de comunicación hacen su punto porque la sociedad busca un culpable y el adolescente es lo más fácil. Es incómodo hacernos cargo como adulto de las cosas que no hicimos".
Se trata, en síntesis, de una discusión que vuelve a estar en el centro del debate público y que a pesar de los argumentos reduccionistas o los casos de alto impacto, reviste una pregunta más profunda respecto a las múltiples y sucesivas violencias que atraviesan hoy las infancias, en un contexto social cada vez más desafiante.