El Plan Cóndor en la Patagonia: se sabrá cómo operaron las dictaduras de Argentina y ChilePor Shirley Herreros
Los secuestros en la cordillera y en el Alto Valle serán los protagonistas de la acusación contra ocho integrantes de los grupos de tarea que operaron en el Alto Valle y la cordillera durante la dictadura. Las audiencias se extenderán hasta junio y se ventilarán denuncias que incluyen las torturas por motivos religiosos, los centros de detención clandestina en la cordillera y el Plan Cóndor.
El último juicio por los delitos cometidos por la dictadura en la sala de AMUC fue el que condenó al ex juez Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz en diciembre de 2024, por ser parte de la maquinaria de desapariciones forzadas con impunidad durante la dictadura.
Antes, en 2021 y con audiencias que se desarrollaron en plena restricción de pandemia, los jueces en Neuquén condenaron a los responsables por la violación en cautiverio (como delito autónomo al de la tortura) a la vez que se supo de los vuelos clandestinos a Bahía Blanca en el séptimo juicio que se desarrollaba en esta jurisdicción.
En este noveno juicio, la cooperación clandestina de las dictaduras de la década del 70 para llevar a cabo el Plan Cóndor (de secuestros interjurisdiccionales en una red de centros clandestinos) será debatida cuando se trate la responsabilidad de los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín, en el operativo de detención ilegal en Cipolletti del matrimonio de estudiantes chilenos Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz.
Su hija Victoria, que el obispo Jaime De Nevares logró exiliar a los cuatro meses con el plan de refugiados políticos de la ONU (ACNUR), aportó en 2016 datos a la causa en Argentina por el Plan Cóndor. La información conectó con los desaparecidos de Neuquén, Cutral Co y Chos Malal, destacó la fiscalía en su planteo ante el tribunal.
Noveno tramo del juicio Escuelita
Será un juicio sin querellantes ni la presencia física de las Madres de Plaza de Mayo, fallecidas cuando alcanzaron más de 96 años, en 2024 y 2025. En este tramo quedaron fuera del juicio (por incapacidad) dos de los responsables máximos de los centros clandestinos en Neuquén y en Bariloche, Oscar Lorenzo Reinhold y Néstor Castelli, respectivamente.
El tribunal lo integran los jueces federales Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián. Las audiencias serán todos los martes a las 9. En caso de que se requiera del cuarto juez, fue designado el magistrado Simón Bracco.
La fiscalía está representada por el fiscal general Miguel Angel Palazzani y los integrantes de la unidad de lesa humanidad David Maestre, Gabriela Schumacher y Juan José Cendagorta.
La defensa estará a cargo del ministerio público, encabezado por el defensor Pablo Repetto.
Varios de los denunciantes padecieron más de un secuestro entre 1976 y 1979. Los sobrevivientes de la zona de la cordillera fueron hostigados durante varios años con allanamientos y detenciones arbitrarias en San Martín de los Andes, Junín de los Andes o Bariloche; incluidos traslados y permanencias en las cárceles de la dictadura.
Piden homicidio para las desaparecidas
Del total de denuncias por este noveno juicio, cuatro personas están desaparecidas: Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz. La fiscalía imputó el delito de homicidio para los responsables de Inteligencia del Ejército en el caso de Veraldi y Pichulmán.
El secuestro de la estudiante secundaria cuando regresaba a la casa de la familia Labrune, fue tratado en juicio anterior en Neuquén, pero no se había imputado el asesinato a los responsables de su desaparición, solo la privación ilegal de la libertad y tormentos.
La desaparición forzada del matrimonio de Chile fue juzgada en la causa del Plan Cóndor en 2016, donde fue condenado el General de Brigada Enrique Olea (ya fallecido) y otros 26 acusados. Olea fue el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 de Neuquén cuando funcionó -en Lanín y Chaco- el centro clandestino de detención La Escuelita.
Olea, que en Neuquén fue condenado por su responsabilidad en el centro clandestino, en la causa del Plan Cóndor, tuvo una condena a 13 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Appel de la Cruz y Delard Cabezas, de 25 y 24 años cuando se los vio por última vez en Cipolletti, el 11 de diciembre de 1976.
Los acusados y los denunciantes de este juicio
Sergio Adolfo San Martín: oficial de Inteligencia del Ejército, integrante del Destacamento 182.
Jorge Héctor Di Pasquale, oficial de Inteligencia del Ejército, del Destacamento 182.
Hugo César Renes, oficial de Inteligencia del Ejército (Destacamento 182)
Carlos Mario Carreto, interventor en Catriel (de la VI Brigada del Ejército).
Emilio Sacchitella, comandante de la sección del Escuadrón de Gendarmería en San Martín de los Andes.
Miguel Angel Cil segundo jefe de sección de Gendarmería.
Miguel Angel Ferrari, comisario rionegrino de la rama de Inteligencia.
Adolfo Mellao Comisario Inspector de la policía 23 de San Martín de los Andes.
Fueron acusados por las privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Graciela Vicente, Daniel Gallo, Stella Solanas y Carlos Pérez (de San Martín de los Andes); de Juan Carlos Molinez (de Junín de los Andes); de Mónica Elvira y Oscar Escobar, de Bariloche; Luis Mendoza (en Catriel); Matilde Segura y María Sepúlveda (detenidas en una chacra de Plottier), de Juan Ramón Colobig (de Neuquén), de Amalia Cancio y Juan Raúl Pichulmán (del barrio Sapere de Neuquén, detenidos en J.J.Gómez), de Leticia Veraldi (en Cipolletti); Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, secuestrados en Cipolletti.
Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Appel de la Cruz siguen desaparecidos desde el día de su secuestro. Los acusados por esas desapariciones forzadas, fueron imputados por el cargo de homicidio.
Fuente: Río Negro
Por Shirley Herreros
Los secuestros en la cordillera y en el Alto Valle serán los protagonistas de la acusación contra ocho integrantes de los grupos de tarea que operaron en el Alto Valle y la cordillera durante la dictadura. Las audiencias se extenderán hasta junio y se ventilarán denuncias que incluyen las torturas por motivos religiosos, los centros de detención clandestina en la cordillera y el Plan Cóndor.
El último juicio por los delitos cometidos por la dictadura en la sala de AMUC fue el que condenó al ex juez Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz en diciembre de 2024, por ser parte de la maquinaria de desapariciones forzadas con impunidad durante la dictadura.
Antes, en 2021 y con audiencias que se desarrollaron en plena restricción de pandemia, los jueces en Neuquén condenaron a los responsables por la violación en cautiverio (como delito autónomo al de la tortura) a la vez que se supo de los vuelos clandestinos a Bahía Blanca en el séptimo juicio que se desarrollaba en esta jurisdicción.
En este noveno juicio, la cooperación clandestina de las dictaduras de la década del 70 para llevar a cabo el Plan Cóndor (de secuestros interjurisdiccionales en una red de centros clandestinos) será debatida cuando se trate la responsabilidad de los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín, en el operativo de detención ilegal en Cipolletti del matrimonio de estudiantes chilenos Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz.
Su hija Victoria, que el obispo Jaime De Nevares logró exiliar a los cuatro meses con el plan de refugiados políticos de la ONU (ACNUR), aportó en 2016 datos a la causa en Argentina por el Plan Cóndor. La información conectó con los desaparecidos de Neuquén, Cutral Co y Chos Malal, destacó la fiscalía en su planteo ante el tribunal.
Noveno tramo del juicio Escuelita
Será un juicio sin querellantes ni la presencia física de las Madres de Plaza de Mayo, fallecidas cuando alcanzaron más de 96 años, en 2024 y 2025. En este tramo quedaron fuera del juicio (por incapacidad) dos de los responsables máximos de los centros clandestinos en Neuquén y en Bariloche, Oscar Lorenzo Reinhold y Néstor Castelli, respectivamente.
El tribunal lo integran los jueces federales Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián. Las audiencias serán todos los martes a las 9. En caso de que se requiera del cuarto juez, fue designado el magistrado Simón Bracco.
La fiscalía está representada por el fiscal general Miguel Angel Palazzani y los integrantes de la unidad de lesa humanidad David Maestre, Gabriela Schumacher y Juan José Cendagorta.
La defensa estará a cargo del ministerio público, encabezado por el defensor Pablo Repetto.
Varios de los denunciantes padecieron más de un secuestro entre 1976 y 1979. Los sobrevivientes de la zona de la cordillera fueron hostigados durante varios años con allanamientos y detenciones arbitrarias en San Martín de los Andes, Junín de los Andes o Bariloche; incluidos traslados y permanencias en las cárceles de la dictadura.
Piden homicidio para las desaparecidas
Del total de denuncias por este noveno juicio, cuatro personas están desaparecidas: Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz. La fiscalía imputó el delito de homicidio para los responsables de Inteligencia del Ejército en el caso de Veraldi y Pichulmán.
El secuestro de la estudiante secundaria cuando regresaba a la casa de la familia Labrune, fue tratado en juicio anterior en Neuquén, pero no se había imputado el asesinato a los responsables de su desaparición, solo la privación ilegal de la libertad y tormentos.
La desaparición forzada del matrimonio de Chile fue juzgada en la causa del Plan Cóndor en 2016, donde fue condenado el General de Brigada Enrique Olea (ya fallecido) y otros 26 acusados. Olea fue el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 de Neuquén cuando funcionó -en Lanín y Chaco- el centro clandestino de detención La Escuelita.
Olea, que en Neuquén fue condenado por su responsabilidad en el centro clandestino, en la causa del Plan Cóndor, tuvo una condena a 13 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Appel de la Cruz y Delard Cabezas, de 25 y 24 años cuando se los vio por última vez en Cipolletti, el 11 de diciembre de 1976.
Los acusados y los denunciantes de este juicio
Sergio Adolfo San Martín: oficial de Inteligencia del Ejército, integrante del Destacamento 182.
Jorge Héctor Di Pasquale, oficial de Inteligencia del Ejército, del Destacamento 182.
Hugo César Renes, oficial de Inteligencia del Ejército (Destacamento 182)
Carlos Mario Carreto, interventor en Catriel (de la VI Brigada del Ejército).
Emilio Sacchitella, comandante de la sección del Escuadrón de Gendarmería en San Martín de los Andes.
Miguel Angel Cil segundo jefe de sección de Gendarmería.
Miguel Angel Ferrari, comisario rionegrino de la rama de Inteligencia.
Adolfo Mellao Comisario Inspector de la policía 23 de San Martín de los Andes.
Fueron acusados por las privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Graciela Vicente, Daniel Gallo, Stella Solanas y Carlos Pérez (de San Martín de los Andes); de Juan Carlos Molinez (de Junín de los Andes); de Mónica Elvira y Oscar Escobar, de Bariloche; Luis Mendoza (en Catriel); Matilde Segura y María Sepúlveda (detenidas en una chacra de Plottier), de Juan Ramón Colobig (de Neuquén), de Amalia Cancio y Juan Raúl Pichulmán (del barrio Sapere de Neuquén, detenidos en J.J.Gómez), de Leticia Veraldi (en Cipolletti); Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, secuestrados en Cipolletti.
Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Appel de la Cruz siguen desaparecidos desde el día de su secuestro. Los acusados por esas desapariciones forzadas, fueron imputados por el cargo de homicidio.
Fuente: Río Negro