Nuevo año académico con la misma miseria en las universidades: "La situación salarial se sigue deteriorando" De cara a un nuevo año académico, la comunidad universitaria vuelve a convocar a acciones de lucha ante la falta de respuestas, en un escenario crítico para las casas de estudio. El reclamo principal sigue siendo que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde hace meses. La normativa propone la recomposición de los salarios docentes y el robustecimiento de las partidas para gastos de funcionamiento, bienestar estudiantil e infraestructura. El Ejecutivo no sólo se niega a cumplirla sino que recientemente presentó un proyecto alternativo de financiamiento que representa una diferencia de más de 2 billones de pesos con lo que marca la ley vigente. En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria adjunta de ADU, Verónica Botto, detalló la situación de la docencia universitaria. Señaló que desde el Gobierno no hay decisiones consensuadas con los trabajadores ni convocatorias a discusión paritaria, mientras la situación salarial continúa deteriorándose: a la fecha han perdido cerca del 50% de poder adquisitivo.
La alternativa del Gobierno para no cumplir la ley
El 2025 se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario que estipula, entre otras cosas, medidas de recomposición salarial, aumento de las partidas presupuestarias y fortalecimiento de los proyectos de bienestar estudiantil. En un principio, fue vetada por el presidente Javier Milei pero el Congreso rechazó el veto.
El Ejecutivo, sin embargo, suspendió su aplicación, lo que derivó en la presentación de un amparo judicial por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el respaldo de más de 40 universidades públicas. En diciembre de 2025, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendía el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación. Cormick consideró que existía una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
En febrero de 2026, el Gobierno apeló la medida y recientemente presentó un nuevo proyecto que buscaría "armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales" con "las reales posibilidades de financiamiento" del Presupuesto 2026. Los gremios universitarios advierten que el proyecto del Ejecutivo es insuficiente para cubrir las necesidades salariales y presupuestarias, al tiempo que exigen el cumplimiento de la ley aprobada el año pasado, todavía vigente.
El principal argumento del Gobierno libertario para suspender la aplicación de la Ley es la falta de recursos para asegurar el financiamiento. En el proyecto presentado por el Ejecutivo, se resalta que "a diferencia de la Ley N° 27.795, cumple con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, previendo expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento", por lo que se "subsana la deficiencia con la que cuenta la mencionada ley, estableciendo una fuente de financiamiento concreta, específica, actual y suficiente".
La diferencia entre los dos proyectos, sin embargo, es más profunda. El del Ejecutivo plantea incrementos salariales y presupuestarios insuficientes, según las cifras exigidas por los gremios.
El nuevo proyecto indica que la recomposición salarial se realizará de manera escalonada, actualizando los básicos del personal docente y no docente con un esquema de 3 aumentos, cada uno del 4,1%, comenzando el 1° de marzo. La Ley vigente señala que el Ejecutivo debe actualizar los salarios entre el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC de dicho período, y que el nuevo esquema debe hacerse efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo mantiene la obligación de la convocatoria a paritarias con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses, pero elimina una sección de la ley vigente que indica que las mismas se deben convocar "asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".
Respecto al financiamiento universitario, la ley vigente indica que el Poder Ejecutivo dispondrá de los créditos para asegurar la continuidad de los servicios sin impactar sobre la distribución de la Coparticipación Federal ni los aportes del Tesoro Nacional, y que la normativa "podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos".
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La nueva ley sostiene que los gastos serán afrontados sólo con las partidas correspondientes a educación universitaria y que el exceso se cubrirá con cargo a las partidas de las Obligaciones del Tesoro.
Por otro lado, el presupuesto destinado a cubrir gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación, según el IPC, supere el 14,3%, que es el promedio anual utilizado para la confección de la Ley de Presupuesto 2026. De esta forma se elimina la recomposición presupuestaria de 2024 de la ley vigente, por lo que el porcentaje perdido en ese período por la inflación (del 31,9%) no se recuperaría.
Según un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional, en colaboración con Feduba (Sindicato de Docentes de la UBA), "a diferencia de la ley sancionada, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023-2024, propone aumentos parciales del 4,1% en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento".
"En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,68%) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo reduce dicha suma a $187.744 (4,3%). Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública", agrega.
La Ley de Financiamiento, paralizada
"La ley hace ya casi cuatro meses que está aprobada, en la última instancia, y tendría que haberse puesto en funcionamiento, o por lo menos empezar a activar los mecanismos previstos en la ley, como por ejemplo, las paritarias", indica Verónica Botto, secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU).
La secretaria advierte que no hay paritarias desde septiembre del 2024, cuando se realizó la última reunión con representantes del Gobierno. En esa instancia, se ofreció un aumento del 6,8% que fue rechazado por los gremios pero aplicado igualmente. Desde entonces, los aumentos -que han sido escasos- fueron anunciados y aplicados unilateralmente, sin mediar discusión paritaria.
"La situación salarial se sigue deteriorando cada vez más, realmente es muy díficil", subraya Botto.
El reclamo por el cumplimiento de la ley se produce en un momento crítico para las universidades, que desde 2023 funciona con poco más de la mitad de las partidas necesarias, presupuestos prorrogados de años anteriores y una ausencia total de diálogo con autoridades nacionales. En medio del inicio del primer cuatrimestre, los gremios convocaron a 48 horas de paro el pasado 27 de febrero y 2 de marzo, y se espera que las medidas continúen en la medida en que no hay respuestas.
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Botto cuestiona los argumentos del Gobierno, que sostiene que no es posible asegurar el financiamiento que propone la ley, "y por lo tanto justamente lo que tocan es la parte salarial, que es uno de los porcentajes más grandes, dicen que lo que se perdió en el 2024 está perdido, que para el 2025 nos dan un 12% en tres cuotas que terminaríamos de cobrar con el sueldo de octubre de este año. Y listo, es así, y después llamarán o no a paritarias".
La referente señala que es "terriblemente insuficiente" y que a la par de la pérdida de poder adquisitivo se han perdido otros incentivos como el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), destinado a docentes preuniversitarios. "Además se avanza con otras cosas, como por ejemplo, en la ley que se aprobó la semana pasada de la modernización o flexibilización laboral, una de las cosas que dice es que los convenios colectivos que se vencen, se caen, entonces se pierden un montón de conquistas que han hecho los trabajadores de cada rama, entre ellos nosotros. No hay nada consensuado, no hay reuniones, no hay mesas de trabajo", indica.
Botto remarca que la Ley de Financiamiento, además del tema salarial, aborda otras cuestiones como la ampliación de las becas, la creación de un fondo para carreras estratégicas y el mantenimiento edilicio de las casas de estudio: "La ley es mucho más amplia y nosotros queremos que el gobierno la aplique. Y no ha aplicado a ninguna, no solo lo salarial y quiere modificar lo salarial, sino que tampoco ha aplicado ninguna de las otras partes de la ley".
Salarios de pobreza
Según precisa Botto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes asciende al 50%, y la ley propuesta por el Gobierno no alcanza a cubrir esa diferencia. Entre el 2024 y el 2025 se aplicaron dos aumentos que acumulados no superan el 15%, una cifra muy lejana a lo necesario para cubrir los gastos básicos.
Actualmente, la mayoría de los salarios de la docencia universitaria no superan la canasta básica, que en Patagonia asciende a $1.700.000. Los cargos con menos antigüedad y dedicación no alcanzan ni la mitad de ese monto, lo que obliga a muchos a complementar el trabajo de las universidades públicas con otros empleos, generalmente en el sector privado.
"El Gobierno cuando dice que no va a aplicar nuestra ley, o mejor dicho, cuando la veta, dice en ese momento que ellos a mitad del año pasado nos debían un 40%. O sea, el mismo Gobierno reconoce que nosotros a julio del año pasado habíamos perdido un 40%. Ahora se calcula, depende de quién lo tome, entre un 50 y un 51%, es mucho lo que hemos perdido salarialmente", advierte Botto.
"Somos no solo trabajadores precarizados, sino que ingresamos junto con los demás trabajadores de la Argentina a buscar más trabajo. No somos desempleados, pero no alcanza. A un docente con mucha antigüedad y con una dedicación alta, que no es lo más común en ninguna de nuestras universidades, no le alcanza para vivir con ese salario", señala.
Esto produce, en algunas universidades, "un efecto de docentes que se van o tratan de disminuir la cantidad de horas en la Universidad para ver si pueden hacer pie en lo privado para compensar el salario que no estamos cobrando".
"Es un problema importante, porque cuando los docentes tienen dedicaciones muy bajas, por ejemplo, una dedicación simple o una semi que son 20 horas semanales, se empiezan a dar conflictos con un trabajo privado y con el trabajo en la Universidad. Eso redunda en que el trabajo dentro de la Universidad no tiene la misma calidad", agrega.
"Eso es así, en realidad cualquier trabajador que no le alcanza el dinero no trabaja igual de bien que uno que puede trabajar y no me refiero a lujos, me refiero a llegar a fin de mes y poder pagar las cuentas", opina Botto.
Señala que la ley debería cumplirse, ya que está judicializada y se le dio la razón a los trabajadores, pero por el momento no hay certezas: "De todas formas, aún si la modifican, la ley estuvo vigente durante varios meses, así que debería cumplirse lo que decían esos meses. Todo este tema de la Ley de Trabajo va a llevar a una judicialización, no solo nuestra, sino de otros actores de la sociedad. En realidad es peor, genera más malestar".
En los próximos días los gremios van a discutir las medidas de lucha, de cara a un cuatrimestre desafiante, tal y como vienen haciendo desde el 2023: "Se está hablando de volver a los paros, otros plantean directamente el no inicio de clases, el paro por tiempo indeterminado, todo eso se está discutiendo porque es realmente problemática la situación".
"La idea es definir un plan de lucha más o menos previsible para que nos dé previsión a nosotros también. La idea es como hicimos en la segunda mitad del año pasado, tener un poquito de previsión en ese tema y estamos siempre abiertos a que el gobierno nos convoque. Digo que nos convoque porque nosotros le pedimos reuniones y no nos contestan", concluye Botto.
El escenario promete un nuevo cuatrimestre signado por la lucha y los reclamos que en los últimos dos años reunieron a la comunidad universitaria y la ciudadanía en las calles. La implementación de la Ley de Financiamiento vigente será clave para asegurar el funcionamiento del sistema universitario nacional, que hoy reúne a unos 200 mil docentes y más de 2 millones de estudiantes en todo el país.
De cara a un nuevo año académico, la comunidad universitaria vuelve a convocar a acciones de lucha ante la falta de respuestas, en un escenario crítico para las casas de estudio. El reclamo principal sigue siendo que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde hace meses. La normativa propone la recomposición de los salarios docentes y el robustecimiento de las partidas para gastos de funcionamiento, bienestar estudiantil e infraestructura. El Ejecutivo no sólo se niega a cumplirla sino que recientemente presentó un proyecto alternativo de financiamiento que representa una diferencia de más de 2 billones de pesos con lo que marca la ley vigente. En diálogo con El Extremo Sur, la secretaria adjunta de ADU, Verónica Botto, detalló la situación de la docencia universitaria. Señaló que desde el Gobierno no hay decisiones consensuadas con los trabajadores ni convocatorias a discusión paritaria, mientras la situación salarial continúa deteriorándose: a la fecha han perdido cerca del 50% de poder adquisitivo.
La alternativa del Gobierno para no cumplir la ley
El 2025 se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario que estipula, entre otras cosas, medidas de recomposición salarial, aumento de las partidas presupuestarias y fortalecimiento de los proyectos de bienestar estudiantil. En un principio, fue vetada por el presidente Javier Milei pero el Congreso rechazó el veto.
El Ejecutivo, sin embargo, suspendió su aplicación, lo que derivó en la presentación de un amparo judicial por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el respaldo de más de 40 universidades públicas. En diciembre de 2025, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendía el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación. Cormick consideró que existía una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
En febrero de 2026, el Gobierno apeló la medida y recientemente presentó un nuevo proyecto que buscaría "armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales" con "las reales posibilidades de financiamiento" del Presupuesto 2026. Los gremios universitarios advierten que el proyecto del Ejecutivo es insuficiente para cubrir las necesidades salariales y presupuestarias, al tiempo que exigen el cumplimiento de la ley aprobada el año pasado, todavía vigente.
El principal argumento del Gobierno libertario para suspender la aplicación de la Ley es la falta de recursos para asegurar el financiamiento. En el proyecto presentado por el Ejecutivo, se resalta que "a diferencia de la Ley N° 27.795, cumple con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, previendo expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento", por lo que se "subsana la deficiencia con la que cuenta la mencionada ley, estableciendo una fuente de financiamiento concreta, específica, actual y suficiente".
La diferencia entre los dos proyectos, sin embargo, es más profunda. El del Ejecutivo plantea incrementos salariales y presupuestarios insuficientes, según las cifras exigidas por los gremios.
El nuevo proyecto indica que la recomposición salarial se realizará de manera escalonada, actualizando los básicos del personal docente y no docente con un esquema de 3 aumentos, cada uno del 4,1%, comenzando el 1° de marzo. La Ley vigente señala que el Ejecutivo debe actualizar los salarios entre el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC de dicho período, y que el nuevo esquema debe hacerse efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo mantiene la obligación de la convocatoria a paritarias con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses, pero elimina una sección de la ley vigente que indica que las mismas se deben convocar "asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".
Respecto al financiamiento universitario, la ley vigente indica que el Poder Ejecutivo dispondrá de los créditos para asegurar la continuidad de los servicios sin impactar sobre la distribución de la Coparticipación Federal ni los aportes del Tesoro Nacional, y que la normativa "podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos".
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La nueva ley sostiene que los gastos serán afrontados sólo con las partidas correspondientes a educación universitaria y que el exceso se cubrirá con cargo a las partidas de las Obligaciones del Tesoro.
Por otro lado, el presupuesto destinado a cubrir gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación, según el IPC, supere el 14,3%, que es el promedio anual utilizado para la confección de la Ley de Presupuesto 2026. De esta forma se elimina la recomposición presupuestaria de 2024 de la ley vigente, por lo que el porcentaje perdido en ese período por la inflación (del 31,9%) no se recuperaría.
Según un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional, en colaboración con Feduba (Sindicato de Docentes de la UBA), "a diferencia de la ley sancionada, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023-2024, propone aumentos parciales del 4,1% en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento".
"En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,68%) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo reduce dicha suma a $187.744 (4,3%). Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública", agrega.
La Ley de Financiamiento, paralizada
"La ley hace ya casi cuatro meses que está aprobada, en la última instancia, y tendría que haberse puesto en funcionamiento, o por lo menos empezar a activar los mecanismos previstos en la ley, como por ejemplo, las paritarias", indica Verónica Botto, secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU).
La secretaria advierte que no hay paritarias desde septiembre del 2024, cuando se realizó la última reunión con representantes del Gobierno. En esa instancia, se ofreció un aumento del 6,8% que fue rechazado por los gremios pero aplicado igualmente. Desde entonces, los aumentos -que han sido escasos- fueron anunciados y aplicados unilateralmente, sin mediar discusión paritaria.
"La situación salarial se sigue deteriorando cada vez más, realmente es muy díficil", subraya Botto.
El reclamo por el cumplimiento de la ley se produce en un momento crítico para las universidades, que desde 2023 funciona con poco más de la mitad de las partidas necesarias, presupuestos prorrogados de años anteriores y una ausencia total de diálogo con autoridades nacionales. En medio del inicio del primer cuatrimestre, los gremios convocaron a 48 horas de paro el pasado 27 de febrero y 2 de marzo, y se espera que las medidas continúen en la medida en que no hay respuestas.
Ver información relacionada: El 2025 fue el año con la inversión más baja en Educación en décadas y el 2026 "consolida el ajuste universitario"
Botto cuestiona los argumentos del Gobierno, que sostiene que no es posible asegurar el financiamiento que propone la ley, "y por lo tanto justamente lo que tocan es la parte salarial, que es uno de los porcentajes más grandes, dicen que lo que se perdió en el 2024 está perdido, que para el 2025 nos dan un 12% en tres cuotas que terminaríamos de cobrar con el sueldo de octubre de este año. Y listo, es así, y después llamarán o no a paritarias".
La referente señala que es "terriblemente insuficiente" y que a la par de la pérdida de poder adquisitivo se han perdido otros incentivos como el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), destinado a docentes preuniversitarios. "Además se avanza con otras cosas, como por ejemplo, en la ley que se aprobó la semana pasada de la modernización o flexibilización laboral, una de las cosas que dice es que los convenios colectivos que se vencen, se caen, entonces se pierden un montón de conquistas que han hecho los trabajadores de cada rama, entre ellos nosotros. No hay nada consensuado, no hay reuniones, no hay mesas de trabajo", indica.
Botto remarca que la Ley de Financiamiento, además del tema salarial, aborda otras cuestiones como la ampliación de las becas, la creación de un fondo para carreras estratégicas y el mantenimiento edilicio de las casas de estudio: "La ley es mucho más amplia y nosotros queremos que el gobierno la aplique. Y no ha aplicado a ninguna, no solo lo salarial y quiere modificar lo salarial, sino que tampoco ha aplicado ninguna de las otras partes de la ley".
Salarios de pobreza
Según precisa Botto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes asciende al 50%, y la ley propuesta por el Gobierno no alcanza a cubrir esa diferencia. Entre el 2024 y el 2025 se aplicaron dos aumentos que acumulados no superan el 15%, una cifra muy lejana a lo necesario para cubrir los gastos básicos.
Actualmente, la mayoría de los salarios de la docencia universitaria no superan la canasta básica, que en Patagonia asciende a $1.700.000. Los cargos con menos antigüedad y dedicación no alcanzan ni la mitad de ese monto, lo que obliga a muchos a complementar el trabajo de las universidades públicas con otros empleos, generalmente en el sector privado.
"El Gobierno cuando dice que no va a aplicar nuestra ley, o mejor dicho, cuando la veta, dice en ese momento que ellos a mitad del año pasado nos debían un 40%. O sea, el mismo Gobierno reconoce que nosotros a julio del año pasado habíamos perdido un 40%. Ahora se calcula, depende de quién lo tome, entre un 50 y un 51%, es mucho lo que hemos perdido salarialmente", advierte Botto.
"Somos no solo trabajadores precarizados, sino que ingresamos junto con los demás trabajadores de la Argentina a buscar más trabajo. No somos desempleados, pero no alcanza. A un docente con mucha antigüedad y con una dedicación alta, que no es lo más común en ninguna de nuestras universidades, no le alcanza para vivir con ese salario", señala.
Esto produce, en algunas universidades, "un efecto de docentes que se van o tratan de disminuir la cantidad de horas en la Universidad para ver si pueden hacer pie en lo privado para compensar el salario que no estamos cobrando".
"Es un problema importante, porque cuando los docentes tienen dedicaciones muy bajas, por ejemplo, una dedicación simple o una semi que son 20 horas semanales, se empiezan a dar conflictos con un trabajo privado y con el trabajo en la Universidad. Eso redunda en que el trabajo dentro de la Universidad no tiene la misma calidad", agrega.
"Eso es así, en realidad cualquier trabajador que no le alcanza el dinero no trabaja igual de bien que uno que puede trabajar y no me refiero a lujos, me refiero a llegar a fin de mes y poder pagar las cuentas", opina Botto.
Señala que la ley debería cumplirse, ya que está judicializada y se le dio la razón a los trabajadores, pero por el momento no hay certezas: "De todas formas, aún si la modifican, la ley estuvo vigente durante varios meses, así que debería cumplirse lo que decían esos meses. Todo este tema de la Ley de Trabajo va a llevar a una judicialización, no solo nuestra, sino de otros actores de la sociedad. En realidad es peor, genera más malestar".
En los próximos días los gremios van a discutir las medidas de lucha, de cara a un cuatrimestre desafiante, tal y como vienen haciendo desde el 2023: "Se está hablando de volver a los paros, otros plantean directamente el no inicio de clases, el paro por tiempo indeterminado, todo eso se está discutiendo porque es realmente problemática la situación".
"La idea es definir un plan de lucha más o menos previsible para que nos dé previsión a nosotros también. La idea es como hicimos en la segunda mitad del año pasado, tener un poquito de previsión en ese tema y estamos siempre abiertos a que el gobierno nos convoque. Digo que nos convoque porque nosotros le pedimos reuniones y no nos contestan", concluye Botto.
El escenario promete un nuevo cuatrimestre signado por la lucha y los reclamos que en los últimos dos años reunieron a la comunidad universitaria y la ciudadanía en las calles. La implementación de la Ley de Financiamiento vigente será clave para asegurar el funcionamiento del sistema universitario nacional, que hoy reúne a unos 200 mil docentes y más de 2 millones de estudiantes en todo el país.