Santa Cruz: La Legislatura frenó el congelamiento salarial por la presión de los gremios
La Cámara de Diputados de Santa Cruz abrió este jueves el 53° período legislativo ordinario en un clima de fuerte tensión política y sindical que terminó condicionando el inicio del debate parlamentario. El proyecto de ley de emergencia económica, financiera y administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo fue finalmente postergado y derivado a comisión luego de la presión ejercida por gremios estatales que mantienen un acampe frente al edificio legislativo.
La sesión estuvo marcada desde el comienzo por una situación institucional atípica: fue presidida por la diputada de Unión por la Patria Rocío García, vicepresidenta segunda del cuerpo, debido a la ausencia tanto del gobernador Claudio Vidal como del vicegobernador Fabián Leguizamón. Vidal se encuentra en Estados Unidos participando de la denominada "Argentina Week" en Nueva York, mientras que Leguizamón permanece en Buenos Aires por agenda oficial. Ante ese escenario, el vicepresidente primero de la Cámara, el diputado Javier Jara, quedó a cargo del Poder Ejecutivo en el marco del orden sucesorio.
El inicio de la sesión se concretó con la presencia de 20 legisladores, número que luego se amplió a 22, y con un clima político atravesado por la protesta sindical que desde horas tempranas se instaló frente a la Legislatura. El jefe del bloque oficialista Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, tomó la palabra para dar la bienvenida a García en la presidencia del cuerpo, en una sesión que rápidamente comenzó a exhibir el trasfondo de tensión que rodea al proyecto enviado por el Gobierno provincial.
La iniciativa del Ejecutivo propone declarar la emergencia económica, financiera y administrativa con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de prórroga. El objetivo central es otorgar al Gobierno herramientas extraordinarias para reorganizar el gasto público en un contexto que desde la Casa de Gobierno describen como de "extrema fragilidad fiscal". Entre otras medidas, el proyecto contempla la revisión de contratos, la suspensión de nuevos ingresos al Estado -con excepciones en áreas críticas- y la implementación de un régimen de pasividad anticipada voluntaria para trabajadores cercanos a la jubilación.
Sin embargo, la sola presentación del proyecto encendió alarmas en los sindicatos del sector público, que interpretan la iniciativa como el primer paso hacia un eventual congelamiento salarial, ajustes laborales y reducción del empleo estatal. Esa lectura derivó en la conformación de un acampe frente a la Legislatura encabezado por el Frente Sindical de Santa Cruz, con la participación de gremios como ADOSAC, Judiciales y otros sindicatos estatales.
El impacto de esa movilización se hizo sentir dentro del recinto. Aunque el proyecto ingresó formalmente al Parlamento, el oficialismo optó por no avanzar con su tratamiento inmediato y resolvió girarlo a comisión para iniciar una instancia de discusión más amplia, con el fin de descomprimir el conflicto abierto con los gremios.
Durante la sesión también se desarrollaron otros momentos relevantes. Uno de ellos fue la jura de los nuevos diputados Luis Alberto Gallardo y Segundo Abelardo Santana, en reemplazo de Pedro Luxen y Fernando Españon, quienes asumieron sus bancas luego de que, por moción del bloque oficialista, se conformara la Comisión de Poderes encargada de validar sus títulos. Tras la aprobación unánime del dictamen, ambos legisladores prestaron juramento ante la presidencia del cuerpo y la sesión entró en un breve cuarto intermedio para los saludos protocolares.
Otro de los puntos de debate se produjo cuando se puso a consideración la posibilidad de que expusiera ante el recinto Viviana Carabajal, vocal por los pasivos en la Caja de Previsión Social. La votación terminó empatada y debió ser definida por la propia García, quien utilizó su voto para habilitar la intervención. Carabajal expresó su preocupación por posibles impactos en el sistema previsional y pidió que cualquier iniciativa vinculada a jubilaciones sea analizada con detenimiento en comisión.
En paralelo, la diputada Agostina Mora solicitó información sobre la situación fuera del edificio legislativo, ante versiones de incidentes y tensiones entre manifestantes y personal de seguridad. Mora pidió un cuarto intermedio para verificar el estado de la situación y garantizar la seguridad tanto de trabajadores legislativos como de los manifestantes que permanecen en las inmediaciones.
Desde el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete Pedro Luxen buscó bajar el tono de la polémica al asegurar que el proyecto no contempla ninguna reforma del sistema previsional. También confirmó que el Gobierno mantendrá abiertas las negociaciones paritarias con los distintos gremios estatales, al tiempo que defendió la necesidad de contar con herramientas excepcionales para ordenar las cuentas públicas.
A pesar de esas aclaraciones, los sindicatos mantienen el estado de alerta mientras el proyecto continúe en discusión. La postergación del tratamiento aparece, por ahora, como un gesto para abrir una instancia de negociación política y sindical que permita desactivar el conflicto.